Hace unos días la firma de abogados Romanucci & Blandin anunció que presentará una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por el caso de Renée Good, la mujer asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis el pasado 7 de enero. El presidente del despacho, Antonio Romanucci—quien en 2020 también litigó el caso del asesinato de George Floyd—, explicó que la familia de Good tomó la decisión a pesar de que las acciones legales contra el gobierno federal “requieren a las víctimas sortear los complejos y lentos procesos que exige la ley”.

Mucho se habla sobre la ilegalidad de las acciones del gobierno de Donald Trump, desde el asalto al Capitolio hasta el reciente bombardeo a Venezuela y los asesinatos y detenciones arbitrarias por parte del ICE. La denuncia política y mediática suele ser inmediata y muy ruidosa, pero la respuesta legal y jurídica se escucha bastante menos, en parte porque los lentos procesos mencionados por el abogado Romanucci son incompatibles con el ritmo mediático y con la velocidad actual de la acción criminal de esta administración.