Hace unos días la firma de abogados Romanucci & Blandin anunció que presentará una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por el caso de Renée Good, la mujer asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis el pasado 7 de enero. El presidente del despacho, Antonio Romanucci—quien en 2020 también litigó y ganó el caso del asesinato de George Floyd—, explicó que la familia de Good tomó la decisión a pesar de que las acciones legales contra el gobierno federal “requieren a las víctimas sortear los complejos y lentos procesos que exige la ley”.
Mucho se habla sobre la ilegalidad de las acciones del gobierno de Donald Trump, desde el asalto al Capitolio hasta el reciente bombardeo a Venezuela y los asesinatos y detenciones arbitrarias por parte del ICE. La denuncia política y mediática suele ser inmediata y muy ruidosa, pero la respuesta legal y jurídica se escucha bastante menos, en parte porque los lentos procesos mencionados por el abogado Romanucci son incompatibles con el ritmo mediático y con la velocidad actual de la acción criminal de esta administración.
En el caso del ICE, la situación es muy compleja. Cuando Trump anunció su meta de un millón de deportaciones al año, el equivalente a 3.000 arrestos al día, el consejero de Seguridad Interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, lanzó una campaña de reclutamiento en diversas ciudades ofreciendo bonos de 50.000 dólares y la condonación de la deuda universitaria a los posibles candidatos. La oferta apareció en redes sociales como Instagram, dirigida mediante algoritmo a una población blue collar ubicada cerca de los nodos militares y alineada con los valores nacionalistas de Trump.
Sobre el papel, la estrategia funcionó: el número de agentes reclutados por el ICE pasó de 10.000 a 22.000 en un año. Sin embargo, reportes de medios como The Atlantic indican que solo el 10 % de los enrolados, unos 1.200, completaron el curso de entrenamiento del ICE, y 3.000 lo hicieron online por contar con experiencia previa; en las entrevistas, algunos veteranos de las guerras de Irak y Afganistán dijeron hacerlo porque echaban de menos la camaradería y el sentido de pertenencia. Un 50 % de los reclutados desertaron del programa, entre ellos los que no cumplían con los requisitos de condición física. En el entrenamiento —que antes duraba 5 meses y ahora es de 42 días— se enseña el manejo de armas, técnicas de arresto y uso adecuado de la fuerza. De acuerdo con The Atlantic, el tiempo dedicado a la técnica para desescalar un conflicto es de cuatro horas.
Esto explica lo que hemos visto en nuestras pantallas en las últimas semanas y tiene un efecto directo en situaciones como la que derivó en el asesinato de Renée Good: es claro que estos agentes enmascarados, sin condición física y sin estrategia, o no han sido entrenados, o incluso no son agentes. En las semanas posteriores a las redadas en el sur de California en junio pasado, diversos medios y organizaciones reportaron las actuaciones ilegales de falsos agentes de inmigración —vistiendo atuendos militares, enmascarados y en ocasiones armados—, incluyendo denuncias de abuso sexual. El fiscal general del estado, Rob Bonta, tuvo que emitir una alerta al respecto. Es probable que esta práctica esté ocurriendo en otros estados.
Dado que a pesar de todo el sistema funciona, todas estas acciones van teniendo respuestas legales. Tras los operativos de California, una demanda conjunta de Los Ángeles y otras ocho ciudades resultó en la suspensión temporal de las detenciones por parte de un juez federal un mes después de que iniciaran las redadas. Justicia temporal, pero tardía: para entonces el terror ya se había impuesto, con pocas motivaciones para denunciar para quienes no tienen un abogado que pelee por ellos. La misma situación se repitió en Chicago, donde la demanda fue anunciada recientemente pero aún no tiene respuesta; en tanto, el miedo ya se instaló.
Y sí, la familia de Renée Good presentará una demanda que muy probablemente prosperará; pero eso no será antes del próximo incidente, escribí el sábado 24 de enero, y justo entonces llegó a mi teléfono la alerta: otra vez Minnesota, otra vez un asesinato de ICE, esta vez de un joven enfermero de 37 años llamado Alex Pretti, por cuya muerte, seguro, se presentará una demanda. Y mientras esta también prospera, otro agente improvisado de ICE actuará, y otro más. Porque Estados Unidos sigue siendo un país de leyes; pero mientras la justicia se arrastra, el crimen y la impunidad vuelan.
