Santi Palacios

Los muertos ya no caben

Un recorrido por la guerra contra las drogas en Filipinas

Santi Palacios

Fotoperiodista

Maribel Izcue

Letra oriental
08 de Febrero de 2018

Comparte:

Con una mano agarra un paraguas plegable al que le falta el mango; con la otra, estruja una pequeña bolsa llena de monedas.

Marife Soriano, de 44 años, está sentada en una silla de plástico a pocos metros del cadáver de su hijo. El velatorio lo han instalado en plena calle, bajo un toldo que protege el ataúd de un sol que cae a plomo. Vestida con una camiseta blanca, pantalón de chándal y chanclas rosas, Marife espera al coche fúnebre que trasladará el cuerpo de su hijo al cementerio de Sangandaan, en el norte de la metrópolis de Manila. Julius C. Soriano, el mayor de sus cuatro hijos, tenía 24 años cuando se convirtió en uno más de los miles de asesinados en la brutal guerra contra las drogas en Filipinas. Al relatar los detalles de su muerte, la madre llora.

—Su cadáver tenía las marcas de las esposas. Tenía balazos en los brazos porque trató de cubrirse la cara. Fueron ocho disparos.

A unos metros del féretro, grupos de niños, algunos descalzos, corretean sin prestar demasiada atención al cadáver. Por la calle no dejan de pasar coches, triciclos motorizados y mujeres y hombres de apariencia tan humilde como la de Marife.

La visión del ataúd no parece extrañar a nadie. La tapa superior está levantada y deja ver el rostro joven de Julius, enrarecido por el tono artificial del maquillaje fúnebre. Detrás, un par de fotos recuerdan su imagen en vida: un chaval delgado, de pelo negro y ojos brillantes. Sobre la tapa inferior han colocado la camiseta roja con la que solía jugar a básquet. Al lado, objetos que recuerdan algunos de sus gustos: un par de paquetes de galletas, un frasco de colonia, un vaso de cartón de Starbucks. En contra de la tradición, hasta que llegó la madre no se veía a nadie velando el cadáver: dicen que los espíritus se lo pueden llevar si no hay nadie vigilando.

El cuerpo de Julius C. Soriano, de 24 años, asesinado de varios disparos en el distrito manileño de CaloocanSanti Palacios

Es el inicio de la temporada de lluvias en Manila. Julius fue abatido hace once días, pero el velatorio se ha prolongado hasta que la familia ha logrado reunir el dinero necesario para el entierro. La operación antidroga tuvo lugar a pocas calles de distancia: el joven estaba en casa de un amigo cuando irrumpieron varios policías. Según el relato de la madre, en realidad buscaban al amigo, que en aquel momento había salido. A Julius lo esposaron y le pusieron una pistola en la nuca; eso le contaron los vecinos. Pasada algo más de una hora, varios tiros resonaron. Era poco antes de la medianoche.

Los agentes dirían luego que Julius disparó primero.

—Pero cómo iba a disparar un muerto… —niega con tristeza la madre.

Marife Soriano dice que Julius consumía drogas, pero no era un traficante. Que al cuerpo sin vida de su hijo le colocaron una pistola de calibre 45 en la mano. Que, para acusarlo de tráfico de drogas, bajo la ropa le escondieron dos paquetes de marihuana y shabu (el nombre local para la metanfetamina cristalizada).

—Si pudiéramos permitirnos todo eso, seríamos ricos. ¿Cómo íbamos a seguir en este barrio?

Familiares y amigos de Julius C. Soriano siguen al coche fúnebre que traslada su cadáver al cementerio de Sangandaan, en Caloocan, Metro Manila.Santi Palacios

IMPUNIDAD

“Este barrio” es una de las zonas de Caloocan, uno de los diecisiete municipios que integran el área metropolitana de Manila. Aquí viven un millón y medio de los trece millones de habitantes de la capital. El municipio tiene algunas avenidas amplias, rascacielos y centros comerciales, pero también barriadas de casas precarias donde se concentra una parte importante de la pobreza y criminalidad de la ciudad. En esta parte de Manila se sufre con especial virulencia la campaña promovida por el presidente Rodrigo Duterte para acabar con la droga: una campaña controvertida y, sobre todo, sangrienta.

Desde que este exfiscal de 72 años asumió el poder en junio de 2016, tras lograr una apabullante victoria en las elecciones presidenciales, su guerra contra las drogas se ha llevado por delante la vida de unas 4.000 personas, según la Policía, que al principio aireaba los números con orgullo y ahora, tras la avalancha internacional de críticas, se muestra más contenida. Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch (HRW) elevan las muertes a unas 12.000: más de veinte al día. Esta cifra incluye los asesinatos perpetrados por vigilantes: patrullas de  hombres armados sin uniforme y con el rostro cubierto, que se suelen desplazar en moto y matan a supuestos narcotraficantes. En realidad, la gran mayoría de los muertos son consumidores de las clases más pobres y camellos de poca monta. HRW denuncia que en estas “ejecuciones extrajudiciales” está directamente implicada la propia Policía y ha advertido, junto con Amnistía Internacional, de que estos asesinatos pueden tener la dimensión de crímenes contra la humanidad.

El municipio de Caloocan, uno de los diecisiete que integran el área metropolitana de Manila, concentra una parte importante de la pobreza y criminalidad de la ciudad.Santi Palacios

Las muertes a manos de vigilantes se llevan a cabo con absoluta impunidad: en ocasiones, especialmente al inicio de la campaña, los cuerpos de las víctimas aparecían tirados en una cuneta, con las manos atadas y la cabeza tapada con cinta de embalar, al lado de carteles de cartón con frases escritas a mano: “Soy un traficante”, “No sigas mis pasos”, y otros mensajes por el estilo.

La Policía no contabiliza estas muertes como parte de su lucha contra el narcotráfico. Acaban en el limbo de una categoría difusa clasificada como “muertes bajo investigación”. Lo que comparten la mayoría de las víctimas es la falta de dinero, de conocimientos y de herramientas para pedir justicia. A menudo ni siquiera pueden pagar los gastos fúnebres. Marife Soriano tuvo suerte: un programa de una Iglesia redentorista de Manila se hizo cargo de la factura de la funeraria, unos 35.000 pesos (540 euros) que ella jamás hubiera podido pagar. Su hijo trabajaba como basurero y de vez en cuando conducía un pedicab, un triciclo sin motor utilizado como medio de transporte en los barrios. Ella, viuda, ganaba algún dinero cuidando a vecinos del barrio.

Por el nicho en el cementerio había que pagar 6.000 pesos adicionales, unos 93 euros. Antes del entierro, Marife ya había logrado pagar cinco mil. Los otros mil estaban en la bolsa de plástico transparente que seguía agarrando con fuerza cuando metieron el féretro de su hijo en el coche fúnebre.

—¿Vais a denunciar la muerte?

Marife empieza a llorar.

—Mi hijo ya entregó su vida, no queremos más problemas. Es duro luchar contra la Policía y contra la gente metida en el mundo de las drogas. No sabes contra quién combates. Ni tampoco cómo hacerlo.

VIGILANTES

En realidad no es tan mayor. Soledad Oropesa tiene 57 años, pero su delgadez extrema y aspecto enfermo hacen que parezca una anciana. Vive en una casucha en el norte de Manila envuelta en el olor ácido de la basura. El que era su compañero en esa chabola, Ronald A. Cabading, de 41 años, separado y con tres hijos veinteañeros a los que apenas conocía, yace a unos metros en el interior de un ataúd blanco. Como el de Julius, su velatorio está instalado al aire libre, al lado de una carretera ruidosa.

Soledad, más dueña que nunca de su nombre, dice que Ronald se ganaba la vida como vendedor de mangos. Que la noche de su captura había salido a comprar arroz, pero fue interceptado por un hombre enmascarado y armado en una motocicleta. Que Ronald pidió ayuda a gritos sabiendo que aquello no era un secuestro sino una sentencia. Nadie se atrevió a salir.

—En otra época, los vecinos se habrían acercado. En los tiempos que corren ahora... todos salieron corriendo.

Se lo llevaron a punta de pistola. El cuerpo sin vida de Ronald apareció al día siguiente, desnudo y con varios balazos. Su fallecimiento se catalogó como “muerte bajo investigación”.

En la comitiva que acompaña al coche fúnebre a la iglesia y al cementerio faltan muchos vecinos y compañeros de Ronald. Lo mismo sucedió en la comitiva de Julius. Los aleja el miedo a ser vinculados con el mundo de las drogas y que su nombre acabe en una de las temidas listas de objetivos de la Policía o los vigilantes.

REDADA

Desde que Rodrigo Duterte llegó al poder, se han lanzado más de 81.000 operaciones antidroga en Filipinas, según datos policiales.

Esta madrugada de sábado son 110 los arrestados. Casi todos hombres jóvenes, la mayoría en pantalón corto y chanclas, algunos esposados. Están sentados en una pista de básquet cubierta en Pasay, otro de los municipios que integran la populosa Metro Manila. Todos han sido arrestados unas horas antes en una redada simultánea de la Policía en varios barrios de la zona. La operación se enmarca en las directivas de ley y orden de Duterte, en sus instrucciones para combatir el crimen y la droga. El resultado se exhibe en plena noche entre dos canastas de una escuela de barrio, y ante un grupo de  periodistas y cámaras de televisión locales.

Los detenidos en una redada policial en Pasay, Metro Manila, aguardan su traslado a prisión en la pista de baloncesto de una escuela.Santi Palacios

—¿Por qué están detenidos?

—La operación se ha lanzado con base en las ordenanzas municipales que prohíben consumir alcohol en la calle, estar desnudo (por desnudo se entiende estar sin camisa o camiseta, incluso aunque ahogue el calor), estar en posesión de drogas...

Habla el superintendente Deanry Francisco, de la Policía de Pasay. Lo que describe son en su mayoría delitos menores que conllevan una amonestación severa o multas; quien no pueda pagarlas, pasará un tiempo en la cárcel. Lo que sorprende es la presencia de medios allí, la expectación cuando los agentes anuncian el momento de mostrar a las cámaras los objetos incautados que inculpan a los detenidos. Los extienden sobre un cartón en el suelo, mientras las personas arrestadas permanecen sentadas en silencio. Contamos: cinco botellas de brandy barato, diez litronas de cerveza más barata aún, dos tazas de plástico, dos jarras y un vaso de cristal.

La mesa que está al lado de la pista la han reservado para enseñar los objetos relacionados con delitos de más peso. Las cámaras de televisión se aproximan para grabar de cerca. Una vieja pistola de calibre 38 y seis balas, una navaja y seis bolsitas transparentes de shabu. Sale un portavoz a dar el parte y las cámaras se vuelven hacia él.

—Son 110 detenidos: 28 por posesión ilegal de drogas, 83 por violar ordenanzas municipales, uno por posesión ilegal de armas...

Se detiene. Alguien le avisa de que la suma no cuadra. Comienza de nuevo: 110 detenidos... Al final, nos enteramos de que 83 fueron arrestados por beber alcohol en la calle, orinar en público o pasearse sin camiseta en la cálida noche manileña; 25 por posesión ilegal de drogas; dos por posesión ilegal de armas. En la misma redada también se capturó a tres personas con órdenes de arresto pendientes.

Aunque es de noche, el calor aprieta. Dos de los arrestados, esposados el uno al otro, se acercan al rincón donde está el agua y se sirven como pueden.

—¿Van a pasar aquí toda la noche?

El superintendente ríe ante la pregunta.

—¡Aquí no! ¡En la cárcel!

Los detenidos pasaron a formar parte de las cifras de arrestados gracias a la campaña de ley y orden de Duterte. Las cárceles de Filipinas están abarrotadas.

DUTERTE

—Puede que no sea el mejor, pero es el presidente que necesitamos ahora. La gente estaba harta, harta de la corrupción. Y Duterte ha hecho la ciudad más segura.

Ha hecho la ciudad más segura, insiste Allen. Este conductor de Uber hizo alguna incursión en política en su provincia natal de Pampanga y ahora defiende a ultranza la mano dura de Duterte: “Yo tengo hijos y a veces tengo que usarla para enseñarles; pues él igual”. Su argumento, el de la seguridad, es uno de los más repetidos por quienes defienden al mandatario, que son legión: pese a las críticas de los defensores de derechos humanos, Rodrigo Duterte goza de una sólida popularidad.

Arrasó en las elecciones de 2016 con la promesa de que iba a acabar con las drogas —su gran obsesión— y el crimen en seis meses. Luego, tras unos meses en el poder, admitió que la lucha se tendría que prolongar durante sus seis años de mandato. Ha acaparado titulares occidentales por sus frecuentes salidas de tono: enumerarlas aquí alargaría demasiado esta crónica, pero muchas de ellas reflejan un profundo desprecio a los derechos humanos. Hace pocas semanas recomendaba a la líder birmana Aung San Suu Kyi —a la que muchos acusan de permitir una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo, la de los rohinyás— que ignore a los defensores de los derechos humanos: "Son solo un puñado de ruidosos”.

Emmanuel Amistad es director de Task Force Detainees Philippines, organización que trabaja a favor de los derechos humanos en Filipinas desde hace más de cuatro décadas. Para él, Duterte ha planteado su guerra sin cuartel contra las drogas como un atajo que conduce al fin de la criminalidad. Pero se trata, añade, de un atajo por el que se pisotean a diario los derechos humanos y que, en realidad, no resuelve el problema. Hasta la fecha, ninguno de los grandes grupos que manejan el negocio de las drogas en Filipinas ha sido desmantelado.

Esto no ha mermado el apoyo de  gran parte de la sociedad filipina al presidente. Aunque proviene de una familia de larga tradición política, su perfil está alejado del de las élites que durante décadas se han repartido el poder en el archipiélago. Su guerra contra las drogas tiene amplio respaldo, ya que la mayoría de la población no la ha sufrido directamente. Los índices de confianza y satisfacción disminuyeron tan solo el pasado agosto tras el asesinato de un joven de 17 años, Kian Delos Santos, a manos de la Policía. Los agentes sostuvieron que fue en defensa propia. Sin embargo, imágenes de cámaras de seguridad demostraron que el joven estaba indefenso cuando policías vestidos de paisano se lo llevaron, a rastras, al lugar donde fue encontrado con tres tiros en la cabeza. Aquel suceso suscitó una auténtica polvareda y, por primera vez, se produjo en Manila una ola de manifestaciones contra la sangrienta campaña antidroga.

No es solo su promesa de combatir el crimen: el presidente se ha ganado otros apoyos con políticas progresistas, como la de promover el reparto gratuito de preservativos y píldoras anticonceptivas (algo muy controvertido en Filipinas, el único país de mayoría católica de Asia y donde la Iglesia mantiene un importante poder); presentarse como defensor de la comunidad LGBT (incluso coqueteó con la idea de aprobar el matrimonio gay, aunque luego se retractó); o, al inicio de su mandato, negociar para intentar poner fin al largo conflicto con la guerrilla comunista que lucha en el sur del archipiélago (las conversaciones se suspendieron el pasado noviembre).

Pero es el tema de la seguridad el que repiten una y otra vez sus seguidores. Y lo cierto es que la criminalidad ha descendido, o al menos en parte. Durante el primer año de mandato de Duterte se registraron menos crímenes respecto al año anterior en todos los apartados (robo, asaltos, violencia sexual...), con una excepción: los asesinatos y homicidios se incrementaron en un 22%, según cifras oficiales.

Los homicidios han aumentado durante el primer año de Duterte en el poder. El cuerpo de Eric Mella, de 34 años, yace en un barrio del municipio manileño de Quezon tras recibir varios disparos de una mujer que se entregó a la Policía.Santi Palacios

El dato no sorprende, y más si tomamos al pie de la letra sus declaraciones durante la campaña electoral:

—Cuando sea presidente, ordenaré a la Policía que encuentre a esas personas (que trafiquen o usen drogas) y las mate. Las funerarias estarán a rebosar.

EL PESO DE LOS MUERTOS

La funeraria Eusebio está vacía.

En otras ocasiones los cadáveres se apilaban en la sala mortuoria, pero esta noche aún no hay ninguno. Reina la calma también en el espacio contiguo, una especie de garaje-oficina con dos coches fúnebres aparcados al lado de un vehículo normal. En un banco de plástico dormita en postura imposible Lupin, uno de los empleados. En la entrada aguarda novedades un reducido grupo de periodistas locales, entregados a la causa de seguir informando sobre aquellos que en su país ya no son apenas noticia.

El primer cadáver tarda algunas horas en llegar. Dos empleados con mascarilla lo sacan de la furgoneta y lo llevan hasta la sala mortuoria. Colocan el cuerpo de Romeo Olarte, de 59 años, dueño de una pequeña peluquería, sobre una mesa con aspecto de altar iluminada por una bombilla desnuda. El cadáver está tapado por varias mantas que dejan a la vista el estómago, una mano y una parte de la cabeza con dos heridas de bala. En su pierna escriben un gran número: 1.

Por el suelo pasa corriendo una cucaracha. El segundo cuerpo llega pocos minutos después: era compañero del primero, de apariencia mucho más joven. Su cabeza está medio cubierta con una venda ensangrentada.

Tokhang —me dice en voz baja uno de los empleados que ha traído el segundo cadáver, utilizando la palabra con la que se conoce en Filipinas la guerra contra las drogas. En la pierna del segundo escriben un gran 2.  

Los cuerpos 1 y 2 son los de una pareja gay abatida unas horas antes por un grupo de hombres sin uniforme, que llegaron en moto a la peluquería-vivienda del primero. No buscaban a Romeo Olarte sino a su compañero, pero los vecinos cuentan que el peluquero se puso histérico y finalmente los hombres también le dispararon.

Los cadáveres de Romeo Olarte y su compañero, asesinados de varios disparos, en la funeraria EusebioSanti Palacios

Por Eusebio han pasado muchos de los cuerpos abatidos en esta guerra contra las drogas, ya que es una de las pocas funerarias de la zona con licencia para manipular los cadáveres de este tipo de operaciones. Las autorizaciones las expide la Policía. Los precios que cobran algunas de estas funerarias están muy por encima de lo habitual: según Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias, tras ello se esconde todo un mecanismo de corrupción para que parte de las ganancias del negocio de la muerte vayan a parar a manos de policías. En la funeraria Eusebio, el coste de la autopsia, tratamiento del cadáver y preparación del velatorio asciende a unos 30.000 pesos (unos 470 euros). En otras, las tarifas son más del doble.

El velatorio de Romeo Olarte se instaló en una especie de capilla a pie de calle en Navotas, el distrito portuario. Han pasado dos noches desde su asesinato y media docena de familiares acompañan el cadáver. Son casi todas mujeres, sentadas en una mesa en la que juegan a cartas para pasar el rato. Por la sala, entre crucifijos e imágenes religiosas, rondan algunos gatos.

En un principio se muestran reticentes a hablar: tienen miedo, no quieren problemas. Finalmente, tras pedir el anonimato, una de las sobrinas del fallecido toma la voz cantante y comienza a describir a su tío: amable y miembro activo de la comunidad, organizaba cada primer domingo de octubre un festival de barrio en el que él mismo hacía de DJ; su muerte, dice, fue colateral.

—No están seguros ni de a quién matan. ¿Qué pensará su asesino? ¿Tendrá familia? ¿Será capaz de comer, de dormir tranquilo?

La interrumpe un estrépito al otro lado de la sala. Un tanque de plástico con agua que estaba sobre una nevera ha caído al suelo. El líquido se esparce despacio; no hay ningún gato a la vista. Se miran y hablan rápido en tagalo. Para ellas, es una señal.

—Lo sentimos. La entrevista ha terminado.

El muerto, dicen, no quiere que sigan hablando.

EL CEMENTERIO

Aquí termina el recorrido: la tierra húmeda del cementerio público de Navotas alberga a muchas víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte. A Ronald Cabading, el vendedor de mangos secuestrado y ejecutado por vigilantes, lo sepultaron en uno de los muros de nichos altos y descuidados que ocupan la parte trasera del cementerio. Ahora Ronald yace a catorce lápidas de distancia de Liezel Llimit: una adolescente que murió precisamente la misma noche en que Ronald fue asesinado. Tenía 16 años, tres hermanos menores y un hijo en el vientre, aunque eso entonces casi nadie lo sabía. Su cuerpo fue hallado junto al de su novio, ambos acribillados a balazos, cerca de las aguas portuarias que bañan Navotas. Entre sus pertenencias se encontraron tres bolsitas de shabu.

Un poco más allá está la lápida fresca de Christopher Roque. Era pescador y sus amigos lo apodaban “Molly”. Varios disparos acabaron con su vida en otra operación antidrogas de la Policía la misma noche en que murió Julius C. Soriano. Molly tenía 40 años, una esposa que aseguró entre lágrimas que su muerte fue colateral —que él no estaba implicado en drogas, que no debía haber muerto—  y tres hijos que le dieron destrozados su último adiós.

Familiares y amigos durante el entierro de Christopher Roque, de 40 años, en el cementerio de Navotas.Santi Palacios

En ese mismo pasillo está el nicho de Jerome A. González, que tenía 18 años cuando acabaron con su vida. Él y su amigo Jamart fueron secuestrados a punta de pistola a la salida del velatorio de otra víctima de tokhang. La siguiente vez que los vieron eran ya cadáveres: los habían arrojado a la costa con varias balas en el cuerpo.

Ronald, Liezel, Christopher, Jerome: son solo algunas de las decenas de víctimas de esta guerra contra las drogas que yacen en este cementerio para pobres. Ellos tienen al menos nombre. En una fosa común a pocos metros de distancia están sepultados unos cuarenta cuerpos de víctimas que nunca fueron reclamados por sus familias. No se podían permitir el coste del entierro.

Algo más allá, al final de los pasillos de sepulturas, hay otra pared bautizada informalmente como Muro Tokhang, porque concentra muchos de los nichos con los restos de víctimas de esta campaña sangrienta que parece no tener fin. El muro tiene los días contados: van a trasladar los restos a otro lugar para levantar en ese pedazo de tierra un crematorio.

En el cementerio de Navotas, los muertos ya no caben.

Comparte:

Corea del Norte 2.0

Corea del Norte 2.0

La Filipinas de ‘El Castigador’

La sombra de Estado Islámico en Filipinas