En su tumba pone “Francesca Paola”, pero la niña enterrada allí no se llamaba así. Su verdadero nombre no lo conoce nadie. El ataúd que guarda sus restos en este cementerio del municipio de Paola, en el sur de Italia, está identificado solo con un código: KR76F6.

Unos 150 kilómetros al este, en el cementerio de la ciudad de Crotone, una placa con el nombre de “Alí” corona otra tumba infantil. Pero el niño sepultado allí tampoco se llama así. Su ataúd es el KR16M0. 

Los dos pequeños viajaban en un barco que naufragó el 26 de febrero de 2023 frente a la playa de Steccato di Cutro, en Calabria. Sus cuerpos sin vida fueron recuperados del mar junto con los de otras 92 personas —casi todas de nacionalidad afgana, 35 de ellas menores de edad— que intentaban llegar a Europa. Más de dos años después del naufragio, aún hay ocho víctimas de aquel desastre sin identificar. Entre ellas están la niña y el niño nombrados por las autoridades como “Francesca Paola” y “Alí” en un intento de convertirlos en símbolos de la tragedia. 

Pero esos no son sus nombres. 

En Italia, principal destino de quienes intentan alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo Central, un número ingente de los cadáveres recuperados del mar son enterrados sin identificar. La cifra exacta no se conoce con certeza porque en este país no hay una base de datos centralizada que incluya, de forma sistemática, a todas las personas muertas en la frontera marítima. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre 2013 y 2019 fueron identificados en Italia solo el 20 por ciento de los cuerpos recuperados del mar; entre 2020 y 2021 fueron tan solo el 8 por ciento. 

¿Qué procedimientos se ponen en marcha en Italia tras un naufragio para dar nombres a las víctimas? ¿Por qué son tantos los cadáveres sin identificar? Esta investigación radiografía los sistemas de identificación de cuerpos de migrantes, sus complejidades y lagunas, y las consecuencias demoledoras para miles de familiares que viven estos procesos bajo el peso de la incertidumbre.

El naufragio de Cutro

—Lo reconocimos gracias a la ropa que llevaba. Me enseñaron una foto de su cuerpo, pero no era posible identificar nada. No tenía pelo, no tenía cara. La piel estaba completamente blanca. 

La joven Farzaneh Maleki es de Afganistán, pero lleva casi 10 de sus 28 años viviendo en Alemania. Habla de la identificación de su primo Akef, de 6 años, que murió ahogado en el naufragio de Cutro, el mismo en el que perdieron las vidas los pequeños “Francesca Paola” y “Alí”. Fue uno de los más graves que se recuerdan en los últimos años a las puertas de Europa: de noche y en medio de un mar enfurecido, el barco Summer Love, que había zarpado desde Turquía con unas 200 personas a bordo, se hundió a solo 150 metros de la playa de Cutro. Pese a que Frontex —la agencia europea de fronteras— había avisado a las autoridades italianas de la precaria situación del barco, estas solo acudieron en su auxilio cuando era demasiado tarde. El suceso planteó muchos interrogantes sobre las responsabilidades de la tragedia, algo que ahora se aborda en un proceso judicial. En el caso —impulsado, entre otros, por familiares de las víctimas— hay cuatro funcionarios de la Guardia de Finanzas y dos de la Guardia Costera imputados por presunta negligencia y homicidio múltiple. 

Además de Akef, en el naufragio murieron los padres y los dos hermanos del pequeño. Cuando supo lo ocurrido, la joven Farzaneh condujo sin descanso desde Alemania con su madre hasta llegar a un polideportivo en Crotone, donde se había instalado la capilla ardiente de los cadáveres recuperados. La imagen de decenas de ataúdes colocados en fila en aquella pista deportiva se difundió por medio mundo y quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de Italia.  

Dos años después, Farzaneh ha vuelto a Crotone para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia y recordar las promesas que el Gobierno italiano hizo a los familiares, entre ellas la de facilitar visados para que puedan visitar las tumbas de sus seres queridos —algo que no ocurre en todos los casos—. Al echar la vista atrás, la joven recuerda cómo fue la penosa tarea de reconocer a sus familiares muertos. 

—Al más pequeño, Hasib, lo identificamos el primer día. Pudimos reconocerlo al verle la cara, pese a que tenía muchas heridas. 

Hasib tenía un año y medio y su féretro llevaba el código KR46M0: provincia de Crotone (KR), el número según el orden de rescate (46), el sexo (M para los hombres y F para las mujeres, en inglés) y la edad estimada (0, en el caso del pequeño Hasib). La madre fue encontrada después de nueve días. 

—La reconocimos por las joyas, todavía las llevaba; pero ni su cara ni nada más eran reconocibles. A mi tío [encontrado algo después] lo identificamos por la foto de su carnet de conducir y otros documentos que encontraron en su bolsillo. 

Antes de que la identificación les devolviera sus nombres, los cadáveres eran simplemente KR72F25 y KR91M37; detrás de esos códigos estaban Mina Taimoori, de 25 años, y su esposo Zabiullah, de 36. El cuerpo de su hijo mediano, Aref, de 4 años, nunca fue encontrado.

—Por desgracia, ya nadie lo busca —dice Farzaneh. 

Cuando ocurrió el naufragio, al polideportivo de Crotone se trasladaron también voluntarios de distintas organizaciones humanitarias. Silvia Di Meo es la presidenta de Memoria Mediterranea (Mem.Med), que se ocupa de respaldar a los familiares a la hora de buscar e identificar a personas migrantes desaparecidas o fallecidas en el Mediterráneo. En los días posteriores a la tragedia, Mem.Med ofreció apoyo a las familias desplazadas a Crotone y recopiló información ante mortem y post mortem de las víctimas, que luego hizo llegar a la policía científica y la Cruz Roja. Di Meo sostiene que las características de aquel naufragio —con mucha información sobre los fallecidos, y los familiares y las autoridades reunidos en un mismo lugar— eran propicias para identificar a las víctimas de forma ágil; pese a ello, dice, no había una línea clara de actuación y eso lastró los procesos. 

—No sabían qué hacer —dice, en referencia a las autoridades—. No era solo falta de voluntad política; es que no hay un protocolo, no hay una modalidad única de intervención. 

Di Meo critica que inicialmente no se tomaran muestras de ADN de los familiares desplazados a Crotone para cotejarlas con las de los fallecidos. Solo gracias a la presión de Mem.Med y asociaciones locales como Sabir —que dio vida, con supervivientes y familiares de las víctimas, a la llamada Red 26 de febrero— la Fiscalía autorizó a tomar esas muestras. Para entonces habían pasado más de dos semanas del naufragio. 

El médico legal Massimo Rizzo estuvo a cargo de analizar los cadáveres recuperados. En declaraciones efectuadas durante un juicio contra los presuntos traficantes que organizaron el viaje del barco naufragado, Rizzo detalló que se aplicó la metodología prevista para los grandes desastres a fin de actuar lo más rápidamente posible: los cuerpos recuperados del mar, detalló, tienen una velocidad de descomposición que triplica la normal. 

Una vez reconocieron los cuerpos de los suyos, Farzaneh y sus familiares se negaron a repatriarlos a Afganistán, el país del que habían huido: los féretros de la familia Taimoori fueron llevados a Alemania para ser enterrados allí, no sin dificultades. 

—Querían sepultarlos aquí [en Italia] sin nuestro permiso.

Diez días después del naufragio, el Ministerio italiano de Interior quiso enviar los cuerpos que seguían en el polideportivo de Crotone al cementerio islámico de Bolonia para enterrarlos allí, aun sin el consentimiento de las familias. Indignados, los familiares se plantaron y organizaron una concentración que bloqueó el paso de los coches que iban a llevarse a sus muertos. Aquello obligó al Gobierno italiano a rectificar. 

Finalmente solo catorce cuerpos fueron sepultados en Bolonia, y setenta fueron repatriados a otros países (la mayoría, 48, a Afganistán; una docena a Alemania, seis a Pakistán y cuatro a Túnez, Palestina, Irán y Finlandia). En Cutro, la pequeña localidad donde ocurrió el naufragio, fueron enterrados siete cuerpos que hasta hoy permanecen sin identificar, según la Prefectura de Crotone. En respuesta a una instancia presentada en el marco de esta investigación, la prefectura detalla que otro cuerpo fue enterrado en la localidad de Paola: se trata de “Francesca Paola”. 

Sin embargo, el documento omite que en realidad el cuerpo está todavía sin identificar. 

—Le dije al alcalde que lo que realmente me importaba era coger a una niña o un niño en uno de esos ataúdes sin nombre y traerlo a nuestra ciudad.

Quien habla es Maria Pia Serrano, antigua vicealcaldesa del municipio de Paola. De ella partió la idea de enterrar a una de las víctimas infantiles del naufragio en el cementerio municipal con un nombre simbólico. Explica que eligieron ”Francesca Paola˝ en homenaje al santo patrono católico de la provincia, san Francisco de Paula. 

—Quería encomendar esta niña a todas las madres que han perdido un hijo. Para que esta pequeña pudiera sentir el calor y la presencia de las madres de nuestra ciudad —dice la antigua vicealcaldesa.

Pese a las protestas de la Unión de Comunidades Islámicas de Italia (organismo que agrupa a distintas asociaciones de esta religión), la niña sigue enterrada en ese cementerio católico con un nombre que no es el suyo: una “apropiación” del cadáver que puede complicar aún más el ya de por sí complejo laberinto que afrontan las familias que buscan a los suyos.

Al pequeño enterrado en Crotone como “Alí” lo convirtieron en dueño de ese nombre porque uno de los supervivientes del naufragio dijo que creía que el niño se llamaba así. Un año después del naufragio, Crotone inauguraba el llamado “Jardín de Alí”, un espacio frente al mar con 94 árboles en recuerdo de las víctimas. Pero, casi al mismo tiempo, se supo que “Alí” se llamaba en realidad Mohammad Sina Hoseyni y viajaba en el barco con su madre y su hermana, también fallecidas. Consiguieron identificarlo tras localizar a su padre, que se encuentra en Turquía y que hizo el reconocimiento a través de una videollamada con agentes de la policía científica. El cuerpo del pequeño, sin embargo, permanece sepultado en Crotone, mientras que los cadáveres de su madre y su hermana están enterrados en Bolonia.  

En la tumba del pequeño Mohammad, dos años después del naufragio, seguía figurando el nombre de Alí. 

Un año después: el naufragio de Roccella Ionica

El desastre de Cutro ocupó durante mucho tiempo las portadas de medios italianos y puso en el punto de mira la gestión migratoria por parte del Gobierno. Instaurar una cámara ardiente con todos los cuerpos permitió que los familiares se unieran y presionaran a las instituciones para identificar a los suyos. Un año más tarde se produjo otro naufragio con numerosas víctimas; en contraste con el de Cutro, esta vez todo el proceso relativo a la gestión de los cadáveres y los supervivientes estuvo rodeado de confusión y silencio institucional.

A mediados de junio de 2024, un velero que había partido de Turquía con unas 70 personas a bordo —la gran mayoría kurdo-iraquíes, y más de un tercio menores de edad— naufragó a 120 millas de las costas de Calabria. La barca, que había permanecido varios días a la deriva, solo recibió ayuda el 17 de junio, después de que un barco francés alertara a las autoridades italianas. Pero era demasiado tarde: solo once de los pasajeros sobrevivieron. De las aguas del Mediterráneo se recuperaron un total de 35 cuerpos, entre ellos los de diez menores: son las cifras confirmadas por la prefectura de Reggio Calabria. El periodista siciliano Sergio Scandura, que siguió exhaustivamente las circunstancias de este naufragio, cuestiona esta cifra y dice que fueron 41, basándose en informes de la Guardia Costera. Además, otra persona murió tras ser rescatada durante su traslado a tierra.

Abdul Hawre es de origen kurdo-iraquí. En ese naufragio perdió a su primo y toda la familia de éste: su esposa y dos hijas. Cuando supo lo ocurrido, tomó un vuelo a Italia desde Londres, donde reside, y se presentó en el hospital de Soverato (Catanzaro) porque allí habían trasladado a algunos de los supervivientes. El primer día, la policía impidió que Abdul hablara con ellos. 

—Entonces les rogué [a la policía] que tomaran mi móvil con fotos de mis familiares para comprobar si habían sobrevivido. Dijeron que lo harían. Volvieron a la media hora y me dijeron: “Siéntate. Lo sentimos, has perdido a tu familia. Estaban entre los muertos, ninguno ha sobrevivido”.

Los cuerpos de su primo Aram y su esposa Xunçe fueron encontrados y repatriados a Irak en agosto de 2024, dice Abdul. Como ellos, otros once cadáveres fueron transportados en un vuelo militar iraquí C130 a Erbil. Sin embargo, el de la pequeña Meyli, de 6 años, y el de Mesna, de 9, siguen hasta hoy en paradero desconocido sin que sus familiares puedan cerrar definitivamente el luto. 

En este caso, las identificaciones de los cuerpos recuperados del mar presentaban de inicio más complejidades que en Cutro: estaban en muy mal estado y no había apenas objetos personales de las víctimas. Se les extrajo ADN y se registraron los datos post mortem con apoyo de personal del programa Restoring Family Links de la Cruz Roja. Los supervivientes fueron repartidos en varios hospitales diferentes de la región, lo que hizo mucho más difícil que las familias localizaran a los suyos, vivos o muertos. 

El 7 de agosto del año pasado, un total de 21 cuerpos fueron enterrados en el llamado cementerio de los migrantes de Armo, en la sureña provincia de Reggio Calabria. Nueve de esos cadáveres fueron identificados en las semanas y meses posteriores. Pese a eso, en diciembre de 2024 las tumbas seguían sin lápida y sobre ellas solo figuraba el número de cadáver, sin ningún nombre, lo que hacía imposible que los familiares identificaran la ubicación exacta de la sepultura de sus seres queridos. Alegando el derecho al nombre y a la identidad personal, la Asociación para los Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) ha logrado que finalmente se hayan colocado placas con la identidad de las personas sepultadas que han sido identificadas.

En respuesta a una instancia de esta investigación, la prefectura de Reggio Calabria, que lleva las competencias del naufragio, confirmó que los cuerpos se identificaron a través de “muestras fotográficas, ropa, otros efectos personales y examen del ADN mediante la comparación con muestras proporcionadas por los familiares de las posibles víctimas”. El ADN de muchas familias fue enviado desde Erbil (capital del kurdistán iraquí) al Ministerio italiano del Interior a través de la oficina diplomática del gobierno regional del Kurdistán en Italia, que también se hizo cargo de las repatriaciones. Una fuente de esa oficina lamentó que, al margen de los cuerpos repatriados inicialmente, las otras identificaciones llegaron “demasiado tarde”. 

—Pedimos que no enterraran los cuerpos [hasta no estar identificados] y por desgracia lo hicieron igualmente —dice una representante de esa oficina. Ahora, repatriar los cuerpos identificados ya sepultados es más complejo, puesto que se debe conseguir la autorización para su exhumación.    

Mientras, detrás de los cuerpos que quedan sin identificar hay decenas de personas incapaces de cerrar el duelo: los naufragios de Cutro y Roccella muestran la cara más cruel del blindaje de las fronteras de la UE. 

El puzle de la administración

La factura humana de las políticas fronterizas europeas es difícil de traducir en cifras concretas: el número oficial de personas muertas en el Mediterráneo es muy inferior al real —de muchos naufragios no se sabe nada y no están contabilizados—. Y, en Italia, recopilar datos sobre las víctimas de los naufragios es una tarea titánica: esa información es un puzle desperdigado por distintas administraciones públicas. Como explica la investigadora Giorgia Mirto, que trabaja desde hace años en el recuento e identificación de personas migrantes muertas en el Mediterráneo, las informaciones pasan por una cadena administrativa que implica a autoridades locales, prefecturas y departamentos del gobierno, en la que a menudo los datos se pierden o caducan. Interpeladas formalmente para esta investigación, muchas oficinas públicas responden que los datos solicitados sobre naufragios e identificaciones “no están registrados” o “no son competencia” o “no son objeto de posesión” de esas administraciones. 

Pese a los muros administrativos, Italia ha sido pionera a la hora de instaurar una figura que no existe en otros países europeos: la de un comisario extraordinario del Gobierno que se ocupa de personas desaparecidas. Se creó en 2007 y su labor es la de conectar una base de datos de desaparecidos con otra de cadáveres no identificados. Hasta entonces, en Italia no había un censo nacional de los cadáveres sin identidad. Entonces se instauró el llamado sistema RiSc, acrónimo de Ricerca Scomparsi (“búsqueda de desaparecidos”), que recoge información ante mortem y post mortem a través de formularios. Pero este sistema nació pensado para personas italianas —o como mucho, europeas—: se justificaba con el argumento, entre otros, de que al no ser italianos no existirían denuncias de desaparición y no habría datos ante mortem con los que cruzarlos. Las personas migrantes muertas en naufragios quedan de facto excluidas del sistema, en un limbo sin regular. 

Pese a ser una figura pionera, el comisario extraordinario tiene poderes limitados. Se enfrenta a muchos desafíos, según Giorgia Mirto, entre ellos la falta de un sistema que garantice el flujo de información entre todos los actores implicados. El antropólogo Filippo Furri, que también investiga sobre las muertes de personas migrantes en las rutas hacia Europa, coincide.  

—Nadie manda cosas [datos] al comisario, por lo que no tiene ni la capacidad, ni la fuerza técnica necesaria para buscar a las personas —dice.

Lo que los huesos cuentan

Más allá de las bases de datos, en el norte de Italia hay un lugar donde se trata de identificar a los cadáveres a través de técnicas científicas y mucha persistencia: el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de la Universidad de Milán (LABANOF). 

La pared está cubierta de paneles con huesos: grandes y microscópicos, de hombre y de mujer, de niños, incluso de bebés. Todos están numerados. Debajo, unas líneas de texto explican a qué parte del cuerpo corresponde cada uno y lo que revela: una herida sufrida a una edad temprana, una época de mala alimentación, enfermedades como algunos tipos de cáncer o infecciones. Aquí, en el Museo Universitario de Antropología Forense (MUSA) de la Universidad de Milán, se respira el alma del trabajo que realizan en el LABANOF. Lo dirige la forense Cristina Cattaneo, que ha participado en operaciones de identificación en grandes desastres —como el accidente del aeropuerto de Linate en 2001, con 118 víctimas mortales—. El laboratorio lleva a cabo actividades que se aplican en el ámbito penal o judicial, en el histórico-arqueológico o en el humanitario; en los últimos años se ha convertido también en una referencia a la hora de establecer una metodología para identificar a las víctimas de grandes naufragios. 

—Uno de los objetivos principales de este laboratorio ha sido siempre el ocuparse de los cadáveres sin nombre.

Lo explica desde la sede del LABANOF Danilo De Angelis, miembro del equipo de Cattaneo. El laboratorio se creó en 1995, cuando el fenómeno migratorio en Italia no tenía las dimensiones actuales. Bajo el mando de Cattaneo, comenzó a trabajar de cerca con la oficina del  Comisario Extraordinario para las Personas Desaparecidas desde la creación del cargo en 2007. En esa época, además, la migración a través del Mediterráneo Central era aún un fenómeno menor.

Hubo una fecha clave: la noche del 18 al 19 de abril de 2015, más de mil personas perdieron la vida en un naufragio en el Canal de Sicilia: el pesquero en el que viajaban se hundió, arrastrando con él a cientos de personas encerradas en la bodega. Cuando el Gobierno italiano recuperó los restos del barco y cientos de cuerpos gravemente deteriorados, el equipo del LABANOF se volcó en la monumental tarea de identificar a las víctimas.

—De aquel naufragio llegaron 528 cuerpos y 28.000 fragmentos óseos.

Lo dice Debora Mazzarelli, otra de las integrantes del equipo de Cattaneo, y le pedimos que repita la cifra porque creemos no haberla entendido bien: 28.000 fragmentos óseos. El trabajo de identificación es abrumador. Entre 2014 y 2017, dice Mazzarelli, la estrecha colaboración que mantenían con el entonces comisario extraordinario para personas desaparecidas, Vittorio Piscitelli, permitió que el laboratorio recibiera también los datos post mortem de otros 68 naufragios puntuales con un total de 2.000 cuerpos. 

Había quien decía que era una batalla perdida. Pero este equipo forense se propuso comprobar si llegar a identificar cuerpos así de deteriorados con la escasa información que había era practicable. 

Lo era.

Las técnicas utilizadas varían, explican De Angelis y Mazzarelli. Para este equipo, la identificación visual no ofrece suficientes garantías.

—Existe la posibilidad de que el familiar se equivoque —dice Mazzarelli—. Tanto en trabajos científicos como en contextos como el tsunami de Tailandia, se ha comprobado que en el 30 por ciento de los casos el reconocimiento visual era erróneo.

Las pruebas de ADN también tienen sus límites, según De Angelis. Uno de los principales es que a menudo es imposible obtener muestras genéticas de familiares directos de las víctimas, generalmente a miles de kilómetros de Italia, para compararlas con la del cadáver. 

—Cuando llegan voces que dicen que la genética es el único modo de identificar, no estamos en absoluto de acuerdo. Es un instrumento potentísimo y se debe usar, faltaría más, pero no resuelve todos los casos —recalca De Angelis; ambos forenses coinciden en que las entrevistas con los familiares para conocer detalles antropológicos sobre la víctima son clave.

Para aplicar en otros lugares el modelo de identificación desarrollado en LABANOF hace falta voluntad institucional, dice el forense. En Italia existe una ley de 2009 (referida a la creación de una base de datos nacional de ADN) que obliga a tomar una muestra genética de cada cadáver desconocido que se recupera. Solo a tomarla, sin necesidad de analizarla para sacar el perfil genético. Pero es una obligación ampliamente ignorada, porque no cumplirla no implica una sanción. Para De Angelis, se avanzaría en este sentido si la Unión Europa instaurase una norma para obligar a los Estados miembro a tomar muestras y datos de los cadáveres de forma sistemática. 

—No es una cuestión de posicionamiento político. Para nosotros es algo técnico-científico. Para el resto del mundo debería ser, simplemente, una cuestión humana. Se hace porque se debe hacer.

La Fiscalía

El LABANOF demostró que las técnicas de identificación, aunque complejas y lentas, existen. Pero la orden de identificar un cadáver tras un naufragio de este tipo la debe dar, en primera instancia, la Fiscalía italiana.

En la pared del pasillo que lleva al despacho del fiscal Salvatore Vella hay colgada una secuencia de fotografías que muestran, imagen a imagen, cómo volcó una barca cargada de personas el 16 de mayo de 2016 cerca de las costas libias. Hubo cerca de 280 muertos. 

A Vella, actual fiscal del municipio siciliano de Gela, ese naufragio le tocó de cerca: durante doce años —hasta 2024— ocupó el puesto de fiscal adjunto de Agrigento con competencias también sobre la isla de Lampedusa, un punto clave de llegada de quienes atraviesan el Mediterráneo Central desde África. Aquel hundimiento fue uno de los muchos que se produjeron mientras él ocupaba ese cargo.

—Fue el naufragio con más muertos que he tenido, cerca de 280. De ellos, solo cinco fueron identificados. 

Del resto solo se supo que eran hombres, mujeres y niños encerrados en la bodega del barco: nada más. 

—Pero eso no cambia nada para el proceso penal. El autor responderá por el hecho criminal independientemente del nombre de las víctimas. La identificación de las personas ofendidas no es una prioridad. 

Sentado tras la mesa de su despacho, Vella explica que detrás de cada naufragio hay una hipótesis de delito, el de favorecimiento de la inmigración clandestina, y por eso interviene la Fiscalía: los naufragios se tratan como casos penales. Pero, sobre el papel, para resolver un caso penal generalmente no es necesario identificar a las víctimas. Hacerlo no tendría sentido para la investigación y conllevaría retrasos que el proceso judicial no se podría permitir.  

—Con la cifra [de muertos] del Mediterráneo Central es imposible [identificarlos como parte de un proceso judicial], imposible —repite con énfasis—, porque implica costes y tiempos significativos. Y el objetivo dentro de un proceso penal no puede ser simplemente humanitario.

Por eso, generalmente los fiscales no ordenan identificar los cadáveres de las personas migrantes (excepto cuando hacerlo aporta al caso). Vella cuenta además que, en la mayor parte de los casos en los que se recuperan cadáveres, el proceso se abre contra “desconocidos”, por lo que terminan archivados y relegados al olvido. 

El fiscal conoce bien los desafíos prácticos que conllevan las identificaciones en los lugares de desembarco, como la isla de Lampedusa: no hay cámaras frigoríficas para conservar los cuerpos en los lugares de desembarco —¡en Lampedusa, ni una sola!, dice—, las víctimas rehuyen a las instituciones durante el proceso migratorio e intentan no dejar rastro… 

Igual que los forenses del LABANOF, habla de la dificultad de tomar muestras de ADN de los familiares directos de las víctimas. También contempla con cierta reticencia las iniciativas que buscan la creación de un banco de datos europeo para compartir información sobre personas migrantes desaparecidas y cuerpos sin identificar: sería útil “pero sumamente complicado”, opina.

—Tú puedes poner en una habitación de Bruselas ocho servidores y crear un banco de datos. Pero si no pones dinero, ni estructuras en las que extraer ADN en los lugares de desembarco, todo esto se convierte en una tapadera para aliviar nuestras conciencias occidentales. 

Lo primero, insiste, es instalar salas mortuorias, cámaras frigoríficas y personal médico y paramédico en los lugares de desembarco.

El fiscal explica además lo delicado de compartir datos con los países de origen de las víctimas: muchas de las personas que se lanzan al Mediterráneo para llegar a Europa huyen de sus países por persecución por distintos motivos. 

Durante sus años en Agrigento, el propio Vella insistió en recuperar cadáveres del mar en algunos casos para perfilar su ADN. Recuerda un naufragio cerca de Lampedusa en 2019, en el que se envió un robot submarino para ayudar a localizar los cadáveres. Las imágenes tomadas por el robot-cámara se difundieron en medios internacionales y algunas madres tunecinas reconocieron a sus hijos por la ropa. Cuando sacaron los cuerpos del agua, sus rasgos ya no eran reconocibles y tomaron muestras de ADN. El caso fue mediático y creó una corriente de opinión; por eso, el Gobierno de Túnez ayudó a aquellas madres —en un movimiento poco habitual, les permitió utilizar laboratorios estatales para dejar sus muestras genéticas y enviarlas a Italia—, y luego les facilitó el traslado hasta allí. También viajaron algunas madres que sabían que sus hijos iban en la barca, pero cuyos cadáveres no pudieron ser recuperados. Volvieron a casa sin un ataúd. 

—Al final, había madres que habían perdido a sus hijos pero estaban contentas porque regresaban con un féretro. Y madres que habían perdido a sus hijos, aún más destrozadas de lo que ya estaban, porque volvían sin un cuerpo que llorar.

Los cementerios

Con éxito o sin él, el difícil camino de las identificaciones desemboca inevitablemente en los cementerios. En Italia, cientos de tumbas sin nombre están dispersas por camposantos de todo el país, especialmente en el sur. 

En la parte trasera del cementerio de Catania (Sicilia) hay una explanada descuidada donde están enterradas las personas consideradas no católicas. Allí está la zona de las personas migrantes: muchas de ellas son tumbas anónimas. Las inscripciones son en su mayor parte códigos,a veces  especifican si la persona enterrada es hombre o mujer, e incluyen, también a veces, el nombre del barco que protagonizó el naufragio y la fecha: Topaz, 2 de agosto de 2016; Diciotti, 1 julio de 2016… En total hay algo más de 80 sepulturas. La más alejada —la número 85— dice: “Cadaveri Sconosciuti. Sbarco del 5/5/2017 (Cadáveres desconocidos. Desembarco del 5/5/2017)”.

Los datos en las tumbas son escasos, pero paradójicamente este rincón del cementerio es uno de los más documentados de Italia. Hace algunos años, un grupo de expertos decidió recopilar información relativa a 270 cuerpos enterrados allí a través de distintos organismos, desde Cruz Roja hasta la Fiscalía, los ayuntamientos y otras entidades implicadas. El resultado fue un “mapa” con detalles sobre las personas que habitan cada tumba, en un caso modelo que facilita que los familiares encuentren a los suyos. 

Filippo Furri, una de las personas que trabajó en este proyecto, insiste en la importancia de identificar antes de que el cadáver sea enterrado como “Desconocido”. En caso contrario, nadie transmite la información al Ayuntamiento o al tribunal civil, que debería ser el encargado de poner el nombre en la tumba. Y que no sea algo oficial impide la emisión, por ejemplo, de un certificado de defunción, imprescindible en muchos países para tramitar ayudas como la pensión de viudedad. A través del proyecto del mapeo se trata de impedir que se produzcan este tipo de casos. 

Nos alejamos de la explanada de los fallecidos “no católicos” y, un poco más allá, pasamos ante un monumento dedicado a quienes murieron atravesando el Mediterráneo. Está rodeado de diecisiete lápidas blancas: las tumbas de diecisiete fallecidos en un naufragio ocurrido en mayo de 2014. No hay nombres ni tampoco códigos alfanuméricos: sobre las lápidas de mármol solo se leen versos de un poema del nigeriano Wole Soyinka. Hablan de migración y muerte. 

Nessuno sa il mio nome, dice uno de los versos sobre las tumbas. 

Nadie sabe mi nombre. 

Esta crónica se hizo con el apoyo de Journalismfund Europe