Se habla mucho de internet como un lugar imaginario y de la IA como un espacio ilusorio, pero hace ya mucho que la propia realidad es un paisaje de ficción. Y no nos engañemos: su gran motor no ha sido la literatura o el cine, sino la pantalla de televisión. Aún en este siglo XXI, la tele sigue siendo un formidable narcótico que hipnotiza cada día a millones de personas.

Putin y Trump, dos de las personas con más influencia en el mundo, tienen en común una salvaje visión ilusoria acerca de ellos mismos alimentada por la televisión. Es sabido que el presidente de Estados Unidos es un obseso de la pequeña pantalla. En el pasado tuvo apariciones estelares en anuncios de Pizza Hut, Pepsi, Oreo y McDonalds e hizo cameos en series como El Príncipe de Bel Air o Sexo en Nueva York. Apareció en Saturday Night Live y fue presentador durante catorce temporadas de The Apprentice, un reality show en el que un grupo de empresarios competía por dirigir una de las empresas de Trump. Desde hace un tiempo ostenta el puesto político más importante del planeta y sale a todas horas en las televisiones de todo el mundo, de Yakarta a Barcelona, de Rosario a San Francisco, de Abu Dabi a Kampala, Ankara o un pueblo perdido de Nueva Zelanda.

De Vladimir Putin no es tan conocido que, en sus años de adolescencia y juventud, estuvo hondamente marcado por Diecisiete instantes de una primavera, una serie de televisión soviética de 1973 protagonizada por un doble espía llamado Stirlirtz, infiltrado en el Estado Mayor nazi para averiguar las secretas maniobras entre Hitler y Occidente a espaldas de la URSS. En una entrevista de 1999, cuando le preguntaron por qué se alistó en el KGB, Putin contestó: “Mi idea del KGB provenía de las historias románticas de espías. Yo era un producto puro y absolutamente exitoso de la educación patriótica soviética”.

Hace muchos años que la presencia de Putin —en el poder desde los albores del siglo XXI— en la televisión rusa constituye el pilar central del ecosistema de propaganda del Kremlin. Es una cara adusta, omnipresente, que vigila desde programas como Línea directa, un maratón anual de varias horas de duración donde responde en vivo a preguntas seleccionadas de los ciudadanos. Más allá del cristal azul, su mirada puede helar la sangre y un aire frío llegar hasta el sofá de tu propia casa en el barrio de Nekrasovka de Moscú o a tu diminuta cocina en Arkhangelsk, junto al mar Blanco.

Mucha gente creía que el ensayista y escritor David Foster Wallace era un heroinómano, pero en realidad era adicto a la televisión. “El individuo de hoy en día pasa mucho más tiempo ante pantallas —dijo—. En espacios iluminados por fluorescentes, en cubículos, a un lado u otro de transferencias electrónicas de datos. ¿Y cómo es ser una persona viva, que ejercita su humanidad en medio de esa clase de intercambio?”. Y advirtió: “Cada vez va a ser más y más fácil, y más y más práctico, y más y más placentero, estar a solas con imágenes en una pantalla que nos han proporcionado personas que no nos aman y solo quieren nuestro dinero”.

“Me encanta el trabajo que hacéis, pero no tengo tiempo para leeros”.

Cada tanto nos llega un correo de este tipo a nuestra bandeja de entrada. Son mensajes de nuestros suscriptores, de socios y socias que creen en un periodismo reposado, tanto en la forma en que es concebido como en la manera en que se consume, pero a veces ni los más creyentes consiguen sobrellevar el ritmo de un mundo en ebullición. Es una afección de nuestro tiempo, un mal que, por poco que me complazca admitir, también sufrimos los miembros de 5W. Nos intentamos rebelar pero es difícil escapar a él.

—Muchas personas no leen lo que publicamos —es una de las reflexiones que nos asaltan frecuentemente.

—Tenemos que crear más contenido en redes sociales —es la conclusión a la que normalmente llegamos.

5W nació en las redes al calor de la crisis del periodismo, pero nuestra manera de hacer periodismo encuentra cada vez más obstáculos para hacerse hueco entre el público general. La revista fue fundada por reporteros, corresponsales y fotoperiodistas que aprendieron a contar el mundo pisando allí donde ocurrían las cosas. Un modo de hacer que requiere tiempo y dinero, recursos que hoy escasean. Seguimos convencidos de que el periodismo bien hecho, riguroso, crítico y de largo recorrido es imprescindible para entender el mundo, pero no somos ajenos a la realidad. Por eso cuando alguien de la redacción sugirió que quizá una solución para llegar a todos esos lectores y lectoras que aún no saben de nuestra existencia era comenzar a crear más vídeos para redes sociales, el resto lo recibimos con una mezcla de curiosidad y recelo. 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para estar conectados con la actualidad, pero también son motores para la desinformación y los análisis simplistas. ¿Cómo contar entonces el mundo sin caer en el clickbait? ¿Es posible condensar en un minuto la guerra en Oriente Medio, o la persecución de los rohingyas en Myanmar, o la crisis humanitaria en Haití? Estas eran algunas de las cuestiones que más nos preocupaban, pero entre tantas dudas había una pregunta aún más difícil de responder: ¿Quién de nosotros iba a ponerse delante de la cámara?

Te cuento un secreto. En mayor o menor medida todos los integrantes de la redacción compartimos un cierto recelo a aparecer en vídeo, bien porque algunos se sienten más cómodos detrás de la cámara o bien porque otros prefieren que sean sus textos los que hablen por ellos.

— ¿Por qué no lo hace Javi? —sugirió Anna Surinyach, la editora gráfica—. Ya está acostumbrado a hacer directos.

Se refería a las apariciones en el canal de Twitch de 5W, donde cada cierto tiempo hacía entrevistas. Hubo consenso. Me había tocado.

Perdón, aún no me he presentado. Soy Javier Sánchez, y hace cuatro años aterricé en el equipo de 5W. Inicialmente me iba a encargar de las redes sociales, un mundo que nunca me ha apasionado, pero me sirvió para hacerme un hueco en la redacción. Al poco tiempo llegó mi oportunidad. Me ofrecieron tomar las riendas de El Rickshaw, la newsletter y podcast semanal que cada sábado envíamos a miles de personas y en la que explicamos las noticias más relevantes de la actualidad internacional. En 2024 también comencé a presentar el podcast mensual de 5W. A partir de entonces me convertí en ‘la voz de 5W’. Así suele llamarme Agus Morales, el director. Lo que no sabía es que un tiempo después me convertiría también en ‘la cara de 5W’.

Para alguien como yo, acostumbrado a convivir con el síndrome del impostor, la idea de aparecer en vídeo de forma regular me causaba tanto entusiasmo como terror. Era 2025, y en aquel momento decidimos transformar uno de los productos más queridos y consumidos por nuestra audiencia, el podcast mensual de 5W, en un vídeopodcast.

Necesitábamos algo fresco, lo suficientemente moderno para acercarnos al público joven, uno de nuestros retos en los últimos años, pero lo suficientemente continuista para mantener nuestra esencia. Bautizamos el vídeopodcast como ‘Larga Distancia’, uno de los conceptos que han acompañado a la revista desde sus inicios, creamos un logo y alquilamos un estudio de grabación. Era una realidad: el podcast se ampliaba al vídeo. Habíamos encontrado la manera de explicar el largo aliento en un formato adaptado a los hábitos de consumo actuales.

La idea para redes era aprovechar las grabaciones para publicar vídeos cortos de testimonios a los que entrevistásemos. El primer episodio lo publicamos el 5 de octubre de 2025. Patricia Simón y Jon Lee Anderson estrenaron el estudio. Fue un éxito. El podcast recibió miles de visualizaciones y algunos de los clips en redes sociales superaron ampliamente nuestras expectativas.

Desde entonces hemos producido siete episodios más que hemos dedicado a hablar sobre genocidios, la guerra en Oriente Medio, la crisis humanitaria en Sudán, los ejemplos de resistencia que mueven el mundo o el papel de Europa en el mundo actual, entre otras cosas. Es posible que en el momento en que estás leyendo esto estemos en el estudio grabando el próximo episodio, que se publicará el domingo. Hablaremos con expertos y expertas sobre la ‘Françafrique’, el sistema colonialista que Francia mantuvo durante décadas para sostener su poder en África y que en los últimos años ha saltado por los aires. Si no te lo quieres perder, síguenos en nuestro canal de YouTube o en cualquiera de las principales plataformas de audio. O, si lo prefieres, te esperamos en nuestras redes sociales, que por eso te he contado esto.

Un sábado más, nos subimos a nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Arrancamos nuestro recorrido repasando los últimos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz lcuando se cumplen tres meses del inicio de los ataques. Miramos a Sudán, donde la guerra entre el Ejército y las fuerzas paramilitares se extiende a nuevas regiones del país. Y ponemos el foco en las olas de calor que marcan récords de temperatura en Europa y el sur de Asia. La imagen de la semana se fija en los bombardeos israelíes en Gaza durante la celebración del Eid al-Adha. Y también hacemos paradas en República Democrática del Congo, Estados Unidos, México, la Unión Europea y Brasil.

La Policía vino a sacarle a la casa. Los agentes revisaron su teléfono, su ordenador, dieron la vuelta a la habitación. No encontraron nada que pudiera incriminar a Carlos, de 17 años. Aún así se lo llevaron. Era 24 de junio de 2025, fecha que quedará atravesada en el pecho de su madre, Catalina, quien desde entonces no ha sabido nada de él. 

Hasta aquel momento, Carlos había sido un adolescente ejemplar: estudiaba el bachillerato médico y los fines de semana colaboraba como voluntario en los servicios de emergencias de San Salvador, capital de El Salvador. En una audiencia colectiva junto a decenas de chavales, Catalina escuchó de qué lo señalaban: “Prepotente, malcriado, sale de las clases, usa zapatillas blancas, tiene un piercing y lleva una marca en la ceja”. A ella ya le había sorprendido que la Fiscalía conociera la dirección de la vivienda a la que la familia acababa de mudarse, y más aún que la foto de la ficha policial de Carlos coincidiera con la misma que años atrás le había tomado su centro educativo. “Esto viene de parte de la dirección del instituto”, acusa Catalina.

Unas semanas antes la Policía también tocó la puerta de Raquel, alegando que un joven había provocado un accidente de tráfico con un coche parecido al suyo. La equivocación no era inocente: se llevaron sin mediar palabra a su hijo Víctor, también de 17 años y estudiante del mismo Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen. Raquel se quedó desconsolada: era el segundo arresto del chico en apenas meses. La vez anterior Víctor  tuvo la mala suerte de estar en el lugar y en el momento erróneos: salía del colegio cuando empezó una pelea entre compañeros. Pero a los 15 días salió sin medidas y la jueza que lo liberó explicó que no se encontró nada que lo relacionara con grupos criminales. Desde aquel primer incidente, Raquel y su marido comenzaron a llevar y traer a diario a su hijo, quien apenas salía de casa para evitar el acoso policial. Fue en vano.

Al menos 46 chavales de cuatro institutos públicos, 14 de ellos menores de edad, fueron detenidos el mismo día. Dos chavales más también fueron procesados en ausencia y el tribunal salvadoreño emitió una alerta roja a la Interpol para su captura. La Fiscalía los vinculaba a una antigua pandilla, que muchos recuerdan ya extinta, llamada La Raza. El caso pasó a instrucción con las acusaciones de “agrupaciones ilícitas, falsificación, tenencia o alteración de monedas y lavado de dinero y activos, así como de amenazas agravadas, violencia contra funcionario público, autoridad pública y personal de seguridad de centros penales”, según el comunicado de la propia entidad.

Han pasado más de once meses y, con un nudo en la garganta, Catalina cuenta que todavía no hay una acusación en firme y que el juzgado cada vez da nuevas fechas que nunca cumple. Como en los últimos meses Carlos y sus compañeros han cumplido la mayoría de edad, la ficha acaba de ser trasladada a un tribunal diferente, lo que está alargando todavía más el proceso. “No sabemos plazos, no nos dan información de nada. Nos acercamos al juzgado y nada”, relata Catalina con un hilo de voz. A finales de marzo algunos medios salvadoreños recogieron que sería celebrada una única audiencia abierta el próximo junio.

Catalina, sin embargo, todavía no ha sido notificada por la Fiscalía y desconoce si su hijo se encuentra entre quienes se enfrentarán a ese proceso un año después de haber sido capturados. En una de las visitas al centro en el que Carlos debe estar internado logró que le atendiera un funcionario: “Me dijo que no me preocupara, que mi hijo estaba en las clases de panadería y ayudando en la clínica. Pero se han visto casos que dicen que están bien y luego… Ni el abogado tiene derecho a entrar, si no lo veo no sé si está bien de salud”, desconfía Catalina.

“Aquí usted no tiene derecho a nada, solo a lo que el régimen haga lo que quiera con uno”, señala Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de las Víctimas del régimen de excepción (Movir). En San Salvador, en una oficina a medio pintar con apenas unas mesas y sillas desparejadas, Ramírez se reúne con Catalina y Raquel. Al igual que los de sus hijos, sus nombres han sido cambiados en esta crónica por seguridad. Ambas son funcionarias públicas, y conocen casos de personas que han perdido sus empleos por acudir a protestas o posicionarse públicamente en contra del Gobierno. 

Algunas madres hablan incluso de la existencia de “una lista” con nombres de un centenar de estudiantes de centros estatales que estarían en el punto de mira del Gobierno. En enero de este año hubo nuevas detenciones relacionadas con la misma pandilla, La Raza: jóvenes acusados de palabreros, que en la jerga de las pandillas quiere decir líder de una clica o célula de la estructura criminal.

De la violencia de las maras a la del Estado

Históricamente los institutos públicos han sido lugares de reclutamiento de las pandillas, las llamadas maras, grupos criminales que controlaban El Salvador a base de extorsiones y asesinatos y que convirtieron al país en uno de los más peligrosos del mundo. Desde el fin de la guerra civil en la década de 1990, los diferentes gobiernos fueron incapaces de cumplir la promesa de acabar con la violencia callejera. Hasta que en 2019 fue elegido un presidente millenial y tuitero, Nayib Bukele, salido de un partido joven, Nuevas Ideas, que decía ir en contra de la corrupción del bipartidismo. 

Bukele aplicó controvertido modelo de seguridad que incluyó una encarnizada campaña contra las pandillas, y que convirtió en seña de identidad de su gobierno. En el marco de esta lucha, en marzo de 2022 declaró un régimen de excepción que ha ido prolongado desde entonces de forma ininterrumpida. Este régimen ha anulado los derechos constitucionales, ha otorgado poderes sin restricciones a las fuerzas de seguridad y ha llevado al país a lograr otro récord mundial: el de tener el mayor porcentaje de población encarcelada, un 1,6% de sus cerca de 6,3 millones de habitantes. La mayoría de los capturados como presuntos pandilleros, a menudo sin pruebas, son chicos jóvenes de las zonas más desfavorecidas, especialmente las rurales.

A medida que las cifras oficiales mostraban un descenso de los homicidios y la popularidad de Bukele crecía a niveles superiores al 85%, se consolidaba su deriva hacia el autoritarismo, con reformas como la que elimina la separación de poderes o la que permitirá una eventual reelección indefinida de quien se ha descrito a sí mismo en redes sociales como “el dictador más cool del mundo”. 

Hoy, zonas como el centro de San Salvador —donde era habitual la presencia de guardias armados en las puertas de los comercios, donde había que saber muy bien las direcciones para no caer en calles disputadas por las maras— respiran tranquilidad y la riqueza natural del país atrae a un creciente turismo. Bukele ha logrado reducir la brutalidad de las pandillas, pero a base de sustituirla por violencia de Estado, según denuncian desde hace años numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Cadena perpetua para menores

Los arrestos de presuntos pandilleros se llevan a cabo en dispositivos policiales a menudo violentos y bajo la acusación de “asociaciones ilícitas”, una fórmula en la que cabe prácticamente cualquier detalle que recuerde a las maras: desde tener tatuajes hasta llevar zapatillas blancas —aunque sean parte del uniforme de la escuela, como en el caso de los estudiantes del Inframen—. 5W ha conocido casos de niños que fueron capturados por coincidencias tan lejanas como guardar en el teléfono el contacto de un compañero del colegio que tenía un hermano pandillero. Pero muchas veces, estas detenciones ocurren simplemente por corrupción: la Policía debe cumplir una cuota de arrestos y pagan a vecinos de zonas de pocos recursos para inculpar falsamente a gente de su propia comunidad. Los agentes reciben presión y amenazas de sus superiores si no llegan a estos mínimos.

Siendo menor de edad, Edwin fue condenado a 10 años de prisión por el testimonio de un sargento, quien le acusó sin pruebas de colaborar con las maras. En la versión del Ejército, el chico había sido sorprendido in fraganti junto a otras personas de su comunidad. En realidad, a Edwin se lo llevaron un domingo por la noche mientras hacía la cena en su casa. Comenzaron 20 meses de odisea durante los que su madre recorrió prisiones y juzgados, organizó protestas y puso demandas, hasta lograr demostrar la inocencia de su hijo. 

Teniendo ya la carta de libertad, Edwin todavía pasó dos meses más encerrado. Fue un caso que generó revuelo en El Salvador, aunque ahora la familia pide, por discreción, no publicar sus nombres reales. “La basura no se saca de afuera para adentro, y los corruptos están ahí”, zanja la madre en referencia a las políticas del Gobierno. Mujer muy religiosa en un país de fervor evangélico, cuenta que le ayudaron el rezo, la vigilia y el ayuno, aunque todavía se estremece al recordar la incertidumbre de aquellos días en los que no sabía si su hijo estaba vivo o muerto.

Porque una vez en prisión se les pierde la pista.

En muchos casos pueden considerarse desapariciones forzadas, de acuerdo al Derecho Internacional, ya que los reos no tienen acceso ni siquiera a hablar con sus abogados. En ocasiones los familiares son informados de traslados a otros penales o directamente de la muerte de sus seres queridos. La organización local Socorro Jurídico Humanitario ha registrado 523 defunciones en cárceles de adultos durante 50 meses de régimen de excepción, la mayoría por palizas o por hambre, aunque estima que la cifra real podría ascender a miles y que los cuerpos podrían estar ocultos en fosas comunes clandestinas o, directamente, desaparecidos. Además, de los casos registrados, “el 94% no tenía vínculos con las pandillas”, sostiene la ONG. Dentro de los penales el hacinamiento no permite siquiera dormir sentado, son comunes las enfermedades por la falta de higiene, se castiga privando de alimento, y es común la tortura infligida incluso por otros prisioneros, según testimonios de los propios supervivientes.

El Salvador ha dinamitado cualquier protección a menores de edad estipulada en el Derecho Internacional. En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una norma que ordenaba el traslado de menores a centros de adultos, “vulnerando estándares internacionales” y exponiendo a niños y adolescentes “a mayores riesgos de abuso”, según Human Rights Watch. Y desde marzo de este año, menores a partir de 12 años podrán recibir cadenas perpetuas por delitos considerados graves, entre ellos la pertenencia a pandillas. Los menores serán juzgados en tribunales de crimen organizado, en lugar de juveniles, en procesos que pueden extenderse hasta tres años, durante los que los adolescentes serían llevados directamente a centros para adultos.

Ante los cambios en la ley, la lentitud en los procesos y la falta de información, Catalina tiene miedo de que su hijo sea juzgado según criterios de mayor de edad, pese a que fue encarcelado siendo menor y antes de las últimas reformas. Otro de los problemas que tiene sin dormir a Catalina es el económico. Cada mes, las familias deben comprar un “paquete” para sus familiares en prisión a fin de asegurarles productos básicos de higiene y ropa. Estos “paquetes” son un elemento más de extorsión, ya que el más barato cuesta 120 dólares —más de 100 euros— y las familias saben que, en muchos casos, ni siquiera llega a sus seres queridos por robos de los funcionarios o de otros presos. “Tal vez no le pasan todo, pero con que le llegue un poquito…”, se resigna Catalina. Madre soltera con otra hija adolescente, la subida de precios por la guerra en Oriente Medio la ha obligado a buscar un trabajo extra para dar de comer a su niña, a la que cambió de colegio por miedo al hostigamiento policial.

Expedientes calcados

5W ha solicitado acceso a las cárceles y a los penales para menores, pero no ha recibido respuesta. La información acerca de las condiciones en los cuatro centros de detención para niños y adolescentes que hay en El Salvador es opaca y escasa. Sin embargo, hemos podido recoger el testimonio de una fuente con acceso a estos lugares que da cuenta de los abusos cometidos por el gobierno de Nayib Bukele desde el comienzo del régimen de excepción. Por su seguridad pide mantenerse en el anonimato, ya que activistas y defensores de derechos humanos están siendo sistemáticamente perseguidos y arrestados en El Salvador. Su testimonio describe los inicios del régimen como un periodo “dantesco” para los niños, y llega a calificar los penales de menores en esa época como “campos de concentración”.

El comienzo del régimen de excepción en marzo de 2022 provocó una oleada de arrestos masivos e indiscriminados. Mientras el Gobierno difundía imágenes de pandilleros cubiertos hasta el rostro de tatuajes y haciendo señas amenazantes, entre rejas también había niños de hasta siete y ocho años, relata este testigo. En celdas de 40 metros cuadrados llegaba a haber entre 50 y 60 chicos. Ahí comían, se bañaban e iban al servicio, ahí dormían en colchonetas. Tenían apenas una letrina y dos cubetas de agua para todos. Pronto comenzaron las epidemias. En todos los centros hubo escabiosis —sarna—, y en algunos llegó a haber hasta siete crisis sanitarias en un año entre enfermedades cutáneas, tuberculosis y contagios que causaban diarreas por parásitos. Las autoridades no daban abasto ni tenían capacidad para lidiar con la situación. Preguntada por el perfil de los niños encarcelados, la persona entrevistada contesta sin dudar: “Pobres, pobres. Son siempre de los cordones y son rurales, del campo”. 

Los cordones es como se conoce a una estrategia utilizada durante el régimen de excepción: durante días, o incluso semanas, se establece un perímetro militar sobre una comunidad o un pueblo, controlando entradas y salidas y realizando arrestos. Así es como se llevaron a Toño, de 16 años, un domingo por la noche en una aldea de calles de barro en la región campesina de Chalatenango. Por miedo a mayores represalias, los vecinos piden no dar a conocer el nombre del pueblo. Hablan de un dispositivo de 6.000 efectivos para una población de poco más de 2.000 habitantes, en una localidad que anteriormente apenas tenía presencia de maras. Cuando lo sacaron de su casa, Toño vio a su padre esposado en el suelo; en el coche de Policía le esperaba también su hermano mayor. Él pasó 15 días en comisaría, y cuenta que todas las noches soñaba que era libre y que salía a jugar al fútbol con sus amigos. Su hermano lleva casi cuatro años desaparecido en el sistema penitenciario salvadoreño.

Al igual que los mayores de edad, los niños son acusados de “asociaciones ilícitas”, es decir, de colaborar o formar parte del entorno de las pandillas. En los centros de menores “el 90% de los expedientes eran calcados, la causa de los procedimientos era la misma”, explica la fuente. Añade que la saturación del sistema imposibilita un trato individualizado y justo: “El fiscal tenía exactamente un lote de 25 niños y 20 minutos para ver a cada uno. Quizá en una semana escuchábamos que salían liberados uno o dos, pero casi todos permanecían, y sus audiencias eran programadas en mucho tiempo”. 

En febrero de 2024, el ministro de Justicia y Seguridad Pública avisó de que al menos 1.065 menores habían sido ya condenados por el delito de agrupaciones ilícitas, con penas entonces máximas de diez años para niños de 12 a 15 años, y hasta de veinte años para los mayores de 16.

Pese a la falta de información pública sobre el número de menores encarcelados, hemos podido acceder a las cifras que maneja la Administración desde el inicio del Régimen de Excepción hasta al menos la mitad de 2025. Los datos están divididos entre los Centros de Integración Social (CIS), que son tres penales masculinos y uno femenino, y lo que llaman resguardos, es decir, las comisarías y espacios de detención administrativa a donde son llevados en el momento del arresto. La ley salvadoreña establecía que el resguardo debía durar un máximo de 72 horas. El régimen de excepción lo amplió a 15 días, aunque en la práctica este plazo tampoco se cumple. Por lo general, estos espacios no están preparados para acoger a un gran número de adolescentes durante mucho tiempo.

En 2022 hubo un total de 1.459 menores, chicos y chicas, encarcelados en los CIS y hasta 5.064 en resguardo. Esta es la cifra más alta y habla de la dimensión del desorden inicial. En 2023, el número de niños y adolescentes en prisión se mantuvo en 1.461, aunque descendieron las detenciones administrativas a la mitad, 2.536. Es ya a partir de 2024 cuando descienden las cifras y las condiciones comienzan a mejorar: ese año hubo 680 internos en los CIS y 1.469 en detención administrativa. Hasta mediados de 2025, bajaron a 614 y 272, respectivamente —una reducción que pudo deberse a reubicaciones a las cárceles de mayores de edad, bien porque los adolescentes cumplían 18 años o por la aplicación de la Ley que habilitó los traslados a pabellones en los penales comunes—.

El último dato al que ha tenido acceso 5W corresponde a los Centros de Acogimiento Institucionales (CAI), “una bomba que les estalló”, apunta la fuente entrevistada. No son cárceles: a estos centros llegan los niños cuyos padres han sido detenidos y que no tienen otros familiares directos para cuidarles. En ocasiones, durante los cercos militares, las fuerzas de seguridad se llevaban a los adultos de una comunidad y dejaban a decenas de niños en una de las viviendas. Esos chicos pasaban entonces a la custodia del Estado. En 2023 se contabilizaban 996 menores internados en CAIs; en 2024 la cifra ascendía a 1.306, y hasta mediados de 2025 se contabilizaban un total de 597.  

Niñas en prisión

“Encontrábamos que había una marcada violencia basada en género”, dice la persona informante. Añade que muchas de las chicas en prisión —cuyo número exacto se desconoce— fueron detenidas por llevar tatuajes con el nombre o alias de un pandillero. Especialmente en zonas marginales, las maras forzaban a algunas niñas, las violaban y marcaban su piel en señal de propiedad. Una vez en prisión bajo el régimen de excepción, eran desnudadas enfrente de varias personas, que comprobaban si tenían tatuajes. 

“Ahora no las viola el pandillero, las viola el militar que las captura y las viola el Estado”, señala la fuente. Se refiere a que durante las detenciones, antes de llegar al centro penitenciario, detectó algunos casos de violaciones de militares a niñas de entre 13 y 14 años. En al menos uno de los casos conocidos por 5W, la chica quedó embarazada.

Además, los castigos en la única prisión de niñas eran habituales y severos. La fuente describe varias escenas de cómo eran estos escarmientos. En una ocasión, varias jóvenes  pasaron la noche a la intemperie durante una tormenta, atadas de pies y manos a postes en el patio de la cárcel. También eran sancionadas sin bañarse, y los custodios las dejaban varios días medio desnudas con la ropa interior manchada de la sangre de la menstruación.

Los castigos en todos los centros de menores también solían incluir dejarles sin comer, algo que afectaba más a las niñas porque, de por sí, recibían una alimentación más pobre, con raciones menores y ninguna proteína. La falta de contacto con los familiares, así como de programas educativos y de entretenimiento para estos chavales, sumadas a las condiciones “horribles” de los centros, según describe la fuente, llevó a una alta tasa alta de medicalización e incluso a decenas de intentos de suicidio durante estos años. 

La gravedad de la situación y la evidencia de torturas en las cárceles empujó la negociación con el Gobierno. “Cada violación era una catástrofe, pero se convertía en un arma para mejorar las condiciones de los chicos”, sostiene. Así, a finales de 2023 se liberó a los chicos más pequeños y a las adolescentes embarazadas: salieron en torno a unos 300 menores. Hoy, sin embargo, vuelve a haber jóvenes embarazadas encarceladas.

El “infierno” que eran las cárceles de menores fue mejorando poco a poco y actualmente el hacinamiento es menor: de los 50 niños que llegaba a haber en una celda al inicio del régimen de excepción, ahora hay una decena; los chavales pueden salir más, acuden a la escuela y realizan talleres y actividades; también ha mejorado la atención médica y psicológica. Sin embargo, tanto la persona que nos ha relatado la situación dentro de las cárceles como las madres y supervivientes entrevistados durante la cobertura comparten una mirada aciaga hacia el futuro. Centenares de niños y adolescentes pasarán sus años formativos en las cárceles, a menudo consumiendo altas dosis de medicamentos y desarraigados de su familia y su entorno. La herida que han abierto las políticas de la dictadura de Nayib Bukele, rompiendo el tejido social y generando un clima de terror y desconfianza en las comunidades más vulnerables, tardará mucho en repararse sino en cicatrizar.

En silencio, muchas familias exilian a sus hijos, temerosas de la suerte que pueden correr en El Salvador. Catalina ansía con esperanza que su hijo Carlos pueda salir pronto de la prisión en la que está encerrado sin cargos, y ya estudia cómo solicitar asilo en otro país. “Si algún día sale, no voy a aguantar que lo lleven otra vez”. 

Buiti binafi es el saludo garífuna de buenos días. Esa forma de amanecer junto a otros se escucha desde la recuperación del territorio ancestral de Vallecito, considerado un territorio libre, en el municipio de Limón, en Honduras, en 2012. La ruta encuentra —aunque cueste llegar, como pasa con los proyectos que reman contra la desazón de la actualidad— una comunidad amorosa y festiva con tierra, aire y mar. 

La playa no es privada, pero es de las pocas en las que el comercio no irrumpe la paz. El primer recibimiento es un puesto militar, con armas tan largas que ameritan por extensión dar crédito del riesgo. La postal inicial es un cráter que agujereó la tierra en 2011, con la explosión que se necesitó para destruir la pista aérea clandestina que era propiedad del narcotráfico. 

Todavía están los tres hoyos, con escenografía lunar, que se formaron cuando el ejército dinamitó el punto de despegue del transporte de cocaína. Sin embargo, la pólvora no terminó con el contrabando. A los traficantes les ganó la organización social. Los que dicen que están contra el narcotráfico no tienen razones para decir que están en contra del pueblo garífuna que no sean sinrazones. 

La reocupación garífuna (un pueblo originario con raíces arawak, caribes y africanas) de sus tierras, a través de la Organización Fraternal Negra Hondureña, logró vencer el narcotráfico y refundar otra existencia. En el mismo terreno donde había polvo para sostener la juerga o sumar narcisismo de las narices con tarjeta de crédito —para pagar y cortar lo que justifica la guerra contra los pueblos que la sufren, y no contra los países que la consumen— construyeron casas, escuelas, baños comunes y plantaron coco donde antes había coca. 

Los narcos no son de rendirse fácil, ni de levantar los brazos en señal de diálogo. Tienen con qué levantar vuelo. Después que les dinamitaran la pista, dejaron el aire y eligieron el mar —pero no abierto, sino privado, un cauce escondido— para navegar sin ser vistos. Con el objetivo de mutar al transporte marítimo, abrieron un canal para que las lanchas les tirasen la mercadería al mar, la recogieran pescadores o buzos y después las llevaran por un canal exclusivo. Parece ficción, pero es real. 

Los garífunas llaman, como uno de esos chistes que se dicen y quedan, el “Canal de Panamá” a la obra narco: la hicieron con máquinas silenciadoras, para que nadie se enterara de lo que estaban orquestando. El canal es tan largo que tuvieron que averiguar su extensión con el avisaje aéreo de drones; el metraje es una muestra de la inversión que implicó poder usar el agua para deslizar la cocaína. 

La comunidad garífuna los sacó. Deberían darles un premio a la eficacia antidrogas. Pero la guerra contra las drogas es mucho más una guerra, a secas, que un intento de prevenir y erradicar el crimen organizado: el mismo que hace apenas cuatro días asesinó a veinte campesinos en el marco de una disputa territorial en ese mismo departamento de Honduras.

La construcción solidaria de Vallecito es una afrenta a los narcos que no solo usaban el camino para expandir su negocio, sino que invirtieron para poder sacar rédito y perdieron su loteado por la reocupación de este pueblo originario.

Mucho más efectivos que un país sin justicia, ni ley, son los tambores garífunas, que hicieron de una pista cultivo y de un canal para el tráfico una canoa que traslada cocos y arroz, frijoles y visitantes, niños y niñas a la escuela y huevos y plátanos de una comunidad a la otra, con intercambio de alimentos y protección contra los que se la tienen jurada. 

Una casilla se levanta de cara al canal, porque necesitan hacer vigilia frente a los encapuchados que, sin mostrar su rostro, pasan su dedo por el cuello en la gestualidad de la amenaza permanente. La comunidad garífuna se la banca. Y es, en un mundo desolado de resplandores y arrinconado de ocasos, una muestra genuina de otras costas a las que llegar y otra forma de refundar la paz. 

Bienvenidos a una nueva entrega del rickshaw, hoy es sábado 23 de mayo, os habla Javier Sánchez. Arrancamos nuestro recorrido en la República Democrática del Congo para analizar el nuevo brote de ébola que ya ha acabado con la vida de 160 personas. Ponemos el foco en Cuba y la imputación de Estados Unidos al expresidente Raúl Castro. Y miramos a Líbano, donde al menos 3.000 personas han sido asesinadas desde marzo a manos del ejército israelí. La imagen de la semana muestra los incendios forestales en California, que ya han arrasado más de 40.000 hectáreas. Y también hacemos paradas en Israel, Sierra Leona, Estados Unidos y el Everest.

El 15 de abril de 2023, Jartum amaneció convertida en un frente de guerra. La lucha por el poder entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) transformó la capital sudanesa en una ciudad tomada por los combates, los saqueos y los francotiradores. Edificios civiles y administrativos fueron ocupados y, tras meses de bombardeos e incendios, acabaron reducidos a ruinas. Ninguna de las tres ciudades que forman el área metropolitana de la capital sudanesa —Jartum, Omdurmán y Jartum Norte— escapó a la destrucción.

Aunque Sudán arrastra décadas de golpes de Estado, guerras civiles y violencia en regiones como Darfur, nunca antes el conflicto había alcanzado con tanta fuerza el corazón del país. Jartum, uno de los grandes centros económicos y culturales de África Oriental —con restaurantes, teatros, hoteles y barrios llenos de vida—, vio cómo sus calles se vaciaban y millones de personas huían de sus casas ante los enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares de las RSF —herederas de las milicias Janjaweed, una fuerza impulsada por la dictadura de Omar al Bashir (1989-2019) y considerada responsable del genocidio de Darfur en 2003—. En medio de una guerra total, las RSF capturaron infraestructuras clave e instituciones gubernamentales de Jartum. Hasta marzo del año pasado, cuando las Fuerzas Armadas lograron retomar la ciudad y 1,36 millones de los 3,77 millones de personas que habían huido comenzaron a regresar.

Pese a ser uno de los grandes conflictos de nuestra era, Sudán no ocupa portadas de las grandes cabeceras. Y cuando lo hace, persiste el silencio de una voz: la de su gente. Con más de 150.000 muertos, es una guerra que ha causado la huida de 4,4 millones de personas a países vecinos. Pero la crisis interna es la más silenciada: más de 9 millones de personas —la cifra más alta del mundo— se han desplazado a causa de la violencia dentro del país. 

En eso se ha fijado el fotoperiodista Diego Menjíbar, que cuenta la historia de personas —Mustafa, Manasik, Suhaip, Halid, Menal o Ilham— que tuvieron que abandonar sus hogares, que han visto cómo ciudades enteras han quedado reducidas a ruinas, que han vivido en sus carnes la crisis del hambre. Menjíbar ha documentado su retorno a Jartum y las cicatrices que la violencia ha dejado sobre ellas. 

Estas historias, comentadas por el propio periodista, ponen nombre y rostro a una guerra que transcurre lejos del foco internacional. Muchos de los testimonios fueron recogidos bajo supervisión militar, en un país en el que el control sobre la información que entra y sale es extremo. 

Mustafa Abdelmajid Suleiman

Cuando estalló la guerra, Mustafa Abdelmajid Suleiman, de 75 años, estaba velando a su hermana. Los disparos y los aviones de combate comenzaron a retumbar sobre Jartum. “Nunca había vivido algo así”, me dijo. Durante dos semanas, permaneció refugiado junto con su familia bajo el techo de su casa, sin agua ni electricidad, mientras el barrio era arrasado. “Muchísima gente fue asesinada aquí, justo a las puertas de mi casa”, cuenta. 

A medida que el conflicto avanzaba, huyeron de un lugar a otro —Sahafa, Wad Madani, Soba, el norte de Sudán y finalmente El Cairo— tratando de mantenerse lejos de las zonas controladas por las RSF. “Nos movíamos huyendo de la guerra, pero la guerra nos alcanzaba en cada lugar”. En Wad Madani (centro del país) 50 personas llegaron a compartir una misma casa hasta que los paramilitares entraron en la ciudad y tuvieron que escapar de nuevo. Casi todas las personas que entrevisté repetían que lo último que querían era encontrarse con las RSF: familias enteras evitaban las carreteras o recorrían kilómetros en carros tirados por burros para no cruzarse con sus combatientes.

Mustafa regresó a su casa en Jartum hace seis meses, incapaz de seguir pagando el alquiler en Egipto. Encontró la vivienda completamente vacía. “Las RSF lo saquearon todo. Solo dejaron esta cama en la que estoy sentado. Esta casa siempre estuvo abierta para todo el mundo”. 

La vuelta a la nada. Lo más duro de esta guerra es que no hay espacio para la esperanza. Es imposible tenerla si no hay señales de avance ni de recuperación: solo la obligación de mirar cada día las ruinas de lo que fueron sus vidas. Si una ciudad empieza a reconstruirse —si comienzan obras, hay inversión o se recupera cierta normalidad—, existe al menos la idea de futuro. 

En Jartum, el paisaje obliga a mirar continuamente las huellas de la guerra: coches abandonados frente a las casas, fachadas perforadas por disparos, habitaciones saqueadas y calles vacías donde antes había vida. Es imposible escapar visual y emocionalmente de la devastación.

Manasik Ismail

Manasik Ismail, de 25 años, recuerda cómo durante semanas ella y su familia permanecieron atrapadas en la ciudad mientras los combates se acercaban cada vez más a su barrio. Su padre se negaba a marcharse. “Esta es mi casa, este es mi patio, yo no me voy”, repetía. Pero todo cambió cuando vio cómo combatientes de las RSF se llevaban a una chica joven de la misma edad que Manasik y empezó a temer por lo que le podía pasar a su hija. “Yo tenía muchísimo miedo a las RSF”, recuerda ella. Las mujeres no salían de casa por pavor a que les suceda algo. Manasik me contó que cada vez que veía a los combatientes, empezaba a temblar.

En Wad Madani, donde permanecieron ocho meses desplazados —primero bajo control del Ejército sudanés y después de las propias RSF—, los paramilitares entraban constantemente en las viviendas. “No podíamos conseguir insulina ni ir al hospital.” 

De allí se desplazaron a Omdurmán, donde estuvieron un año y nueve meses antes de regresar a una calle prácticamente vacía. Hoy solo dos familias siguen viviendo allí. Frente a una de las casas encontraron tumbas improvisadas y fosas comunes excavadas durante los meses más duros de los combates. El barrio al que volvieron ya no tenía nada que ver con el que dejaron atrás.

Antes de la guerra, Manasik trabajaba como especialista de laboratorio médico en el Police Hospital de Burri. “Me gustaba mucho mi trabajo”, dice. Pero lo perdió todo. Sus libros y pertenencias quedaron en su casa familiar, que hallaron destruida al regresar: “No había ventanas ni puertas. Había munición en el suelo”. No se quedaron a vivir allí, sino que se trasladaron a una vivienda en el barrio de Jabra, otro barrio de la capital. La razón por la que tampoco regresaron a esa casa fue que encontraron cuatro cadáveres en la puerta que aún no habían sido retirados.

Esta fotografía muestra la cerradura de una de las viviendas de la familia, destrozada tras los saqueos en Jartum. Hace apenas una semana consiguieron dos camas; hasta entonces dormían en el suelo. “Queremos que el país se reconstruya”, dice la familia. Pero las imágenes de la guerra siguen presentes. “¿Has visto alguna vez algo peor que atar a un hombre y meterlo dentro de una fosa séptica? Yo tuve que sacarlos con mis propias manos”, recuerda el padre de Manasik.

Suhaip Abdalla Mahsun

“Pensé que iba a durar dos días”, dice Suhaip Abdalla Mahsun, de 30 años. Muchos sudaneses pensaban igual al inicio de la guerra. Durante las primeras semanas, familias enteras seguían pegadas al televisor las negociaciones que se llevaban a cabo en la ciudad saudí de Jedda, esperando un alto el fuego. Muchos pensaban que podrían volver pronto a sus vidas. Pero mientras las conversaciones diplomáticas se sucedían, Jartum se hundía en la guerra. 

Suhaip fue, durante seis meses, el único civil que vivía en su calle. Sufría amenazas constantes para obligarlo a huir. “No solo quería vigilar la casa —dice—. Esperaba que la guerra acabara pronto”. Pero no fue así.  Un mes después de aquel 15 de abril los combates llegaron al barrio de El Haj Yousif, en las afueras de Jartum, y su calle se convirtió en el frente de batalla entre las RSF y el Ejército. Sus familiares, ocho personas, huyeron a Gedaref, en el este del país. Él decidió quedarse para cuidar la casa. 

Más adelante también tuvo que huir. Pasó por Port Sudan y Kassala buscando trabajo después de perder el suyo como electricista, y terminó reuniéndose con su familia desplazada en Ash Shamaliyah (Estado del Norte Sudán). Regresó a Jartum cuando el Ejército retomó la capital. 

Se encontró con que su barrio había quedado atrapado entre ambos bandos y su casa había sido utilizada como posición desde la que disparaban combatientes durante los enfrentamientos. No quedaba nada. “Ni una cuchara”, recuerda. Las paredes estaban agrietadas por los impactos y el patio cubierto de maleza.

Para Suhaip, esta casa representa más que un edificio. Su familia llevaba treinta años viviendo aquí. Ahora intenta reconstruirla antes de que los suyon regresen. “Quiero tenerlo todo listo para que cuando lleguen encuentren un hogar”.

En casi todas las conversaciones reaparece la nostalgia por la vida que existía antes de la guerra. Jartum era uno de los grandes centros económicos y culturales de África oriental: una ciudad de restaurantes, teatros, hoteles, barrios llenos de vida y calles donde los vecinos se pasaban horas hablando y tomando té. Muchos recuerdan precisamente eso: las casas abiertas, la sensación de comunidad y una hospitalidad que, sin apenas vecinos, es imposible de recuperar.

Halid Abdelati Mohammed

Cuando estalló la guerra, Halid Abdelati Mohammed, de 48 años, se encontraba en Omdurmán. Dos días antes, en la oficina les habían advertido de que debían abandonar la ciudad. “Algunas personas sabían lo que iba a pasar”. Regresó al barrio de El Haj Yousif atravesando una ciudad tomada por el caos. Recuerda los primeros disparos desde el estadio, los aviones de combate volando bajo sobre Jartum y los vehículos de las RSF tomando posiciones en Jartum Norte mientras la capital entraba en guerra.

Halid pasó diez días atrapado en El Haj Yousif junto a su familia, sin agua ni comida suficiente, caminando durante horas para conseguir lo básico mientras francotiradores y combates paralizaban la vida de la ciudad. Después huyeron, como tantas otras familias, hacia Gezira, Ash Shamaliyah o Egipto. 

“Fue aterrador”, recuerda Halid. “Aquí había un limonero y un mango. Ahora no queda nada”, dice, mientras observa los restos de su pasado.

La familia de Halid huyó en autobús hacia el norte del país, a una de las pocas zonas que entonces todavía consideraban seguras. Lo hizo en uno de los autobuses con los que miles de sudaneses escaparon de Jartum durante los primeros meses de guerra. Pero salir de la capital era una odisea. Las RSF habían levantado puestos de control por toda la ciudad y atravesar las tres ciudades del área metropolitana —separadas por el Nilo Azul y el Nilo Blanco— implicaba horas de espera, controles de documentación, humillaciones y, en muchos casos, apaleamientos.

Al llegar a Ash Shamaliyah, la región del norte a lo largo del Nilo, encontraron abierta la casa de un familiar y se instalaron allí junto a otras familias desplazadas. Con el paso de los meses llegaron a convivir diez familias bajo el mismo techo. Para sobrevivir, tuvieron que aprender oficios completamente ajenos a sus vidas anteriores: cultivar la tierra, fabricar carbón o vender pescado en los mercados locales. “Aquí éramos empleados; allí tuvimos que convertirnos en agricultores”, recuerda. 

Vivieron allí casi tres años. En noviembre de 2023 recibió una oferta de trabajo en Port Sudan, pero poco después los ataques también alcanzaron esa ciudad. Finalmente, regresó a El Haj Yousif en enero para comprobar qué quedaba de la casa. Dentro todavía seguía la ropa que dejaron el día que huyeron. Aún no ha querido deshacerse de ella. Prefiere lavarla a donarla o venderla.

Menal

A lo largo del mes que he pasado en Sudán me he encontrado con personas de distintas edades y barrios que recuerdan la guerra a través de pérdidas muy diferentes. Algunos hablan de vecinos desaparecidos, otros de casas saqueadas o de trabajos que nunca recuperarán. Menal recuerda sus flores. 

“Mis flores han muerto”, dice mientras mira una fotografía antigua del jardín, antes lleno de color rosa. Ella era quien las cuidaba cada día. Ahora solo queda tierra seca. Es lo primero que me enseña al entrar en su casa, antes incluso que las paredes destruidas o las habitaciones vacías.

Menal tiene 35 años. Vive con su familia en el barrio de El Haj Yousif, el mismo de las afueras de Jartum en el que se encuentra Halid. Huyó con su familia dos meses después de que estallaran los combates. Primero escaparon a Gezira, donde permanecieron tres meses hasta que las RSF tomaron Wad Madani y tuvieron que huir de nuevo. Decidieron regresar a Jartum, pero ya no reconocían su barrio. “Los soldados de las RSF estaban en cada calle, en cada casa”, dice. Durante ocho meses vivieron prácticamente encerrados. “No salíamos. Nos quedábamos dentro porque sabíamos lo que podían hacernos a mí y a mis dos hermanas pequeñas”. Su padre, Mohammed, taxista, se vio obligado a entregar sus dos vehículos a las RSF. “Cuando ya no nos quedaba nada, nos fuimos de nuevo”. 

La familia cruzó hacia Egipto en una camioneta junto a miles de personas desplazadas. Viajaban ella, sus dos hermanas, su padre y su madre enferma. Casi dos años después, regresaron a Sudán para que la madre pudiera someterse a una cirugía en Ash Shamaliyah. Hace apenas cinco meses que volvieron a casa.

La vida intenta abrirse paso de nuevo en Jartum. Los niños juegan al fútbol en una ciudad marcada por el abandono y la destrucción. El regreso de sus habitantes convive con el vacío que dejó la guerra. Alrededor de algunos barrios reconocibles persisten el silencio, los coches destruidos, las tumbas improvisadas y las huellas de una ciudad arrasada.

Ilham Aliazh

Ilham Aliazh, de 65 años (centro), estaba en casa cuando comenzó la guerra. Tres días después tuvo que marcharse: los combates se intensificaron y el barrio dejó de ser seguro. Junto a su familia inició un largo desplazamiento dentro de Jartum: primero a la zona de Sahafa, a casa de su hermana; después a otro barrio, con su tío; y más tarde al sur de la ciudad. Durante aquellos dos meses de huidas constantes, uno de sus familiares murió en un centro de detención de las RSF.

Finalmente abandonaron la capital rumbo a Wad Madani. Como muchas otras familias sudanesas, huyeron en vehículos improvisados y autobuses alquilados junto a otras personas desplazadas. Salir de Jartum significaba atravesar una ciudad completamente controlada por las RSF. Los civiles pasaban horas bajando de los vehículos para enseñar documentación mientras jóvenes del grupo eran interrogados, golpeados o detenidos durante el trayecto. 

En Wad Madani vivieron doce personas en una misma casa. La ciudad parecía inicialmente más segura bajo control del Ejército, pero el avance de las fuerzas paramilitares volvió a acercar la guerra a sus vidas. Dos meses después, tuvieron que huir de nuevo.

Desde allí fueron a la ciudad noroccidental de Atbara, donde permanecieron tres meses, y después a Ash Shamaliyah, la región natal del marido de Ilham, donde vivieron durante dos años y medio. Allí, al menos, sentían cierta seguridad y podían apoyarse en familiares y conocidos. Cuando el Ejército recuperó el control de gran parte de Jartum, decidieron emprender la vuelta.

Regresaron hace apenas tres meses. Encontraron su casa muy dañada. Los paramilitares habían vivido allí durante la ocupación: una esquina había sido destruida por un explosivo y reconstruida de forma improvisada con cemento; las puertas estaban rotas y faltaban muebles, ropa y objetos personales. “Lo hemos perdido todo”, dice Ilham. 

Más allá de la vivienda, el mercado había desaparecido. Los hospitales apenas funcionaban y los cortes de agua y electricidad formaban parte de la rutina diaria. “Necesitamos ayuda internacional para reconstruir las infraestructuras destruidas”, insiste. Volver a Jartum no significa recuperar la vida anterior, sino aprender a vivir entre sus restos.

—Muga bi haritz horien artetik iragaten da —dice Sylviane Erreca. La frontera pasa entre esos dos robles; se supone que uno es francés y el otro español.

Los troncos crecen rectos, obedientes, como si respetaran los tratados internacionales; pero las raíces se extienden por el subsuelo sin ley, absorben nutrientes de un lado y otro de la frontera; las ramas contrabandistas se extienden en todas direcciones y dejan caer sus bellotas en el extranjero. ¿De quién son las bellotas?¿Del país que las engorda o del país en el que caen?

¿Y Sylviane Erreca de qué país es?

Nació en el caserío Pallaenea, cerca de los robles, en el Quinto Real: el último territorio pirenaico que España y Francia olvidaron repartirse. En la Edad Media formó parte del reino de Navarra. Era una región de bosques y pastos que se extendía por las dos vertientes de la cordillera y cuya explotación compartían tres valles: Baztán y Erro en el sur, Baigorri en el norte. Los habitantes de los tres valles arreaban sus vacas, ovejas y cerdos a este territorio comunal, cazaban y recogían leña, pero no podían establecer casas ni arar tierras. El rey de Navarra les cobraba una quinta parte del valor del ganado. Por eso lo llamaron Quinto Real, Pays Quint en francés, Kintoa en euskera. 

Con la conquista y partición del reino de Navarra, los valles de Baztán y Erro se integraron en España en 1512, y el valle de Baigorri en Francia en 1789. ¿Y qué pasó con  Kintoa? Pues que no se integró en ningún Estado, y los pastores, convertidos en españoles o franceses, siguieron compartiéndolo. 

—Nuestra casa es del siglo XVIII —explica Sylviane, mujer menuda de pelo revuelto y discurso veloz— pero no aparece en ningún documento hasta 1856, cuando los Estados trajeron la frontera. Mis ancestros tuvieron que registrar la casa y descubrieron que quedaba dentro de España por 50 metros. 

Ocho familias vascas de nacionalidad francesa viven desde entonces en territorio español.

Los Erreca, una de esas familias, abrieron una venta y vivieron como los robles fronterizos: compraban el género en Pamplona a precios más baratos (vino, licores, tabaco, conservas, zapatos, ropa) y lo vendían a los compradores que subían desde Baigorri y Baiona, incluso a los veraneantes parisinos que llegaban desde Biarritz en excursiones exóticas con sus Citroën Dos Caballos. 

—Y mi abuelo Bernardo se dedicaba a la gau-lana.

Al trabajo nocturno. Es decir, al contrabando.

Bernardo pasó paquetes con las mercancías que faltaban en la posguerra española y pasó judíos y resistentes que huían de los nazis. Su nieta Sylviane nació en 1957, en una época más plácida, estudió administración en Baiona y se casó con un funcionario que controlaba los tráficos del puerto.

—Soy hija y nieta de los mayores contrabandistas del Pirineo… y me casé con un aduanero. Ze ahalkea! (“¡qué vergüenza!”) —se ríe Sylviane.

También ríe su marido, Xabier Ihidope, en la cocina de Pallaenea.

—Pero yo me dedicaba al control de mercancías en el puerto, drogas, blanqueo de dinero, no vigilaba el paso de personas. No quería saber nada de los negocios de los mugalaris. ¡Sobre todo los de mis suegros!

Sylviane y Xabier frecuentaban los ambientes culturales vascos de Baiona, llevaban a sus hijos a una ikastola, y cuentan que allí a Xabier lo trataban con recelo porque era un agente del Estado francés. A su vez, los jefes de la aduana lo vigilaban de cerca porque estaba casado con una mujer de Kintoa.

—Soy un aduanero vasco —dice Xabier—. Mal visto entre los vascos por ser aduanero y mal visto entre los aduaneros por ser vasco.

Aquel día, la discusión se alargó más de lo habitual. 

—¿Y si lo llamamos “La cuartilla”? —propuso alguien.

Hubo un silencio corto y algún resoplido poco convencido. 

—¿“En Resumen”?

Más resoplidos. Era diciembre de 2020 y en la redacción de 5W intentábamos poner nombre a la nueva newsletter de la revista. La íbamos a lanzar en menos de un mes y queríamos que fuera un resumen semanal internacional fiel al espíritu de 5W: no recogería solo los grandes titulares, sino que también se fijaría en lo que ocurre en rincones más apartados del planeta. Y cada semana, destacaría una fotografía de actualidad de algún lugar del mundo.

Teníamos la idea. Solo nos faltaba dar con el nombre. 

En un documento online, cada uno íbamos escribiendo las propuestas que se nos pasaban por la cabeza: “Grandes Explicaciones”, “Viaje con Escalas”, “Retahíla”, “El afiche”…  Le habíamos dado muchas vueltas sin dar con la tecla definitiva, y ese día nos habíamos propuesto no salir de la reunión de redacción sin un título. Así que arrancó un brainstorming del que empezaron a surgir los nombres más variopintos. Hasta que, por fin, salió:

—¿Qué os parece El Rickshaw?

Hubo consenso: no es un secreto que entre algunos miembros de la redacción hay cierta predilección por la India, un país en el que fuimos corresponsales tres de los fundadores de 5W (Agus Morales, Igor G. Barbero y yo misma, pero esa historia la dejaremos para otra entrega de estos Secretos de la redacción). El Rickshaw: durante los años que pasé como corresponsal en Nueva Delhi, viajé cientos de veces —y no es una exageración— en esos triciclos motorizados que son capaces de llevarte al fin del mundo por destartalada que esté la carretera. Nostalgias aparte, aquella reunión supuso el nacimiento definitivo de El Rickshaw, la vuelta semanal al mundo: una newsletter que ya ha cumplido cinco años y que llega a las bandejas de entrada de unos 10.000 suscriptores (un apunte: si estás leyendo esto y aún no la recibes, pincha aquí. Es gratis, y prometemos pasearte cada sábado por lugares recónditos).

El Rickshaw nació bajo la conducción de Marta Arias, que también ponía voz a la versión sonora. Hoy, Javier Sánchez es quien lleva las riendas y locuta los capítulos en audio, que subimos cada sábado a YouTube y a las principales plataformas y que tienen miles de escuchas. Eso sí: cinco años y muchos recorridos después, aún nos queda la duda de si los lectores y lectoras que con el tiempo se han subido a esta newsletter tienen la más mínima idea de por qué se llama así. Lo explicábamos de esta manera en la primera entrega: 

“El rickshaw —también llamado tuk tuk en algunos países— es un triciclo motorizado que se mueve con agilidad en medio del caos. En ciudades y aldeas, por carreteras o por caminos sin asfaltar, sobre baches, charcos o agujeros. Un rickshaw quizá no viaje muy rápido, pero sí es capaz de llegar a los lugares más recónditos. Y esa es la intención de la nueva newsletter de 5W: hacer un recorrido semanal que transite por las vías principales y también por carreteras secundarias; con las luces puestas tanto en los grandes titulares como en los lugares que quedan en los márgenes”. 

Detrás de cada entrega hay un ritual que tiene lugar los jueves por la mañana, cuando Javi, Anna Surinyach, Nadia Ziani, Nerea Rocha —nuestra redactora en prácticas— y yo misma debatimos sobre la selección de noticias que formarán el recorrido semanal.  

—Creo que deberíamos meter la cumbre francoafricana de esta semana.

—Leed esto de Haití, ha habido otra ola de violencia muy bestia entre pandillas. 

—¿Habéis visto que van a matar a más de 11.000 osos en Japón?  

— Leo que en Australia quieren poner un impuesto a las grandes empresas tecnológicas para financiar el periodismo (y nos pasamos un buen rato, claro, discutiendo sobre cómo debería financiarse o no el periodismo).

Os confieso que en los criterios periodísticos a la hora de seleccionar las noticias se cuelan, muchas veces, nuestras debilidades personales. Si leéis o escucháis en El Rickshaw una noticia sobre China, probablemente la propuesta ha venido de Javi. Nadia tiene especial sensibilidad por los temas de género y multiculturalidad. Nerea es capaz de detectar una decisión política tomada en Bruselas que se nos había pasado al resto. Anna, además de poner la imagen de la semana, nos recuerda que hay que contar y contar y volver a contar, las veces que haga falta, las muertes en las rutas migratorias. Y si el recorrido incluye algo de Filipinas, Birmania o Corea del Norte, seguramente la propuesta ha sido mía. 

Es viernes y, mientras termino de escribir estas líneas, Javi me avisa de que ya está redactado el recorrido de esta semana y se prepara para locutar. Así que voy a dar un último vistazo al motor de nuestro Rickshaw, que mañana toca viajar. ¿Nos acompañas?

PD: No estamos en Australia ni nos financian los impuestos de las grandes tecnológicas. Nos financian personas como tú, y eso nos llena de orgullo. Si quieres ayudarnos a seguir contando lo que ocurre en el mundo, hazte socio/a: juntos llegamos más lejos.

Un sábado más, nos subimos a nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Esta semana arrancamos nuestro recorrido en Pekín, donde Donald Trump y Xi Jinping se han reunido para abordar cuestiones como la guerra en Oriente Medio, la tensión territorial en Taiwán y la guerra arancelaria. También ponemos el foco en los conflictos armados que, por primera vez en casi tres décadas han superado a los desastres naturales como principal causa de desplazamiento interno en el mundo. Y miramos a Haití, que sigue atrapado en una espiral de violencia marcada por el desgobierno y el control de las pandillas. La imagen de la semana condensa el agradecimiento gazatí al gesto de solidaridad de Lamine Yamal al ondear una bandera palestina durante la celebración del título de Liga. Y también hacemos paradas en Kenia, Bolivia, Australia y Japón.

Tres semanas antes de ser asesinado, Adam pidió a un amigo que grabase con el móvil su despedida. “Algún día, Palestina será libre”, terminaba diciendo a cámara. Los malos presagios que lo agobiaban se cumplieron el 3 de enero de 2023 a las cinco de la mañana. 

La luna parecía llena, aunque faltaban tres días para que lo estuviese. El frío se metía en los huesos en el campo de refugiados de Dheisheh, cerca de Belén, en los territorios ocupados palestinos de Cisjordania. A sus quince años, Adam Ayyad le había dicho a su madre que dormiría en casa de su padre, del que estaba divorciada. En realidad, había quedado con sus amigos para enfrentarse a pecho descubierto con el Ejército más financiado del mundo en proporción a su población. Cuando los disparos empezaron a atronar en los muros de los edificios de ladrillos de hormigón —viviendas construidas unas sobre las otras para albergar a los hijos y nietos de los primeros palestinos expulsados por Israel en 1948—, los cuatro paramédicos del campo corrieron al lugar de la “invasión”, como llaman en Palestina a las irrupciones de las fuerzas de ocupación. No les permitieron llegar. Los soldados israelíes comenzaron a disparar contra ellos. 

Cuatro años antes, en 2019, habían perdido a uno de sus compañeros, Sajed Mizherl, en un ataque similar. La mitad del equipo de paramédicos del campo de refugiados dejó su trabajo entonces. Los cuatro que siguieron jugándose la vida para salvar las de otros tuvieron entonces que ver, agazapados tras un quicio, cómo los francotiradores se cebaban con los niños que se habían resguardado en un coche. Todos fueron heridos. Adam, sangrando, abrió la puerta y, al ver que la balacera no cesaba, se arrastró bajo el automóvil. Allí se desangró mientras llamaba desesperado a su madre. Hasta que se hizo el silencio. Entonces, permitieron acercarse a los sanitarios. Ya en el hospital, certificarían su muerte.

Apenas unas horas después daría inicio el rito que Adam había proyectado para sí mismo y al que tantas veces había asistido —como otros niños, en otros lugares, se crían yendo al fútbol los domingos o de senderismo los sábados—: su cuerpo siendo lavado, amortajado y velado en el salón de la casa familiar, el torrente de hombres y niños discurriendo por las callejuelas transformadas todas en un cortejo fúnebre, los allahu akbar convertidos en un rugir colectivo desembocando en el cementerio, los escapularios con los rostros de otros niños y muchachos muertos golpeando el pecho, tan cerca del corazón, de quienes se empujan para abrir la zanja a paladas.

Una escena que lleva repitiéndose, generación tras generación, desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Con dos diferencias. Antes, los chicos morían jugando a combatir a las fuerzas ocupantes sintiendo que contribuían así a la liberación de su tierra; ahora, con el genocidio de Gaza en curso y la violencia descontrolada de los colonos y de los soldados israelíes, la única forma de dar sentido a sus vidas entre tanta desesperanza es siendo asesinados por los responsables de su cautiverio.

***

—En los últimos años, los niños y niñas de Cisjordania han visto cómo han asesinado a más de 1.000 personas que eran padres, madres, amigos, vecinos. Además, son testigos de los ataques diarios de los colonos, los arrestos, los desplazamientos masivos, la destrucción de sus hogares. Y también ven y viven lo que está ocurriendo en Gaza como una amenaza existencial añadida. Se han dado cuenta de que si nadie lo ha parado en estos años, ¿por qué lo iban a hacer si ocurriese en Cisjordania?

Samah Jabr es una psiquiatra y psicoterapeuta palestina reconocida internacionalmente por su especialización en trauma colonial. En sus casi tres décadas de experiencia, ha combinado su trabajo terapéutico en el sistema público y privado de salud de los territorios ocupados con oenegés como Médicos Sin Fronteras, ha sido jefa de la Unidad de Servicios de Salud Mental del Ministerio de Salud de Palestina y docente en universidades como la George Washington de Estados Unidos.

—Los niños revelan cosas en la terapia de las que no pueden hablar. A mi clínica acuden niños y adolescentes con cambios drásticos en su comportamiento alimentario. Pareciera que sufren anorexia nerviosa pero no lo es, porque no tienen ningún problema con su imagen física. No comen porque les preocupa la hambruna instrumentalizada que se está aplicando en Gaza. También he conocido a adolescentes y niños con graves problemas somáticos por la detención de un hermano o un padre. Y aun así, se sienten culpables de hablar de su sufrimiento cuando en Gaza están padeciendo uno mucho más urgente y severo. Los niños y niñas palestinos viven con una amenaza existencial y una ansiedad anticipada por el futuro —explica la doctora Jabr, quien nunca escatima tiempo para atender a los periodistas, conocedora de la importancia que tiene el relato mediático occidental en las políticas de ocupación israelíes.Autora del libro Tras los frentes, su experiencia y conocimiento guiarán esta crónica, que nació en un viaje que hice a Cisjordania y Jerusalén en 2024. Fue entonces cuando conocí el fenómeno de los niños que, como Adam Ayyad, graban su mensaje postmortem para que se difunda en las redes sociales cuando sean asesinados por las tropas israelíes. Volví en 2025 para investigar en profundidad las consecuencias de todas estas violencias en la salud mental de la infancia palestina. Porque hay muchas formas de matar, pero inundarlo todo de una desesperanza que induzca a una suerte de suicidio a los niños y niñas quizá sea una de las más perversas.

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—Por las noches, intentaba encerrar a Adam para que no saliera. Pero como estoy divorciada, me engañaba diciéndome que iba a dormir con su padre. Yo sabía que esto podía pasar. Las madres aquí vivimos temiendo que esto ocurra algún día. Los niños aquí crecen sabiendo que no tienen futuro. Y ahora, con lo de Gaza…

Wafa Ayad señala uno de los grafitis que recuerda a su hijo en el campo de personas refugiadas de Dheisheh, al que llegaron huyendo sus abuelos y en el que nacieron su madre, ella y su hijo único. Junto al rostro sonriente de Adam aparecen los de otros cinco niños que sumaron sus nombres a la larga, larguísima, lista de asesinados por las fuerzas de ocupación.

Wafa viste un blusón con un tigre en la espalda que parece avanzar tras ella, con pasos cautelosos, por los angostos callejones de este poblado en el que los chavales con amor por la pintura se vuelven grafiteros para honrar a sus muertos en los muros. Es rara la familia palestina que no tiene un mártir, como llaman a los asesinados por los ocupantes israelíes. No hay kilómetros suficientes de hormigón para retratarlos a todos, pese a vivir encerrados por el muro construido por Israel.

Wafa se detiene frente a una panadería para señalar la fotografía, colocada junto al mostrador, de un joven risueño que mira a cámara.

—Adam lo conocía desde pequeño. Cuando lo mataron, empezó a decir que quería ser como él.

La madre evidencia así la epidemia que ha contagiado la ocupación y que el genocidio de Gaza ha terminado de extender como una maldición siniestra: ante la asfixiante falta de futuro, cada vez más niños y adolescentes palestinos solo ven una salida para darle sentido a su vida: morir defendiendo su derecho a vivir.

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Desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, que acabaron con la vida de más de 1.200 personas, y de la campaña genocida lanzada inmediatamente después por Israel en la Franja de Gaza, los niños, niñas y adolescentes de Cisjordania han visto y sufrido cómo la ocupación se ha exacerbado y multiplicado hasta anegarlo todo. Cada vez se sienten más cercados, asfixiados y sitiados por cielo, mar y tierra.

Sadeel Mahmoud Abu Al-Kamel es una adolescente de 16 años y ya ha perdido su hogar, el que levantaron sus tatarabuelos tras perderlo todo creyendo que sería algo temporal. La política de tierra quemada del Gobierno de Netanyahu ha alcanzado, en el último año, a los campos de personas refugiadas de Jenin, Tulkarem y Nur Shams. Escudándose en que eran los bastiones de la resistencia armada palestina, el Ejecutivo israelí ha prometido que sobre los escombros de lo que fueron los hogares de más de 44.000 personas construirá carreteras de uso exclusivo israelí para comunicar los asentamientos ilegales. Ha bautizado este proyecto, que sigue en marcha, como Operación Muro de Hierro.

—Después de tres días negándonos a abandonar nuestras casas mientras nos bombardeaban, de noche, a las cuatro de la mañana, empezamos a salir en fila del campamento. Nos disparaban incluso en ese momento. Nos tiramos al suelo. La gente gritaba buscando a sus hijos. Desde entonces, vivimos fingiendo que seguimos bien, que estamos contentos, pero hay una tristeza en nuestros corazones… No conseguimos superarla.

Sadeel envejece cuando los recuerdos recientes le nublan el rostro; se aniña cuando se esfuerza por sacudirse la oscuridad. Como el resto de sus vecinos, pasó semanas vagando junto a sus padres y hermanos de casa de familiares a casa de conocidos hasta que consiguieron alquilar una habitación a las afueras de Jenin. Esta ciudad de 57.000 habitantes, situada en el norte de Cisjordania, se esfuerza por acoger a buena parte de los 17.000 que vivían en un campo de refugiados cuyos restos, inevitablemente, recuerdan a las imágenes que siguen llegando de Gaza. Los mismos surcos de tierra y hormigón retorcidos por los tanques-excavadoras donde antes hubo carreteras asfaltadas, las mismas cuencas secas donde antes hubo alcantarillado, los mismos drones quebrando los nervios de quienes intentan acercarse para convencer a los soldados israelíes de que les permitan recuperar alguna de sus pertenencias.

—Hace mucho que dejé de poder ver las imágenes de Gaza, los niños muertos bajo los escombros, los niños llorando junto a sus padres muertos. Psicológicamente, estamos destruidos. De hecho, me sorprende que los niños de aquí sigamos vivos después de haber visto determinadas cosas en edades en las que deberíamos estar jugando con muñecos. Pero claro, los que viven en Gaza, los que han perdido a familias enteras, ¿cómo van a olvidar? ¿Cómo van a seguir viviendo? —se pregunta Sadeel antes de quedarse en silencio.

Los niños y adultos palestinos a menudo responden con preguntas retóricas porque, paradójicamente, es la fórmula más eficaz para arrojar lógica ante la sinrazón. Sadeel, además, puede poner palabras a sus pensamientos gracias al acompañamiento de las maestras y psicólogas que intentan atender, de manera altruista, a los miles de niños y adolescentes desplazados por la destrucción de los campos. Lo hacen en un colegio de Jenin que, ante la falta de espacio para escolarizarlos, tiene sus aulas abiertas por las tardes y en vacaciones para que reciban clases de apoyo.

En cualquier caso, Sadeel duda de que pueda retomar sus estudios. En 2008, un cuarto del PIB de Cisjordania y Jerusalén Este provenía de las donaciones y subvenciones internacionales. En 2022, era un 1,8 por ciento. Palestina había dejado de ser prioritaria para la cooperación internacional. Desde entonces, Israel también ha lanzado una ofensiva contra las oenegés que trabajan en los territorios ocupados, creando todo tipo de barreras administrativas para torpedear su trabajo y, en muchos casos, hasta les ha prohibido recibir fondos del extranjero.

—Cuando nos vimos forzados a abandonar el campo, las fuerzas especiales nos disparaban, los drones nos disparaban. Yo intentaba caminar lentamente. Me quería convertir en una mártir, que me mataran como a los luchadores que dan la vida por nosotros.

Sadeel viste gabardina y vaqueros de pitillo negros. Se ha criado entre los milicianos de la resistencia armada palestina, que ha sufrido cientos de bajas desde que Israel respondiese a los ataques de octubre de 2023 con continuas batidas de ejecuciones extrajudiciales y bombardeos con drones. En las paredes de ciudades como Jenin, Nablus o Hebrón los retratos de los asesinados recientemente se superponen a los caídos semanas atrás.

Sentada a su lado, su amiga Razan Ahmad Bani Ghura, de 14 años, no puede contenerse e interviene:

—El sonido de los drones es… Está siempre ahí. Todos los niños en el campamento tenían miedo de su sonido, nos poníamos nerviosos. Después nos acostumbramos porque era permanente.

Retiene la siguiente frase unos segundos. Continúa:

—Los niños palestinos no podemos saber si viviremos en el futuro o si moriremos por la ocupación. Así que soñamos con llegar a ser mayores.

Harían falta varios tratados de psicología y cientos de reportajes periodísticos para desarrollar todo lo que abarcan, entrañan, exponen estas dos frases, cuyo origen estuvo en la necesidad de Razan de explicar el impacto que ha tenido en sus vidas la irrupción de los drones, una de las armas más eficaces para la ocupación israelí. Además de bombardear y disparar sin poner en riesgo las vidas de los soldados, el Ejército israelí los emplea para vigilar, controlar y sembrar el terror entre sus víctimas. Se trata, pues, de un instrumento de tortura, como nos repiten todos los entrevistados y como he podido comprobar yo misma tanto en Jenin como en la ciudad vieja de Nablus: una herramienta de guerra psicológica que solo con su martilleo metálico transmite un sentimiento de amenaza inmediata que, a la larga, provoca un estado de alerta permanente, de ansiedad anticipatoria, de estrés y miedo crónicos que, su vez, agrava el trauma colectivo de los palestinos. Los drones israelíes vuelan a poca altura, entran en las viviendas por las ventanas e incluso emiten sonidos como llantos, sirenas de ambulancia o niños pidiendo auxilio. También los emplean como altavoces para transmitir amenazas y órdenes concretas.

Como contamos en 5W, antes de que fuesen derruidas, las callejuelas de los campos de Jenin y Tulkarem estaban cubiertas con mallas negras de plástico para dificultar el espionaje y los ataques de los drones israelíes. Rayos de sol entraban por los agujeros abiertos por los disparos y, a menudo, las tropas israelíes las quemaban durante sus invasiones, lo cual incluso provocó incendios en las viviendas aledañas.

—Hace un mes, un hombre volvió al campo para ver si su casa seguía en pie. Lo mataron delante de su esposa. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cómo se lo puedo explicar para que se entienda? —implora Sadeel; una pregunta que, sin pretender ser retórica, debería serlo tras décadas pidiéndoles a los palestinos, generación tras generación, que nos expliquen su sufrimiento.

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Maryam Omar Abu Shahadeh acude a la cita con su tía y su hermana y hermano pequeños. Los responsables del centro social de Biet Fureik, la aldea en la que viven cerca de Nablús, les han dejado dulces y juegos en la mesa para hacer más llevadera la entrevista. Resulta inaudita la capacidad de los niños y niñas palestinos de nombrar los derechos que les son vulnerados, identificar a sus responsables, pedir cuentas a los cómplices. Lo primero que nos dice Maryam es que ninguno de ellos ha podido volver a su casa en el monte, donde sus padres cultivaban olivos y ellos disfrutaban jugando más que en ningún otro lugar del mundo.

—Aquel día estábamos montando en bicicleta y vimos que algo se movía entre los árboles. Cuando nos dimos cuenta de que eran ellos, mis hermanos mayores salieron corriendo. Yo también quería huir, pero mi hermano pequeño aún no puede correr bien, así que me quedé para ayudarlo. Me cogieron y me ataron a un árbol. Mi hermano lloraba sentado a mi lado y ellos se reían de él.

Maryam sabe que eran colonos porque hacía meses que habían colocado cerca de su casa un puesto de avanzadilla para construir un nuevo asentamiento ilegal. Además, explica, los reconoció por su aspecto —ropa clara, tirabuzones y los cordones por encima del pantalón que usan los judíos ultraortodoxos—. Su hermano y primos mayores corrieron en busca de su padre, mientras los medianos gritaban a los hombres armados que la soltasen. Huyeron antes de que llegase el progenitor.

—Yo no tenía miedo, pero temía por mi hermano, porque se ceban con los pequeños. Pero no me podía mover ni hablar. No era capaz de reaccionar. Cuando llegó mi padre, me desató, me limpió. Yo tenía las manos rojas. Cuando me llevó a casa, mi madre quiso llevarme al médico porque le daba miedo que me hubieran hecho algo —sigue explicando, con las manos metidas entre las piernas.

Maryam dice que durante un tiempo “pensaba en ello noche y día, no podía parar”, pero que ahora siente que “es algo que ocurrió y ya pasó”.  Y añade: “Cuando el Ejército entra en nuestra casa, nos esforzamos por pensar en positivo” porque lo importante, subraya, “es estar en un sitio seguro”. Pero eso es algo que en Palestina ya no existe.

Por ello, la doctora Jabr insiste en que el trauma colectivo que sufre el pueblo palestino debe tratarse, también, colectivamente.

—No podemos someter a cada palestino a terapia. Queremos que la gente se reúna y hable sobre el daño que les han infligido como grupo. Organizamos intervenciones en las que, por ejemplo, usamos la metáfora de volar para trascender el dolor. Los niños se reúnen, escriben mensajes en papeles en blanco, hacen con ellos cometas y las vuelan. Y cuando terminan, les preguntamos: ¿Qué mensaje querías transmitir con la cometa? ¿Cuál era el mensaje que esperabas recibir? ¿A quién querrías enviar esta cometa? ¿Con quién querrías conectar a través de ella? Y sin presionarlos ni dirigirlos, los niños empiezan a hablar sobre el dolor, el miedo, la pérdida, la separación y la añoranza de las personas que desaparecieron de sus vidas. En la cultura palestina tenemos muchas historias sobre cometas, sobre el profeta que sobrevoló Jerusalén, sobre la ascensión de Jesucristo. Usamos símbolos culturales palestinos para ayudarlos a nombrar.

Pero no basta con afrontar las consecuencias, recuerda la doctora Jabr, sino que hay que ir al origen. 

—Por eso, tenemos un enfoque crítico basado en los derechos humanos y en la justicia, elementos que no podemos ignorar en el campo de la salud mental.

*Dibujos realizados por niños y niñas supervivientes de la violencia de la ocupación israelí recogidos en el libro editado por Aida Youth Center, Volunteers for Palestine y Humanity Calling, tres organizaciones que les prestan acompañamiento psicosocial en Cisjordania.

Los padres de Ammar apenas recuerdan cómo era la vida antes de que tuvieran que destinar buena parte de su energía a salir de su soliloquio interno para levantarse de la cama, saludar a quienes les visitan para darles el pésame, preguntar por sus familiares, escucharlos con amabilidad, rechazar con educación probar bocado, llegar al día siguiente sin haber pegado ojo y volver a empezar. Dejaron de saberlo apenas dos semanas antes de nuestro encuentro, cuando un par de soldados asesinaron a su hijo de 12 años mientras paseaba por los alrededores de su aldea. La autopsia confirmó que le dispararon por la espalda, cuando huía corriendo, como contó el amigo que lo acompañaba, después de que salieran de los arbustos tras los que se escondían. Otra bala le atravesó la rodilla, una técnica habitual del Ejército israelí para dejar multitud de palestinos con una discapacidad, dependientes, empobrecidos y deprimidos.
 
Pocos minutos después del ataque, todo el pueblo sabía que Ammar se desangraba sin que sus captores permitiesen a los familiares ni a los paramédicos auxiliarlo. Como en el caso de Adam, esperaron a que ya fuese un cadáver. Su madre y su padre fueron testigos de ello.
 
—Nos decían que si nos acercábamos, dispararían contra nosotros. Son salvajes. La ocupación no distingue entre niño, adulto o anciano: matan sin distinguir a quién tienen delante. Son terroristas. ¿Qué vida es esta en la que no tienes seguridad ni para salir a la puerta de tu casa? Cuando salen nuestros hijos a la calle, los llamamos cincuenta veces para que vuelvan y no nos quedamos tranquilos hasta que ponen la cabeza en la almohada. [Los soldados] entran en las casas, las destrozan, nos roban. Ya no importa si “atentas contra su seguridad”, como ellos dicen, o no. Lo único importante es que somos palestinos. Y su única política es aplastarnos por completo.

Fida Hamayel recuerda lo ocurrido sentada en una esquina del sofá; en la otra, escucha su marido; en el centro, el retrato a gran tamaño de su hijo. Todo a su alrededor está recién estrenado. Se habían mudado a la casa de sus sueños apenas unos días antes del asesinato de Hammad. Es un chalet de dos plantas construido con la piedra caliza blanca que ha enriquecido, durante siglos, a las familias de esta zona del centro de Cisjordania. Canteras dedicadas, sobre todo, a la exportación de la llamada meleke o piedra de Jerusalén a países del entorno, del Golfo e incluso a Europa y Estados Unidos. Pero también las emplean para construir las mansiones en las que viven sus dueños y las segundas residencias de quienes migraron a Estados Unidos y Latinoamérica, y de quienes se marcharon buscando paz y terminaron volviendo porque no querían dar por perdida su tierra.
 
Como el padre de Ameer Abdul-Aziz, quien tras más de una década trabajando y viviendo en Miami, decidió volver a su pueblo y seguir con el negocio familiar. Ahora, sentado en un sofá de cuero blanco, rodeado de muebles de estilo Luis XVI del mismo color que se reflejan en los suelos pulidos de mármol, le cuesta creer que su hijo haya estado a punto de acabar como su amigo Ammar. Y, además, que eso sucediera durante su entierro.
 
Aquel día, como la inmensa mayoría de los hombres y niños del pueblo, Ameer velaba a su amigo cuando los teléfonos de los asistentes empezaron a sonar. De los terminales salían gritos pidiendo ayuda. Un grupo de colonos encapuchados estaban incendiando coches y casas con familias enteras dentro. Todos salieron en su auxilio y cuando llegaron se les habían unido docenas de soldados israelíes que, en lugar de reprimir a los asaltantes, los protegieron disparando contra los palestinos que intentaban apagar las llamas y rescatar a las mujeres y niños. Dos hombres murieron en el momento y una quincena de adultos y menores resultaron heridos. Entre ellos, Ameer.
Con el brazo en cabestrillo, el adolescente se esfuerza por mantener la entereza describiendo con claridad el momento de los disparos, el fuego clavado en el brazo, los gritos, los bisturíes, la vuelta a casa. Y lo consigue hasta que recuerda a su amigo asesinado.
Palestina está llena de generaciones de hombres que, siendo niños, se vieron obligados a sustituir las bromas, la bicicleta, el balón, el escondite, por interpretar a adultos impermeables al dolor. Uno de ellos es su padre. Como en un futuro lo será su hijo. El adulto dice que sabe que en cualquier momento pueden estar todos como en Gaza, viviendo en tiendas de campaña, muriéndose de hambre, muertos bajo los escombros. Ante la pregunta de si ha pensado en volver a irse de Palestina, no duda ni un segundo:
—¿A dónde vamos a ir? ¿A Europa? ¿Como los sirios? ¿A pasar miseria? ¿A mendigar? ¿A ser explotados y sentir que en cualquier momento nos pueden deportar? No quiero esa vida para mis hijos. Esta es nuestra tierra, esto es todo lo que hemos conseguido y aquí nos vamos a quedar.

Uno de los aspectos que más ha trabajado la doctora Jabr es el trauma histórico colonial que sufre el pueblo palestino y cómo se transmite a través de las generaciones.

—Los padres y madres traumatizados tienden a sobreproteger o a distanciarse de sus hijos. Aunque no hablen de lo que les sucedió, lo transmiten a través del tipo de apego, lo que modifica la expresión genética. El mismo niño cuyo abuelo fue expulsado de su aldea en 1948 y cuyo padre fue torturado ahora sufre acoso, opresión y humillación. Ha visto demolida la casa de su tío, asesinados compañeros de clase. Es decir, es muy difícil separar lo transgeneracional y la experiencia directa. El trauma colonial abarca todos los aspectos de la vida: el daño psicológico individual, social y político.

Como nos han confesado profesionales de varias organizaciones dedicadas a la salud mental de la infancia palestina, cuyos nombres omitimos por su temor a que una exposición pública acarree nuevas represalias por parte del Estado de Israel, resulta difícil darles razones para vivir cuando a ellos mismos les cuesta encontrarlas. Por eso, la doctora Jabr incide en que hay que partir de una base: “No hay que engañar a los niños, no les vamos a hablar de un futuro esperanzador”.

—La terapia tradicional presupone que las amenazas que han provocado el trauma han terminado, que ahora estamos a salvo y que hay un futuro esperanzador. Estas tres suposiciones no funcionan en Palestina. El trauma es repetitivo, nunca termina y trabajamos en condiciones donde no hay seguridad. A menudo, la terapia requiere mucha reestructuración cognitiva para corregir los sesgos. Pero la evaluación de la realidad de los niños en Palestina es muy precisa, saben lo que sucede y no hay nada que corregir. ¿Qué les decimos entonces? Que no están solos, los acompañamos. Se trata de centrarse en la capacidad de los niños para ayudarlos a encontrar un lenguaje con el que puedan expresar lo que les duele. Porque cuando empiezan a contar su historia, pasan de ser víctimas a testigos de su propia victimización. En este sentido, la pregunta incorrecta es qué te pasa. Lo terapéutico es preguntar cómo afrontas lo que te sucedió y cómo podemos ayudarte.

En los últimos tiempos, la idea de futuro les genera incomodidad, desconcierto o rechazo a muchos niños y niñas palestinos. Es más: a veces, como entrevistadora he sentido que ejercía violencia al preguntarles cómo les gustaría que fuesen sus vidas si nada les impidiese soñar con un horizonte deseable. Dejé de hacerlo después de que me diese cuenta de que los más pequeños se esfuerzan y hablan de estudios, de profesiones, incluso de las familias que les gustaría formar. Los preadolescentes y adolescentes, que conocen ya más facetas de la violencia, suelen chistear —ese gesto tan árabe que se podría traducir por un ¿qué me estás contando?—; otros responden con la socorrida fórmula de la pregunta retórica; otros, lo perciben como una mosca molesta a la que solo cabe apartar de un manotazo sin mayor explicación; y otros se lo toman como una ingenuidad propia de quienes venimos de lugares donde esa pregunta tiene algún sentido, donde los niños y niñas aún pueden jugar a construir castillos en el aire.

Esa última fue la reacción de Mohamed, un chico de 15 años cuya identidad verdadera prefiere preservar. Un jefe de las fuerzas especiales le repite, a menudo, a él y a sus padres las ganas que tiene de volver a encarcelarlo. Sería su cuarta vez. Mohamed tiene asumido que lo conseguirá más pronto que tarde.

—Una vez que entras en prisión ya sabes que nunca volverás a ser libre realmente. Se inventan todo tipo de excusas para detenerte una y otra vez. Como me ocurre a mí —dice, antes de preguntar con escepticismo si hacer la entrevista ayudará de alguna manera a los otros presos.

—Un día, los de la Cruz Roja vinieron a la cárcel. Nos dijeron que si hablábamos con ellos iban a mejorar las condiciones, que nos iban a traer cosas. Juro por Dios que no había pasado ni una hora desde que se habían ido cuando los soldados ya estaban golpeándonos sin parar. 

Mohamed lo cuenta a borbotones, antes de que pueda responderle. Era otra pregunta retórica. Y aun así, a sabiendas de que compartir lo vivido no servirá para nada, lo cuenta, como lo cuenta la mayoría de los palestinos y palestinas, visita tras visita de periodistas, porque hay una necesidad humana de poner palabras a lo que no las tiene, a lo que nunca debería haber ocurrido, a lo que jamás debería quedar impune, a lo que nadie debería permitir que vuelva a ocurrir.

—Pegan a los presos continuamente y por todo. Una vez, uno que estaba enfermo se desmayó. Vinieron seis médicos. Lo rodearon y empezaron a darle patadas en la cara. Era compañero de celda. Se despertó por la paliza y le dijeron: “Listo, ya te hemos curado”. Juro por Dios que allí no hay medicinas, solo palos y escudos para pegarnos.

Hablamos con el chaval en el sótano de un local público. Queremos evitar que el Ejército israelí, o que alguno de sus informantes, sepan que lo hemos entrevistado. Tiene parte de la mano mutilada. Dice que la perdió por un balazo cuando tiraba piedras a las torretas del muro que divide Cisjordania de Jerusalén Este y del resto de la Palestina ocupada.

Antes del 7 de octubre de 2023, Israel encarcelaba una media de entre 500 y 700 niños al año. La mayoría, bajo la llamada detención administrativa, un eufemismo sin validez legal internacional que se traduce en la privación de libertad de manera arbitraria, sin garantías ni juicio. Una práctica ilegal denunciada durante décadas por organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales. Antes y ahora, a los niños se les desnuda para registrarlos, no cuentan con traductores que les expliquen qué va a ser de ellos, sus abogados pueden tardar semanas o meses en ser designados, son encerrados con adultos, sin apenas comida ni posibilidades de mantener la higiene. Desde el comienzo del genocidio en Gaza, las detenciones de menores se han multiplicado, el hacinamiento se ha sistematizado, el aislamiento se ha normalizado, y el hambre, las violaciones y la falta de salubridad se emplean como tortura, tal y como ha documentado la oenegé israelí Physicians for Human Rights. Al menos un menor ha muerto en prisión desde 2023.

—Antes [del 7 de octubre] éramos seis como máximo en las celdas. Ahora somos once, dormimos en el suelo, pisándonos al caminar. No nos dan ropa para cambiarnos, así que nos duchamos y nos la tenemos que volver a poner. La suciedad atrae a los insectos. Sufrimos una especie de sarna —explica con ansiedad Mohamed.

Antes de comenzar la entrevista, coincidimos en el local con un treintañero que acaba de ser puesto en libertad. Tenemos una amiga común que nos acompaña. Le cuesta reconocerlo. Ha perdido más de 20 kilos. Como es habitual entre los palestinos, aligeran el peso de la desgracia bromeando. Él insiste en que ella ha tenido suerte de no habérselo encontrado el día que llegó con una barba de meses. A menudo, los carceleros no permiten afeitarse a los presos como otra forma de control, para agravar la degradación de su imagen y provocar un mayor impacto en sus familiares cuando son liberados.

—La comida está tan asquerosa que aunque te mueras de hambre, prefieres no comerla. Al mediodía, nos daban un vasito de café con arroz crudo y un trozo de pollo medio congelado y sangriento.

Mohamed relata cómo lo único comestible era el queso y la mermelada que les reparten por las mañanas. Los compañeros de celda los mezclaban con agua para que cundiera para todos con el pan duro y mohoso que les daban.

Durante el presidio, ni los adultos ni los menores tienen derecho a recibir visitas de sus familiares en prisión. A sus abogados, designados por Israel, a menudo solo los ven si se celebra el juicio, algo que a veces tarda meses o años y que muy a menudo nunca tiene lugar. Por ello, muchos palestinos interpretaron los ataques del 7 de octubre como una oportunidad para volver a ver a sus seres queridos, también secuestrados, en caso de producirse un eventual intercambio de presos. Pensaron incluso que por fin podrían recuperar los cadáveres de los familiares que Israel retiene durante años y décadas —incluso enterrados en fosas comunes— para usarlos en sus negociaciones a cambio de rehenes israelíes.

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—Uno de los trabajos que tenemos que hacer con los niños que han sido encarcelados es ayudarlos a que reconstruyan su confianza en la comunidad. Durante los interrogatorios, les dicen que les han denunciado sus amigos, sus primos, sus compañeros de clase —explica la doctora Jabr—. Pierden la confianza en la autoridad de sus padres, madres y de los otros adultos que no pudieron evitar su detención, como los maestros que vieron cómo se los llevaron de las escuelas. Les ayudamos a reintegrarse en la escuela porque si estuvieron mucho tiempo en prisión, tienen que repetir curso, y porque esa experiencia traumática interrumpe su capacidad de atención y concentración. También es habitual la “parentalización”: niños que tienen que asumir las responsabilidades de los adultos, ya sea porque han sido encarcelados, porque han sufrido amputaciones, porque no pueden ser funcionales por su sufrimiento o porque fueron asesinados.

Niños y niñas intentando consolar a sus padres y madres durante los entierros, transmitir tranquilidad durante los puestos de control, conteniendo el llanto durante los allanamientos de las casas… Escenas de inversión de roles que se han convertido a lo largo de las décadas en símbolos de Palestina.

Pero Ibrahim es demasiado pequeño aún para eso.

Cuando el perro se abalanzó sobre él y clavó la dentadura en su muslo, él aún dormía. Eran las seis y media de la mañana del 4 de febrero de 2024. Su madre se había levantado alertada por el ruido en las escaleras y sus hijas la siguieron pensando que ya era la hora de ir al colegio. Las fuerzas especiales, que cada dos por tres habían invadido el campo de personas refugiadas de Balata, en la ciudad de Nablús, abrieron la puerta de la vivienda, ordenaron entrar al perro y la cerraron. La madre tiraba del perro con toda su fuerza, pero no soltaba a su presa. Órdenes en hebreo salían del altavoz que este llevaba atado al collar. El niño seguía sin emitir ni un solo sonido. Finalmente, los soldados entraron y se llevaron al perro, al niño y a la madre.

—Alguien cogió a Ibrahim y cuando me lo devolvieron en una manta térmica pensaba que estaba muerto. No hablaba, estaba ido. [Los soldados] me gritaron que tenía que irme corriendo a la ambulancia, pero cuando empecé a correr hacia ella con mi otro hijo también al lado, comenzaron a dispararnos y tuvimos que volver al portal. Los mismos soldados que nos habían dicho que nos fuéramos nos gritaban que qué hacíamos de vuelta. Finalmente, nos dejaron llegar a la ambulancia. 

Amani Hashash sostiene a su niño sobre las rodillas, lo envuelve entre sus brazos. Ibrahim responde a las preguntas con sonrisas y es su madre la que responde por él. Pesa y mide menos de lo que debería para su edad. Su madre dice que desde el ataque apenas come y que dejó de crecer.

—Cuando llegamos al hospital no querían dejarme ver sus heridas. Les ordené que me las enseñaran, que en mi vida ya lo había visto todo. Pero cuando las vi no podía dejar de gritar. 

Sobre el pecho de Amani pende un medallón con el rostro de uno de sus hijos, muerto a manos de soldados israelíes. Tiene otro en prisión. Lo entregó ella misma a las fuerzas de ocupación.

—Le dije que no quería enterrar a otro hijo. Y que, si me quería, me iba a acompañar al puesto de control donde había quedado con el jefe del Ejército de la zona. Cuando llegamos y nos despedimos, sentí alivio porque pensé que al menos seguiría vivo.

Amani es un bloque de dolor tan prieto y aleado que podría sostener el peso del mundo. Quizá ya lo sostiene. Posiblemente el mundo se sostenga sobre las Amani del mundo.

Mientras, Ibrahim la escucha como si no lo hiciera.

—Ibrahim ya no quiere salir a la calle. Antes [del ataque] lo enviaba a hacer compras solo, jugaba con sus amigos. Ahora no puede separarse de mí. Oye cualquier ruido o un ladrido y se pone a temblar.

Como a Ibrahim, también le da miedo salir a la calle a Sidra, de ocho años, quien sintió el calor del puntero del láser del fusil en su cabeza justo antes de que un soldado israelí le disparase cuando jugaba con su prima en la puerta de su casa en la aldea de Anza, cerca de Jenin; y a Mohamed, un niño con discapacidad cognitiva al que los soldados esposaron con bridas y mantuvieron tirado en el suelo mientras lo vejaban y amenazaban cuando se dirigía al hospital de Jenin para visitar a su madre; o Ahmad, un niño de seis años de Gaza que acudió a Ramala junto a sus padres, días antes de que comenzase el genocidio de Gaza, para recibir un tratamiento para la distrofia muscular congénita de Ullrich que sufre y al que Israel no le permite volver junto a sus hermanos ni a estos trasladarse a Cisjordania. Niños, niñas y adolescentes a los que el Estado de Israel ha secuestrado con su amenaza constante de muerte; criaturas a los que el Gobierno y la mayoría de los medios de comunicación israelíes se empeñan en llamar ‘menores’ para arrebatarles cualquier rasgo de humanidad, para que nadie pueda sentir por ellos ningún tipo de empatía, para que quienes hacen posible tanta infamia olviden que están librando una guerra contra niños y niñas.

—Lo que estamos sufriendo los palestinos es mucha maldad y la mejor terapia para eso no son las intervenciones psicoterapéuticas más sofisticadas. La mejor terapia para la maldad es la bondad humana. Sabemos que los gobiernos extranjeros no nos consideran humanos. Por eso no nos aplican la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sabemos que el derecho internacional es una mentira. Pero si los palestinos no nos hemos radicalizado, si no nos hemos vuelto agresivos hacia el mundo, es porque vemos la diferencia entre los gobiernos y los movimientos populares. La solidaridad es terapéutica. Y el movimiento de solidaridad global con Palestina mantiene nuestra conexión con la humanidad.  

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Una columna de jeeps irrumpe en la cima del monte. Descienden soldados, hombres, mujeres, niños. Se dispersan como hormigas, inspeccionan el terreno, señalan hacia donde nos encontramos, se reúnen en torno a una bandera israelí, la más grande de la decena que ondean a lo largo del horizonte. Abajo, un grupo de niños y niñas juega a la sombra del único árbol que hay en varios cientos de metros alrededor. A su lado, sus padres, madres tíos, tías, primas. Son lo que quedan de la comunidad beduina Wadi al Qilt, al este de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada. Estaba compuesta por 25 familias. Ahora apenas quedan tres o cuatro tras los continuos ataques de los colonos y del Ejército israelí. Según la oenegé especializada en el pueblo beduino Al-Baydar Center for Human Rights, desde octubre de 2023 las tropas israelíes y los colonos han expulsado de sus tierras a 72 de las 150 comunidades existentes. Las mismas que habían levantado en medio del desierto del Sinaí después de que las milicias sionistas les obligasen a huir de sus tierras en 1948. Allí tuvieron que reconstruir su forma de vida, tradicionalmente dedicada al pastoreo, al comercio y a la agricultura de subsistencia. Son la población más pobre entre los palestinos y la más asediada por los colonos.

—La última vez [que me atacaron], vinieron hacia mí, en la montaña, con palos, con M16 al hombro y con perros. Empezaron a golpearme mientras me gritaban: “¡Vete de aquí!”. Uno me miraba y se reía. Juro que me miraba y se reía. Nos gritaron que no saliéramos de la casa. Ya no salimos para nada.

Omar tiene quince años y no quiere ser fotografiado ni dar su nombre por miedo a nuevas represalias. Insiste en que son tantos los ataques, las vejaciones, las amenazas, que no sabe por dónde empezar, cómo organizar su discurso. Pero lo hace. De manera precisa y reveladora.

—No nos dejan en paz, vienen a diario a causarnos problemas. Una vez golpearon a mi primo, es algo normal para ellos. Otra, nos robaron los coches que teníamos. Otra, más de 200 ovejas. Vienen niños pequeños a nuestra comunidad a insultarnos. Si les decimos algo, vuelven con el Ejército. Tiran trozos de pan envenenado. ¿Y si lo coge un niño pequeño y se lo come?

A unas decenas de metros de la caseta metálica en la que vive, permanecen los restos de lo que fue su comunidad, sus casas, los establos. Todo ha vuelto a ser derruido por una excavadora. Durante los últimos quince años, el Gobierno israelí ha ordenado su demolición tantas veces como ellos la han reconstruido. Pero ya no tienen dinero ni energía para volver a hacerlo.

—Ayer mismo vino un jefe del Ejército a decirnos que tenemos prohibido volver, que si lo hacemos volvería por la noche con los colonos para quemarnos. Cuando huimos, las oenegés nos dicen que volvamos, la Autoridad Palestina nos dice que no podemos vivir allí, que tenemos que resistir aquí. Pero nosotros resistimos y vienen estos colonos y nos desplazan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir al espacio?

Alrededor hay colinas del desierto blanco y nadie que los proteja de los cada vez más recurrentes asaltos armados.

—No sabemos qué hacer. Son tantas las preocupaciones que hay cosas que se olvidan. Ellos vienen sin ningún motivo, nos atacan y nos dejan tirados en cualquier lado. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho?

Cuando Omar dice “ellos” se refiere tanto a los colonos como a los soldados israelíes. A menudo actúan conjuntamente, cada vez cuesta más distinguirlos por su apariencia y por su modo de actuar y, además, cada vez hay más soldados colonos sembrando el caos en los territorios ocupados palestinos.

—¿Vida futura? No hay de eso para nosotros. Este es nuestro futuro. No lo hay.
Omar mira alrededor, responde incómodo, pero sin preguntas retóricas. Fue la última vez que pregunté a un niño o niña palestino por el futuro. Mientras el sol se ponía, la columna de jeeps de los colonos emprendía su camino de vuelta.

Este reportaje ha sido realizado en colaboración con la ONGD Mundubat y ha sido cofinanciado por la Unión Europea y por la ACCD‑Generalitat de Catalunya a través del programa Connect for Global Change de Lafede.cat. Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

Hace poco más de un mes, el Parlamento Europeo aprobaba el Reglamento de Retorno, una normativa que permitirá a la Unión Europea crear centros de deportación fuera de sus fronteras, detener migrantes durante hasta 30 meses con pulseras electrónicas de seguimiento y autorizar redadas en domicilios privados con el objetivo de ejecutar el 100% de las órdenes de expulsión. Casi simultáneamente, en Cataluña, el Departamento de Interior anunciaba una propuesta piloto: desplegar Mossos d’Esquadra de paisano en institutos catalogados como centros de “alta complejidad”, coordinados con equipos directivos para “prevenir conflictos” antes de que escalen.

Ninguna de estas iniciativas lleva el nombre de “ICE europea” ni cita a Estados Unidos. Ambas vienen envueltas en lenguaje administrativo: eficiencia en deportaciones, prevención en espacios educativos, seguridad ciudadana. Pero cuando se mira la lógica que subyace, la mecánica es idéntica a la que lleva años operando al otro lado del Atlántico: vigilancia sobre las personas racializadas, criminalización de la movilidad y de la juventud, externalización de responsabilidades, normalización de la coerción a través de procedimientos que se presentan como técnicos.

El problema no es la intención. Probablemente nadie en las mesas donde se votó el Reglamento pensaba: “Vamos a copiar el modelo represivo estadounidense”. Probablemente los funcionarios catalanes que diseñaron esta medida creían genuinamente que estaban previniendo problemas. El problema es más profundo: es que Europa está construyendo el mismo andamiaje que el ICE ha construido, pero con una ventaja que Estados Unidos tardó décadas en lograr. Ya tiene legitimidad legal.

En Estados Unidos, la presencia de policía en escuelas con alumnado mayoritariamente negro e hispano generó lo que se conoce como el “school-to-prison”: el alumnado de orígenes étnicos diversos es suspendido, referido a la justicia juvenil y criminalizado en tasas desproporcionadas. Los datos son brutales: mientras el estudiantado negro representaba el 15% del alumnado, constituía el 31% de los arrestos policiales en esos espacios. La mecánica es siempre la misma: donde hay vigilancia intensificada sobre cuerpos que no son blancos, aparecen más “infracciones”; más detenciones, más vidas canalizadas hacia el sistema penal.

Más allá de que los policías sean conscientes de que están ejerciendo racismo institucional, el sistema mismo está diseñado de manera que la intensificación de controles sobre ciertos cuerpos produce exactamente eso: más criminalización de esos cuerpos.

Cataluña no está copiando conscientemente ese modelo. Lo que está haciendo es lo que Europa entera está haciendo: adoptar arquitecturas de vigilancia que ya funcionaron en otros contextos, sin digerir la historia de esos contextos. Cuando estableces que ciertos espacios (escuelas en barrios con alumnado racializado) necesitan “presencia policial preventiva” estás activando exactamente la misma lógica: mayor vigilancia sobre cuerpos específicos, que genera más “problemas” que justifican más control. El hecho de que los Mossos lleven chaqueta de civil en lugar de uniforme no cambia la estructura. Solo la maquilla.

Y aquí es donde la ignorancia funciona de manera peculiar. Cuando una persona [blanca] dice “esto no es Estados Unidos, aquí no pasa lo que allá”, no está siendo necia de mala fe. Está siendo honesta con lo que ve: Estados Unidos tiene redadas brutales, separación de familias, muertes en custodia. Europa tiene procedimientos, regulaciones, legitimidad institucional, y las muertes bajo custodia policial quedan bastante invisibilizadas. Pero esa diferencia de presentación es exactamente lo que permite que suceda lo mismo sin que se nombre como tal. La ingenuidad no es el problema. El problema es que ignorar de dónde se está copiando la maquinaria permite que funcionen sin resistencia.

Cuando digo “Europa se parece a Estados Unidos” no estoy diciendo que sean idénticas. Estoy diciendo que están usando el mismo manual. Y ese manual funciona precisamente porque la mayoría de las personas que lo están ejecutando no saben, o no quieren saber, qué contiene.