Mientras Estados Unidos avanza en su plan para Gaza, las investigaciones en el terreno revelan más datos sobre la magnitud y brutalidad de los ataques sufridos por la población civil. Una investigación de Al Jazeera acusó esta semana a Israel de haber utilizado en la Franja bombas térmicas y termobáricas, cuyo uso contra civiles está prohibido por la Convención de Ginebra. Según la investigación, esas bombas habrían carbonizado a cerca de 3.000 personas. A diferencia de otros explosivos, este armamento es capaz de producir temperaturas superiores a los 3.500 grados y generar un efecto de vacío. Como resultado, los cuerpos expuestos a estas condiciones se “evaporan”, sin dejar rastro material. Esta clase de armamento se produce tanto en Europa como en Estados Unidos, el mayor aliado de Israel. En este sentido, otro informe publicado también esta semana revela que España sigue permitiendo el trasbordo en sus puertos de bienes procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, a pesar de que el Gobierno español prohibió el pasado septiembre el tránsito de cualquier producto procedente de los territorios ocupados. Según el informe, al menos 529 de estos envíos hicieron escala en puertos europeos el año pasado. La mayoría transitaron por España.

Y mientras esto ocurre, el gabinete de seguridad israelí aprobó esta semana ampliar el control sobre el 40% del territorio en Cisjordania. La medida incluye facilitar la compra de terrenos a los colonos y vuelve a aumentar la presión sobre miles de palestinos, cada vez más acorralados. Con este movimiento, Tel Aviv vuelve a poner de manifiesto el uso de la vivienda como una herramienta para llevar a cabo desplazamientos forzados.