A raíz de la crisis humanitaria en Ceuta, se hizo viral, en una red social, el post de un hombre racializado que migró y que obtuvo la nacionalidad española después de diez años de residencia. En ese post, él mismo contaba que presentó los antecedentes penales del país de origen y del de acogida —España—, que cruzó el desierto y estuvo a punto de morir en el mar, y que hoy trabaja, ha formado una familia y sigue aportando a esta sociedad. Después enunciaba la condición que, a su juicio, debe cumplir una persona migrante. Según él, quien llegue a España debe trabajar, respetar, convivir y aportar, sin delinquir ni hacer daño a nadie.

Merecer es una categoría moral. Aplicada a la permanencia de una persona en un territorio, transforma una cuestión de derechos en una cuestión de carácter. Las condiciones para quedarse se discuten entonces como virtudes personales —esfuerzo, humildad, gratitud— y las decisiones políticas que fijan esas condiciones quedan fuera de la conversación. Una persona cuya presencia depende de su conducta vive a prueba de forma permanente, y cualquier fallo suyo se convierte en argumento contra su derecho a estar aquí.

La evaluación moral de la pertenencia se aplica sobre una parte de la población, la migrante y racializada. A las personas blancas nacidas aquí nadie les pide un certificado de conducta para seguir siendo españolas, porque su derecho a estar resiste cualquier biografía. Esa asimetría convierte en instrumento racial lo que se presenta como criterio cívico, porque decide de antemano a quién se examina y a quién se da por examinado.