El Gobierno de España aprobó el martes un real decreto para restaurar el acceso universal a la sanidad pública y gratuita, independientemente de la situación legal o el tiempo de residencia de los pacientes. Hasta ahora, las personas migrantes necesitaban acreditar que llevaban al menos tres meses residiendo en el país, un requisito que en la práctica dejaba a miles de personas fuera del sistema sanitario, bien porque no llevaban ese tiempo o bien porque no podían acreditar su tiempo de residencia. La medida, que empezó a fraguarse en 2018, acaba con los escollos para el acceso universal a la salud que supuso la reforma sanitaria de 2012, que recortó derechos de las personas migrantes. La norma también amplía la protección a los españoles que residan en el exterior y a sus familiares durante sus desplazamientos temporales a España.