Tras varias semanas de combates, el Ejército sirio anunció el pasado domingo la captura de la estratégica ciudad de Raqqa, que estaba bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias —las FDS, una milicia kurdo-siria que controlaba el tercio nororiental del país—. La toma de Raqqa formó parte de una ofensiva lanzada este enero, después de que se intensificaran las tensiones entre Damasco y las milicias kurdas. Tras esa victoria militar, el Gobierno de Ahmed al Shara —en el poder desde diciembre de 2024, tras la caída de Bashar al Asad— anunció la firma de un frágil alto el fuego con las FDS que, en la práctica, reconfigura el mapa político de Siria. El pacto establece, entre otras cosas, que las FDS pasarán a integrarse en el Estado y el Ejército sirio, mientras el territorio semiautónomo que controlaban vuelve a quedar bajo control de Damasco. El año pasado el Ejército y las FDS ya alcanzaron otro acuerdo que quedó en papel mojado; el fracaso de aquellas negociaciones derivó en los combates de principio de este año. Ahora, la violencia que no cesa amenaza con hacer que el nuevo acuerdo fracase también.   

Además del orden político, la ofensiva está dejando un importante coste humano. Según la Organización Internacional para las Migraciones, solo en la provincia de Hasakeh —donde se han replegado las FDS— el número de desplazados internos se ha incrementado en los últimos días a más de 134.000 personas, frente a las menos de 6.000 que se contabilizaban el pasado domingo. La ONU ha advertido de que la situación sigue siendo “muy tensa” y ha pedido respeto al alto el fuego.