Mary Altaffer / AP

EEUU: Cuando la factura del hospital asusta más que el coronavirus

Las personas pobres, racializadas e indocumentadas siempre se han sentido excluidas del sistema de salud. ¿Qué consecuencias tiene eso en medio de una pandemia?

Marta Martínez

Desde EE.UU.
07 de Mayo de 2020

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Cuando Concepción Barrios empezó a mostrar síntomas de COVID-19, su familia de origen mexicano, que lleva más de veinte años viviendo en Nueva York, decidió seguir las instrucciones de las autoridades y cuidar de ella en casa. Pero los días pasaban y Concepción no mejoraba. Llegó un momento en que la mujer, de 52 años y corazón delicado, no podía respirar. Era el 23 de marzo. Tuvieron que llamar a la ambulancia. 

“Cuando los auxiliares la vieron, se quedaron consternados de lo enferma que estaba y de que no hubiera recibido ninguna atención médica antes”, recuerda su hija Perla Silva, incapaz de contener las lágrimas detrás de sus gafas negras de pasta. En la pared cuelga una foto enmarcada en dorado de su madre, sonriente y también con gafas, mejillas hinchadas y una larga melena negra sobre los hombros.

En el hospital aislaron a Concepción: nadie podía visitarla. La familia estaba desesperada por tener noticias sobre su estado de salud, pero ningún médico llamaba. 

“Entendemos que el sistema estaba desbordado —dice Silva—, pero resulta chocante que la única llamada que sí recibíamos a menudo era la de la oficina de cuentas del hospital preguntando cómo íbamos a pagar y cuál era el estatus legal de mi madre”. Perla no podía creer que aquello estuviera pasando mientras su madre se debatía entre la vida y la muerte. Durante el mes de marzo, todos los miembros de su familia excepto ella perdieron su empleo: su padre trabajaba en un colmado, su hermano era técnico de ascensores, su cuñada era recepcionista. 

Siguieron llamando al hospital para interesarse por Concepción. Unos días más tarde, una doctora les devolvió la llamada: Concepción había fallecido.

Su marido, Margarito, había empezado a mostrar síntomas de coronavirus mientras ella estaba ingresada. A pesar de tener diez años más que Concepción y necesitar medicación diaria, Margarito se negó a buscar asistencia médica. Cuando llegó la primera factura del hospital de su mujer, Margarito miró a Perla y le dijo: 

—¿Ves? Por eso no quiero ir al hospital.

Varios estudios calculan que el tratamiento por coronavirus que necesita ingreso hospitalario puede costar una media de 30.000 dólares por paciente, aunque ya hay ayudas en algunos estados para las personas con menos ingresos. En todo caso, para los millones de familias que no tienen seguro médico en Estados Unidos, sobre todo familias de rentas bajas, afroamericanos, latinos e inmigrantes indocumentados, el miedo es un factor central a la hora de tomar decisiones sobre su salud. Con la llegada de la COVID-19, las consecuencias de estas decisiones se han vuelto aún más dramáticas. 

Perla trabaja para Make the Road, una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes en Nueva York. En las últimas tres semanas, más de treinta miembros de la organización han fallecido por coronavirus. La joven compartió su historia recientemente en una charla virtual con el senador Bernie Sanders, defensor del acceso universal a la salud en Estados Unidos, una reforma que muchos ven como “radical” y que genera rechazo y desconfianza en amplios sectores del país, no solo en el lado republicano.

Estados Unidos se enfrenta ahora, en plena pandemia, a un debate esencial sobre su sistema de salud, que ha coincidido en el tiempo con la retirada de la carrera presidencial de Sanders, uno de sus críticos más acérrimos. 

El país acumula más de 70.000 muertos por COVID-19, casi el 30% de los fallecidos en todo el mundo. Pero el golpe va mucho más allá de las cifras y de los enfermos.

Una enfermera aspira los pulmones de un paciente con COVID-19 en la UCI del Hospital St. Joseph's en Yonkers.John Minchillo/AP

La barrera económica y psicológica

Una de las primeras cosas que aprende un inmigrante en Estados Unidos es a tener miedo de los hospitales. Aunque tengas seguro médico, sabes que después de la visita —pueden ser semanas, incluso meses después— casi siempre llega una factura inesperada como una cuchillada fría en la espalda, y que raramente baja de las tres cifras. Yo misma he recibido facturas de 350 dólares por una ecografía, 280 por una radiografía rutinaria y más de 800 por una resonancia. Y eso con seguro médico. No tenerlo significa evitar ir al hospital a hacerte pruebas cuando la espalda te duele tanto que no te deja dormir por miedo al precio de la radiografía —o peor aún, de la operación—, hasta que llamas al médico desesperado porque ya no puedes andar. Es automedicarte con lo que encuentres en el variado y colorido bufé que son las farmacias, hasta que después de meses sin mejorar, o años, no tengas más remedio que correr a urgencias. Es una desconfianza y un miedo que amargan cada visita inevitable y prohibitiva.

Max Hadler es el director de salud pública de la Coalición Inmigrante de Nueva York (NYIC, siglas en inglés), una asociación que defiende el acceso universal a la salud más allá del estatus legal o los recursos económicos. Hadler define el sistema estadounidense actual como excluyente y discriminatorio. “El concepto de cobertura universal y de tener un sistema que incluya a todos no es solo por razones financieras, sino también psicológicas, porque incentiva a que la gente use servicios que de otra forma no usaría,” explica Hadler. Para personas sin seguro médico, como por ejemplo los inmigrantes indocumentados, se crea esa “doble barrera” —económica y psicológica— a la hora de acceder a la sanidad.  

Tener seguro no es solo una cuestión de dinero. La principal forma de acceder a cobertura sanitaria es a través del trabajo: la empresa te incluye en su plan y tanto el empleado como el empleador pagan una cuota mensual. El coste mensual y los servicios cubiertos por el seguro pueden variar mucho de una compañía a otra, y es uno de los factores que los trabajadores tienen en cuenta al recibir una oferta laboral. La cuota media de un seguro médico por parte del empleado en 2018 fue de 99 dólares al mes para individuos y 462 dólares para familias: en la mayoría de casos, esa cuota no cubre todos los gastos y hay que pagar por cada visita médica o por ciertas pruebas y procedimientos. Sin embargo, hay muchos empleos precarios o temporales, sobre todo en sectores como servicios y agricultura, que no ofrecen cobertura sanitaria a los empleados. Para los autónomos, costearse un seguro médico independiente es uno de los mayores gastos —las cuotas rondan de media los 500 dólares al mes—, y muchos deciden tentar a la suerte. También hay gente joven que se arriesga por un tiempo, mientras la edad juega a su favor, para ahorrarse unos cientos de dólares. 

En Estados Unidos, 27,5 millones de personas (dato de 2018) no tienen seguro médico. Esta cifra, en realidad, es un logro de la ampliación del acceso a seguro médico y la cobertura de servicios para los más vulnerables liderada por el expresidente Barack Obama, con su conocido “Obamacare”. En 2010, antes de que este programa entrara en vigor, había 46,5 millones de personas sin seguro médico. Durante el primer año de gobierno de Donald Trump, opositor del programa de su predecesor, el número de personas sin seguro sanitario creció en más de medio millón.

La cifra, en cualquier caso, no contabiliza los entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país, de los que casi la mitad no tiene acceso a seguro médico. El hecho de que personas sin documentos tengan seguro médico puede resultar confuso, pero hay muchos que lo consiguen a través de su trabajo. De nuevo, esto puede resultar contradictorio. ¿Cómo es posible que una persona sin documentos sea empleada por una empresa y tenga un salario y un seguro médico? No se trata de un descuido inocente en las leyes laborales del país. En Estados Unidos hay millones de personas empleadas pero sin número de la Seguridad Social, la identificación que el Estado usa para, entre otras cosas, asegurar que los ciudadanos y residentes pagan sus impuestos. Como no pueden obtener un número legal, muchos inmigrantes usan uno falso o inventado cuando les contratan, pero su empresa no tiene la obligación de comprobar su validez. Es decir, es un sistema que facilita la contratación de empleados y hace la vista gorda a la hora de revisar el estatus legal de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de que a estas personas se les sustraen cada mes de su salario los impuestos federales, estatales y municipales, luego no se les permite acceder a los beneficios sociales por los que ya están pagando, como el programa de asistencia médica para rentas muy bajas (Medicaid) o pensión de jubilación (Medicare). Muchos inmigrantes sin papeles incluso hacen la declaración de la renta a finales de año usando un código alternativo al número de la Seguridad Social llamado ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), con la esperanza de que algún día logren legalizar su situación y puedan demostrar su “buena fe” con años y años de aportaciones a las arcas del Estado —o las puedan esgrimir en caso de que se enfrenten a un proceso de deportación. Se calcula que los inmigrantes indocumentados pagan 11.640 millones de dólares al año en impuestos, de los que no obtienen ningún beneficio social. El número de latinos sin seguro médico es el triple que el de blancos. En el caso de los afroamericanos, es el doble.

En Estados Unidos, una emergencia médica o una enfermedad crónica te pueden arruinar aunque tengas seguro sanitario. Un informe publicado por el American Journal of Medicine concluyó que el 42,4% de las 9,5 millones de personas diagnosticadas con cáncer entre 2000 y 2012 perdieron todos sus recursos económicos en el plazo de dos años. Varios estudios demuestran que los servicios médicos en Estados Unidos son como mínimo el doble de caros que en el resto de países desarrollados. Su sistema de salud está valorado en más de tres billones de dólares: si se clasificara como un país, sería la quinta economía más grande del mundo. 

Una cuestión de vida o muerte

Varias personas hacen cola en Gotham Health East New York, un centro de pruebas COVID-19 en Brooklyn.Frank Franklin II/AP

El acceso a la salud es solo una de las profundas desigualdades con las que un inmigrante se topa en Estados Unidos, denunciadas incluso por la ONU. El coronavirus las ha subrayado. Puede que la forma en que el virus se contagia no entienda de colores de piel o bolsillos más o menos grandes, pero las circunstancias de ese contagio sí están marcadas por factores sistémicos que van de la mano en Estados Unidos —y en otros lugares del planeta—: discriminación racial y económica. 

“Vemos las disparidades en el acceso a un hogar estable o a servicios de salud regulares y pensamos: bueno, tampoco es una cuestión de vida o muerte”, dice Hadler. “Con la COVID-19 estamos viendo que sí es una cuestión de vida o muerte. Está muriendo más gente de la que debería en comunidades específicas por las desigualdades que hemos creado en este sistema. Es una tragedia”.

En estados como Louisiana, los afroamericanos representan el 70% de los muertos por coronavirus, mientras que son solo el 33% de la población. En la ciudad de Chicago, el 72% de los fallecidos pertenece a minorías que, en términos absolutos, representan un tercio de los ciudadanos.

Nueva York tampoco se escapa de esta discriminación. Solo hace falta echar un vistazo al mapa de la ciudad para ver que los principales núcleos de contagio y muertes por coronavirus se encuentran en el centro de Queens, el sur del Bronx y el sureste de Brooklyn. No es casualidad que estos sean también los barrios con los mayores índices de personas racializadas, inmigrantes y pobres. Los afroamericanos son los que más están muriendo por el coronavirus en la gran ciudad: un 30% del total de fallecidos, comparado con el 22% de la población que representan. Les siguen los latinos, con otro 30% del total, cuando suman el 29% de la población. Los blancos, sin embargo, se quedan en el 28% de los fallecidos, mientras que representan el 42% de los ciudadanos (datos del 30 de abril). Estos son los barrios donde viven aquellos que no pueden permitirse quedarse en casa porque no tienen ahorros o trabajo estable, y se exponen al virus mientras colocan la fruta en el supermercado, reparten paquetes de Amazon a domicilio o limpian hospitales rebosantes de pacientes sin la protección adecuada.

Para contener el contagio masivo y aplanar la curva, las autoridades de la ciudad y el estado de Nueva York insisten en que todas las personas que necesiten tratamiento para la COVID-19 deben buscar asistencia médica, sin tener en cuenta su capacidad económica o su estatus migratorio. Pero las poblaciones más vulnerables y excluidas siguen teniendo miedo. “Si en circunstancias normales se les cerraba la puerta, no podemos esperar que ahora vengan porque hay una pandemia global y de pronto está en el interés de todos que reciban tratamiento”, defiende Hadler.

Público no significa gratis

Tampoco es coincidencia que en los barrios con más focos de COVID-19 los únicos hospitales que hay sean “públicos”. En Estados Unidos se usa este adjetivo para describir al sistema sanitario financiado por el Gobierno, pero cuyo funcionamiento es muy diferente al de países con sistemas públicos de sanidad universal. “Aquí que un hospital sea público no significa que sea gratis”, dice Hadler. Significa que el hospital se mantiene con dinero público, pero sigue mandando las facturas a los pacientes y, si estos no pueden pagarlas, las paga el Gobierno. Los servicios en los hospitales públicos suelen ser más económicos, pero los recursos son mucho más limitados que en los hospitales privados, los sistemas y herramientas más anticuados y el ratio de personal sanitario por paciente mucho más bajo.

Ahmed Amer es médico de urgencias en el Kings County Hospital Center, el mayor hospital público de Brooklyn. En un día normal, Amer suele atender entre 100 y 200 pacientes. El sistema propicia que los pacientes solo busquen asistencia médica cuando están muy graves, no cuando tienen enfermedades crónicas o necesitan seguimiento, y eso hace que urgencias esté siempre lleno. En circunstancias normales, Ahmed considera que su hospital opera al 80% de su capacidad. Con la llegada de la COVID-19, el colapso no resultó una sorpresa.    

Las personas a las que trata son en su mayoría pobres y racializadas. Para los inmigrantes está el factor añadido de que a veces no hablan bien inglés. “Imagina lo difícil que es para alguien cuyo inglés es limitado entender cómo navegar este sistema, o leer una póliza, o hacer preguntas cuando llegan a urgencias”, dice Amer. “Eso hace que mucha gente no busque ayuda médica o haga las preguntas que podrían servirle para conseguir un tratamiento mejor”.  

Amer dice que a menudo se encuentra con pacientes que deberían ser ingresados por la gravedad de su enfermedad, pero que se niegan a ello por miedo a lo que les pueda costar. El doctor, de origen egipcio, entiende su preocupación. Admite que ni siquiera él mismo, como médico, puede saber cuánto cuestan las pruebas o los tratamientos, por mucho que sus pacientes le pregunten. Los departamentos administrativos de los hospitales, que son los que negocian los precios con las aseguradoras, no comparten esa información con el personal médico. Esta incertidumbre hace que muchos enfermos retrasen su visita, porque sienten que les hará “más daño que bien”, dice el doctor. “Para cuando vienen a urgencias, ya tienen múltiples problemas y eso supone mayores costes para el hospital”.

En el caso de los inmigrantes indocumentados, al miedo de las facturas astronómicas se han sumado en los últimos años las políticas antiinmigración de Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, las detenciones de inmigrantes indocumentados a manos de la policía migratoria se han disparado y en 2019 superaron las 50.000 al día de media, la cifra más elevada de su historia. A finales de febrero entró en vigor una nueva normativa, conocida como “carga pública”, que permite al Gobierno denegar la residencia o el visado a inmigrantes que hayan usado ciertos servicios públicos como la seguridad social (Medicaid) o si el Estado considera que pueden suponer una “carga” económica en el futuro.

Las autoridades sanitarias indicaron en marzo que todos los servicios relacionados con la COVID-19 quedaban exentos de esta “carga pública”. Sin embargo, “hay gente que no quiere apuntarse a Medicaid o usar los servicios de salud porque tiene miedo de que eso afecte su estatus migratorio”, explica Hadler, de la Coalición Inmigrante de Nueva York. “También hay gente preocupada de que haya agentes migratorios en los servicios de salud, a pesar de que la propia política de la Policía migratoria dice que no detienen a personas en espacios sanitarios”. 

Cuando no tienes papeles y estás enfermo

Una mujer llega a Gotham Health East New York, un centro de pruebas COVID-19 en Brooklyn.Frank Franklin II

Daniela Contreras sufre cada vez que su madre, Irene, tiene que ir a una sesión de diálisis. Mexicana de 66 años, Irene lleva más de dos décadas en Estados Unidos, pero no tiene papeles. Daniela logró legalizar su situación gracias a la orden ejecutiva DACA aprobada por el presidente Barack Obama en 2012, que facilitó la obtención de visados temporales para aquellos inmigrantes que habían entrado en el país como menores de edad. Desde que Trump es presidente, el futuro de la DACA es incierto. Trump ha intentado en varias ocasiones cancelar el programa y está pendiente una sentencia del Tribunal Supremo al respecto. 

La salud de Irene se ha debilitado en los últimos meses. Necesita atención constante: le cuesta caminar, lleva pañales, se le olvidan los nombres de sus familiares. A finales de febrero, Daniela dejó su trabajo como organizadora comunitaria en una asociación que defiende los derechos de las trabajadoras domésticas para cuidar a su madre. En el mismo apartamento en el sur de Brooklyn viven también su hija de siete años, su hermana y el hijo de esta. Días después de dejar su trabajo, Daniela empezó a toser y a tener fiebre: había contraído la COVID-19. En medio de la pandemia y con Daniela enferma, nadie podía acompañar a Irene a diálisis. “Salir es un riesgo, pero tiene que salir”, dice Daniela. Cuando Irene regresa a casa después de su tratamiento, la duchan con desinfectante y la mantienen en su habitación para evitar que se contagie. 

Como Irene no tiene seguro de salud, Daniela y su hermana, Minerva, tienen que asumir los elevados gastos médicos de su madre. Para la atención urgente, la familia recurre al programa Emergency Medicaid. Esta ayuda pública, que no tiene en cuenta el estatus legal de los enfermos, solo puede usarse para urgencias graves y, en el caso del estado de Nueva York —uno de los más progresistas a la hora de garantizar el acceso a la atención sanitaria a los más vulnerables—, la persona en cuestión no puede ganar más de 17.000 dólares al año. Esta cifra está muy por debajo del salario mínimo en el estado de Nueva York, de 12,5 dólares la hora, lo que equivale a unos 25.000 dólares al año. 

“En realidad, es un sistema que excluye a toda la clase media”, dice el doctor Amer. “Tienes que ser muy pobre para tener Medicaid”.  

Gracias a la presión de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, como NYIC y Make the Road, el estado de Nueva York, donde se calcula que hay 400.000 inmigrantes indocumentados sin acceso a seguro médico, fue el primero de Estados Unidos en incluir las pruebas y el tratamiento para COVID-19 en la cobertura del plan Emergency Medicaid. California y Washington luego tomaron medidas parecidas. Sin embargo, esta ayuda solo llega a los más necesitados. 

Hadler ve la medida como positiva, pero la considera insuficiente. “Sigue dejando fuera a las personas indocumentadas que cobren ligeramente por encima de ese umbral [de 17.000 dólares]. Y es una decisión muy a corto plazo que se centra específicamente en la COVID-19. Hablamos de una población que, cuando necesita ir al médico por otras cuestiones de salud que quizá no sean una urgencia aguda, sino una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, y que necesita visitas médicas regulares, no tiene opciones de cobertura médica”.

Daniela es la única con seguro médico en la familia ahora mismo, lo que le permitió acceder a consultas médicas telefónicas durante su convalecencia por coronavirus. Pero no sabe cuánto tiempo más le va a durar el seguro ahora que ha dejado el trabajo. Su hermana también perdió su empleo como cuidadora de ancianos hace unas semanas a causa de la pandemia. La rifaximina, el antibiótico que su madre debe tomar diariamente para los problemas de hígado, cuesta 2.500 dólares al mes sin seguro médico en la farmacia, lamenta Daniela. Como la familia no se lo podía permitir, encontraron la manera de traer el medicamento desde México, donde es mucho más barato, a través de una persona de confianza. Pero también la pandemia se les ha cruzado en el camino a la hora de asegurar el suministro: con la mayoría de los vuelos comerciales cancelados, ahora Irene solo cuenta con pastillas para un par de semanas más. “Esta medicina es la que la mantiene consciente”, dice Daniela. “Si no tengo, ¿qué hago?”

Entre las sesiones de diálisis, visitas médicas, transporte y medicinas de Irene —que no entran dentro de la cobertura de Emergency Medicaid—, la familia gasta más de 2.300 dólares al mes. A los costes médicos hay que añadir el alquiler, los alimentos básicos y facturas como las de luz, gas y teléfono, que añaden otros 2.500. Cuando ambas hermanas, Daniela y Minerva, se quedaron sin trabajo, los amigos de la familia recurrieron a la plataforma web GoFundMe para recaudar dinero. 

En un país donde el Estado del bienestar y las redes de ayuda social son casi inexistentes, GoFundMe se ha convertido en una herramienta habitual para subsanar emergencias médicas. Las campañas relacionadas con gastos médicos representan un tercio del total de la plataforma, y se han recaudado más de 650 millones de dólares en donaciones. “Cuando empezamos en 2010, [la plataforma] no se creó y construyó para sustituir a los seguros médicos”, dijo el director ejecutivo de la empresa, Rob Solomon, durante una entrevista en enero de 2019. “Nunca tuvimos la intención de convertirnos en una compañía de asistencia médica ni lo somos todavía. Pero con el paso del tiempo, la gente ha usado GoFundMe para los problemas más importantes a los que se tienen que enfrentar”.

Actualmente hay más de 124.000 campañas en GoFundMe relacionadas con la COVID-19 —una triste cascada de familias que buscan fondos para pagar las facturas médicas de familiares enfermos o para cubrir los gastos del funeral de alguien que acaba de fallecer por el virus. También hay campañas para aquellos que han perdido su trabajo a causa del confinamiento, como empleados de restaurantes y repartidores, o para fabricar mascarillas. 

Los amigos de la familia de Concepción Barrios también organizaron una campaña en esa misma plataforma para recaudar fondos cuando ingresó en el hospital y, luego, para cubrir los gastos del funeral. “El sistema está tan roto que familias de luto como la nuestra tenemos que depender de una página de GoFundMe”, dice su hija Perla.

También se siente excluida de las ayudas de emergencia (más de 2,5 billones de dólares) que el Congreso estadounidense ha aprobado en las últimas semanas, ya que descartan a todas las familias en las que uno de sus miembros esté indocumentado. “Casi todos han perdido su trabajo, el alquiler sigue llegando, las facturas siguen llegando,” dice Perla. “Pero como algunos de nosotros no tenemos número de la Seguridad Social, no podemos acceder a las ayudas económicas”.

¿Pacientes o clientes?

Un grupo de enfermeras en las afueras del Hospital Lincoln en el Bronx reclama más recursos sanitarios.Frank Franklin II/AP

En la puerta de urgencias del hospital público donde trabaja Amer hay un cartel solo en inglés que dice que toda persona tiene derecho a recibir asistencia médica, sin que importe su estatus legal o su capacidad de pagar. “Es un mensaje para la gente que habla inglés —dice el doctor Amer—, porque son los que van a denunciar al hospital. Los inmigrantes no denuncian a los médicos”.

Antes de trabajar en un hospital público, Amer estuvo en uno privado de Miami, donde la relación con el paciente era muy diferente. “Se ven a sí mismos como clientes,” cuenta Amer. “Hay mucho privilegio y eso hacía mi trabajo muy difícil”. Es común que los pacientes exijan a los médicos qué pruebas hacer y cuáles no. “Eso ya no es un servicio médico”, lamenta Amer. En Miami algunos pacientes eran agresivos, pero en el centro público de Brooklyn se ha encontrado con otra realidad: “Están tan acostumbrados al abandono, que están contentos de que alguien les atienda”. 

Como inmigrante, Amer también siente la discriminación en su trabajo. Uno de cada cuatro médicos y uno de cada seis enfermeros en Estados Unidos son inmigrantes. En el país hay un déficit de personal médico crónico que los inmigrantes han ayudado a suplir, y Amer cree que va a crecer todavía más en los próximos años. El médico considera que, a pesar de que la función de los trabajadores inmigrantes en el ámbito de la sanidad es “extremadamente importante”, no está debidamente reconocida. Los doctores extranjeros suelen concentrarse en las disciplinas que los norteamericanos no desean practicar, y en los cargos de responsabilidad de los hospitales no hay demasiada diversidad. 

“Los médicos inmigrantes solo reciben el agradecimiento de sus pacientes, eso es todo —dice Amer—. Pero están tratando a tu abuela. También hay muchos que hacen trabajos especializados”.

En cuanto a la reforma del sistema sanitario estadounidense, Amer la considera esencial y urgente, pero no se muestra optimista. Menciona la retirada de Bernie Sanders de la campaña presidencial como un ejemplo de ello y lamenta que Joe Biden proponga solo “mejorar el sistema que ya existe”. 

“Hablan de millones de estadounidenses a los que les gusta su seguro médico. Me gustaría conocer a alguno de ellos”, dice Amer. “Yo he tenido seguro médico y lo odiaba profundamente. Así que no sé de quién hablan”.

“Sería una negligencia no arreglar el sistema que hemos creado y que nos ha llevado a esta trágica respuesta”, dice Max Hadler, de la Coalición Inmigrante de Nueva York, quien opina que la actual crisis es “una oportunidad” para Estados Unidos.

Desde que las medidas de distanciamiento social para frenar la curva de contagio entraron en vigor a mediados de marzo, más de 30 millones de personas se han apuntado al paro en Estados Unidos, cifras que no se registraban desde la Gran Depresión. Esta cifra no incluye a los millones de personas indocumentadas que no pueden acceder a los servicios y ayudas sociales, muchos de los cuales trabajan en los sectores más afectados por esta crisis económica, como la hostelería, la construcción y la restauración. 

Algunos expertos calculan que 9,2 millones de personas han perdido su seguro sanitario a consecuencia del desempleo en el último mes y medio. En un sistema donde la mayoría de los ciudadanos tiene asistencia médica gracias a su puesto de trabajo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una ola de 30 millones de nuevos desempleados? 

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