La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha intensificado sus esfuerzos para salvaguardar el plan de deportaciones de migrantes a Albania, después de que un tribunal en Roma bloquease la semana pasada la detención de los primeros migrantes enviados a los centros gestionados por Italia en suelo albanés. En respuesta, su Gobierno aprobó un decreto que establece una lista de “países seguros” con el objetivo de sortear las restricciones impuestas por la sentencia judicial y garantizar la continuidad del proyecto.
El fallo judicial generó un enfrentamiento entre el Gobierno italiano y la Justicia, con miembros del Ejecutivo criticando lo que consideran una “justicia politizada”. Mientras tanto, la oposición y organizaciones humanitarias han advertido de los riesgos para los migrantes y han cuestionado los altos costos económicos de los centros, estimados en mil millones de euros, además de advertir de las posibles implicaciones para el derecho de asilo en Europa.
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