Yahya Ahmed / AP

¿Quién paga por los muertos?

Una demanda presentada en Irak reabre el debate sobre las empresas que se enriquecen con la venta de armas químicas en Oriente Medio

Andrés Mourenza

En Grecia y Turquía
02 de Mayo de 2018

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Algunos dicen que olía a ajo, otros a huevos podridos, pero la mayoría coincide en que, aquel 16 de marzo de 1988, la muerte llegó a Halabja (Irak) con olor a manzanas frescas.

La mañana había empezado con un bombardeo ordinario: el Ejército atacaba la ciudad kurdo-iraquí como castigo al apoyo que los peshmerga, las milicias locales, prestaban al enemigo iraní, en guerra con Irak desde 1980. Los 80.000 habitantes de Halabja estaban acostumbrados a ello y, como llevaban haciendo desde hacía años, buscaron refugio en los sótanos y las partes más resguardadas de sus viviendas.

Pasado el mediodía, cuando el estruendo de las explosiones remitió, muchos salieron de sus guaridas a inspeccionar los desperfectos. Comenzaba entonces la segunda fase. Los sonidos cambiaron: el único ruido que hacían las bombas al caer era metálico, como si los proyectiles tuviesen algún desperfecto que les impidiese detonar. Fue en ese momento cuando, desde aquellas cápsulas, se extendió la muerte silenciosa.

A Aras Abid Akram le salvó la vida el primer ataque. Aunque, a veces, desearía que no hubiera sido así. El entonces veinteañero kurdo paseaba ocioso junto a dos amigos cuando les sorprendió el bombardeo: uno de los proyectiles explotó cerca, mató a sus compañeros y a él le dejó herido. Entre varias personas lo llevaron a un sótano cercano en el que se agolpaban ochenta vecinos aterrorizados. “El bombardeo era tan duro que las paredes comenzaron a agrietarse”, recuerda en una entrevista por correo electrónico.

Lo peor comenzó por la tarde. Los aviones y helicópteros iraquíes habían lanzado una combinación de químicos —iperita (gas mostaza), tabún y sarín—, y los agentes tóxicos comenzaron a filtrarse en el sótano. “Sentía que mi cuerpo ardía, no podía ver bien y mi respiración se hizo pesada. Era incapaz de moverme”. Para entonces, los ochenta kurdos ya se habían dado cuenta de lo que ocurría y se habían hecho a la idea de que todos morirían en la oscuridad del sótano, aunque trataban de alargar el fatídico desenlace cubriéndose la cara y la boca con toallas mojadas. Sin embargo, la muerte esquivó a Aras.

Al cabo de un tiempo, entre los gemidos y llantos distinguió una voz conocida: su madre. Acompañada por su hermana, había dado con Aras. “Me abrazó y le dije que tenía miedo de morir. Ella me dijo que debíamos irnos, pero yo difícilmente podía moverme, así que las convencí de que me dejaran allí y buscaran un lugar más seguro”. Horas más tarde, sus compañeros del refugio lo ayudaron a salir de allí. Pese a que apenas podía dar dos pasos sin ayuda, había que marcharse: el edificio no resistiría un nuevo bombardeo. Renqueante, Aras regresó a la superficie. Las calles estaban cubiertas de cuerpos agonizantes, cadáveres ahogados en vómitos verdes y niños con los ojos en blanco.

“Era difícil caminar —recuerda Aras—. Por efecto del gas apenas veíamos, pero finalmente llegamos a la frontera iraní y los soldados nos transportaron a un hospital. Perdí el conocimiento y así estuve durante tres días. Después regrese a Halabja a buscar a mi familia, pero solo hallé sus cuerpos sin vida”. Su padre, su madre, sus tres hermanos y siete hermanas. Todos habían muerto.

El gas como arma de terror

El supuesto ataque químico en Duma (Siria) —y el posterior bombardeo contra instalaciones militares sirias por parte de Estados Unidos y sus aliados— ha puesto sobre la mesa el debate sobre su uso. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de armas? ¿Cuál es la situación de las víctimas, de los culpables, de los implicados? La masacre de Halabja en 1988 puede sugerir algunas respuestas. Se pueden trazar algunos paralelismos.

Aquella vez no era la primera que Sadam Husein utilizaba armas químicas. Ya lo había hecho anteriormente en el campo de batalla, contra los iraníes. Pero por aquel entonces el dictador iraquí tenía buenos amigos en las cancillerías occidentales y el caso apenas tuvo eco en las páginas de la prensa occidental. Era un general laico que luchaba contra un ejército dirigido por alocados ayatolás. Un hombre fuerte y autoritario, que manejaba con puño de hierro su país. Un hijo de puta, sí, pero “nuestro hijo de puta”, como dijo Franklin D. Roosevelt del dictador nicaragüense Anastasio Somoza.

Las armas químicas modernas se estrenaron durante la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes quisieron sorprender a sus enemigos con una nueva arma “de destrucción masiva, es decir, con el fin de causar un elevado número de bajas”, explica el teniente coronel René Pita, profesor de la Escuela Militar de Defensa Nuclear, Biológica y Química del Ejército español. “Otro de sus objetivos es reducir la capacidad operativa del enemigo, ya que la simple amenaza de su empleo obliga a las tropas enemigas a utilizar máscaras de gas y equipos de protección. Por último, hay que añadir el efecto psicológico y sobre la moral de las tropas. Sus efectos pueden resultar más difíciles de comprender que las lesiones físicas que produce la munición convencional”. De hecho, a Sadam Husein le sirvió para contener el avance iraní, cuyo ejército le superaba en número y potencia de fuego. La guerra Irán-Irak terminó tras ocho años de combates. El resultado: tablas militares y medio millón de muertos.

En cuanto al uso contra la población civil, las armas químicas tienen el objetivo, según Pita, de “sembrar el terror”. Y en el caso de los kurdos el mensaje era claro: escarmentar a los traidores que habían tomado partido por el enemigo. La orden 28/3650, emitida por Alí Hassan al-Majid, más conocido como “Alí el Químico”, no dejaba lugar a dudas: “Las Fuerzas Armadas deben matar a cualquier ser humano o animal presente en la zona”. Así, entre 1987 y 1988, cientos de localidades kurdas y asirias fueron arrasadas por el Ejército iraquí, miles de hombres internados en campos de concentración y asesinados. Se calcula que murieron entre 50.000 y 182.000 personas. Pero la jornada más negra fue el ataque químico a Halabja, donde en un solo día murieron unos 5.000 civiles y hasta 10.000 resultaron heridos.

Foto de archivo que muestra a víctimas, entre ellas un niño, del ataque químico de Halabja. AP

“Recuerdo a una chica de quince años. Me mostró una herida en la pierna provocada por los químicos. Su piel se desprendía como la monda de una naranja”, explica Alastair Hay, profesor de Toxicología de la Universidad de Leeds, que en su momento examinó a treinta víctimas evacuadas a Reino Unido para recibir tratamiento. “Cuando agentes nerviosos como el tabún o el sarín son inhalados, bloquean una enzima que transmite las órdenes del cerebro a los músculos. Así que los primeros síntomas son fuertes espasmos. Se dificulta la respiración y los pulmones comienzan a llenarse de líquido. La muerte es rápida, cuestión de minutos, pero absolutamente horrible”. El gas mostaza, otro de los productos químicos utilizados, no es necesariamente mortal, pero provoca graves daños en el sistema respiratorio, puede causar úlceras en la piel y daños oculares irreversibles. “La dificultad que entraña es que no existe antídoto, así que solo se pueden tratar los síntomas. Y como causa daños en el ADN, puede originar futuros cánceres”, apunta el experto.

Las consecuencias llegan hasta hoy. Un estudio dirigido por Hay y varios doctores kurdos publicado este año demuestra que el 70 % de quienes siendo niños tuvieron contacto con los gases tóxicos y sobrevivieron hoy padecen graves problemas de salud: dificultades de visión, ceguera parcial, fotofobia, úlceras cutáneas, asma, bronquitis crónica... En cambio, entre las personas que no sufrieron el ataque, solo el 3,3 % está afectada por este tipo de enfermedades.

La imposibilidad de ser mamá

En Halabja el número de enfermos de cáncer de colon es diez veces superior, y el de enfermedades cardíacas cuadriplica el de otras ciudades kurdas, según el mismo estudio. La cifra de abortos espontáneos es catorce veces mayor que la media. Lo sabe bien Mardin Mahmood Fatah.

Nadie que no haya perdido un hijo es capaz de comprender el dolor que eso produce. Ningún hombre puede sentir la desazón que causa un embarazo frustrado en una mujer que espera con ansia el nacimiento de su primer hijo. Y Mardin ha sufrido ocho abortos cuando lo que más desea en esta vida es experimentar la maternidad.

Mardin no tiene recuerdos de lo ocurrido el 16 de marzo de 1988. Su cerebro probablemente los haya sepultado en lo más recóndito, bajo el peso del trauma. Tenía cuatro años en el momento del ataque. “Lo único que puedo recordar es que me desperté en un hospital de Irán. Estaba tan conmocionada que no podía acordarme ni de quién era”. Permaneció tres meses internada, mientras los doctores iraníes intentaban curar las quemaduras que había sufrido y de las que aún guarda las cicatrices y el dolor. Lograron, también, que recuperara algo de la visión que había perdido, aunque nunca de forma completa.

Mujeres en un hospital de campaña en Teherán que se recuperan de sus heridas tras el ataque químico de Irak en Halabja. La foto apareció el 3 de abril de 1988. AP Photo / Canadian Press / Archivo de M. Sayad

Un día, un hombre llegó al hospital y se la llevó a casa. Decía que era su padre. Ella, todavía en estado de shock, era incapaz de recordar. Y lo creyó. Durante años vivió con su nueva familia, con un nuevo nombre (Hero), un nuevo padre, una nueva madre, nuevos hermanos y un nuevo país. Su mente, y su vida, habían hecho tabula rasa. Hasta que la política entró en escena. “Mi padre fue ejecutado por el régimen iraní porque formaba parte de un partido de la oposición. Antes de morir dejó una carta en la que contaba mi verdadera historia: yo era de Halabja y él me había adoptado en el hospital en el que me trataron tras el ataque. Este descubrimiento cambió mi vida por completo: no sabía nada sobre mi familia real, ni si estaban vivos o muertos. Tenía trece años. Y decidí regresar a Halabja”.

Su hermano adoptivo la acompañó hasta la frontera y se despidió de ella. Cuando llegó a la ciudad kurdo-iraquí, Mardin comenzó a vagar por sus calles sin saber por dónde empezar a buscar. El poco dinero que le habían dado pronto se terminó y ella se vio obligada a mendigar, hasta que una familia se apiadó y la acogió en su hogar. Les contó su historia y, tras un mes y medio de pesquisas, localizaron a sus parientes.

Por fin, tras casi una década, se reencontraba con su verdadera familia. Pero enseguida descubrió otra verdad más amarga. Su madre había muerto en el ataque químico. También uno de sus hermanos. Otro, como ella, se perdió en el caos de las evacuaciones de los heridos y no reaparecería hasta 2002. Su padre biológico se había casado de nuevo. Ella era una extraña en su propia familia. “Tenía sentimientos encontrados. Muchos familiares vinieron a verme y se alegraron de mi regreso. Pero yo sentía que venían a ver a una criatura de feria. Por un lado, estaba feliz por tener de nuevo un hogar y no verme obligada a mendigar. Pero por otro lado, fue el comienzo de una nueva aflicción, porque entonces me di cuenta de todo lo que había perdido a causa del ataque: mi padre tenía una nueva familia y jamás establecimos una verdadera relación padre-hija. Si mi padre adoptivo no hubiera sido ejecutado, habría regresado a Irán con él”.

Mardin nunca ha conseguido deshacerse del lastre de su tragedia. “Tengo 34 años pero el sufrimiento no ha cesado. Durante mucho tiempo no pude trabajar, aunque ahora me he casado y estoy estudiando con la esperanza de mejorar mi vida. Todavía cargo sobre mis espaldas la miseria y las malas experiencias vividas, pero lo que más me atormenta es el temor de que quizás jamás consiga saber lo que significa ser madre”.

El regreso de los fantasmas

Un niño enciende una vela en la tumba de dos hermanos muertos en 1988 a causa del ataque químico de Halabja.Yahya Ahmed / AP

Durante años, las víctimas de la masacre de Halabja permanecieron en el olvido. Solo reaparecieron, brevemente, cuando Sadam Husein se convirtió en el malo de la película al invadir Kuwait e iniciarse la Guerra del Golfo (1990-91) y, posteriormente, tras la invasión estadounidense de Irak en 2003. De hecho, uno de los cargos por los que fue juzgado el dictador iraquí fue precisamente el de “crímenes contra la humanidad y genocidio” por los hechos acaecidos a finales de la década de 1980 en los territorios kurdos. Su primo Alí el Químico acabó en la horca por la misma acusación. Y el pueblo de Halabja aún guarda la soga con la que se le estranguló. Aparte de ver desaparecer a quienes ordenaron su muerte y la de sus familiares, no hubo indemnización para las víctimas: después del juicio, se las devolvió al armario de los recuerdos incómodos.

Pero a veces los fantasmas regresan de ultratumba para agitar conciencias. El pasado 13 de marzo, un tribunal de Halabja aceptó examinar la demanda presentada por un bufete de abogados que representa a las víctimas del ataque de 1988. Esta vez, en cambio, no se dirige a los responsables directos, sino a sus cómplices.

Poner en marcha un programa de armas químicas no está al alcance de cualquier estado. “La fabricación no es sencilla, aunque su complejidad varía en función del tipo de agente químico. La dificultad de la producción está en el acceso a los reactivos precursores necesarios y en las condiciones de seguridad que requieren la producción, estabilización y manipulación del producto”, dice el teniente coronel Pita. “Los países de Oriente Medio que han tenido programas de armamento químico han dependido de la tecnología de otros estados para manufacturar los agentes nerviosos. También dependen de fuentes externas para los precursores”, apunta Jean Pascal Zanders, experto en este tipo de armas. “Normalmente se trata de materiales que también se usan para otros propósitos, como la industria química y la agricultura, así que es difícil rastrearlos”. Es lo que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas llama productos “de doble uso”.

La extraña necesidad de matar saltamontes

A mediados de la década de 1970, Sadam Husein sintió una imperiosa necesidad de matar saltamontes. El primo mayor de los saltamontes, la bíblica langosta, ha sido siempre un mortífero enemigo de la agricultura de Oriente Medio, y sus plagas acaban periódicamente con las cosechas que el suelo iraquí se digna a producir. Decidido a terminar con la amenaza de estos insectos, el Gobierno iraquí inició la construcción de una planta para la producción nacional de pesticidas en las cercanías de Samarra (centro del país), para lo que solicitó ayuda y tecnología a varias compañías occidentales. Pero ni la fábrica de pesticidas era tal, ni las langostas eran langostas.

Los primeros en darse cuenta fueron los estadounidenses de la empresa Pfaudler, que despachó a varios ingenieros a Irak a los que las exigencias de las autoridades iraquíes les parecieron altamente sospechosas. El complejo que había planificado la Institución Estatal para la Producción de Pesticidas, posteriormente rebautizado como Muthana, tenía 25 kilómetros cuadrados y era “custodiado por torretas de vigilancia y barreras. Un sistema de cohetes antiaéreos estaba situado a unos cinco kilómetros, en dirección a Bagdad. Cada dos edificios había ametralladoras pesadas y, fuera, había entre diez y quince tanques en la cima de las colinas. Cada paso era vigilado”, confesaría más tarde el enviado de una empresa alemana, Heinrich Nicolay, durante una investigación de las autoridades aduaneras germanas.

La empresa británica Imperial Chemical Industries también se retiró de la construcción del complejo de Samarra, alegando el “posible doble uso” que Irak podía dar a la producción química. Dio parte al gobierno británico de que algo raro se tramaba allá, en el desierto iraquí. Pero una oportunidad de negocio es una oportunidad de negocio y la ley que rige la empresa privada desde que se pusieron los primeros cimientos del capitalismo es la de maximización del beneficio. Si aquellas empresas no querían, habría otras dispuestas a aceptar la oferta.

Según la reciente demanda presentada en Halabja, el Proyecto 922, como se conocía en secreto el programa de armas químicas en Bagdad, contó con la participación de las firmas alemanas Preussag, Heberger y Karl Kolb, que, en ocasiones a través de filiales y empresas tapadera, ayudaron a construir el complejo de Samarra (no en vano, algunas plantas de las que se componían se llamaban Heberger 1, 2, 3 y 4). También abastecieron a Irak de materiales necesarios para la producción de armas químicas, incluidos precursores y sofisticados equipos de laboratorio. “Antes de esta conspiración, el régimen de Sadam no poseía armas químicas ni tenía la experiencia o capacidad necesarias para producirlas. Sin la participación de los acusados, el régimen de Sadam habría sido incapaz de cometer el genocidio contra los kurdos”, sostiene la demanda, que además acusa a los implicados de saber cuál era el destino final de la producción química, ya que sus ingenieros instruyeron a los iraquíes en la utilización de los productos enviados y las visitas fueron constantes durante toda la década de 1980 (el Ejército iraquí comenzó a utilizar armas químicas contra Irán en 1983).

A mediados de la década, el Gobierno de la República Federal Alemana, alertado por la CIA de lo que se cocía en Samarra, endureció la normativa para exportar ciertos componentes que podían ser utilizados en la fabricación de armas químicas. Pero, en lugar de detener su negocio, las empresas alemanas se pusieron en contacto con compañías como De Dietrich, Protec, Carbone Lorraine y Melchemie, radicadas en Francia y Holanda, donde la legislación era más laxa. “En 1986 un representante de la empresa alemana de ingeniería industrial Karl Kolb me vino a ver. Estaba molesto por un embargo decretado en su país y no podía hacerse cargo de los pedidos a Irak. Yo tomé el relevo. Pero, cuidado, todo estaba controlado y aprobado por la cámara de comercio”, confesó Roger Kiss, uno de los directivos de Protec en esa época, a Le Nouvel Observateur en 2013.

Hasta 1991, el complejo Muthana llegó a producir 3.859 toneladas de agentes químicos para su uso armamentístico y, según se desprende de un documento entregado por las autoridades iraquíes en 1993 a la agencia de la ONU que investigaba la destrucción de su arsenal químico, entre los suministradores hay empresas de todo el mundo, desde Japón a Brasil. También españolas: una, llamada ITE, figura como proveedora de “material eléctrico”, “equipamiento técnico” y “máquina de soldadura”. La otra aparece bajo un epígrafe más escueto: “EXPAL - SPAIN - Contract 4/53/8”, con fecha de marzo de 1983. Expal es Explosivos Alaveses S.A., que hoy pertenece a la corporación Maxam y fabrica proyectiles, espoletas y bombas. Entidades como el Centro Delàs de Estudios por la Paz apuntan a que bajo ese misterioso “Contrato 4/53/8” se esconden las carcasas en las que se introducía el gas mostaza para su lanzamiento sobre las tropas iraníes.

Negocios con la muerte, en definitiva. Lo admitió un representante de Preussag y director de WET (otra empresa implicada), Nizar al-Kadhi, durante la investigación de las autoridades aduaneras alemanas en 1990: “Supongo que, gracias a la guerra entre Irán e Irak, todos los negocios de las empresas que comerciaban con Irak prosperaron”.

El cuento del huevo frito

Al frente del proceso iniciado en Halabja está Gavriel Mairone, un controvertido abogado estadounidense que luchó como paracaidista voluntario en el Ejército israelí. En los últimos años de su carrera se ha destacado como impulsor de demandas colectivas que buscan tocar los bolsillos a las grandes empresas y bancos. En uno de esos casos, al frente de familiares de las víctimas de 300 estadounidenses afectados por diversos atentados y ataques de Hamás, logró que un tribunal de Brooklyn condenara al Arab Bank por transferir dinero al grupo islamista palestino.

Ahora, en Halabja, exige 4.000 millones de dólares a las empresas que “conspiraron” junto a Sadam Husein para facilitar su programa nuclear, como indemnización para las víctimas. “Muchos de los demandantes son personas que se han quedado ciegas, otras tienen dificultad para respirar... La mayoría necesita tratamiento, pero no tiene dinero para ello ni para las medicinas. Tampoco el Estado iraquí dispone de fondos para ellos”, describe Mairone. Aras Abid Akram, por ejemplo, no puede alejarse mucho de su bombona de oxígeno. Y necesita un transplante de córnea. “Una victoria judicial les ayudaría mucho —prosigue el abogado—, sobre todo desde el punto de vista psicológico: son personas heridas en un ataque llevado a cabo contra la legislación internacional que jamás debería haber ocurrido y, durante treinta años, han sido abandonadas, nadie en el mundo se ha ocupado de ellas”.

Gavriel Mairone (izquierda) y el abogado francés David Pere firman documentos a su llegada a un juzgado para presentar una demanda en París, en junio de 2013.François Mori / AP

El caso del ataque químico contra los kurdos se le resiste a Mairone. En 2013, trató de inculpar en un tribunal francés a las empresas galas que vendieron material al régimen iraquí, pero cinco años después el proceso aún se halla en fase de investigación preliminar. Con todo, no pierde la esperanza: “El tribunal de Halabja ha aceptado examinar la demanda y ahora cuestionará nuestras pruebas. En caso de que proceda, el juicio se iniciaría en 18 meses. Si el juez finalmente nos diese la razón, existe la posibilidad de que las empresas no reconozcan la resolución y se nieguen a pagar. Entonces deberíamos iniciar procedimientos en los tribunales alemanes, holandeses o franceses, exigiendo que se aplique la sentencia iraquí. Es un proceso largo, que llevará por lo menos tres o cuatro años”. El problema, añade Mairone, es que las secuelas de los gases hacen mella: sus clientes “están muriendo”. “Cuando comencé a investigar el caso, hace ocho años, tenía a 700 demandantes, personas afectadas y enfermas por el ataque químico. Hoy solo quedan 127”, lamenta: “Si el tribunal acepta nuestro planteamiento, al menos eso les dará a las víctimas cierta paz de espíritu”.

Ya ha habido algunas condenas en relación con la venta de materiales para el programa de armas químicas de Sadam Husein. Tres directivos de la empresa WET (utilizada como pantalla por Preussag) fueron condenados en 1996 por un tribunal de la ciudad alemana de Darmstadt a penas (en suspenso) de entre 6 y 21 meses de cárcel por haber violado la normativa alemana de exportaciones en su comercio con Irak. Igualmente, la Justicia holandesa condenó a 17 años de cárcel al empresario Frans van Anraat en 2005 como “cómplice de crímenes de guerra” por haber vendido a Irak materiales necesarios para su programa de armas químicas. El mismo tribunal reconoció la matanza de kurdos iraquíes a finales de la década de 1980 como un “acto de genocidio”, si bien afirmó que la “complicidad” de Van Anraat en este crimen no pudo ser probada. Tampoco, en ninguno de los casos, se consideraron indemnizaciones para las víctimas.

Ese es el problema al que se enfrentan los abogados de las víctimas de Halabja. El propio Mairone reconoce que “no hay muchos precedentes”, pero intenta esgrimir un argumento moral: “Algunas personas a las que acusamos son multimillonarios, de entre los hombres más ricos de Europa. ¿Y por qué hicieron esto? No se trataba de mafiosos, eran empresas normales y corrientes. Lo hicieron solo por avaricia”. De ahí la abultada cantidad que exige el bufete para las víctimas de Halabja: “Si este caso sienta un precedente, las demás empresas se lo pensarán dos veces antes de vender productos de doble uso a ciertos regímenes, para evitar pérdidas por tener que hacer frente al pago de indemnizaciones”.

No cabe duda de que, desde el punto de vista ético, aprovecharse de un régimen brutal para hacer negocios no puede ser menos que condenable. Pero, ¿basta eso para lograr una sentencia judicial? ¿Es lícito acusar a una empresa, por muy reprobable que sean sus negocios, si actúa dentro de los márgenes de la legalidad? Eso es lo que, a grandes rasgos, mantienen las empresas implicadas. Revista 5W se ha puesto en contacto con todas las compañías mencionadas en la demanda de Mairone, algunas de las cuales han cambiado de nombre, de actividad o han sido adquiridas por otras. Solo dos han contestado.

Una es Melspring, nuevo nombre con el que se conoce a la compañía holandesa Melchemie y que, desde 2006, forma parte del conglomerado Olmix. “Melspring International BV es una sociedad limitada diferente (…) y no tiene nada que ver con las actividades de Melchemie en la década de 1980”, sostiene el director comercial de la empresa, Johannes Tuinhof, en una respuesta por correo electrónico en la que se queja de que su compañía no ha sido notificada de la demanda, de la que solo ha tenido noticia por la prensa.

Preussag, otra de las acusadas, tampoco es ya Preussag. En 2002 se rebautizó como TUI tras haber completado un cambio total de actividades: de la industria pasó al turismo y hoy es el principal grupo empresarial del mundo en su sector, con intereses en cadenas hoteleras, agencias de viaje y líneas aéreas. “Las acusaciones carecen de cualquier fundamento legal. Entre los años 1987 y 1996, tribunales alemanes en Darmstadt y Frankfurt concluyeron que Preussag no era responsable de los trágicos sucesos acaecidos en Irak en 1988”, afirma Kuzey Esener, un responsable de comunicación del grupo: “Y en particular, certificaron que no hubo negligencias por parte de Preussag en relación con una posible mala praxis de antiguos subordinados suyos”. En realidad, el tribunal de Darmstadt, que sí condenó a los directivos de WET, juzgó que no era posible dirimir las responsabilidades individuales de los directivos de Preussag encargados del comercio con Irak y, además, alegó que el estatuto de limitaciones impedía procesar a esta última empresa. “La investigación de Darmstadt examinaba cuestiones técnicas, sobre si la compañía había violado las leyes alemanas sobre exportaciones”, matiza Mairone, quien expone que, esta vez, la acusación es diferente. “Hasta ahora, TUI no se había enfrentado a la acusación de conspiración con el régimen de Sadam para cometer genocidio”. Un crimen que no prescribe.

El problema en este tipo de juicios en los que se trata de dilucidar responsabilidades subsidiarias en grandes crímenes es la parcelación de las contribuciones externas, que quedan difuminadas por el uso de diversas filiales y empresas pantalla. Funciona como el cuento del huevo frito y los dedos de la mano, que se enseña a los niños desde muy pequeños y que, en versiones más elaboradas, forma parte de los currículos de ingeniería financiera de las mejores escuelas de negocios. Ya saben: este dedo encontró un huevo, este lo frio, este le echó sal, este lo probó y este gordo se lo comió todo. Al final, no queda claro qué grado de responsabilidad corresponde a cada parte.

Siria: el problema del cloro

Si algo positivo dejó el ataque en Halabja y la guerra Irán-Irak fue la actual Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. “En el momento del ataque en Halabja, la legislación en vigor era el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibía el uso de armas químicas pero no su tenencia o fabricación”, subraya el profesor Alastair Hay, uno de los impulsores del nuevo texto, que fue redactado en 1993 y entró en vigor en 1997.

Hubo, por supuesto, otros factores que condujeron a la Convención, algunos de carácter geoestratégico. “Con el desarrollo del arma nuclear y los explosivos de alta potencia, las armas químicas quedaron relegadas a un segundo plano. Estados Unidos consideró que su arsenal nuclear cubría sus necesidades de disuasión y represalia, a la vez que veía interesante promover la prohibición de las armas químicas, que al ser más baratas podían resultar más accesibles para otros países”, arguye el teniente coronel René Pita. Las negociaciones para la nueva legislación internacional se aceleraron durante la década de 1980 en vista del extendido uso de armas químicas durante la contienda entre iraquíes e iraníes, pero su proceso de ratificación fue lento, hasta que en marzo de 1995 tuvo lugar el ataque con sarín en el metro de Tokio. “La secta Aum Shinrikyo había adquirido los precursores para la fabricación de sarín a través de sus empresas químicas, así que la necesidad de controlar estas sustancias impulsó la ratificación”, añade Pita. Hoy, cualquier producto químico susceptible de ser usado como arma contra seres humanos puede ser catalogado como arma química o como material de “doble uso”.

Estudiantes se cubren con máscaras cerca de la estación Tsukiji de Tokio después del ataque con gas sarín de 1995.AP

En total, 182 países (en los que habita el 90 % de la población mundial) han ratificado la Convención. “Muchos países se han deshecho de sus arsenales de armas químicas. Cada año, miles de toneladas de armas químicas son destruidas en países que son supervisados por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)”, dice Hay. “También hay un compromiso de la industria química”. De hecho, la OPAQ puede exigir investigaciones en empresas que considere que puedan haber violado la normativa.

En definitiva, el problema de las armas químicas parecía enterrado... y entonces llegó la guerra en Siria. Decenas de ataques con gases tóxicos y agentes nerviosos han sido documentados durante los siete años de contienda —algunas fuentes aseguran que superan los 200—, perpetrados por grupos armados como Estado Islámico  o por rebeldes apoyados por Turquía pero, sobre todo, por el propio Gobierno sirio, algo que tanto el régimen de Bashar al Asad como Rusia, su principal aliado, han negado. El más letal ocurrió en verano de 2013, cuando fuerzas sirias bombardearon con misiles tierra-tierra cargados de sarín la zona de Guta Oriental, en manos de la oposición armada pero densamente poblada por civiles. Las primeras consecuencias del ataque fueron documentadas por organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Las bajas se contaron por cientos: algunos recuentos las elevaron a más de 1.400. La dura reacción internacional (Estados Unidos amenazó con atacar Siria) llevó al régimen a ratificar la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, a abrir el país a los inspectores de la OPAQ y a comprometerse a la destrucción de su arsenal químico. Sin embargo, al contrario que Sadam Husein, que durante la década de 1990 se deshizo de los remanentes de armas químicas bajo la supervisión de la ONU, el régimen sirio ocultó parte de sus reservas de gas mostaza, sarín, VX y otros agentes nerviosos  y mantuvo un “programa clandestino” oculto a los inspectores internacionales, según mantiene un documento del espionaje francés recientemente desclasificado.

“Desde el punto de vista estratégico, las armas químicas […] son usadas para castigar a la población civil presente en zonas controladas por combatientes opuestos al régimen sirio y para crear un clima de terror y pánico que les fuerce a la rendición”, sostiene el informe galo. “Dado que la guerra no ha terminado para el régimen, utiliza estos ataques indiscriminados para demostrar que la resistencia es fútil y así capturar los últimos reductos de resistencia armada”. Los ataques con químicos han continuado pese a la entrada en vigor de la Convención en Siria: no tanto con gas sarín o mostaza —aunque se han producido algunos— sino especialmente mediante el lanzamiento de gas cloro. El último de ellos, el 7 de abril, causó cerca de medio centenar de muertos en la localidad de Duma (Guta Oriental).

El cloro es un producto de uso común. Cada año se producen 40 millones de toneladas en el mundo para su uso industrial o farmacéutico. A temperatura ambiente, es un gas más denso que el aire, de color amarillo verdoso y fuerte olor. Es, también, el arma química más simple que existe: irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias, puede provocar quemaduras y hasta la muerte por asfixia.

“El uso sistemático de cloro es clave en el modo en que el régimen hace la guerra”, apuntaba en Twitter Tobias Schneider, experto en seguridad del Global Public Policy Institute de Berlín. “A menos que hallemos una respuesta efectiva, otros actores que libran guerras salvajes contra su población imitarán este modo de hacer (ya hay informes que hablan de su uso en Sudán)”. Pero ¿cómo evitar la utilización militar del cloro? La respuesta de Estados Unidos, Reino Unido y Francia fue bombardear instalaciones castrenses y científicas del Gobierno sirio, en un ataque que en nada afecta a la capacidad militar del régimen.

El experto Jean Pascal Zanders cree que lo visto en la guerra siria es “incomparable con la escala de la guerra Irán-Irak”, ya que el cloro “es un arma muy primitiva y no tan letal” como otras armas químicas. Pero, con todo, resulta preocupante: al contrario de lo que ocurre con las demás sustancias y posibles precursores de gases tóxicos y agentes nerviosos como el sarín, la iperita, el tabún o el VX, es muy difícil justificar el embargo de cloro a un determinado país: “Especialmente en Oriente Medio se necesitan grandes cantidades de cloro para potabilizar el agua”. Prohibir a Siria el uso del cloro conllevaría problemas mayores, añade Hay. “Si se le impidiese importarlo, decenas de miles de personas podrían morir por diarreas y otras enfermedades derivadas de consumir agua no potable”.

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