El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas presentó un duro informe sobre la represión desatada en el país desde 2018 por la dictadura sandinista copresidida por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.  

El grupo de expertos ha logrado pruebas que demuestran que la represión fue planificada al más alto nivel por la pareja presidencial. Y que, a diferencia de lo que se consideraba probado hasta ahora —que fue aplicada solo por la policía y las milicias sandinistas—, el Ejército también estuvo directamente implicado desde el primer día en su ejecución. 

La participación militar en la represión de las protestas de 2018, que dejaron 350 muertos, es relevante por lo que implica de concentración del poder y violación de la propia Constitución nicaraguense, que no atribuye responsabilidad en la seguridad interna a los militares. 

Pero sobre todo por la carga de letalidad que implicó el papel del ejército en la represión. Oficiales de inteligencia y contrainteligencia, armados y vestidos de civil, actuaron sin miramiento. 

El informe dice: “El uso sistemático y deliberado de armas letales, algunas reservadas exclusivamente para uso militar, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo sugieren que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”.

Nicaragua se ha convertido desde 2018 en una férrea dictadura. El proceso político y electoral es una farsa. Cientos de personas han sido asesinadas. El régimen ha saturado las prisiones con presos políticos, ha expulsado del país, privado de su nacionalidad y confiscado todos su bienes a cientos de personas y ha provocado que tan solo en la vecina Costa Rica haya en este momento más de 90.000 solicitantes de asilo nicaragüenses. 

Además de las solicitudes de asilo, el éxodo provocado por la dictadura sandinista es ingente. El número de nicaragüenses que vive en Costa Rica asciende a más de medio millón. Son casi el 10% de la población del país. 

En paralelo, al mismo tiempo que expulsa, recibe. El Gobierno nicaragüense, convertido en patrón de una finca privada, se ha convertido en una plataforma para la migración irregular rumbo a Estados Unidos. Fleta vuelos chárter desde todos los continentes y vende visados de tránsito por el país que les resultan muy útiles a personas que viven en Asia, África y otros países de América para comenzar a recorrer el corredor migratorio centroamericano.