El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha promulgado una ley que regula el Estado de excepción y permite la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la Policía se vea superada por disturbios internos. La medida llega tras seis semanas de protestas y bloqueos que exigen su dimisión y que ya han dejado al menos 10 muertos y graves problemas de abastecimiento en varias regiones del país. Paz defiende que la norma servirá para proteger a la población frente al “narcoterrorismo”, mientras que el expresidente Evo Morales la considera un intento de debilitar las garantías democráticas y ampliar el papel de los militares en conflictos internos. 

La tensión sigue creciendo sobre el terreno. En los últimos enfrentamientos para desbloquear carreteras, al menos 26 civiles y seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos por disparos. Las movilizaciones, impulsadas por organizaciones campesinas y seguidores de Morales, reflejan el creciente desgaste de un Gobierno que cumple siete meses en el poder en medio de una crisis política, económica y social cada vez más profunda.