El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó una represión militar contra una protesta campesina y lanzó, al día siguiente, un ataque legislativo contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, ordenando que se les retenga el 30% de sus ingresos. El operativo contra la protesta tuvo lugar el lunes, cuando cerca de 300 campesinos de la comunidad El Bosque protestaron pacíficamente cerca del complejo donde vive el mandatario, reclamando la intervención del Gobierno ante un desalojo judicial. La protesta fue disuelta con violencia por policías militares y antimotines, que capturaron a cinco líderes, incluido uno que permanece detenido.
Las imágenes de los arrestos desataron las críticas de organizaciones nacionales e internacionales. En respuesta, Bukele acusó a las oenegés de manipular a los manifestantes y anunció una reforma para imponer un impuesto del 30% a las donaciones extranjeras que reciben. Algunas organizaciones, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, alertan que esta ofensiva constituye una grave amenaza contra la sociedad civil.
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