Malí vuelve a situarse en el epicentro de la violencia yihadista en el Sahel. El pasado sábado, una coalición de fuerzas islamistas afiliadas a Al Qaeda y facciones separatistas tuareg del norte lanzaron ataques coordinados contra la capital, Bamako, y otras ciudades del país. El ataque acabó con la vida del ministro de Defensa, el general Sadio Camara, tras el asalto de varios atacantes a su casa y la toma de varias posiciones estratégicas como el aeropuerto internacional. Líderes del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (conocido como JNIM), anunciaron su intención de lanzar un “asedio total” sobre la capital. Por su parte, los rebeldes tuareg, unidos bajo el Frente de Liberación del Azawad (FLA), exigieron la salida de las tropas rusas en el terreno.

El estallido de la violencia marca un nuevo episodio en las complejas relaciones que el país mantiene con fuerzas extranjeras. Los golpes de estado en 2020 y 2021, que llevaron al poder a la actual junta militar, forzaron la retirada de las tropas francesas del territorio. Más tarde también lo harían en Burkina Faso, Níger, Chad y Senegal. Pero al mismo tiempo que se distanciaba de Francia, el Gobierno optó por apoyarse en grupos paramilitares rusos para luchar contra la insurgencia, aunque los nuevos ataques amenazan también la presencia rusa en el país. Esta semana, el jefe de la junta militar maliense, Assimi Goita, salió en público para tratar de calmar la tensión y aseguró tener la situación “bajo control” poco después de filtrarse varios vídeos en los que se observa a paramilitares rusos atacar posiciones rebeldes. En medio de este escenario, la población civil vuelve a quedar atrapada bajo el fuego cruzado, miles de familias se suman a los 4 millones de desplazados en países vecinos, y más de 5 millones necesitan asistencia humanitaria, según Naciones Unidas.