La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350.000 venezolanos, una medida que marca un giro drástico en la política migratoria del país. La decisión revierte la orden de un juez federal que había bloqueado la medida argumentando “un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, y que costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica”.

La resolución judicial ha provocado una ola de rechazo entre defensores de derechos humanos y beneficiarios del TPS, quienes denuncian que se trata de la mayor revocación de estatus legal en la historia reciente del país. La medida deja ahora en la incertidumbre el futuro de miles de familias.