La cámara de un fotoperiodista capta el instante decisivo: una piedra en el aire lanzada contra la caravana del presidente argentino, Javier Milei. A su lado viajan su hermana Karina —secretaria general de la Presidencia— y el economista liberal José Luis Espert. La gente grita: “¡Milei, basura! ¡Vos sos la dictadura!”. 

Es 27 de agosto de 2025, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El episodio ocurre en Lomas de Zamora, bastión histórico del peronismo en el llamado conurbano bonaerense, un cinturón de 24 municipios que rodea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que concentra un tercio de la población del país. Eso lo hace un territorio electoral estratégico donde Milei no logra desplazar al gobernador peronista de toda la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aliado de la mayoría de los intendentes también peronistas del conurbano.

La caravana dura cinco minutos. Los integrantes de la comitiva salen corriendo bajo custodia; otros escapan en moto. El acto se desvanece con la misma rapidez con que se desinfló Milei en las urnas del 7 de septiembre de 2025. En 20 de los 24 municipios del conurbano bonaerense se impuso el peronismo, la gran fuerza opositora. La Libertad Avanza, el partido violeta de Milei, perdió por más de 13 puntos en toda la provincia de Buenos Aires. La magnitud del revés trasciende lo local: es un golpe casi nacional porque esta provincia —con una superficie algo mayor que la de Italia—, además de concentrar buena parte de la población argentina, es uno de los motores de la producción agropecuaria.

El ultraderechista Javier Milei lleva un año y nueve meses en el poder. Le quedan dos años, dos meses y 22 días de mandato.

Aunque la inflación en agosto de 2025 aumentó cerca del 2% respecto al mes anterior, en la comparación interanual la subida alcanzó un 33,6%; la vida cotidiana de los argentinos vive una historia de ajustes. Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en alianza con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) muestra el impacto del aumento de tarifas en la microeconomía ante la decisión de Milei de retirar los subsidios que existían a los servicios. El gas encabeza la lista: su precio subió un 1.545% desde el inicio de su gestión. Le sigue el transporte, con un aumento del 770%. El precio de la electricidad subió un 351% desde diciembre de 2023. 

El Gobierno libertario, sin embargo, cumplió en parte con lo prometido a sus seguidores: el gasto público cayó un 28,1% respecto a 2023 y el dólar, termómetro cotidiano de los argentinos, llegó a estabilizarse, pero experimentó una subida del 14% en este inicio de la primavera de septiembre de 2025. La productividad también se resiente: unas 13.000 pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas desde que Milei llegó al poder, golpeadas por la combinación de caída del consumo y apertura indiscriminada de importaciones que las deja sin aire.

En áreas sensibles como la salud pública, la motosierra no hace excepciones. El hospital Garrahan —principal centro pediátrico del país y referente mundial— enfrenta recortes drásticos y despidos. 

“El Gobierno llega debilitado por las dificultades económicas, el impacto social del ajuste y los escándalos de corrupción que salpican a Karina Milei por sobornos en la compra de medicamentos. Con tan pocos recursos políticos, le cuesta avanzar más allá de los espacios que ya conquistó. Sin embargo, esto no significa que la ultraderecha retroceda: todavía conserva un electorado que, aunque enojado con Milei, no da por cerrada su figura. Hay que entender que sus votantes hicieron una apuesta fuerte por un outsider con propuestas radicales, y ya sabían que los resultados serían lentos y exigirían sacrificios de la sociedad”, explica Gabriel Vommaro, doctor en Sociología e investigador del Conicet. Las piedras lanzadas en Lomas de Zamora parecen simbolizar el freno ciudadano a Milei. En los agitados meses de agosto y septiembre, los resultados bonaerenses marcaron un límite claro: “Por un lado, se revalidó la capacidad del peronismo y por otro, se frenó el avance mileísta en la arena electoral”, señala Vommaro. El escándalo que involucra a Karina Milei funcionó como un espejo irónico: la cruzada libertaria contra la corrupción los involucró al hacer ellos lo mismo. Audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo revelan que los laboratorios debían pagar un 8% de coimas (sobornos) para cerrar contratos públicos de medicamentos. Un 3% iba a la hermana del presidente. La denuncia prendió fuego en redes sociales: “Alta coimera, Karina es alta coimera… devolvé la guita de discapacidad”, dice un jingle viral que parodia a Guantanamera.

El golpe ya se refleja en las encuestas. Según Lucas Romero, de la consultora Synopsis, la imagen de Milei está cayendo. “Estamos atravesando una tercera secuencia negativa en términos de opinión pública para el presidente. Todavía no tenemos los números de septiembre, pero casi dos de cada tres argentinos que escucharon los audios sobre los sobornos señalan que ese deterioro de la imagen se acentúa”.

En medio del ajuste, otro punto sensible fue la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Congreso la aprobó para garantizar derechos básicos en salud, trabajo y educación, incluyendo rehabilitación, apoyos, transporte, medicación y escolaridad; el impacto fiscal total de esta ley apenas supondría entre un 0,28% y un 0,51% del PBI. 

Pero Milei la vetó, y el rechazo fue inmediato. Ambas cámaras del Congreso desestimaron el veto de manera unánime, en defensa de miles de hogares y residencias que enfrentan riesgos por el atraso de aranceles y la falta de recursos.

La vigilia de familiares y docentes afuera del Congreso, bajo la fría lluvia porteña, fue emotiva. “Este tema puso al Gobierno en contradicción con muchos de sus propios principios. Las personas necesitan sillas de ruedas hasta para trasladarse al trabajo, y vale subrayar entre comillas que esos valores de participación laboral suelen ser defendidos por los grupos más conservadores. Negar ese aporte fue como un subsuelo moral al que Milei intentó llevar una discusión política, lo que provocó una reacción fuerte de la sociedad, algo unánime y que superó cualquier polarización”, analiza Ezequiel Ipar, sociólogo del Conicet y director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Un episodio reciente de Milei impactó a la opinión pública. Frente a empresarios en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con una sonrisa guasona, dijo: “Vamos a vetar todo”. El descreimiento hacia el presidente no implica que la ultraderecha desaparezca; lo que la erosiona es su estilo: intransigente, irrespetuoso y obsesionado con aplicar la motosierra, incluso en temas morales, sumando el veto a aumentos de la pensión mínima de jubilados. 

“Este presidente adopta las peores posiciones: veta leyes sin abrir un diálogo”, señala Lucas Romero. 

Ese gesto resumió la distancia entre las promesas de cambio radical y la reacción de una sociedad que ya empieza a poner límites. 

Las (ultra)derechas latinoamericanas

A comienzos de los 2000, América Latina experimentó una seguidilla de gobiernos progresistas y de centroizquierda elegidos democráticamente: Lula en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007) y, antes, Hugo Chávez en Venezuela y, en 2010, José Mujica en Uruguay. Con el tiempo, este mapa político cambió. En 2015 llegaron derrotas significativas: el peronismo reformista perdió en Argentina y Dilma Rousseff fue destituida en Brasil. Se consolidó entonces una ola de centroderecha, cuyo proyecto buscaba frenar las experiencias progresistas en la región.

Juan Tokatlian, una de las voces académicas más reconocidas en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Di Tella, analiza este salto histórico y su proyección actual. “Ahora estamos ante una segunda ola que ya no es de centroderecha, sino de ultraderecha. Tiene otras connotaciones, con componentes de lo que podríamos llamar una internacional reaccionaria en expansión en Occidente, con fuentes ideológicas muy parecidas a las que vemos acá, en Europa y en Estados Unidos”. 

Esta segunda ola se distingue por sus contactos transnacionales y por una ideología de reversión completa dentro del marco democrático. “Y no es fugaz, es un proyecto ambicioso, aunque con frenos que la sociedad le coloca mediante la acción ciudadana y la memoria democrática”, agrega Tokatlian.

En América del Sur, el panorama político actual refleja la tendencia ultraderechista. En Bolivia, tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo con Evo Morales, los dos candidatos que disputarán el balotaje en octubre representan variantes de centro y derecha. En Chile, la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, busca encabezar un frente amplio y tiene posibilidades, pero la derecha y ultraderecha podrían unirse en segunda vuelta en torno a una figura como José Antonio Kast. En Paraguay, el economista Santiago Peña se consolida; en Ecuador, Daniel Noboa, hijo de una de las familias más ricas del país mantiene fuerza, y en Colombia, aunque hay candidaturas progresistas, los expertos creen que será difícil mantener el legado de Gustavo Petro.

“Hoy Sudamérica está más inclinada hacia la derecha”, dice Tokatlian.

Brasil es uno de los países clave en esa batalla. Lula encara su último año de mandato, pero la derecha mantiene una presencia significativa en el Legislativo y en los estados de todo el país.

Este mes de septiembre, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por el intento de ruptura democrática derivado de los ataques vandálicos en Brasilia en enero de 2023. También fueron condenados otros siete acusados, incluidos altos mandos militares. Bolsonaro fue sentenciado por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal, daños al patrimonio público y deterioro de patrimonio protegido. Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente y altos mandos militares reciben sentencia por intentar socavar la democracia mediante un juicio en el Tribunal Supremo.

La condena de Bolsonaro

En la noche del 11 de septiembre, en las laderas de Santa Teresa, los vecinos celebran en blocos carnavalescos el juicio y prisión a Bolsonaro. Las colinas de este histórico barrio con escalinatas, cuestas que recuerdan a Lisboa, calles adoquinadas, casonas coloniales y el bondinho (tranvía) se llenan de música y fiesta democrática. El himno de la jornada es Vou festejar, samba inmortalizado por Beth Carvalho, la madrina del samba. Un joven hace sonar la trompeta en medio de la multitud, que lo rodea, salta y baila. La escena se replica en varias ciudades de Brasil. Este samba cobra vida como una metáfora de Bolsonaro: resuena como si le estuviera dedicado:

“Llora, no me importa, llegó la hora, me las vas a pagar. Es tu castigo, peleaste conmigo sin razón, voy a festejar tu sufrir, tu penar. Pagaste con traición a quien siempre te dió la mano”.

Mientras los fuegos artificiales iluminan los morros de Santa Teresa, el politólogo Mauricio Santoro, colaborador del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de la Marina y vecino del barrio, explica: “El mensaje del Tribunal Supremo es claro para militares y civiles: no se embarquen en aventuras autoritarias porque serán juzgados. Lo que sucedió es una conmemoración que reúne a la izquierda, al centro y a lo que queda de una derecha moderada en Brasil”.

Pero no en todos los barrios cariocas hubo festejos el 11 de septiembre. En Copacabana, la playa estaba vacía: cielo gris y viento sobre la avenida frente al mar, donde antes desfilaban caravanas bolsonaristas. Bolsonaro ganó en el estado de Río en las elecciones presidenciales de 2022. Y la polarización sigue siendo clara: según Data Folha, uno de los principales institutos de investigación de opinión pública y encuestas en Brasil, el 50% apoya la prisión del expresidente y el 43% está en contra. 

“La victoria fue de la democracia y de las instituciones”, recalca Angela Alonso, profesora de Sociología en la Universidad de São Paulo.

Pero la ultraderecha mantiene su fuerza: figuras políticas como Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo —formado en el Ejército—, podrían disputar la presidencia frente a la ausencia de Bolsonaro.

La memoria remite a enero de 2023: una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas irrumpieron en el Congreso, la Presidencia y el Supremo en Brasilia. Vestidos de amarillo y con banderas, pedían intervención militar y el regreso de Bolsonaro. Invadieron la Plaza de los Tres Poderes, forzaron el Palacio de Planalto y vandalizaron despachos mientras se filmaban. Son escenas que recuerdan el asalto al Capitolio de 2021. 

“Tanto Bolsonaro como Trump desacreditaron las elecciones y sembraron dudas sobre los resultados”, señala la profesora Alonso. En este proceso —continúa— llama la atención que las Fuerzas Armadas respetaran esos resultados, lo que a juicio de la profesora es un signo de madurez democrática. 

Bolsonaro dudó del sistema electoral brasileño en 2022 cuestionando públicamente a Alexandre de Moraes, el actual magistrado del Supremo Tribunal que, hasta junio de 2024, fue presidente del Tribunal Superior Electoral. Durante la campaña, en un acto público en São Paulo, también lo llamó “canalla” y dijo que había terminado su tiempo. Hay que remontarse a 2020 para interpretar esto: Bolsonaro intentó entonces designar a Alexandre Ramagem, amigo cercano de su familia y exjefe de seguridad de su hijo, como director general de la Policía Federal. Moraes, como ministro del Supremo Tribunal Federal, bloqueó esa designación argumentando que poner a alguien tan cercano al presidente en ese cargo podía amenazar la imparcialidad y la autonomía de la Policía Federal.

Las investigaciones judiciales y fiscales sobre los hechos ocurridos en 2023 confirmaron la conspiración. “Desde 2022, aliados a Bolsonaro planearon invadir el Congreso, el Supremo y el Palacio de Planalto (sede del poder ejecutivo), crear crisis y usar a los militares para deponer a Lula e implantar una dictadura, según se lee en la sentencia adoptada por los jueces.”, cuenta Santoro. Pero las revelaciones más graves no terminaron ahí. Según una denuncia de la Procuraduría General de la República, Bolsonaro tendría conocimiento de un plan que incluía matar a Lula, a su vicepresidente, Geraldo Alckimin, y al magistrado del actual Supremo Tribunal Alexandre de Moraes.

La memoria histórica añade capas de relatos antidemocráticos de Bolsonaro que siguen como alertas en la opinión pública brasileña. En 2016, siendo diputado, dedicó su voto a favor del impeachment de Dilma Rousseff a Carlos Alberto Ustra, coronel del Ejército acusado por secuestros y torturas durante la dictadura (entre 1964 y 1985). “El terror de Dilma Rousseff”, dijo Bolsonaro. En 1970, siendo una militante de organizaciones de izquierda armada en su juventud, Rousseff fue detenida y torturada durante 22 días en la unidad de inteligencia y represión política que dirigía Ustra.

Finalmente, la historia sentó a Bolsonaro frente a su legado, mostrando que las instituciones, la justicia y la memoria colectiva pueden frenar los intentos de socavar la convivencia democrática.

¿Freno a la extrema derecha?

La ultraderecha en América del Sur se despliega como un vasto entramado que enlaza a figuras como Bolsonaro y Milei, que a su vez mantienen vasos comunicantes con líderes internacionales como Trump, en un diálogo marcado por actitudes revanchistas y matonas. Pero los analistas subrayan que, a pesar de este entramado y similitudes, existe un abismo organizativo que separa a la estructura política y partidaria de Milei y de Bolsonaro. 

“La fuerza popular de Bolsonaro está más estructurada que la de Milei. El brasileño consiguió combinar en su liderazgo tres grandes corrientes: una derecha religiosa, otra vinculada a la seguridad pública y los militares, y por último, una derecha económica. En el caso de Milei, esa construcción de alianzas de derecha es más dispersa y confusa”, explica el politólogo Santoro.

Es un túnel de incertidumbres: la movilización ciudadana y las instituciones iluminan los límites de la democracia, mientras la ultraderecha avanza como un espectro. 

“El 2026 será durísimo para Brasil por las presiones de Estados Unidos; y en Argentina, si toda la estructura de ‘parches’ que ha hecho el gobierno actual posterga una devaluación económica para octubre (mes de elecciones legislativas), el rencor social escalará a otro nivel. Y la capacidad de gobernabilidad se pondría en cuestionamiento”, advierte el profesor Tokatlian.

Es un libro de finales abiertos. Las últimas noticias en Argentina y Brasil han sido un golpe contra la ultraderecha. Pero quizá es pronto para hablar de declive. 

“La capacidad de adaptación de esta derecha extrema mundial y regional es muy fuerte por los contactos internacionales”, dice Tokatlian. “Y da la impresión de que en este tablero, Estados Unidos busca influir en las elecciones presidenciales brasileñas de 2026. Como decía Henry Kissinger: hacia donde vaya Brasil, irá América Latina. Las municiones de esta nueva derecha van orientadas hacia allí”.