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El regreso de los campos de 'reeducación' en China

Pekín instala un avanzado sistema para chinificar y asimilar a la comunidad uigur en Xinjiang

Mónica G. Prieto

En Asia
08 de Agosto de 2019

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En el vagón de tercera de la ruta férrea que une Urumqi con Turpan, dos de las mayores ciudades de la provincia de Xinjiang, huele a fruta madura, encurtidos y sudor concentrado. Decenas de pasajeros se agolpan de pie en los pasillos mientras los más afortunados picotean en sus asientos, ensimismados en la pantalla del móvil. El ambiente podría ser casi perezoso hasta que un grupo de azafatas, acompañadas por agentes de seguridad armados con palos, se abren paso de forma abrupta y, desde el final del tren, comienzan a elegir pasajeros a los que identificar con brusquedad. 

Los agentes escanean tarjetas de identidad y las azafatas les toman fotografías con sus propios móviles: sus objetivos son las mujeres veladas y los varones jóvenes, a quienes despiertan a empujones si duermen para que presenten sus papeles. Un policía golpea con una porra de madera un bolsón acomodado en el portaequipaje que pende sobre los asientos, vociferando en chino, hasta que una mujer se levanta, nerviosa, para bajarlo y dejar que lo inspeccionen: solo contiene ropa y efectos personales. 

Las sospechas se antojan ridículas en el contexto del sobrecogedor control tecnológico impuesto por las autoridades en toda esta provincia china de mayoría musulmana, donde nada escapa del gran ojo de Pekín. Los pasajeros habían sido identificados una hora antes en la estación de Urumqi y en el puesto de control de acceso a la estación, donde les sometieron a reconocimiento facial. Aún deben pasar por controles similares a su llegada a Turpan, pese a ser ciudadanos chinos y no haber abandonado los límites de su provincia. 

A la salida de la estación, deslizan su identificación por una máquina mirando fijamente a una cámara conectada a un monitor, que escanea su carné y compara los rasgos con los de su imagen. Si existen dudas sobre la identidad, el dispositivo emitirá una alarma y serán detenidos. Si, como en el caso de la joven que me precede, no existen pero el agente a cargo considera que la máquina ha verificado su identidad demasiado rápido, también serán retenidos pese a las quejas. Una veintena de pasajeros son escoltados a la comisaría de la estación, donde permanecerán hasta ser identificados o arrestados. Al resto les reciben ingentes pantallas digitales que escupen imágenes del presidente Xi Jinping rodeado de felices niños uigures en reuniones del Partido Comunista y visitas oficiales a Xinjiang. 

La nueva frontera

Hogar de la comunidad uigur —de origen turcomano y estimada en unos 12 millones de personas—, Xinjiang es una anomalía en la uniforme China comunista. Con algo más de 20 millones de habitantes, ocupa una sexta parte del territorio de la República Popular y supone un acceso privilegiado a Asia Central y Europa, clave para la llegada de recursos naturales y sobre todo para el ambicioso proyecto de la nueva Ruta de la Seda con el que Xi pretende controlar el comercio mundial. 

El único detalle que obstaculiza sus planes es que Xinjiang comparte con China siglos de enfrentamiento y resquemor, no de convivencia fraternal.  Controlada por Pekín desde 1949 y enclavada en Asia Central, la enorme provincia de Xinjiang —en mandarín, nueva frontera— habla otro idioma, es habitada por otra etnia y profesa una religión, la islámica, en contra del laicismo defendido por el Partido Comunista. Tiene otras costumbres y tradiciones: su población ni siquiera comparte rasgos físicos con la china. Estas diferencias han sido identificadas por Pekín como paradigma de “los tres males” que amenazan la seguridad nacional: “el separatismo, el extremismo religioso y el terrorismo internacional”. Se genera así la excusa perfecta para crear un perturbador experimento de ingeniería social: un sistema policial basado en la tecnología de vanguardia para controlar al milímetro a la población y en la “reeducación” forzosa en campos de trabajo para “erradicar el virus ideológico” del islam, como lo definen las autoridades chinas, a una escala imparable. 

Según el  investigador alemán de la Escuela Europea de Cultura y Teología Adrian Zenz, en el archipiélago de campos e instituciones penales y de seguridad chinas de Xinjiang hay recluidos “hasta 1,5 millones de personas de la minoría turcomana, especialmente uigures y kazajos”, lo que supera el 10% de la población musulmana.

Los campos de “reeducación” de Xinjiang, detectados por los expertos gracias a Google Earth e imágenes por satélite, son una reedición de los infames campos de trabajo donde durante la Revolución Cultural (1966-1976) eran confinados los “enemigos del socialismo” y que fueron oficialmente abolidos en 2013, según Zenz. “La esencia de los campos es la misma de los laojiao [reeducación mediante el trabajo] y los laogai [reforma mediante el trabajo], pero tienen a los uigures como objetivo primordial”, matiza Zenz por correo electrónico. 

En uno de sus informes, publicado en 2018, el alemán estimaba que el sistema actual de campos de Xinjiang podría superar en tamaño al de aquellos campos de trabajo abolidos en 2013. Su investigación se basó en 73 licitaciones de contratación pública y construcción valoradas en unos 680 millones de yuanes (aproximadamente 95,6 millones de euros) y en convocatorias masivas de reclutamiento. 

Una escuela en las afueras de Kashgar (provincia de Xinjiang). 31 de agosto de 2018.Ng Han Guan / AP

Las construcciones llegaban a contar con instalaciones para albergar a la Policía Armada Popular, una fuerza paramilitar. Las autoridades locales han reclutado a expertos en psicología criminal y veteranos de las Fuerzas Armadas para gestionar los centros, según la investigación de Zenz. En las partidas económicas, se destina una enorme cantidad a alambradas de espino. Algo curioso, habida cuenta de que China ha pasado de negar la existencia de los campos para uigures, donde también son confinados otros extranjeros musulmanes —muchos kazajos han pasado por ellos—, a definirlos como “escuelas de formación vocacional” para sacar a los musulmanes de su “atraso”. 

Li Xiaojun, director de la oficina de Información del Departamento de Derechos Humanos, llegó a explicarlo en términos mucho más imaginativos. En medio de informes que hablaban de detenciones masivas de uigures, Li afirmó que “lo que hace China es establecer centros de formación profesional, centros educativos. Es como cuando sus hijos van a escuelas vocacionales para mejorar su formación y tener mejores oportunidades cuando se gradúen”, dijo en septiembre de 2018 a los reporteros internacionales a su paso por Ginebra. 

Los campamentos de verano que describe tienen poco que ver con estos complejos de edificios con torretas de vigilancia, alambres de espino, sistema de CCTV y celdas con barrotes vislumbrados mediante satélite. “Los centros [de reeducación] se han convertido en complejos amurallados y vigilados, como prueban las imágenes satélite”, explicó Zenz en una conferencia reciente. “Los estudiantes están literalmente encerrados dentro del aula. También hay personas armadas en el exterior de cada aula y una puerta de barrotes que se cierra por si alguien intenta escapar”. Los sospechosos son ingresados de forma extrajudicial e indefinida en los campos, donde son sometidos a sesiones ideológicas, entrenamiento militar, estudian mandarín y legislación china, se pone a prueba su lealtad al régimen y son obligados a renunciar al islam, según expertos y liberados.

En Xinjiang, la Policía elige —según denuncian organizaciones como Human Rights Watch— quién debe “mejorar” sus aptitudes profesionales en estos campos. Para optar a una plaza solo es necesario tener la aplicación equivocada instalada en el teléfono, llevar barba, usar velo, poseer textos religiosos, haber viajado al extranjero o incluso tener algún familiar o amigo que resida fuera de China. O haber sido acusado por alguien. Una vez becados por el régimen, los residentes no tienen asistencia legal ni saben por qué han acabado allí. Desconocen cuándo serán liberados. En muchos casos, sus hijos son arrancados de los familiares que les cuidan en ausencia de sus padres y son criados como chinos han. 

‘Escuelas de angelitos’

Desde que su mujer y sus dos hijos se desvanecieron en Xinjiang, dos años y medio atrás, Abdurahman Tohti consumía sus horas muertas en Turquía navegando en Douyin, la plataforma china de vídeos cortos al estilo de TikTok, para saciar su melancolía. “Buscaba vídeos de mi tierra, de mis gentes, solo para sentirme mejor”, explica por Skype. “Pero nunca imaginé que lo iba a encontrar”. Ocurrió el 4 de enero de 2019, cuando Abdurahman reconoció a su hijo, Abdelaziz, en el pequeño que contestaba a gritos, en perfecto chino, a las preguntas que le planteaba el autor del vídeo. 

—¿Cómo te llamas?

—¡Me llamo Abdelaziz!

—¿Cuántos años tienes?

—¡Tengo cuatro años!

—¿Cuál es el nombre de tu país?

—¡La República Popular de China!

—¿Cuál es su bandera?

—¡Cinco estrellas sobre fondo rojo!

“Al principio no lo podía creer, pero estaba seguro al 90% de que era mi hijo. Mostré el vídeo a varios amigos que conocían a Abdelaziz desde que nació, y todos contestaron asombrados que era él. Ahora no me cabe duda”, dice el padre en tono desesperado. Todo hace pensar que la grabación fue tomada en uno de los múltiples orfanatos destinados a los hijos de los desaparecidos en el archipiélago de campos de reeducación que China ha levantado por todo Xinjiang. 

Una experiencia similar a la de Kalbinur Tursun, quien navegaba con su teléfono en la tienda de ropa que regenta en Zeytinburnu, un barrio de Estambul, cuando su ritmo cardíaco se desbocó. Ocurrió el 24 de diciembre de 2018. En uno de los grupos de WhatsApp donde la comunidad uigur en el exilio cuelga vídeos difundidos por la comunidad china de Xinjiang, unas imágenes le rompieron el alma: un grupo de niños, todos vestidos de forma similar, practicaba en chino un juego de habilidad. 

“La reconocí inmediatamente. Era mi Aisha”, dice la mujer con la voz rota por las lágrimas en una comunicación por videoconferencia, traducida por Uighur Bulletin, el apodo en Twitter de otro joven exiliado de nombre Alip. “Eran su risa, sus gestos, sus expresiones… Por un lado me produjo alegría verla, saber que estaba bien. Por otro, las imágenes me destrozaron. No podía aceptar que les habían separado”.

El padre de Aisha está en Xinjiang con cinco de sus hermanos. La pareja tiene siete hijos y esperaba el octavo cuando el acoso de las autoridades chinas —en aquel entonces, 2016, seguía en vigor la política de hijo único— les hizo pensar en marcharse para no dar a luz en la República Popular. “Solo conseguimos tres pasaportes, así que mi marido y yo vinimos a Turquía con mi hijo Mohamed, entonces de dos años. Diez días después, mi marido regresó para buscar al resto de los niños”. El mayor de ellos tenía trece años y el menor uno: todos se habían quedado a cargo del cuñado de Kalbinur. “El día que tenían previsto venir [a Turquía] perdí el contacto con ellos. Unos días más tarde, un amigo común me dijo que mi marido fue enviado a prisión”. Y sus hijos, al limbo. 

“Al principio los niños volvieron con mi cuñado, pero luego él también fue llevado a los campos de reeducación y mi hermana se encargó de mis pequeños. Hablábamos de forma habitual hasta mayo de 2017: me pidió que no volviera a llamarlos, porque cada vez había más control policial y les estaba poniendo en peligro”. No supo nada de ellos hasta un año después, cuando reconoció a Aisha en una de las “escuelas de angelitos”—como les llaman las autoridades chinas— de la ciudad de Hotán, a 500 kilómetros de Kashgar.

Se desconoce cuántos de estos orfanatos existen, pero en una entrevista con el servicio en uigur de Radio Free Asia, el pasado septiembre, el responsable del Partido Comunista para el condado de Keriya, en la prefectura de Hotán, admitió que unos 2.000 niños de entre cuatro y catorce años permanecen en solo una de esas “escuelas de angelitos”, mientras que en otra de la localidad de Yengibah, del mismo condado, habría entre 300 y 500 menores. Una investigación del Financial Times indicó que en el condado de Yumin las autoridades construyeron un internado para niños de 3.000 metros cuadrados y, citando medios chinos, aseveraba que solo en 2017 se construyeron 18 de estos centros en un condado de Kashgar, una de las prefecturas más importantes del sur de Xinjiang. 

Niños se cubren la boca con pañuelos en una guardería durante una simulación de incendios en Urumqi.Liu Xin / Color China Photo / AP

“A mi tía le dijeron que se tenían que llevar a mi sobrina”, explica Adel Cinar, refugiado uigur residente en Turquía. “Mi tío, Qasim Molla, había muerto varios meses atrás en un campo de Aksu, tras medio año retenido: sufría problemas de próstata y terminó envenenado por su propia orina. A su hija y su esposo, Atikem y Kamiljan, se los llevaron a los campos y la hija de estos, de dos años, se quedó con mi tía. Pero cuando vinieron los oficiales y le dijeron que se la llevaban, no supo cómo oponerse. Sabemos que está en el condado de Kelpin, pero las autoridades no permiten que los niños visiten a sus familiares ni que estos vayan a verles”. 

En los orfanatos, los niños “son sometidos a un lavado de cerebro”, asegura Rushan Abbas, responsable de Campaña para los Uigur y miembro de la comunidad uigur residente en Washington: son educados exclusivamente en chino, en las directrices del Partido y en la secularidad. Aprenden danzas tradicionales y olvidan sus orígenes. 

Algo parecido ocurre en los campos de reeducación, donde las autoridades aspiran a resetear los cerebros de sus internos para suprimir la religión a una escala masiva. “No hay datos fiables sobre el número de campos: oscilan entre los 44 documentados por la BBC y varios centenares, pero algunos de ellos son del tamaño de una pequeña ciudad, con cabida para alojar a entre 11.000 y 15.000 personas”, prosigue Abbas. Zenz, el citado experto alemán, estima que podrían oscilar entre 1.000 y 1.200. “Al principio, China negaba la existencia de campos. En agosto de 2018 los llamaron campos de reeducación, en noviembre los llamaron de formación profesional y desde entonces, hacen pública la producción de sus alumnos-trabajadores”, prosigue Abbas. “Mientras, a sus hijos los educan como si fueran han, borrándoles los recuerdos de su identidad étnica e incluso de sus padres”. 

Reprogramación cultural

Según Ferkat Jawdat, uigur residente en Washington, tras los orfanatos se esconde una estrategia sibilina de asimilación, una máxima esgrimida por Xi Jinping en 2017, cuando defendió la “chinificación de la religión”, lo cual implica que cualquier doctrina —en China hay, oficialmente, libertad religiosa— debe seguir estrictamente las directivas del Partido Comunista e integrarse completamente. “Niños de dos y tres años son educados con nombres chinos y tarjetas de identidad chinas, les alimentan con comida china, les visten con ropa tradicional, solo ven televisión china, les enseñan historia y cultura china... Eso empezó con 500 niños, pero temo que ahora sean miles y que la idea sea que crezcan como chinos, borrar su identidad cultural y liberarse de toda una nación. Los mayores están en campos y los niños crecen como chinos”, dice Jawdat en entrevista desde Washington. 

Hay expertos, como el antropólogo Darren Byler, que definen esta estrategia como ingeniería humana o reprogramación cultural. “Los adultos que son llevados a los campos nunca podrán ser reeducados como chinos, porque son uigures, pero los niños sí tienen potencial de ser programados como han; pueden hablar chino, olvidarse de qué es ser uigur. Es probable que, en una o dos décadas, la nueva generación sí sea asimilada”, estima Byler, experto en la comunidad uigur de la Universidad de Washington, en conversación telefónica.  

¿El objetivo? “Descabezar la identidad étnica uigur, chinificar Xinjiang obligando a la población  a adoptar la cultura y costumbres de la mayoría han, llegando incluso a forzarles a beber alcohol o comer cerdo en contra de sus convicciones religiosas”, explica desde la Universidad británica de Warwick Pablo Rodríguez Merino, investigador sobre Xinjiang y autor de decenas de informes al respecto. O como explica Zenz en su e-mail: “Asimilar a los uigures. Los creadores de opinión y los líderes de la comunidad han sido eliminados de la sociedad y encerrados en los campos, al menos durante una temporada”. Sin embargo, matiza, no hay indicaciones sólidas de que haya sectores concretos de la sociedad seleccionados para el exterminio.

Estudiantes uigures hacen ejercicios en una escuela bilingüe en Hotan.Eugene Hoshiko / AP

Es una estrategia mucho más sibilina. Sin sangre. “Xinjiang es hasta cierto punto una colonia china fruto del proyecto expansionista de la Dinastía Qing (1644-1912), cuando la región se anexiona de facto al país. En 1949 [cuando fue reincorporada a China por el Ejército Rojo, tras varias décadas de semi-independencia y control por caciques locales] la población han era un 5%. Hoy constituye aproximadamente el 40%. Los uigures son hoy una minoría en su supuesta región autónoma”, explica Pablo Rodríguez, que pasó varios años residiendo en China. “A finales de la década de 1970 se decidió potenciar la conciliación para contentar a minorías étnicas frustradas, víctimas de la brutal represión de la Revolución Cultural. En la década de 1980 se potenció la reconstrucción de mezquitas destruidas e incluso se incentivó la práctica religiosa; pero ese aperturismo se revirtió a finales de esa década, en un contexto de manifestaciones de estudiantes pidiendo libertades en toda China y, en el caso de Xinjiang, mayor autonomía y libertades religiosas”, continúa. 

Las manifestaciones fueron, para el régimen chino, la prueba de que el aperturismo generaba más demandas. Para los uigures, en cambio, supusieron una forma de crear conciencia política sobre sus diferencias. “El nacionalismo uigur es muy reciente, no comenzó hasta 1920-1930, fruto del panturquismo y del panislamismo de la época y de breves conatos independentistas”, prosigue Rodríguez. “En la década de 1980 surgieron llamadas a la autonomía, al respeto a la cultura uigur, y algunos trazos de una disidencia nacionalista, no siempre de corte islamista. Dentro del Gobierno chino, a finales de esa década, destacaron altos cargos en contra de dar libertades a las minorías. De fondo yacían la caída de la Unión Soviética, las revueltas en el Tíbet, el miedo a que las minorías atomizasen China. Se vivía el momento Tiananmen, las llamadas a la democracia y el temor al contagio”. De ahí a la represión medió un paso. Ocurrió en 1997 en el municipio de Gulja, donde las protestas desataron una respuesta brutal de las fuerzas policiales chinas. “Según testigos, fue una cruel represión de protestas sociales por el cierre de una mezquita: el Gobierno lo vendió como revolución fundamentalista contrarrevolucionaria”. Testigos como la candidata al premio Nobel de la Paz Rebiya Kadeer, activista uigur, hablaron de “cientos” de muertos, pero Pekín solo admitió una decena.

Comenzó a extenderse la represión como política estatal, prosigue Rodríguez. “Tras una revuelta en 1990 cerca de Kashgar, se anunció la detención de 500 grupos acusados de contrarrevolucionarios. El gobierno comenzó a designar a los imanes, a cerrar mezquitas, y pequeños problemas étnicos que derivaban en reyertas fueron gradualmente representados como actos terroristas en el discurso estatal”. Algunos uigures optaron por organizar una respuesta armada a la represión de Pekín. En 1992, dos bombas estallaron en sendos autobuses, inaugurando una temporada de lucha armada sin medios —además de las bombas artesanales, los ataques se realizaban con cuchillos— y Pekín aprovechó el 11-S en 2001 para calificarlos de “terroristas”. En 2009, la violencia derivada de la represión de una manifestación en Urumqi dejó 200 muertos, según los cálculos más conservadores. “Entre 2008 y 2016 hubo alrededor de 140 episodios violentos en Xinjiang, entre ellos algunos ataques contra civiles, pero la gran mayoría fueron choques con la policía cuando se aplicaban medidas como la erradicación del velo en las mujeres, o protestas frente a comisarías que derivaban en batallas campales. Es la profecía autocumplida: la represión llama a la violencia, ésta a la represión, y ésta a más violencia. Si ahora no hay violencia, es porque no hay margen de maniobra”, dice el experto español.

Protesta uigur en Urumqi (provincia de Xinjiang). 7 de julio de 2009.Ng Han Guan / AP

La etiqueta del terrorismo fue aplicada a un simple problema fruto de la discriminación social. “China habla de los uigures como terroristas sin presentar pruebas de esa presunta insurgencia organizada. Aunque hubo ataques en el pasado, eso no justificaría ingresarlos a todos en campos de reeducación”, sopesa Darren Byler. En 2014, tras una visita del entonces recién electo presidente Xi Jinping en la que anunció “mano dura contra el terrorismo”, el denostado sistema de reeducación resucitó en una serie de instalaciones en Xinjiang como parte de los esfuerzos de “desradicalización” fomentados por Pekín. En la retórica comunista, se trata de “transformación mediante la educación”. 

En 2015, el Gobierno informó sobre el primer centro de “entrenamiento educativo” destinado a “desradicalizar” a unos 3.000 detenidos “profundamente afectados por el extremismo religioso”, detalla Adrian Zenz en uno de sus informes. En 2016, todo cambió para Xinjiang con el nombramiento de Chen Quanguo como nuevo secretario provincial del Partido. Procedente del Tíbet, donde había pacificado la región mediante un estado policial similar al aplicado en Xinjiang, su llegada transformó la provincia en lo que el Congreso de Estados Unidos ha descrito como “el mayor encarcelamiento masivo de una minoría en todo el mundo”. 

“Lo que está ocurriendo en Xinjiang es un reflejo de la visión de Xi Jinping para China. Bajo su mandato, el PCCh está destinando cada vez más energía y recursos en caracterizarse a sí mismo como defensor de la nación china, algo muy conectado con la cultura han. Imagino que esa es la visión que tienen: una China mucho más homogénea donde todos se adhieran a las normas de la visión dominante han de qué debe ser China”, dice en conversación con 5W el historiador Riam Thum, experto en islam y China de la Universidad de Nottingham. “También muestra una voluntad mucho más firme por parte del Gobierno chino de interferir en las vidas cotidianas, de hacer desaparecer a ciudadanos, de ignorar las libertades y las protecciones reflejadas en la Constitución china y de hacer todo lo que esté en su mano por permanecer en el poder”, subraya el experto.

Estado policial

Las polvorientas calles de los pueblos de Xinjiang se han convertido en una distopía perturbadora, un Estado policial donde el uso de la tecnología punta para controlar hasta el más mínimo movimiento contrasta con el ritmo perezoso que exuda la tradicional sociedad uigur. Enjambres de cámaras vigilan cada paso, las rejas que separan a conductor de pasajeros en cada taxi hablan a gritos de la desconfianza, y los muros y barreras de seguridad, el alambre de espino y los agentes que custodian cada colegio, hospital u oficina recuerdan la excusa que alimenta todo este experimento: el terrorismo. 

Cada 100 metros hay un anuncio de una “comisaría de conveniencia”, expresión que recuerda a los ultramarinos abiertos las 24 horas. Son “convenientes” porque los residentes pueden desde cargar sus móviles hasta leer el periódico bebiendo té caliente, cortesía del régimen. No pagan con dinero sino con información, aunque sea de modo inconsciente, ya que la señal wifi les roba los datos en sus dispositivos, como denunció Human Rights Watch en uno de sus informes más recientes.

La seguridad oscila entre la inteligencia artificial y los recursos más rudimentarios. En cada restaurante, peluquería, farmacia y supermercado, en cada uno de los locales de las calles de Kashgar, Turpan y Urumqi visitados el pasado mes de abril, era posible ver cascos, porras de madera y chalecos con la inscripción seguridad al alcance de las camareras. La presencia de cámaras de seguridad es aterradora: según las informaciones de Zenz, solo en Urumqi existen 160.000, lo que equivale aproximadamente a una por cada quince habitantes. Los puestos de control son masivos, como lo son la presencia de uniformados —Zenz estima que hay más de 100.000 en Xinjiang— y las barreras de cemento. La inversión en seguridad se ha disparado: en 2016, se gastó cinco veces más que en 2007, y un año después se había multiplicado la cifra por diez, según los presupuestos estudiados por el alemán. 

Cámaras de vigilancia en la mezquita de Id Kah.‘The Yomiur Shimbun’ vía AP

Los periodistas pueden acceder a la región pero son estrictamente vigilados las 24 horas del día. Las autoridades pueden obligar a borrar fotografías y cualquier conversación informal puede implicar duras represalias del régimen contra el interlocutor, lo cual explica que no se realicen entrevistas sobre el terreno.

Para acceder a aeropuertos o estaciones de tren, es necesario atravesar varios controles de seguridad. Los uigures —como los extranjeros— solo pueden acceder por una máquina de reconocimiento facial: son barreras automatizadas donde introducen su DNI en una ranura y miran a un monitor. La pantalla escupe la foto asignada al DNI y la compara in situ con sus rasgos faciales. Si no hay problemas, pasa a verde con un bip y la barrera se abre. Si los hay, una franja roja y una señal acústica llevan a la detención inmediata de la persona. Pero las llamadas puertas de datos, la abrumadora presencia de cámaras, los códigos QR que se asignan a los residentes y los rasgos biométricos no son los únicos componentes de la red de control que ha instalado el Gobierno.

“Quienes pasan por los arcos no saben que la información de sus dispositivos electrónicos también está siendo recolectada para ser registrada y rastreada”, dijo Maya Wang, de HRW, durante la presentación de un informe sobre la vigilancia masiva en Xinjiang.

El sistema, por ejemplo, cataloga 51 aplicaciones para móvil como sospechosas y susceptibles de arresto de su usuario, entre ellas WhatsApp, Viber o las VPN, las redes privadas virtuales que permiten eludir el bloqueo de páginas web aplicado por el régimen chino en todo el país. En persona, se recogen datos biométricos —desde pruebas de ADN a reconocimiento de voz, que suelen ser obligatorias a la hora de renovar la documentación, o que se disfrazan de análisis médicos gratuitos— e incluso se registra la forma de andar característica de la persona, según testimonios locales. 

“Nuestra investigación muestra que la policía de Xinjiang está utilizando información recopilada de manera ilegal sobre el comportamiento perfectamente legal de las personas, y la está utilizando en su contra”, denunció Wang. “El Gobierno chino vigila cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos de Xinjiang: selecciona a aquellos de los que desconfía y les somete a un escrutinio adicional”. 

La Policía cataloga a los residentes en 36 categorías, según su afiliación religiosa o política, su círculo de amistades y el uso que dan a sus smartphones. Hace un seguimiento exhaustivo de los movimientos de cada uno, ya sea dentro o fuera de China, hasta el punto de registrar cuánta gasolina reponen —a las gasolineras de Xinjiang solo se accede mediante puertas inteligentes— o si osan repostar el tanque de un coche que no está a su nombre. O cuántos cuchillos tienen en sus casas: comprar instrumentos afilados está fuertemente restringido en China y es necesario documentarse para adquirirlos, pero en el caso de Xinjiang, una vez autorizada la compra, se graba en el cuchillo el código QR asignado a su dueño para que no haya extravíos. 

Pero volvamos a la estación de tren de Urumqi, donde el DNI o pasaporte serán requeridos media docena de veces antes de llegar al andén. En los baños, para extraer papel higiénico es necesario registrarse con WeChat, una aplicación omnipresente en China que equivale a WhatsApp, Facebook, Slack, Skype, Tinder, PayPal, Uber y otras muchas aplicaciones más en una, y que está vigilada por las autoridades. En la estación, los confiados pasajeros —la mayoría, chinos han— consumen las horas frente a sus móviles o en los locales de comida rápida. En un restaurante de pollo frito, donde el material de seguridad –cascos, chalecos y porras– yace junto al mostrador, dos jóvenes se sientan a conversar. 

“Ahora Urumqi es la ciudad más segura de China”, explica ufano Zhang Teng, un estudiante de la Universidad de Agricultura, ante el asentimiento de su amigo Mao Zhong Dong, que le acompaña en su primera excursión por la región. “Antes había muchos problemas con los terroristas, por eso el Gobierno quiere estar preparado por si hay ataques y les tiene controlados. No les dejan ni llevar barba, porque es un signo de que tienen ideas peligrosas”, sostiene con convicción este joven han: como la mayoría en China, justifica la represión del régimen para sacar a la población musulmana del “atraso” y se felicita por el avance del hormigón, los centros comerciales y las infraestructuras en esta remota región. 

En las ciudades de Urumqi, Turpan y Kashgar es imposible salir de casa sin que las autoridades lo sepan. Cada hogar tiene un código QR en la puerta que identifica a sus moradores, cada calle tiene comisaría y un sistema de cámaras de vigilancia —a menudo, en enjambres— y los sistemas de reconocimiento facial se aplican para todo: desde el acceso a complejos de viviendas, hospitales, centros comerciales  o gasolineras, hasta la entrada y salida al zoco donde se compran los suministros básicos. El objetivo, tal como lo describía un diario local de Xinjiang, es “la cobertura completa, sin ángulos ciegos” de los residentes y sus actividades. 

El Estado contra vivos y muertos

La religión, la tradición, las mezquitas, la arquitectura —la cultura en cualquiera de sus expresiones— e incluso los cementerios son objetivos de esa China que la etnomusicóloga británica experta en Xinjiang Rachel Harris ha denominado “Estado-demoledor”.

En Kashgar, la Mezquita Id Kah data del siglo XV y es considerada la más sagrada de toda la región autónoma. Hace unos años acogía a hasta 20.000 personas en el viernes de rezo, como presumen las fotografías de una guía oficial donde se describe el magnífico templo como “un símbolo de las construcciones islámicas en China”. Actualmente arcos de seguridad, un circuito de cámaras  y normas estrictas acogen al visitante: no se pueden tomar fotografías de un templo tan ingente y magnífico como vacío, despojado de las inscripciones coránicas tradicionales. A la hora del rezo no acude ni un solo fiel. Frente a la mezquita, gigantescas pantallas de plasma proyectan vídeos de Xi Jinping dando discursos. 

Una uigur junto a su hijo frente a la mezquita Id Kah de Kashgar.Ng Han Guan / AP

Al menos en Id Kah los minaretes siguen en pie, así como las medias lunas que los coronan. Son contados los templos islámicos que 5W pudo ver en Xinjiang que preservan todos los componentes religiosos: la mayoría han perdido las inscripciones, las medias lunas y las cúpulas o han quedado amurallados por alambre de espino y enterrados en otros edificios, vigilados constantemente por cámaras y reconvertidos en “centros comunitarios”, “oficinas culturales” o incluso baños públicos. Los remanentes, como Id Kah, han sido catalogados por las autoridades como “atracciones culturales folclóricas”. 

En Urumqi, la mezquita situada en el barrio de Erdoqiao ha sido transformada —como todo el entorno— en parque temático, con accesos custodiados por policías y dotados de “puertas de datos” de las que los ciudadanos han están exentos. Un sector de la mezquita sirve ahora de aparcamiento para un hipermercado, otro es una comisaría. A pocos metros, grandes pantallas de plasma emiten bailes tradicionales mientras la megafonía da la bienvenida al visitante al “Gran Bazar Internacional, donde se unen las regiones occidentales y orientales”. La imagen de antigüedad que pretende transmitir la arquitectura, decorada como cada calle por decenas de enseñas rojas con estrellas doradas, es ficticia: el complejo fue levantado en 2003 como atracción turística y hoy acoge algunos pequeños negocios que ofrecen comida uigur —a base de especiado cordero y arroz— mezclada con dim sum, wanton o baozi, apropiada para el paladar chino.

Una enorme cantidad de mezquitas están cerradas con candados y amuralladas y vigiladas con cámaras. Otras muchas han sido simplemente demolidas por las excavadoras chinas. “El servicio uigur de Radio Free Asia ha estimado en 5.000 las mezquitas destruidas; la cifra era tan alta que empecé a investigarlo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad”, explica por teléfono Bahram Sintash, un joven uigur exiliado en Estados Unidos y responsable de Uyghurism.com, una web destinada a rescatar la identidad de su comunidad. “Es un trabajo muy arduo, porque no hay mapas: solo se puede realizar preguntando a exiliados dónde estaban las mezquitas de sus pueblos y usando Google Earth para buscar. Ya he encontrado 70 que han desaparecido”.

Sintash lleva meses rastreando imágenes por satélite. Sus cálculos, basados en sus hallazgos y extrapolación de datos, hacen temer que de las 24.400 mezquitas existentes, según oficiales chinos, “entre un 30 y un 40% hayan sido destruidos, así como el 80% de los domos y los minaretes”, asegura este exiliado.  

Cuando solicitamos al taxista uigur de Turpan que nos llevase a una de las más importantes mezquitas, en teoría destruida, dijo no saber de qué lugar le hablábamos. Acabábamos de abandonar el minarete de Amin, un polvoriento templo de estilo afgano de 1777 por el que deambulaba un puñado de turistas chinos, entre carteles de “No se amontonen”. Al insistir mostrándole fotos del templo, un suntuoso centro religioso cubierto de azulejo, el taxista repitió con tono apesadumbrado que no sabía dónde estaba. Minutos después, nos pidió disculpas, asegurando que “no era fácil” llegar. 

En Turpan el ambiente está enrarecido por las rejas en todos los edificios, las cámaras en los portales que dan acceso a los vecinos mediante reconocimiento facial y los carteles animando a delatar a los “cara doble”, en referencia a los traidores. Se trata de eliminar cualquier atisbo de duda, arrestando a aquellos susceptibles de poder convertirse en disidentes. Las calles parecen ser territorio de mujeres, niños y ancianos. Choca la ausencia de hombres jóvenes. 

Lo mismo ocurre en el Museo de Turpan, donde el aire acondicionado atrae a numerosos turistas chinos. Allí se exhiben momias de 1.500 años de antigüedad, halladas en la cuenca del Tarim, pero fotografiarlas está estrictamente prohibido: las momias no tienen rasgos asiáticos, lo mismo que les ocurre a los uigures. 

No es sorprendente que se instrumentalice a los muertos: el historiador de la Universidad de Nottingham Rian Thum, autor de Las rutas sagradas de la historia uigur, ha contabilizado, gracias a las imágenes satélite y a las filtraciones de la diáspora, tres cementerios uigures destruidos en Xinjiang. “Además, sabemos que un par de santuarios han sido demolidos: por lo general, cuando hay un santuario secreto suele haber tumbas en los alrededores; pero no tenemos información sobre lo ocurrido a las tumbas”, explica por teléfono. 

En Kashgar, evocadora ciudad de la Ruta de la Seda, la ciudad antigua ha sido demolida y reemplazada por una especie de escenario al estilo Aladín con enormes jarras de té arabescas presidiendo las calles: son casi tan comunes como las cámaras de seguridad. Trenecitos amarillos permiten que los turistas chinos hagan sus fotografías sin necesidad de adentrarse en las callejuelas polvorientas. Muchas de las casas están cerradas con candado, y los códigos QR en sus muros exteriores permiten a la policía saber inmediatamente quién vive dentro. A veces no es necesario, porque un cartel rojo con la leyenda “familia buena” distingue a los moradores. La medida recuerda la clasificación de tres tipos de uigures que se aplica desde el inicio de la Operación Golpea Duro, como denomina China su represión en Xinjiang: dignos de confianza, ciudadanos promedio e indignos de confianza.

Un chaval reacciona a la presencia del extranjero en el casco antiguo de Kashgar.Ng Han Guan / AP

Para entrar en el verdadero zoco de Kashgar, donde el 45% de la población es uigur, es necesario atravesar una puerta de datos y pasar las pertenencias por una máquina de rayos X: las colas que se forman frente a los accesos del mismo pueden superar al centenar de personas. En su interior, los puestos de especias y frutas se alternan con las barberías. Porque en Xinjiang el Gobierno chino prohíbe a los hombres las barbas y a las mujeres los velos, con la excepción de los ancianos. Los recién nacidos no pueden llamarse Mohamed, entre otros nombres islámicos, y se persiguen con el mismo afán los textos religiosos, las alfombras de rezo, la poligamia y la enseñanza del islam o del idioma uigur. También se persigue a quienes no participan en la izada semanal de la bandera o a quien emplea muletillas religiosas. Pero Pekín no lo considera represión. “Pese a cómo se describe en Occidente, China no está aniquilando el islam ni lo está asimilando. Está convirtiéndolo en un islam indígena de China que servirá para salvaguardar los derechos humanos de los musulmanes. Cualquier religión debe adaptarse a la cultura y las condiciones nacionales de un país”, escribía el diario estatal Global Times en abril.

El exiliado Bahram tiene otra opinión: “China mantiene las mezquitas sin cúpulas ni torretas para usarlas como instalaciones; por testimonios que he recabado, parece que las conservan por sus dimensiones, por los enormes espacios que pueden ser dedicados para adoctrinamiento o para sus propias agendas, para concentrar gente, para enseñar comunismo... Si algunas no han sido tocadas, es por motivos turísticos”. 

La campaña contra la identidad cultural es un hecho, y Bahram tiene la prueba en casa. Su padre, Qurban Mamut, antiguo director de la revista cultural Xinjiang Civilization Journal, dejó de contestar a los mensajes a finales de 2017. Mamut había pasado 25 años esquivando la censura, trabajando para el régimen chino —en China no hay prensa libre— con una revista especializada en investigaciones académicas sobre cultura, historia, tradición y folclore, pero eso no le impidió engrosar la lista de 386 intelectuales arrestados o desaparecidos en Xinjiang, recopilada por el Proyecto Uigur de Derechos Humanos. “China no solo la ha tomado contra los académicos: está retirando todos los libros en uigur en casas, bibliotecas o librerías, incluso la música uigur, así que estoy digitalizando todo lo que está a mi alcance para poder devolvérsela a la próxima generación, sobre todo ejemplares de Xinjiang Civilization Journal, que durante 35 años desempeñó un papel tremendo a la hora de enriquecer la cultura uigur. El legado y el esfuerzo de gente como mi padre debe preservarse de alguna forma”, dice su hijo.

“Gracias al Partido Comunista estamos bien”

Académicos, escritores y etnógrafos tan reconocidos como Rahile Dawut, cuya desaparición en noviembre de 2017 movilizó a expertos internacionales, han sido devorados por la apisonadora china. Una de sus primeras víctimas fue el maestro del dutar (laúd tradicional) Abderhim Heyit, sentenciado a diez años de prisión tras ser catalogado como “amenaza terrorista”, en 2017, a raíz de uno de sus temas, basado en un poema tradicional uigur que habla de “mártires de guerra”. “Parece haber una política deliberada de atacar a líderes culturales, lo cual añade peso a las acusaciones de genocidio cultural”, opinaba en un artículo Rachel Harris, investigadora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres (SOAS) y experta en Xinjiang. 

En la lista de desaparecidos también figura el padre de Alfred, un estudiante uigur residente en Estados Unidos entrevistado por teléfono. Fue sentenciado a prisión, pero su hijo no ha recibido ninguna notificación. “Algunos me dicen que ha sido condenado a siete años, otros que a diez y otros que a once. La gente es sentenciada en los campos y trasladada a la cárcel sin que se comunique nada a sus familias”. Alfred —prefiere no dar su apellido para proteger a su familia— desconoce también la suerte de su madre. “Era profesora de Matemáticas en un colegio. En 2017, cuatro meses antes del arresto de mi padre, fue enviada a un campo hasta febrero de 2019. Me contaron que la mayor parte de vecinos de mi pueblo fueron liberados en esas fechas, pero no puedo confirmarlo. Puedo llamar a casa para preguntar, pero tengo miedo de que mi llamada desde el extranjero les cueste una pena de prisión”. 

Alfred lleva fuera de Xinjiang tres años. “En octubre de 2015 me marché a Estados Unidos para estudiar. Entonces había campos de educación a los que la gente iba por la mañana, pero podía pernoctar en su domicilio. Se podía acabar en ellos por decir algo inadecuado, pero debías hacer algo determinado para ser arrestado. En 2016 y 2017, todo cambió: arrestaban a gente por tener redes sociales, por saludar con assalamu aleikum, y fue a peor… Cuando llamaba a casa, me sorprendían saludando con nihao y un tono cada vez más enrarecido. Comenzaron a decir cosas como ‘Gracias al Partido Comunista estamos bien’. Era muy duro hablar con ellos”. 

La ruptura de familias es otra de las consecuencias de la represión. “Decenas de miles de familias han sido separadas y una cultura completa está siendo criminalizada. Algunos oficiales chinos usan un lenguaje escalofriante para describir el propósito de las detenciones, como ‘erradicar tumores’ o ‘rociar de herbicida las malas hierbas’”, escribía el historiador Rian Thum en un artículo publicado en The New York Times.

Aniquilar los símbolos identitarios parece explicar detenciones como la de Adil Mijit, el cómico más conocido de Xinjiang: se desvaneció a finales de 2018. Su yerno, Arslan Hidayat, no podía imaginar que una cara tan conocida, miembro de una troupe artística gubernamental, desapareciera, aunque el propio Mijit le había dicho que de los 350 miembros de su compañía, 150 habían sido suspendidos. 

“Siempre cumplió la ley; en su familia hay tres generaciones dedicadas al Partido Comunista. Su crimen fue ser uigur. Por supuesto, podemos buscar motivos: fue a La Meca, ha visitado Turquía y su mujer reside en Turquía, igual que nosotros, pero eso no creo que sea un crimen”, se desespera Arslan desde Estambul, donde reside, vía telefónica. Recuerda que en los últimos mensajes a su esposa, el cómico insinuaba que la situación en Xinjiang estaba empeorando, hasta el punto de decirle: “Déjales que hagan lo que quieran”, apuntando a que podría ser capturado.

Pero la máxima expresión de la represión de la cultura, de los referentes identitarios, llegó años antes con la sentencia a cadena perpetua del intelectual y economista Ilham Tohti, una de las voces más respetadas de Xinjiang y promotor de la reconciliación entre comunidades. Responsable de la web Uyghur Online, fue detenido tras los incidentes de Urumqi en 2009. 

Ilham Tohti, a la izquierda habla sobre los disturbios de 2009 en Xinjiang a estudiantes de la Universidad de Minzu (Pekín).Alexa Olesen / AP

“Ocurrió en febrero de 2013. Estábamos en el aeropuerto de Pekín, porque mi padre había sido invitado a dar clases en la Universidad de Indiana, y nos detuvieron. Yo tenía 18 años, y me dejaron marchar”, relata su hija Jewher desde Estados Unidos, donde reside ahora. “Esa fue la última vez que vi a mi padre y la última vez que pisé China”. Ilham fue puesto bajo arresto domiciliario por un año: después fue transferido a prisión. “El fallo llegó en septiembre de 2017. Fue condenado a cadena perpetua por separatismo, promover la violencia y mantener contacto con organizaciones terroristas en el exterior”. 

Jewher incide en que no se trata solo de intelectuales: “Hay muchos intelectuales incluidos entre los detenidos porque hay muchos detenidos. Detienen igual a los que saben escribir que a los analfabetos. Si son objetivo, es porque preservan la cultura mediante el idioma, mediante la tradición”.

Los ejemplos son abrumadores. Una prima de Jewher fue detenida en una de las puertas de datos de un centro comercial en 2016. “La policía encontró una foto de mi padre y capturas de sus artículos en el móvil. Discutió con los agentes y terminó siendo arrestada y sentenciada a diez años, pero desconocemos los cargos”. Ferkat, desde Estados Unidos, dice: “Entre los uigures que conozco, todos tienen al menos un familiar desaparecido. De ellos, el 70% está en los campos y un 30% desconoce qué les ha ocurrido”. El exiliado uigur Adil Cinar, cuyo abuelo murió a causa de la próstata en uno de los campos y su sobrina está desaparecida en un orfanato, tiene 20 parientes cercanos y lejanos desaparecidos: el mismo destino de unos 60 compañeros de estudios. 

La movilización como último recurso

La desesperación del exilio es tal que ha comenzado a movilizarse, venciendo el miedo cerval a que China tome represalias contra sus familiares atrapados en Xinjiang. Ocurrió después de que la prensa estatal china difundiera, el pasado 10 de febrero, un vídeo que mostraba con vida al músico uigur Abdurehim Heyit, desmintiendo así informaciones de la prensa turca que lo daban por muerto en un campo. Halmurat Harry, un uigur basado en Finlandia cuyos padres habían desaparecido en un campo de reeducación de Turpan, vio en aquel vídeo la esperanza de saber qué había sido de sus progenitores y lanzó una campaña de denuncia en redes sociales con el hashtag #MeTooUighur. Sus padres fueron liberados el 24 de diciembre de 2018. “Creo que fueron liberados por mi activismo y la cobertura mediática. Desde entonces, solo he hablado con ellos una vez, y el resto de comunicación se realiza de forma indirecta porque sé que están vigilados. En mi única conversación con ellos, repitieron propaganda china y entendí que no estaban solos. Me dijeron que habían tenido ‘una gran oportunidad de aprender chino’ gracias al Partido Comunista”. 

Algo más que sospechoso, dado que la madre de Halmurat aprendió mandarín en la Universidad de Pekín, y su padre fue criado por una familia han los diez años que su abuelo pasó en otro campo de reeducación, durante la Revolución Cultural. “Mi padre habla mejor chino que uigur, porque olvidó su lengua natal durante aquella década”, argumenta. “Lancé el #MeTooUighur en 2018 con mi propio testimonio en vídeo. Se han sumado miles de personas, la mayoría con fotografías”. En su web, UighurAid, pueden verse más de 300 vídeos de personas que denuncian la desaparición de sus familiares, muchos de ellos protagonizados por niños. 

La comunidad uigur en Turquía muestra pancartas durante una protesta en Estambul.Lefteris Pitarakis / AP

Con la movilización del exilio también llegaron las represalias. Ferkat Jawdat fue recibido por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, el 27 de marzo de 2018, junto a Alfred y otros activistas. Días después, los tíos de Ferkat —en un campo de reeducación desde marzo de 2018— fueron condenados a siete y ocho años de prisión. Rushan Abbas, con larga historia de activismo, dio una conferencia en Washington el 5 de septiembre. “Seis días después mi hermana Gulshan desapareció a manos de la policía. Mi tía fue arrestada el mismo día, pese a que viven a 1.500 kilómetros. Y no he tenido más noticias de ellas”, dice. 

Los largos brazos de Pekín no conocen fronteras a la hora de dirimir cuentas con sus ciudadanos: han sido deportados uigures, a petición china, de lugares tan dispares como Tailandia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e incluso Alemania. Sobre la vida en los “campos de reeducación” que China ha creado en Xinijang solo han trascendido detalles gracias a los supervivientes, mayoritariamente de origen kazajo, liberados y regresados a su país, donde han podido denunciar. La información es escasa, pero organizaciones como HRW han documentado torturas, hacinamiento y privación del sueño en estas instalaciones extrajudiciales. Allí son forzados a cantar canciones comunistas y corear consignas.

Se ha denunciado la medicación obligatoria a los presos -los supervivientes se quejan de problemas de fertilidad- así como las pésimas condiciones de las instalaciones. “Son confinados en celdas superpobladas, en condiciones higiénicas paupérrimas. Si solo caben 15 o 20, hay 50 o 60 personas. Les dan muy poco tiempo para usar los baños. No beben suficiente, están deshidratados…. No sabemos cuántos están muriendo”, denuncia Abbas. “La creciente mortalidad en los campos es solo un efecto colateral, no un objetivo. El único objetivo es asimilar a los uigures”, apunta Adrian Zenz.

A los campos se suma el programa bautizado como Convirtiéndonos en familia, con el cual las autoridades chinas obligan a las familias uigures a alojar en sus domicilios a adultos han durante entre cinco y catorce días cada uno o dos meses. Un millón de chinos han ya han participado en el programa de “confraternización”.

Durante estas obligadas fiestas de pijama, los hermanos mayores —funcionarios han— son encargados de espiar a los uigures observando sus hábitos, tendiéndoles trampas —como regalarles carne del mercado para preparar la cena y anotar quién pregunta de qué es la carne— y centrándose en los más pequeños. 

“Parte del trabajo es asegurarse de que los niños hablan chino en casa, que se educan en chino, que se están convirtiendo en ciudadanos chinos ahora que, en Xinjiang, toda la educación se realiza en chino”, explica por teléfono Darren Byler, autor de un informe sobre este programa. “Los manuales que China reparte a los voluntarios dicen explícitamente que deben ganarse a los niños, porque son quienes les contarán la verdad sobre lo que pasa en la familia. Están fracturando las familias uigures, volviendo a los niños contra sus padres y viceversa, porque los padres no pueden confiar ya en sus hijos y los niños son educados en los colegios para despreciar a sus padres y a su propia cultura porque está ‘atrasada’”. 

Es decir, la represión implica la destrucción del tejido familiar tanto cuando hay exiliados en la familia como cuando todos viven en Xinjiang. Barren considera que el experimento de asimilación forzosa de la comunidad puede funcionar si la comunidad internacional no lo evita. “Imagino que en una o dos décadas, la nueva generación sí será asimilada: es una cuestión de tiempo y de que desaparezca de forma natural la vieja generación”. 

“Solo pido a la ONU que exija a China devolvernos a nuestros hijos”, solloza Kalbinur, la madre exiliada en Turquía que reconoció a su hija en un orfanato chino, al otro lado de la línea. “Temo no volver a verles nunca, temo que me odien por haberles abandonado, y no sé a quién recurrir. La reunificación familiar es un derecho básico”, recuerda la madre.

“Yo no sé cómo llamar a todo esto”, reflexiona Jewher Ilham, la hija del intelectual encarcelado Ilham Tohti, tras unos minutos buscando un término adecuado. “Pueden decir que Xinjiang es pacífico porque todos los habitantes están en campos, pero ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Un genocidio? Incluso si son asimilados, esto pasará a la historia. ¿Se sentirán orgullosos los futuros chinos de sus antecesores que borraron la identidad uigur?”, se interroga. “Esto no puede acabar bien ni para los han ni para los uigures. Borrar una etnia del mapa no puede traer nada bueno a nadie”. 

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