El Concejo Municipal de Los Ángeles ha aprobado por unanimidad una ordenanza que prohíbe a los empleados públicos aceptar segundos trabajos vinculados a la aplicación de leyes migratorias federales, incluidos organismos como ICE o la Patrulla Fronteriza. La medida afecta a todo el personal municipal, incluidos empleados temporales, y deberá ser ratificada por la alcaldesa demócrata de LA Karen Bass, quien ya había vetado previamente el uso de propiedades públicas por parte de agentes migratorios en la ciudad. Mientras la ciudad profundiza su pulso con la política migratoria de la Administración Trump, la decisión refuerza el blindaje institucional frente a las redadas masivas de 2025, que desataron protestas y marcaron un punto de inflexión. La ordenanza se inscribe en medio del despliegue de agentes del ICE en aeropuertos por parte de la Administración Trump ante la falta de personal de seguridad, en un contexto de creciente confrontación entre gobiernos locales demócratas y las autoridades federales.