El Congreso de El Salvador aprobó una ley que permite que menores de 18 años condenados por delitos graves relacionados con el crimen organizado, como homicidios, secuestros y tráfico de armas, puedan ser alojados en las mismas prisiones que los adultos —aunque en áreas separadas—. La medida se enmarca en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, que desde 2022 mantiene un estado de excepción con detenciones masivas y la construcción de la llamada “megaprisión”, con una capacidad para 40.000 prisioneros.

Esta medida ha generado críticas por el impacto que podría tener en los derechos de los jóvenes detenidos. Según la organización Human Rights Watch, más de 3.300 menores fueron arrestados entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, lo que supone un incremento del 300% con respecto a los años anteriores. Además, Estados Unidos está valorando la opción de enviar presos estadounidenses a cárceles salvadoreñas, lo que genera más atención internacional a la controvertida política penitenciaria del país.