“Hoy estoy descalzo y os quejáis porque estoy pisando vuestras hortalizas, pero la próxima vez veréis una grúa que va a destruir toda vuestra producción”. Lo que empezó como una gran oferta ya era —casi— una imposición. Un trabajador de Golden Lead, la fábrica de harina de pescado de Gunjur, tomaba medidas en las tierras de unas campesinas que las habían trabajado desde que tenían uso de razón. Situadas al lado de la factoría, de capital chino, ahora estaban amenazadas. Nadie les preguntó nunca a las mujeres qué les parecía tener una procesadora de pescado cerca: solo supieron de su existencia el día que un operario de la empresa pisó su huerto para decirles que pronto ya no sería suyo.

La de Gunjur es una de las tres fábricas procesadoras que se encuentran en Gambia. Esta pequeña localidad bañada por el Atlántico tuvo en 2015 la primera planta de harina de pescado en el país destinada a la exportación. Fue un proyecto que más tarde se amplió hacia Kartong y Sanyang, los pueblos vecinos. Desde 1991, la acuicultura de China produce más peces de piscifactoría que todos sus competidores juntos, pero para seguir liderando el mercado necesita grandes cantidades de harina de pescado con la que alimentarlos. Todo el engranaje sirve para satisfacer la creciente demanda de pescado en los países ricos: Europa, Estados Unidos y Japón. Gambia, el país más pequeño del África continental, tiene 2,5 millones de habitantes, y sus dos principales exportaciones son la madera y los frutos secos. Con la ayuda de China, el pescado y sus derivados se han convertido en la tercera. La promesa para Gunjur, en 2015, fue la siguiente: a cambio de convertir sus peces en harina para alimentar a otros peces a miles de kilómetros de distancia, recibiría empleo, inversiones y carreteras. China prometió cancelar una pequeña parte de la deuda gambiana y anunció una inversión de unos 30 millones de dólares. 

La presencia de la empresa empezó a notarse pronto. Una mañana de 2017, la reserva natural que colinda con la fábrica amaneció contaminada por vertidos tóxicos: el agua se había vuelto roja y la cantidad de arsénico y nitrógeno superaba con creces los niveles permitidos. Peces y aves flotaban muertos. La catástrofe fue tal que contaminó el agua de la que se abastece la escuela de Kajabang, la más cercana al lugar, que no tuvo más remedio que cerrar durante unos días. Pronto los platos empezarían a vaciarse. Para producir un kilo de harina de pescado son necesarios cinco kilos de pescado fresco. La planta de Gunjur consume 7.500 toneladas al año. Una vez procesada, la harina es exportada a Noruega y China, donde alimentará a salmones y otras especies de piscifactoría. Para nutrir los salmones que se comerán en los países ricos, los precios de este alimento crucial han aumentado en Gambia, donde la mitad de las proteínas que se consumen vienen del pescado. Uno de cada tres gambianos se hallan en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria, según un informe de Greenpeace. Hasta 40 plantas de este tipo se encuentran activas en Mauritania, Senegal y Gambia. En este último país se capturan cada año 65.000 toneladas anuales, y una cantidad creciente se dedica a la exportación y a la transformación en harina, pero los gambianos siguen necesitándolo en sus platos. 

Pero el pescado no es el único afectado por la entrada de empresas como Golden Lead. 

Jarra Touray tiene 65 años y es una de las trabajadoras del huerto que está a unos metros de la fábrica. La más joven del grupo, Mariama Kanteh, tiene 20 años. Hay campesinas de todas las generaciones, pero Touray es la que asume el liderazgo. Su voz se mueve entre el lamento y la indignación, aunque nunca sube el tono. Tanto ella como sus compañeras estaban presentes el día que todo cambió: “De repente llegamos y vimos que el agua estaba roja. Enseguida nos preguntamos si tenía relación con la fábrica. Nos quedamos en shock y sentíamos mucha curiosidad por saber qué estaba pasando, pero no tuvimos más remedio que seguir trabajando nuestros huertos”. Fue entonces cuando la gente de Gunjur empezó a oponerse al proyecto. Ahmed Manjang, un microbiólogo local que trabajaba en Arabia Saudí, fue a los tribunales para parar la expansión. La empresa recibió una multa de 25.000 dólares por provocar vertidos tóxicos y el Ministerio de Medio Ambiente la frenó: una inspección concluyó que las obras superaban los límites territoriales de los acuerdos de la concesión, pero las consecuencias ya estaban ahí, y tras pagar la multa la empresa ha seguido funcionando.

“Cada vez producimos menos”, lamenta Touray. En el huerto cultivan pepinos, cebollas, zanahorias, okra y lechugas. La caída de la producción, unida al aumento del precio del pescado, ha dejado a las mujeres en la precariedad. La expansión que amenazaba al huerto quedó suspendida, pero su futuro se mueve entre la incertidumbre y el miedo: si se reactiva en algún momento, lo perderán todo.

Las agricultoras se enfrentan a un escenario internacional complicado. Con la subida del petróleo, el precio del fertilizante con el que abonan sus cultivos se ha doblado. Por eso han sustituido el que utilizaban por restos orgánicos y arena. Aún no han cosechado sus hortalizas por ese motivo: el nuevo fertilizante, de peor calidad, las obliga a esperar más para poder cosechar. Es la diferencia entre tener o no tener lechugas para vender. El otro elemento es estructural: cada año la Unión Europea subsidia con miles de millones de euros a sus 22 millones de agricultores. En 2019 la cifra fue de 58.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, 29 veces el PIB gambiano. Esto, unido a la retirada de aranceles en los países africanos —recomendada por los países ricos, en ocasiones como condición previa al envío de ayuda al desarrollo — posibilita que los mercados de países como Gambia estén abarrotados de productos subsidiados europeos. En este caso, las cebollas importadas arrinconan a las productoras locales: “No sacan las nuestras al mercado hasta que se han acabado las europeas: muchas veces se acaban pudriendo antes de ser vendidas”, protesta Touray. Si sigue cayendo la producción y subiendo el precio del fertilizante, los productos agrícolas en todos los mercados de Gambia se encarecerán. 

“Yo solo estaba ahí para ganar dinero”

A medida que la actividad de las fábricas ha ido afectando a las poblaciones locales, los choques entre trabajadores y habitantes han ido a más. En Sanyang, a pocos kilómetros de Gunjur, Gibril Ceesay murió tras ser apuñalado por un trabajador de la planta de harina local —también de capital chino— que intentó entrar a robar en su casa. Ceesay tenía 33 años. En Gunjur, la planta de Golden Lead está cerrada a visitas: lo único que se puede ver es a través de un pequeño agujero que hay en la puerta. No son muy amistosos con los extraños, y en algunas ocasiones han llegado a agredirlos, cuenta Mustapha Manneh, un ambientalista y activista local:

—Es triste, pero al final lo hacen para mantener su puesto de trabajo.

—¿Cuánto puede cobrar un trabajador en la fábrica? —le pregunto.

—80 dólares al mes.

Según el Banco Mundial, en Gambia la renta per cápita es de 773 dólares anuales: el sueldo de un médico puede llegar a los 250 dólares al mes; el de un profesor de primaria apenas supera los 100 dólares. Es una historia que se repite: el corto plazo siempre vence. Ante la idea de comer hoy, todo lo demás es superfluo. Es el sueño del capitalismo: no es el patrón el que sale a defender su fábrica, sino que son sus peones quienes, para salvar sus 80 dólares al mes, te molerían a palos sin dudarlo.

Unos metros más allá de la fábrica, una decena de pescadores reparan sus redes agujereadas por el uso diario de un trabajo paciente. Sus manos desgastadas por el paso del tiempo ejercen en silencio. Protegiéndose de un sol de justicia, se sientan en bancos a la sombra, cubiertos por un techo de paja. La mayoría de ellos supera los 60 años. Muchos son serer, un pueblo repartido entre Gambia y Senegal históricamente vinculado a la pesca. “¡Soy pescador desde que tengo uso de razón!”, dice Lamin Jawo. A sus 75 años, Lamin ha vivido la evolución del sector pesquero y todos los vaivenes políticos del país desde su independencia. Gambia, una colonia británica conocida por ser un centro de captación de esclavos, logró su independencia de Londres en 1965. Durante dos décadas estuvo liderada por Dawda Jawara, que mantenía una apariencia democrática —su partido compraba a opositores y controlaba a placer el aparato del Estado para ganar elecciones formalmente libres— en un país establemente pobre. “Durante la época de Jawara había pescado para todo el mundo”, dice Jawo, que lo compara con la situación actual: “Ahora ya no es así”. El motivo es claro entre los pescadores: antes había menos barcos en el agua y el tipo de pesca era artesanal; ahora hay muchos barcos extranjeros y algunos practican la pesca de arrastre, que daña el fondo marino y se lleva peces que ni siquiera se consumen.

“Hay poco pescado: antes podías ir y volver varias veces y conseguir mucho. Ahora tienes que alejarte para perseguir a los peces y quizá no vuelvas hasta el día siguiente”, lamenta Jawo. La subida del precio de la gasolina aumenta los costes de los pescadores. En algunos casos deben irse prácticamente hasta Guinea-Bissau. Mientras las potencias tienen claro qué hacer con los mares africanos, los países de África occidental compiten entre ellos. Son conflictos entre vecinos que, a veces, acaban a tiros: en 2018, la guardia costera de Mauritania mató a un pescador senegalés que había entrado en sus aguas territoriales. Mientras, florecen los acuerdos bilaterales entre la UE y los países de África occidental. Los africanos, además, también conceden licencias a barcos chinos, japoneses y surcoreanos.

La escasez queda reflejada en los precios. El bonga era el pescado más barato en los mercados gambianos, a un precio de 10 dalasi (16 céntimos de euro) por tres unidades. Ahora el precio por esa misma cantidad se ha disparado hasta los 25 o 30 dalasis (50 céntimos de euro). “Muchas personas humildes van al mercado con 100 dalasi. Si quieren comprar seis piezas ya han gastado la mitad del dinero. ¿Qué van a comprar con lo que queda?” se pregunta Mustapha Manneh con indignación. 

Bakary Jammeh ha estado callado todo el rato, observando a los demás pescadores, hasta que decide contarlo: él trabajó para pesqueros extranjeros durante tres años en Las Palmas de Gran Canaria. Entre 1981 y 1984, Jammeh estuvo en buques españoles, japoneses y coreanos que salían a pescar hacia las costas africanas. Cuando volvió a Gambia vio que había menos pescado y que el problema afectaba a toda la región. La pregunta es inevitable.

—Quizá los causantes de la escasez fueron sus antiguos jefes —le digo.

—Yo solo estaba ahí para ganar dinero —dice Jammeh.

La mejor síntesis, de nuevo: el corto plazo invencible, la dictadura del presente, que condena al futuro.

Ibrahima Touray es uno de los que resiste. A sus 39 años, este pescador vende sobre todo al mercado gambiano. La fábrica china paga unos 350 o 400 dalasi (6 euros) por la cesta de pescado, que es un poco más cara (450 dalasi, 7 euros y medio) para los comerciantes locales. La diferencia se debe a que los chinos compran grandes cantidades de golpe, mientras los gambianos lo hacen desde estructuras pequeñas y poco a poco: desde vendedoras en los mercados hasta distribuidores que lo comercializan en el interior. Según Touray, en algunas ocasiones el precio de la cesta en el mercado gambiano puede llegar hasta los 1.000 dalasi (16,5 euros). El pescador, al principio de la cadena, esquiva la subida como puede: “Antes de venderlos, me llevo los mejores para mí y para mi familia”.

Touray va a pescar seis días a la semana, y le gustaría llegar a viejo siendo pescador, pero es consciente de las dificultades. Por eso forma parte de una asociación de pescadores que lucha por defender sus derechos. Su principal adversario son los barcos de arrastre, pero reconoce que, sin la ayuda del Ministerio de Pesca, no van a poder combatirlos. Hasta ahora, el Gobierno ha contado poco con los pescadores locales: “Lo único que teme el Gobierno son las redes sociales, donde pueden aparecer vídeos con barcos pescando donde y cuando no deben”, concluye Touray.

La otra derivada del sector pesquero es la migración: aprovechando su experiencia en el mar, algunos pescadores utilizan sus propios botes para poner rumbo a las islas Canarias. Hay consenso entre los viejos pescadores de Gunjur: sin futuro, muchos jóvenes optarán por marcharse a otro sitio. Muchas veces cogen los botes sin avisar: simplemente desaparecen y sus familias no lo saben hasta que han pasado unos cuantos días y los llaman desde las islas Canarias.

En Gambia, la migración es un asunto de Estado. Los 118.000 gambianos que viven en el exterior aportan el 20% del PIB del país: durante la pandemia mandaron más dinero que nunca. Los 600 millones de dólares que enviaron en 2020 sirvieron para paliar en parte el agujero que la pandemia dejó en el sector turístico. Unos 35.000 gambianos intentaron llegar a Europa entre 2014 y 2018 a través de la ruta canaria o la del Mediterráneo central, cruzando el desierto para llegar hasta Libia y, desde allí, poner rumbo a Italia. Unos 6.000 volvieron con programas voluntarios apoyados por la OIM. Aunque el número de intentos ha disminuido en los últimos años, la necesidad de partir es un tema recurrente en Gambia. 

Ansu Singhateh, de 27 años, es uno de los que lo intentó. Ahorró dinero y se marchó con un amigo hacia Mali, país del que recuerda con cariño la música. Querían llegar hasta el Mediterráneo y cruzar: “Nuestros caminos se separaron en Mali. A mí se me acabó el dinero y él continuó. Mi hermano, que vive en España, me mandó dinero con una condición: que volviera a Gambia”. Hoy conduce un todoterreno propiedad de su hermano, con quien comparte los beneficios que obtiene como guía turístico mientras estudia informática. No tiene muchas esperanzas: “Aquí no hay nada que hacer. No hay trabajo para los jóvenes, todo funciona a través de los contactos y la corrupción”. Ansu siempre acaba recordando, con un punto de arrepentimiento, que su amigo llegó y él no; su amigo gana dinero en Europa y él sigue aquí, viendo cómo la vida le pasa por delante. 

Los últimos amigos de Taiwán

En 1994, tras más de dos décadas de Gobierno de Jawara, Gambia sufrió un golpe de Estado. Los militares, liderados por Yahya Jammeh, de 29 años, bebieron del descontento social para imponer un nuevo régimen. El joven oficial rápidamente instaló una dictadura edificada sobre su paranoia personal. Obsesionado con el reconocimiento internacional, Jammeh tuvo una política exterior camaleónica durante sus 22 años en el poder: tras los atentados del 11-S dio apoyo a George Bush en la llamada guerra contra el terrorismo; más tarde se presentó como un líder musulmán en lucha contra el imperialismo occidental, y en 2015 proclamó que Gambia era una república islámica. Bajo el mando de Jammeh, Gambia tejió alianzas a ambos lados del conflicto entre Taiwán y Pekín.

Jammeh estableció relaciones diplomáticas con Taiwán en 1995, cuando acababa de llegar al poder, lo que le cerraba puertas a establecer lazos diplomáticos con el Gobierno chino. Durante 18 años, la isla invirtió en proyectos de salud y educación en Gambia, además de ofrecer becas a estudiantes gambianos en Estados Unidos. A medida que el vigor de Pekín crecía en el continente africano, muchos países prefirieron cambiar su reconocimiento: Gambia acabó rompiendo con Taiwán en 2013. Pekín tardó tres años en restablecer relaciones con Gambia.  En 2022, la derrota de Taiwán en cuanto a su influencia en el continente africano es incontestable: solamente Suazilandia, una pequeña monarquía absolutista en el interior de Sudáfrica, lo reconoce como Estado.

Gambia tiene una balanza comercial negativa en la que China tiene un especial protagonismo. El país importa nueve veces más de lo que exporta: sus gastos multiplican por nueve a sus ingresos. Y en ambos lados de la balanza se encuentra China, principal destino de la madera y pescado; lugar de origen de la ropa, los electrodomésticos e incluso el té que se consumen en Gambia. Tras la caída de Jammeh en 2016, el nuevo presidente, Adama Barrow, estrechó lazos con Pekín y lamentó el apoyo de su país a Taiwán en el pasado. Desde la llegada de Barrow, Gambia ha pasado de tener una deuda externa de más de 500 millones de dólares a una de 800 millones de dólares en 2020. Los principales acreedores son China, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los países a los que Gambia debe dinero son, también, los principales beneficiarios de la apertura de las aguas gambianas a sus barcos. Más allá de la corrupción de los líderes locales, la presión que siente un país pobre y endeudado es el fondo de la cuestión. Con una moneda en caída libre —de los 8 dalasis por dólar de 1994 hasta los 52 dalasis por dólar hoy— y con la necesidad de conseguir dólares para pagar importaciones y deuda, ¿qué margen tiene Gambia para negociar con países a los que debe cientos de millones de dólares?

Somalia en el horizonte

Ante el aumento del hambre y la desnutrición, el activista Mustapha Manneh traza paralelismos con la costa oriental del continente: “La piratería llegó a Somalia después de la explotación de sus recursos naturales. Eso es algo que podría suceder en Gambia si las cosas continúan así”. Ya hay problemas de malnutrición infantil por falta de nutrientes, y la tensión va en aumento: “La gente que pesca no tiene dinero, por eso se arriesgan e intentan ir hacia Europa. Si Europa no les quiere recibir, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la criminalidad. Intentarán parar a los barcos que vienen aquí”. No hay mucho tiempo, según Manneh: “En cinco años tendremos un problema de hambre en Gambia”.

En la Kajabang School, situada en la zona donde todo empezó, se ha impuesto la ley del silencio. La escuela acoge a los alumnos de las poblaciones cercanas. Sus profesores, ante las preguntas, contestan que nunca ha habido ningún problema y niegan haber tenido que cerrar. En mandinka, la lengua local más utilizada en Gambia, el responsable de la escuela se dirige a uno de los maestros:

—Ya sabes que de esto no podemos hablar.

Hablar mal de la fábrica puede poner en peligro la viabilidad de la escuela: los padres que trabajan en Golden Lead no llevarán a sus hijos allí si en el centro critican a la empresa. Después de una breve conversación telefónica entre el director de la escuela y Manneh, el joven activista lo tiene claro: “¡Está mintiendo! No te puedo asegurar que detrás de este cambio de postura haya un motivo económico, pero normalmente, en África, la gente compra el silencio con dinero”, asegura Manneh. Una parte de la comunidad sigue luchando, otros prefieren cobrar, callar y olvidar. Lo que sigue en marcha es la fábrica: comprando, vendiendo, exportando, contaminando, destruyendo. En nombre del progreso. “La acuicultura ha contribuido a cubrir el crecimiento de la demanda de pescado entre la población mundial. En kilos per cápita, una persona consumía 9 kilos de pescado al año en 1961. Esa cantidad, en 2015, ya era de 20,2 kilos”, decía en 2018 un informe de la FAO sobre el consumo global de pescado. La demanda, mayoritariamente, viene de Estados Unidos, Europa y Japón. 

Es la consecuencia más cruel de la globalización. Para conseguir comer pescado, los gambianos no compiten con los consumidores de los países ricos: los gambianos compiten con los salmones europeos. Y pierden.