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En la calle Peironcely de Madrid, en el barrio Entrevías, se levantan dos edificios humildes pero que atesoran historia. En el número 10 resiste una vivienda de ladrillo rojo —con el habitual ornamento neomudéjar popular del extrarradio madrileño— que se hizo mundialmente conocida gracias a la imagen de Robert Capa. El fotógrafo inmortalizó la escena de una mujer y varios niños frente a la fachada del edificio, acribillado por la metralla de un bombardeo de la aviación fascista italiana el 19 de noviembre de 1936. Una imagen convertida en icono que ilustra los crímenes cometidos por el Ejército golpista franquista y sus aliados.

A pocos metros, en el número 2, los bombardeos que tuvieron lugar en el asedio de Madrid dejaron prácticamente en ruinas la parroquia de San Carlos Borromeo, hasta tal punto que el inmueble fue demolido tras el final de la Guerra Civil y se construyó un nuevo templo durante la posguerra que se ha mantenido en pie hasta hoy.

Pero más allá del pasado de la parroquia, que justificó su declaración como Lugar de Memoria Democrática en noviembre de 2025, la historia reciente de la San Carlos Borromeo también merece un capítulo aparte. Ubicada al lado de las vías del tren, en los márgenes de la ciudad, donde se halla la renta per cápita más baja de la capital, la parroquia es hoy un edificio modesto y con la fachada llena de pintadas reivindicativas que piden el fin del genocidio en Gaza o el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tras sus muros hay resistencia, acogida, comunidad y lucha social.

Las madres contra la droga, cimiento y faro de resistencia

En los años 80, Enrique de Castro, bautizado por los medios como el “cura rojo” o el “cura de los pobres”, comenzó a apuntalar los cimientos de este fuerte contra las injusticias. De Castro llegó a la San Carlos Borromeo, en Entrevías, después de haber conocido zonas chabolistas de Madrid, de haberse acercado a los barrios más humildes y de tradición obrera e incluso de haber sido detenido en la Dirección General de Seguridad, el edificio ubicado en la Puerta del Sol y actual sede de la Comunidad de Madrid, que se convirtió en un símbolo de la represión del régimen franquista donde miles de personas como él fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos.

Su aterrizaje en la San Carlos Borromeo ocurrió en los primeros años de democracia y en plena expansión de la droga como una pandemia entre la juventud que arrasó vidas, especialmente en barrios humildes como era —y es— Entrevías. Este cura, que falleció en 2023, abrió las puertas de esta humilde parroquia —con un fuerte apoyo vecinal— para recibir y acompañar a jóvenes enganchados a la heroína, y también a sus familiares destrozados por este veneno.

Según un estudio publicado en la Revista española de salud pública, la sobredosis de heroína provocó un importante aumento de la mortalidad juvenil durante las décadas de los 80 y 90; alcanzó su punto álgido entre 1991 y 1993, con más de 1.700 muertes.

Detrás de esas cifras hay nombres como Marifé y Félix, los hijos de Manuela Ramajo y Emiliana García, dos mujeres que, junto a otras madres —y algunos padres—, encontraron refugio en la parroquia madrileña para crear en 1985 el colectivo Madres Unidas Contra la Droga. Juntas se levantaron contra el narco, las cárceles, la connivencia policial, el estigma social y el abandono institucional. Ellas lo hicieron encerrándose en el Banco Popular, en la Catedral de la Almudena, acampando frente al Ministerio de Sanidad, protestando en las inmediaciones de los juzgados o plantándose a las puertas de centros penitenciarios. Denunciaban la corrupción en las comisarías y llegaron a conseguir indultos para que estos jóvenes que iban a morir encarcelados por sida pudieran hacerlo en sus casas, con dignidad, acompañados de sus familiares. Una reivindicación que en aquel momento rompió esquemas.

Casi cuatro décadas después, Emiliana sigue lamentando que su hijo muriera “solito” en un hospital penitenciario. Sin embargo, precisamente por ese motivo, nunca dejó de luchar para que aquello no se repitiera. “Vine aquí [al grupo de Madres Unidas Contra la Droga que se juntaba en Entrevías] porque ellos eran los únicos que me entendían; por aquel entonces, la gente, los vecinos, la familia… te culpaban”. 

Aquellas mujeres coraje, que defendieron una forma de lucha que sentó precedente e inspiró a otros movimientos sociales, fueron cimiento y faro de la San Carlos Borromeo. En aquella época cantaban a coro: “Las madres desde los cerros a voces se oyen gritar: / “Carcelero, carcelero, que no son unos bandidos, / que ha sido la maldita droga que aquí los ha traído. / Carcelero, carcelero, no les quitéis de escuchar / a las voces de las madres que vienen a apoyar””.

Han pasado décadas y muchas de ellas han enterrado a sus hijos, pero nunca sus principios. Siempre que la salud y el paso de los años lo permite, procuran sumarse a otras protestas. Entre las luchas más recientes a las que se han unido están las protestas contra las casas de apuestas desplegadas en los barrios más humildes, fenómeno que les recuerda mucho a los años en los que la droga se coló en sus hogares. Tampoco es extraño encontrarlas alzando la voz en las puertas de los CIE para exigir su cierre, recordando con dignidad a los muertos en el mar Mediterráneo o denunciando en manifestaciones la ocupación y genocidio israelíes en Palestina.

“Las fronteras y las cárceles solo sirven para separar a un mundo pobre de otro mundo pobre. Todo lo que está pasando en las fronteras me duele tanto como los muertos en la cárcel y la droga”, comparte Manuela —o Manoli, como la conocen sus allegados— enérgicamente, mientras señala dos imágenes del fotoperiodista Juan Medina que lucen junto al Cristo de este templo: un joven exhausto encaramado a la valla de Melilla y una madre con su hija tras un rescate en el mar.

Ellas aún buscan y ofrecen ese abrazo que sirve para seguir adelante, y acuden los domingos a la San Carlos Borromeo, punto de encuentro, trinchera y refugio para estas señoras en pie contra la droga y a favor de tantas causas justas.

De parroquia cerrada a “espacio liberado”

Precisamente esa lucha que emprendieron mujeres como Manoli o Emiliana fue el inicio del vínculo de Javier Baeza con la Borromeo. Cuando este hombre sencillo y cercano, que creció en el seno de una familia numerosa y trabajadora en otro barrio periférico de la capital, echa la vista atrás para situar sus primeros pasos en este espacio, marca dos acontecimientos importantes en los que participó. El primero de ellos fue un encierro en 1989 para denunciar 200 puntos de venta de droga en toda España que detallaron en un documento presentado al Congreso de los Diputados. Aunque en aquel momento todavía estaba en el seminario, este fue su primer contacto con Enrique de Castro. Y el otro momento ocurrió en 1996, durante el primer encierro que se celebró en Madrid para defender los derechos de las personas migrantes, cuyo epicentro estaba ubicado en el mismo lugar: la Borromeo.

“Yo ya llevaba 11 años en otra parroquia en Vicálvaro [uno de los 21 distritos de Madrid, situado en el este de la capital], pero sentía que mi vida estaba dividida: el cura Javi, de la mañana, que visitaba a los presos en la cárcel y acompañaba a quienes lo necesitaban en los juzgados u hospitales; y el de la tarde, mucho más parroquial, más dedicado a la catequesis o las misas”.

En un intento de romper con esa dicotomía, propuso al arzobispo José María Rouco Varela su deseo de cambiar de destino y pasar a formar parte de la parroquia San Carlos Borromeo, donde se incorporó a finales de 2003 acompañando a Enrique de Castro y a José Díaz. Pocos meses después de su llegada tuvo lugar el atentado del 11 de marzo de 2004. Diez artefactos explosivos estallaron en cuatro puntos de la red de trenes de cercanías de Madrid, muy cerca de la parroquia. Murieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas.

“Cuando Bush decide invadir Irak apelando a la justicia infinita, gritamos en las calles un rotundo no a esa invasión. Cuando Bin Laden fanatiza a su pueblo en nombre de su dios, él se esconde mientras utiliza a seres humanos para que se inmolen en su guerra santa (…). El terrorismo tiene nombres y apellidos en nada anónimos, son actos de poder y lucha por el poder, no son acciones del pueblo”, entonó Baeza ante unas 3.000 personas en una ceremonia celebrada en la explanada de la estación donde pocos días antes estallaron las bombas. “Hoy os pido al pueblo de El Pozo, Entrevías y Madrid que rescatemos la solidaridad, que abramos nuestro corazón y nuestras casas”, concluyó.

Aquello no fue una declaración de intenciones, puede que tampoco un dogma de fe, sino que retrataba una forma de vida. Hoy sigue vivo ese mensaje de concordia que Baeza enarboló en un momento en que era evidente el riesgo de que el dolor diera paso al odio. Y es que este emblemático lugar nunca ha cerrado sus puertas, resistiendo, incluso, al intento de echar el cierre por parte de la propia institución eclesiástica, que terminó chocando con un dique de resistencia y solidaridad.

Aquella forma de entender el Evangelio y hacer comunidad no era aceptada por la propia Conferencia Episcopal. Ninguno de los tres curas, ni José Díaz ni Enrique de Castro ni Javier Baeza, lucían sotana. Ofrecían misa vestidos de calle, admitiendo a ateos o musulmanes en las celebraciones y en la eucaristía. En vez de hostias, se repartían —y se reparten— rosquillas, pan, palmeritas o cualquier otro manjar que sus feligreses o comunidad aporten para compartir.

El intento de humanizar y actualizar la doctrina más ortodoxa de la Iglesia católica en su liturgia y catequesis fue razón suficiente para que el cardenal ultraconservador Rouco Varela, por aquel entonces arzobispo, comunicara a los sacerdotes en 2007 la decisión de cerrar la parroquia para convertirla en un centro de Cáritas Diocesana, e invitar a los curas a buscarse otro destino.

Pero aquella noticia marcó un antes y un después en la historia de este templo. Lejos de acatar las órdenes, la decisión de Varela generó protestas ciudadanas para impedir el cierre de aquel espacio referente dentro y fuera de Entrevías, por su carácter social y de apoyo colectivo. Más de 30.000 firmas, registradas en el Arzobispado de Madrid por las Madres Contra la Droga, se opusieron al cierre.

Cuenta Javi que esa resistencia fue un acto de consenso. “Hubo algo muy importante y es que se convoca una asamblea para comunicárselo a la comunidad, decirles qué es lo que queréis vosotros y vosotras. Entonces fue ahí cuando la gente dijo: “Bueno, es que nosotras y nosotros entendemos que esto no es de los curas ni de los obispos, esto es del barrio””, rememora con orgullo.

A partir de ahí las protestas y muestras de apoyo a la San Carlos Borromeo se multiplicaron y provocaron un sunami de solidaridad con un mensaje claro: “De aquí no se va nadie”. Desde llamadas de misioneros y misioneras en países lejanos, como Japón, hasta la reacción de los Bukaneros, la hinchada antifascista del equipo de fútbol Rayo Vallecano, que un domingo desplegó en las gradas del estadio la pancarta: “Nuestra Parroquia es San Carlos Borromeo”.

Entre los vecinos y vecinas de Madrid que se volcaron en la movilización y resistencia para mantener la parroquia abierta se encuentra Marian Toro, que no dudó en sumarse a los encierros, las protestas o la cita de todos los viernes para entregar las firmas en el arzobispado. “Fue una lucha muy emocionante. El apoyo que se recibió dejó patente que la parroquia San Carlos Borromeo no eran solo tres curas en vaqueros, sino toda una comunidad que reivindicó su papel y, sobre todo, su unión y su protagonismo en tareas de acogida, marcando un camino que ha sido un ejemplo para mucha gente”, resalta con nostalgia.

“En ese maremágnum de solidaridad, los dos primeros apoyos que se dan son anecdóticos, pero a mí me parece que son importantes porque ya demuestran el tenor de la parroquia o de la comunidad: son el Partido Comunista de España y la Federación Islámica Española”, dice Baeza.

Finalmente, después de meses de protestas y negociaciones, la disputa entre la Conferencia Episcopal y el pueblo se zanja con un acuerdo por el cual se establece un único cambio en el nombre. La parroquia pasa a constituirse como centro pastoral San Carlos Borromeo, pero sin otras condiciones, con las mismas atribuciones y con la garantía de poder celebrar todos los sacramentos, como hasta el momento. El Arzobispado subrayó ante los medios que se produjo “un prolongado y fraterno diálogo, con el fin de asegurar la atención pastoral integral al mundo de la marginación al que de modo preferente han venido dedicándose, y dispuestos a superar positivamente el conflicto existente”.

Así se cerró un capítulo esencial de la Borromeo.

“Como dice nuestra querida Manoli, pasó a ser nuestro espacio liberado”, apunta Baeza con cariño.

La trinchera que no abandona a nadie

Este refugio —trinchera, espacio liberado o parroquia, según quién lo nombre— ha sido y es una cesta de diversidad donde la prioridad radica en una implicación social y colectiva para buscar soluciones junto a quienes sufren la pobreza y la marginación. Un espacio de cuidados que se adapta a los tiempos y a las circunstancias para dar respuesta a las problemáticas —a veces emergencias— que cada era trae. Es así como se entiende la implicación en tantos asuntos sociales a lo largo del tiempo.

En los años ochenta y noventa, la droga arrasó con dos generaciones y la parroquia se convirtió entonces en punto de encuentro, en refugio para esa juventud que el sistema había olvidado y a la que la sociedad daba la espalda. Aquel compromiso los llevó también a acompañar a enfermos de VIH y a visitar a presos en las cárceles. “Por aquel entonces estábamos cada semana en el cementerio enterrando a algún chaval”, lamenta Javier.

La parroquia también acogió o acompañó a muchos adolescentes que escapaban de los centros de reinserción, y denunció malos tratos en plena aprobación de la ley penal del menor en el año 2000. “Recuerdo una asamblea en la que aparecieron varios chavales que se habían escapado por el trato recibido”, cuenta Javier.

A partir de 2006, con la mal llamada “crisis de los cayucos”, el mapa de la exclusión cambió otra vez. La llegada de personas migrantes a costas españolas trajo otros desafíos y situó a la migración como un tema capital en la defensa de los derechos humanos por las constantes vulneraciones que se detectan. La comunidad de la Borromeo se volcó en la movilización social por el cierre de los CIE; en la crítica a los distintos gobiernos por levantar o mantener las vallas y concertinas que siembran las fronteras de Ceuta y Melilla; en los gritos para reclamar vías legales y seguras para migrar y que el Mediterráneo o el Océano occidental que baña las Canarias dejen de ser una gran fosa común; en la bienvenida a las personas refugiadas, más allá de cualquier eslogan de pancarta; en el acompañamiento y defensa de los derechos de niños y niñas que migran solos, sin la tutela de un adulto, y que, además de quedarse desprotegidos frente al sistema, son señalados como blanco de los discursos de odio.

“No hemos dejado de hacer cosas. No nos hemos especializado en temas según la moda, sino que respondemos según las necesidades y sin abandonar ninguna”, dice con ahínco Baeza.

Y, en todo esto, la Coordinadora de Barrios desempeña un papel fundamental. Se trata de la asociación creada al calor de esta comunidad con el fin de estar presente en el mundo de la exclusión social.

Su origen también se remonta a mediados de los años 80, en un momento en el que aglutinaba a otras asociaciones de barrio como en Orcasitas, Moratalaz o Villaverde. Hasta que a partir de los 2000 el único grupo que se mantiene bajo ese nombre y activo es el de Entrevías, en la parroquia.

“La idea de Enrique [de Castro] era que siempre hubiese una entidad civil, que no hubiese ninguna dependencia de la Iglesia. Es decir, que toda la parte social estuviera siempre bajo el paraguas de la Coordinadora de Barrios con el fin de que la Iglesia no pudiera ningunearnos”, explica Baeza. En la página web de la asociación se puede leer esta presentación: “Hemos descubierto, a lo largo de estos años, que lo más importante es el ser humano, por lo que la pertenencia a esta Coordinadora no presupone participar en un mismo credo político, religioso o ideológico. Entendemos que la implicación personal conlleva, necesariamente, una lucha permanente por la transformación social, lo que nos hace estar abiertos a todas las situaciones de pobreza que vamos conociendo”.

Se trata de una realidad que Javier vive incluso en su propia casa. Desde 1991, un año antes de ordenarse sacerdote, siempre ha compartido su hogar con aquellas personas que lo han necesitado. “Empiezo a vivir con chavales que además de tener problemas con las drogas también tienen problemas vitales, como haber sufrido maltrato o abandono. Diría que más de 60 chicos con los que viví murieron por el sida o por la droga”.

El perfil de sus compañeros y compañeras de piso ha ido cambiando a lo largo de los años. Desde José Huertas, preso durante 50 años, pasando por la defensora de los derechos humanos Helena Maleno y su familia cuando fueron expulsados de su casa en Rabat por el régimen de Mohamed VI, hasta los seis chicos de Marruecos, Guinea, Chad y Sudán que hoy viven con él.

No solo pone a disposición de los demás el techo de su casa, también la mesa, oportunidades para formarse y buscar empleo o tiempo de vacaciones cruzando la península en su inconfundible furgoneta azul, siempre abierta a los demás, ya sea para ayudar en una mudanza o llevar material humanitario a Ucrania.

“Digamos que es una casa que siempre está abierta”, dice.

Estirar la ley para acercarla a la justicia

Patricia Fernández Vicens, más conocida como Patuca, es otro eslabón clave en esta cadena de solidaridad —o resistencia— humana. Es abogada en la Coordinadora de Barrios e incansable defensora de los derechos humanos, especializada en derecho penal, infancia y migraciones, que se vincula al equipo jurídico en 2004, casi al mismo tiempo que su querido amigo Javier Baeza.

Desde la honestidad, la humildad y la perseverancia, Patuca dedica su vida a los demás. Pelea en los tribunales para reclamar justicia y reparación para las víctimas de las fronteras, como las de la masacre del Tarajal. Batalla hasta el último suspiro para que las personas que llegan arrasadas huyendo de las guerras, las maras u otros infiernos encuentren refugio y una nueva oportunidad. Nos recuerda que la infancia migrante también es sujeto de derecho. Y todo lo hace huyendo de medallas, poniendo por delante el valor de lo colectivo y el trabajo en grupo. Compartiendo siempre los éxitos y peleando las derrotas. Cuidando hasta el último detalle, sacando brillo a los afectos.

“La resistencia es una forma de existir que exige de una manera muy importante analizar el mundo en el que vivimos, identificar a las aliadas, alertar de los riesgos contra las personas empobrecidas y contra los derechos humanos y establecer cuáles son las trincheras desde las que queremos defender y defendernos”, argumenta esta mujer que nunca baja los brazos y siempre permanece con los pies en el fango, aunque a veces eso signifique ponerse la toga.

Sus inicios, hace más de 20 años, coinciden con un momento en el que ya se empezaba a ver que “logros que se habían ganado en cuestión de derechos fundamentales y libertades públicas comenzaban a estar en retroceso y a no tener ese consenso” que, dice, se estableció y expandió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

“Soy hija de la democracia, nací en 1977, no he conocido momentos de dictadura, provengo de una familia acomodada de clase media educada para la conciliación y la conformidad, pero sí que supe ver esta transformación a través de otras compañeras y compañeros. Pude hacerlo a partir de la lectura y de la experiencia de lo que nos transmitían las personas mayores”, asegura. Al mismo tiempo pone en valor que es capaz de hacer esta interpretación gracias a la experiencia intergeneracional de la Borromeo, donde se comparten todos los aprendizajes sin importar la edad o el origen. “Si en algún sitio se hace real la expresión “porque fueron, somos” es, efectivamente, en la Borromeo”, recalca con orgullo.

Para explicar su objetivo cita aquella metáfora que popularmente se atribuye tanto al escritor Eduardo Galeano como al arzobispo salvadoreño asesinado por la defensa de los derechos humanos, monseñor Óscar Romero: ““La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”. Lo que intentamos es estirar la ley al máximo para acercarla a la justicia, para ensanchar el marco de juego. Porque ley y justicia, lamentablemente, no van siempre de la mano”.

La primera medida cautelarísima que se exigió desde la Coordinadora de Barrios consiguió detener la deportación de un niño en 2006. Fue posible gracias a que una de las madres contra la droga acudió al juzgado, presentó la solicitud y pidió cita. “Una madre que años atrás peleaba por los derechos de su hijo y ahora lo hacía por los de un niño al que ni siquiera conocía”, resalta Patuca, que admite que no todo son victorias. Con el tiempo la comunidad aprendió a “huir del concepto de éxito judicial, que es ganar el pleito y tiene una mirada muy capitalista del éxito, porque ignora que los procesos también son muy importantes y pueden ser restauradores y legitimadores”.

“Lo primero que queremos defender es la convivencia como un bien supremo. También queremos defendernos frente a la mercantilización de las vidas. Lo vemos muy claro en los procesos de gentrificación y exclusión de los barrios. Entrevías es un ejemplo clarísimo: el otro día vi cómo cinco miembros de Desokupa entraban en un portal. Antes de que cerraran la puerta puse el pie para ver qué pasaba y si algún vecino necesitaba ayuda. Este es uno de los barrios con menor esperanza de vida de Madrid y, sin embargo, uno de los que más ha visto crecer el precio de la vivienda”, dice. 

“Otro frente es la explotación de los cuerpos, que atraviesa de lleno los procesos migratorios. No podemos olvidar que la migración existe porque hay una capitalización y una explotación previas de los territorios de origen y de las propias personas que migran”, dice la letrada. “Se habla mucho de la necesidad de una migración “legal, ordenada y segura”, pero yo exijo una legislación que sea legal, ordenada y segura. Estamos del lado de las personas migrantes porque son víctimas de una injusticia estructural”. Tanto cerca como lejos. “Lo que pasa en Entrevías es tan importante como lo que ocurre en el Congo, en Ceuta o Melilla, en Canarias o, por supuesto, en Palestina”, apostilla. 

Como ejemplo de estas conexiones transfronterizas —e incluso transatlánticas—, nombra el vínculo desde Vallecas con la comunidad indígena de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, brutalmente asesinada en 2016. Un lazo que se estrechó con la acogida de otra defensora de derechos humanos hondureña que tuvo que salir de su país tras participar en una comisión de investigación alternativa a la oficial que investigaba el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. 

Cada encuentro amplía el horizonte desde Vallecas y conecta con las luchas de otros pueblos.

Tarajal y el derecho como refugio

Patuca forma parte del equipo jurídico de la Coordinadora de Barrios, integrado por nueve abogadas y abogados que, de manera altruista, ofrecen atención directa y gratuita.

“Podemos atender desde a una vecina cuya comunidad ha aprobado la instalación de un ascensor y no puede hacer frente a la derrama hasta a trabajadoras a las que su empresa ha dejado de pagar o a personas extranjeras que buscan posibles vías de regularización si están en situación administrativa irregular”, explica Rebeca Martín, una de las abogadas de este grupo capaz de transformar el derecho en algo más que un instrumento técnico y convertirlo en un modo de acompañar, de tejer redes y de restituir derechos que el sistema deja en los márgenes.

La experiencia de Patuca en este grupo ya supera los 20 años. Entregada al acompañamiento de aquellos que Galeano acuñó como los nadies, a Patuca le cuesta situar los hitos o experiencias que más han marcado su trayectoria, no solo personal sino colectiva. De la década de 2000 recuerda un par de procedimientos legales abiertos por malos tratos, torturas y trato inhumano degradante en centros de menores o en centros de reinserción, que terminaron archivados o prescritos. Otro hito fue el acompañamiento sociojurídico brindado a los vecinos y vecinas del Gallinero, el poblado chabolista en las afueras de Madrid donde llegaron a vivir 500 personas, en su mayoría de etnia gitana procedentes de Rumanía, más de la mitad niños. 

Pero si hubo un pleito que marcó su trayectoria como abogada en la Coordinadora de Barrios, por su implicación y arrojo, fue el procedimiento que asumió para exigir responsabilidad y justicia por las muertes en la playa del Tarajal (Ceuta) el 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas se ahogaron al intentar cruzar a nado la frontera marítima entre Marruecos y España tras recibir disparos de pelotas de goma y botes de humo lanzados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

“Recuerdo que ese día estaba en una reunión de trabajo cuando vi en internet que había habido muertes en el mar en Ceuta. Entonces escribí a Javi un mensaje para que hablara con Helena [Maleno] por si tenía información y que nos dijera si hacía falta algo. Entonces me contesta Javi: “Helena dice que si estás dispuesta a querellarte contra el Gobierno””. Así recuerda esta anécdota que refleja a la perfección el impulso natural por reclamar justicia y estar siempre del lado de quienes ven vulnerados sus derechos, en este caso hasta la muerte.

A partir de ahí comenzó un recorrido judicial como acusación popular que ha sido una consecución de aperturas y cierres de la investigación. La última, en julio de 2022, cuando parte de las acusaciones populares (Coordinadora de Barrios, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Asociación Pro Derechos Humanos de España) y algunas de las familias representadas por la Coordinadora de Barrios a través de Patuca pudieron presentar a tiempo dos recursos de amparo distintos ante el Tribunal Constitucional, centrados en el derecho a la vida y en la falta de investigación efectiva relativa a los fallecidos. Un año después, este tribunal admitió a trámite los recursos de la acusación popular, pero ambos procesos siguen pendientes de resolución.

Pocos meses después de la tragedia, en verano de 2014, Javier y Patricia viajaron a Camerún, de donde procedían la mayoría de los fallecidos, para visitar a los familiares y acompañar en el trabajo de memoria y reparación que el colectivo Caminando Fronteras, fundado por Helena Maleno, había emprendido desde el primer momento. Esta visita sirvió también para que las familias de las víctimas pudieran dar el consentimiento explícito para ser representadas por el equipo jurídico de la Coordinadora de Barrios que se personó como acusación popular cuando, en febrero de 2015, la jueza de instrucción del caso citó a 16 guardias civiles a declarar. 

“Este viaje fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido, pero también de las que más me han impulsado para seguir”, confiesa Patuca. “Hay similitudes muy importantes entre las madres que lloran a sus hijos muertos en la migración, en la guerra de las fronteras, y las madres que lloran a sus hijos muertos en esa guerra que fue la droga, que arrasó en los barrios obreros”.

El timbre para llegar al primer escalón

Muchas de esas luchas que abordan Patuca, Rebeca y el resto de las compañeras y compañeros del equipo jurídico llegan con una llamada al timbre o con un toque con los nudillos en la puerta —ahora pintada de violeta, haciendo un guiño a la canción de Rozalén— de alguien que busca ayuda. Que busca información, que busca pistas para poder despejar el camino lleno de piedras y silencio que atraviesa la existencia de quienes viven en los márgenes.

“Una tarde de abril de 2018 vine aquí por primera vez con otros chicos que, como yo, habían sido devueltos a España desde Alemania, Holanda u otros países europeos por el convenio de Dublín [normativa europea que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez]. Nos deportaban sin nada, sin poder acceder al sistema de acogida, y acabábamos en albergues o en situación de calle. Llamamos al timbre para pedir ayuda, sobre todo algo de información para saber qué podíamos hacer. Entonces fue cuando nos atendió Patuca”, recuerda Amin Akkad, un joven sirio que hoy es, junto con Chelo Millán, el que recibe diariamente a todas las personas que se acercan en busca de apoyo.

Esa puerta que se abrió trajo dos grandes oportunidades. Una más personal y otra colectiva. En enero de 2019 se hace pública una nueva instrucción del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que establece el derecho de las personas refugiadas devueltas a España en virtud del Reglamento de Dublín a ser reingresadas en los programas de acogida, de los que estaban excluidos hasta entonces, como era su caso. Esto se traduce en una victoria social que salva del más absoluto desamparo a personas que, como Amin, llegaron en busca de refugio a Europa.

Fue un logro que no hubiera sido posible sin el arrojo de los dos jóvenes refugiados afectados, que presentaron sendas demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Contaron con el apoyo y acompañamiento del equipo jurídico de la Coordinadora de Barrios y también de numerosas acciones y asambleas con jóvenes afectados como Amin, que, junto a varios jóvenes de Palestina, Siria y Yemen, creó el grupo Refugees Fighting for Rights.

Formado por personas devueltas por el convenio de Dublín —que ellos mismos apodaron como “dublinados”—, este grupo, que contó con el apoyo de la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios, se reunía en al kanisa —“la iglesia” en árabe, un término que usaban muchos de estos jóvenes para referirse a la parroquia— u otros espacios vecinales o centros sociales okupados de Madrid, como la ya extinta Ingobernable. Allí hacían asambleas para identificar más casos de personas afectadas por Dublín.

“Una de las cosas que me gustó mucho de aquel tiempo es que siempre se vivió como una lucha colectiva. No es que llegáramos aquí y se pusieran a trabajar para nosotros, sino que éramos parte activa del trabajo y de la resistencia, y cada uno cumplía con su rol. Esto nos ayudó, porque sentíamos que estábamos haciendo algo”, recuerda orgulloso Amin desde uno de los despachos donde hoy atiende y recibe a la gente que llega a la Borromeo. 

“Lo que más necesita la gente es información. Eso y que se les escuche, porque la administración tiene muchísima burocracia y a lo mejor aquí les podemos guiar y ofrecer el primer escalón para continuar”, completa Chelo, que acumula a sus espaldas 20 años de acompañamiento.

Un lugar de acogida: un hogar

Entre todas las experiencias que se viven en este templo, la acogida cobra un sentido especial. No son pocas las veces que el techo de este edificio humilde, de dos plantas, con una azotea donde también se hace vida, se ha convertido en el único hogar de personas que, después de abandonar o huir de sus países de origen, se han visto sin ninguna casa que habitar.

Eso mismo ocurrió en 2018, cuando España se convirtió en la principal ruta de entrada por mar a Europa con más de 56.000 llegadas a sus costas, especialmente las andaluzas. Quienes sobrevivían a la ruta marítima en precarias embarcaciones y lograban pisar tierra firme, según sus relatos, eran trasladados por Cruz Roja a ciudades como Barcelona, Bilbao o Madrid. Sin embargo, en las grandes urbes se veían atrapados en un limbo sin recursos, envueltos en una situación de extrema vulnerabilidad o de calle debido a la falta de plazas de acogida que el Ministerio de Trabajo y Migraciones proveía para estos casos. Un vacío administrativo que en el momento tampoco estaba siendo atendido ni por la Comunidad de Madrid ni por el Ayuntamiento.  

La comunidad de la San Carlos Borromeo, junto a otros colectivos sociales y vecinales, respondió acogiendo en sus casas o acompañando en la acogida que se hizo en la propia parroquia. Durante varias semanas, cada día, a partir de las ocho de la tarde, los bancos para la oración y la asamblea se apilaban para dejar espacio a los colchones tendidos en el suelo para que pudieran pasar allí la noche jóvenes migrantes, algunos menores y solicitantes de asilo, como Polio, Claude, Adama, Mohamed, Aliou o Mahamadi. Durante el día recogían todo, desayunaban, se aseaban y comenzaban asambleas, manifestaciones y protestas para reclamar medidas sociales de acogida digna a las autoridades autonómicas, locales y estatales.

A finales de aquel mismo año, los colchones volvieron a cubrir el suelo de la parte baja de la parroquia en el espacio al que llaman “el templo”, que es lugar de encuentro en las misas y celebraciones de los domingos, donde se presentan libros, documentales o representaciones teatrales, donde se celebra el día de Reyes para los más pequeños, donde se congregaron cientos de personas de todos los credos e ideologías para despedir a las víctimas de Lampedusa o donde se hacen encierros para reivindicar luchas.

“Bienvenidos, esta es vuestra casa”, dijo Javier al salir a la puerta de la parroquia para recibir a siete familias (30 personas, entre ellas 11 menores de 13 años) que habían huido de sus respectivos países en busca de protección internacional en España, donde se encontraron a su llegada con un muro administrativo que las dejaba en la calle. Les era imposible acceder a una cita para solicitar asilo y sufrieron el rechazo de servicios locales como el SAMUR Social de Madrid, que ofrece atención a emergencias sociales.

Algunas familias ya habían pasado alguna noche en la sala de espera de la central del SAMUR Social en Madrid, de donde habían sido desalojados con la amenaza cumplida de avisar a la policía. Otras, como una familia venezolana con un niño pequeño y la madre embarazada, aseguraban que habían pernoctado más de una noche en la calle, a pesar del frío que ya se respiraba en noviembre de ese año. Por eso la llegada a la parroquia fue mucho más que un descanso: supuso un alivio y un refugio.

“Nosotros estuvimos solo tres días durmiendo allí porque nos derivaron pronto al hostal Welcome, donde pasamos unos tres meses hasta que ingresamos en el sistema de acogida y nos destinaron a Valencia, donde vivimos hoy en día, gracias a Dios”, recuerda Sandra Pulgarín, natural de Colombia y acogida junto a su marido, su hijo pequeño, sus suegros y su cuñado, también menor de edad.

Aunque consiguieron una estancia gestionada por la administración pública en un hotel ubicado en un polígono industrial del sur de Madrid, mantuvieron el vínculo diario con la parroquia, acudiendo a celebraciones, encuentros o asambleas y talleres informativos. Han pasado varios años desde aquella vivencia que, a pesar de la dureza, Sandra recuerda con cariño, porque de la San Carlos Borromeo se llevaron “una gran familia”. 

“Fue muy bonito porque, aunque éramos de diferentes nacionalidades, no teníamos la misma historia, pero sí estábamos en la misma situación, y aprendimos a compartir y a apoyarnos”, rememora poniendo como ejemplo la relación que mantienen hasta día de hoy con muchas de estas familias a pesar de estar asentadas en diferentes puntos de la geografía española. “Compartimos también la lucha, la realidad a la que nos enfrentamos y que se nos cayera la venda de los ojos por las expectativas que teníamos. Por eso era un orgullo contribuir enseñando a otras personas que venían detrás todo lo que habíamos aprendido. Aprendimos a tener empatía”.

Militar en la esperanza

Esta comunidad funciona a través de una cadena humana compuesta por gente de toda índole. Por eso los domingos por la mañana es normal ver entre los asistentes a la misa a personas católicas, ateas o de otras religiones, que se suman a esta suerte de asamblea o celebración donde, además de leer el Evangelio, se comenta, se comparten experiencias y se invita a una reflexión siempre guiada por el deseo de construir una sociedad exenta de desigualdades. En vez de pasar el cepillo, aquí se avisa de todas las actividades o acciones a la vista: desde presentaciones de libros o la llamada a respaldar luchas vecinales que paren los desahucios hasta manifestaciones en defensa de los derechos humanos. El broche de oro al encuentro lo suele poner una enorme paella o puchero, como excusa perfecta para compartir mesa y afectos. 

La comunidad de la Borromeo es ejemplo vivo de diversidad. Es Hamza, un joven que siempre se presta a cocinar o a lavar los platos cuando se celebran grandes comidas. Es Elena, vecina vallecana y madre de Alfon, el joven activista antifascista que se encerró en la parroquia junto a cientos de vecinos y vecinas del barrio vestidos con monos blancos, para protegerlo el día de su arresto y entrada en prisión tras verse envuelto en un caso señalado como “montaje policial”. Es el actor Carlos Olalla, que siempre presta su voz para hacer memoria por los desaparecidos en las fronteras. Es Asun, que a sus 90 años procura no perderse una manifestación, ya sea por la sanidad pública o la vivienda, y que confecciona en casa una bandera de Palestina de 16 metros para engalanar la fachada de la Borromeo u ondearla en las protestas contra el genocidio en Gaza. Es Javier Bardem acompañando a Willy Toledo en una rueda de prensa en el templo a la misma hora en que Toledo debía comparecer ante un juzgado por un caso de presuntos insultos a Dios y la Virgen. Es Manoli, una fiel parroquiana a la que le gusta definirse como “anarcosindicalista y atea”. Es Roberto, que batalla incansablemente para exigir la gratuidad de los comedores en los colegios públicos como un derecho fundamental de la infancia. Son Cuca, Carmencita, Xavi, Clara, Pepe, Sara, Pedro, Ibrahim, Javi, Yousef, Tronca, Juan, Mamadou, Justo, Manoli, Emiliana, Ramón, Aquilina, María, Patricia, Iria, Olea, Zacarías, Samuel, Rebeca, Marita, Muna, Paloma, René, Paquita, Carmen, Elena, Lola, Juan, Ela, Merche, Dani, Paula, Hayat, Chelo, Fatou, Toñi, Tubal, Sarata, Lu, Soukaina, Patuca, Oussama, Mamen, Amin, Ana, Abdulatif, Helena, Ernesto… Un sinfín de nombres.

En este templo de resistencia, miles de personas anónimas militan en la esperanza. 

Tras varias semanas de intensas protestas, una represión que ha dejado miles de muertos y la amenaza de intervención militar de Donald Trump, dedicamos este episodio de Larga Distancia a entender mejor qué está pasando en Irán y qué consecuencias podrían tener las manifestaciones para el régimen.

Lo hacemos desde dentro. Mucho se ha hablado de Irán, pero la opacidad del régimen hace que sea difícil que se haga de primera mano. Contamos con voces que conocen bien Irán para dar una visión poliédrica —histórica, actual, social, periodística— sobre un país sumido en una crisis económica y política que está bajo el foco internacional.

Desde Teherán, la reportera Catalina Gómez Ángel nos da su visión, a ras de tierra, sobre unas protestas y una represión que no tienen parangón. La analista de origen iraní Ryma Sheermohammadi nos da el contexto sobre la evolución histórica del país y analiza el rol de las mujeres, así como la represión que sufren. Conectamos con Mikel Ayestaran, cofundador de 5W y excorresponsal en Irán que conoce los entresijos del régimen. Y Patricia Simón, columnista habitual de 5W que visitó Irán tras la guerra de los doce días, ofrece su visión periodística, geopolítica —y humana— sobre Irán.

Un podcast de Javier Sánchez.

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En Ucrania, la guerra se libra —también— en los cuerpos de cientos de civiles. Cuerpos ultrajados, cuerpos que resisten, cuerpos humillados, cuerpos que tratan de sanar heridas que traspasan los límites de la piel.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 se han documentado 484 casos de violencia sexual. El número real es mayor, pues la guerra sigue activa y la mayoría de violaciones se producen en los territorios ocupados por las fuerzas rusas, lo que complica el recuento. Comparada con otros conflictos, la cifra es relativamente baja: en el norte de Etiopía, por ejemplo, la guerra civil ha dejado al menos 120.000 víctimas de abusos sexuales. En Haití, donde las bandas armadas llevan tres años desatando el caos en el país, el número ronda los 4.000. En ambos casos, al igual que en la mayoría de ocasiones, mujeres y niñas son las principales víctimas de estos ataques. 

En Ucrania, sin embargo, ocurre justo lo contrario. Cuando la fotógrafa Ximena Borrazás cruzó la frontera por primera vez a finales del año pasado no se encontró con el mismo escenario que en Tigray, donde decenas de mujeres se acercaban a ella con informes médicos en las manos que certificaban haber sido violadas. “Por desgracia, hemos normalizado que una mujer sea violada; pero un hombre, no”, dice Ximena. Las estadísticas son claras: de esos 484 casos en Ucrania, 350 son hombres, según Naciones Unidas. 

“Al principio estaba muy sorprendida porque no es normal”, dice. “Comencé a hacerme muchas preguntas: ¿Por qué pasa esto? ¿Qué piensan las víctimas? ¿Qué quieren conseguir los rusos?”. Son preguntas que requieren una mirada larga, pero en el fondo sobrevuela un principio presente en cualquier conflicto: maltratar la carne para quebrar la mente.

En el último año y medio, Ximena ha viajado a los territorios donde se libra la guerra hasta en tres ocasiones para reunirse con supervivientes de violencia sexual. Esta es una selección de imágenes comentadas en primera persona que ofrecen una mirada directa a las cicatrices invisibles de la violencia.

Ucrania sigue siendo un país anclado en el modelo de sociedad soviético, y para una gran parte de la población, incluidos los organismos estatales, es incomprensible que los hombres puedan ser víctimas de violencia sexual. Al comenzar a abordar este tema pensaba en la violencia sexual desde una perspectiva clásica: la penetración. Pero es un concepto mucho más amplio en el que entran amenazas y torturas. 

Fue el caso de Ruslan, de 28 años, que hasta el estallido de la guerra en 2014 vivía en la ciudad de Makiivka, en la región de Donetsk. Después del Euromaidán, la anexión rusa de Crimea y la proclamación de las “repúblicas” de Donetsk y Lugansk, se mudó a Járkiv, al norte de Donetsk, donde trabajó como profesor de informática en una escuela. En 2019, regresó a Makiivka —bajo ocupación rusa— para cuidar de su abuela, a la que le habían detectado un cáncer. Un año después su abuela murió. Ruslán tenía pensado volver a marcharse, pero la pandemia le obligó a permanecer allí. Las fronteras se cerraron y comenzó su pesadilla.

Ruslan fue detenido el 19 de agosto de 2020 y trasladado a un centro de aislamiento, donde pasó siete meses soportando todo tipo de torturas y violencia sexual. Oficialmente Rusia lo acusó de espionaje. “Me echaron agua encima, me estrangularon y me golpearon. También me colocaron electrodos en los genitales, los pezones y el cuello”, dice.

Desde el inicio de la guerra, una de las prácticas más habituales son las descargas eléctricas en los genitales. “Para ellos es una broma, les hace gracia. Te presionaban la porra entre las nalgas y luego te empujaban al suelo para empezar a cortarte los pantalones. Si veían que no tenías suficiente miedo, incluso podían intentar acercarte la porra al ano para que les tuvieras aún más miedo”, recuerda. “¿Este palo? ¿La porra? Sí, la porra”, le decían. “Ahora te meteré la porra en el intestino”.

Le limaron dos dientes laterales con una pequeña lima recubierta de diamante. La boca se inflamó tanto que no pudo abrirla hasta que un médico le extrajo varios dientes. Es lo que intenté reflejar en la fotografía que encabeza esta pieza: una radiografía. Los huesos revelan realidades comunes en todos los conflictos. Es un lenguaje que he encontrado para contar esta realidad de forma universal.

Ruslan fue puesto en libertad a finales de 2023. Según su testimonio, no fue sometido a un examen médico forense. “Me dijeron que no tenía sentido realizar una evaluación pericial después de tanto tiempo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos me dijo lo mismo”. Hoy, Ruslán se ha convertido en uno de los rostros más destacados contra la violencia sexual debido a su activismo y participación en oenegés que apoyan a hombres supervivientes de violencia sexual.

Oleh Malinovsky, sargento de la cuarta brigada de la Legión 80, camina por una calle en Lyman, en el Donbás. Tomé esta fotografía en febrero de 2023, meses después de su liberación. La guerra va camino de cumplir su cuarto año sin visos de un acuerdo de paz cercano. Desde que Putin anunciara el inicio de su ‘operación militar especial’, el 24 de febrero de 2022, más de 13.000 personas han perdido la vida, más de 3,7 millones están registradas como desplazadas internas y cerca de 7 millones han huido del país. 

El número total de soldados ucranianos y rusos muertos o heridos hasta la fecha es difícil de estimar. Mientras Moscú suele subestimar las cifras oficiales, Kiev prefiere no revelarlas. Según un informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, hasta el momento más de 950.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos desde que comenzó la guerra. En el bando ucraniano esa cifra se sitúa en los 400.000. Por el momento, Rusia se ha hecho con el control del 10% del territorio ucraniano.

A Roman (nombre ficticio para proteger su identidad), de 71 años, lo conocí en el último viaje que hice este año. A pesar de estar jubilado, tras el estallido de la guerra Roman decidió ayudar a su mujer, que es periodista. Comenzó a trabajar como chofer y camarógrafo. Su objetivo era informar de lo que estaba pasando tanto dentro como fuera del país. Un día llegaron a su casa, en el centro de Jersón, dos vehículos con hombres armados. Cubiertos por unos pasamontañas, aquellos hombres trasladaron a la pareja a un centro de detención temporal. La pareja fue interrogada inicialmente por supuestos agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, el antiguo KGB) que nunca se identificaron. Más tarde fueron encarcelados en la prisión más grande de Jersón. Roman pasó más de un mes allí. Esta foto la tomé poco después de su liberación, en un hotel de Kiev.

“No me llevé mis medicamentos de reserva. Había sufrido un infarto anteriormente y debía tomar ciertos fármacos a diario. Pero no me permitieron llevármelos. Pasé 25 días sin tomarlos”, dice. Roman fue encerrado en una celda como la de la imagen. Cuando visité esta prisión en febrero de 2023, meses después de que las tropas ucranianas recuperaran parcialmente la ciudad de Jersón, no quedaba ni rastro del olor ni de la suciedad de la que me hablaron varios supervivientes. Roman recuerda que en el centro de detención más del 90% eran hombres. “Había más de 20 celdas y solo una para mujeres; el resto eran para hombres. Todas estaban superpobladas”.

En cada celda vivían hacinadas una treintena de personas, aproximadamente. Las condiciones eran deplorables y el olor, nauseabundo. Hubo muchos casos de personas que murieron ahí. Los presos tenían que convivir con los cadáveres hasta que no eran retirados. Detrás del calendario que un preso trazó con tiza en una de las puertas había una letrina donde hacían sus necesidades. El suelo estaba lleno de heces.

A menudo, las celdas también eran el lugar de castigo. Estos iban desde amenazas de violación hasta agresiones reales, tocamientos o descargas eléctricas en los genitales. “Pasó de todo: amenazas y violaciones físicas directas o con objetos como palos de madera o porras de goma”, dice Roman. Algunos presos también fueron obligados a violar a otros durante los interrogatorios. A cambio recibían ciertos privilegios como una mayor ración de comida o más agua. 

Tanto en la región del Donbás como en Jersón, los presos eran sometidos a diferentes humillaciones por pura diversión. Formaba parte de lo que los soldados rusos habían apodado como “fiestas”. A veces eran los propios rusos quienes violaban a las mujeres. En otras ocasiones abrían la celda de los hombres, los desnudaban y los obligaban a ir a los módulos donde estaban encerradas las mujeres para que ellos mismos las violasen ante la atenta mirada de los soldados. A veces también obligaban a los hombres a tener relaciones sexuales entre ellos. Pero no siempre se trataba de violaciones; también los amenazaban, jugaban con la psicología para aterrorizarlos o, directamente, los torturaban. Dependía mucho del humor del soldado de turno. Uno de los supervivientes me dijo que su objetivo era “romper la masculinidad”.

—Para un hombre es mucho más difícil recuperarse de una agresión sexual que para una mujer —me dijo. 

En un principio me sentí enfadada. Me parecía muy injusto. Pensé en todas las mujeres con las que hablé en Tigray, que viven en condiciones horrorosas; algunas terminan por suicidarse después de haber sido brutalmente violadas sin recibir ningún tipo de ayuda. Pero luego entendí realmente lo que quería decir. A través de todos estos años, no solo en Ucrania, sino en el mundo, se han creado espacios seguros para que las mujeres puedan contar sus historias. Sin embargo, esas redes de apoyo no existen para los hombres. La violencia sexual contra los hombres sigue siendo un tema tabú.

Los hombres temen las reacciones negativas de la sociedad porque no quieren convertirse en parias. “Aquí seguimos bajo la influencia de la etapa final de la URSS y la Rusia actual, donde la cultura está criminalizada y donde las canciones, las películas y la literatura están estrechamente relacionadas con la vida carcelaria. Este mismo proceso de degradar a un hombre a través de la violencia sexual proviene de ahí, de esa psicología. En una sociedad europea, por ejemplo, lo ven de otra manera y piensan: ‘¿Qué más da? Hombre o mujer, en ambos casos se trata de violencia contra una persona’. Pero en nuestro caso se exacerba, porque la esencia masculina está rota”, dice Roman. 

Los supervivientes de violencia sexual tienen que pasar una serie de procesos médicos y judiciales que los evalúan para ser reconocidos como tales. Es un proceso complejo, y aún en construcción, ya que la violencia sexual no se reconoce como un delito independiente, sino que se contabiliza junto con otras formas de tortura. Hasta el momento, esta clase de violencia solo tiene entidad propia en el marco de la violencia machista. Ahora el Gobierno, junto a Naciones Unidas y donantes externos, está trabajando en un plan conjunto integral que aborde el secuestro, tortura y la violencia sexual durante los conflictos. 

El proyecto pretende repartir una pequeña compensación económica a los supervivientes. Según Roman, la cantidad es de 3.000 euros por persona. Por el momento el plan está en sus etapas iniciales, pero parece tener éxito y ya se estudia la posibilidad de exportarlo en un futuro a otros conflictos con altos niveles de violencia sexual. Si bien es cierto que la aportación es muy pequeña y no permite a las víctimas reconstruir sus vidas, esta ayuda supone un empujón para muchas víctimas que, más allá de las experiencias vividas, siguen lidiando con una guerra en curso. “Lo más importante es que la persona comprenda la idea principal: que no tiene la culpa de lo que le ha sucedido”, dice Roman.

—¿Por qué quieres mostrar tu rostro? —le pregunté.

—Porque no tengo nada que temer —respondió Anatolii (nombre ficticio para proteger su identidad).

Al igual que Roman, a Anatolii, de 67 años, lo detuvieron unos encapuchados. Fue en noviembre de 2016, dos años después de la anexión rusa de la península de Crimea. “No me acusaron de nada. Me golpearon en el corazón, me partieron los labios con un puño metálico y me llevaron a una ‘prisión de aislamiento’”, dice. 

Anatolii estuvo encarcelado en varios centros de detención de Donetsk durante cuatro años. Fue testigo de la brutal violación de otros reclusos y fue sometido a descargas eléctricas en los genitales y otras formas de tortura. “Recuerdo un día en el centro de aislamiento: había un chico de 14 años con otro chico mayor. Tenían muchas ganas de fumar, pero según las normas del centro de aislamiento estaba prohibido fumar. Decidieron fumar de todos modos y los pillaron”, recuerda.

—¿Habéis fumado? —preguntó un soldado ruso—. Muy bien. Ahora os haréis sexo oral el uno al otro como disculpa por lo que habéis hecho.

Dentro de la prisión de aislamiento había diferentes secciones. Una de las más temidas era la “cafetería”, situada en el sótano. Anatolii estuvo allí hasta en cuatro ocasiones. Allí aplicaban descargas eléctricas a través del corazón. “Lo hicieron cuatro veces, insertando un catéter aquí, en la zona de la arteria carótida y en los genitales”, explica. También le aplicaron descargas en el tendón de Aquiles. “Mis tendones comenzaron a infectarse. Ellos (los rusos) encontraron un poco de agua oxigenada y unas tijeras de oficina. Cortaron trozos de carne con tijeras de oficina, naturalmente, sin anestesia”.

Anatolii escapó del infierno el 29 de diciembre de 2022. Desde entonces forma parte de la ONG que lleva por nombre la fecha del día de su liberación. Su objetivo, como en el caso de Ruslan, es ofrecer ayuda a otros supervivientes de violencia sexual. Uno de los mayores problemas que enfrentan las víctimas al ser liberadas es la inacción por parte de las autoridades. Anatolii recuerda que, tras ser puesto en libertad, nadie le preguntó sobre su experiencia. 

—Se lo conté a las fuerzas de seguridad, pero no hubo ninguna pregunta sobre violencia sexual —recuerda—. Simplemente no distinguían entre tortura y violencia sexual.

—Y cuando estuviste en el hospital, ¿te preguntaron?

—No.

El testimonio de Anatolii se repite en la gran mayoría de casos. A algunas víctimas se les negaba los informes alegando que habían pasado muchos meses. A otros, en cambio, los visitaban ginecólogos que no están especializados en hombres.  

La situación, para las mujeres, no es muy diferente. Recuerdo dos mujeres de Jersón que huyeron de los territorios ocupados gracias a un convoy que las recogió. A ninguna de ellas se le realizó ningún tipo de prueba a pesar de denunciar ante la policía que habían sido violadas. Los policías les dijeron que sentían lo que les había pasado y que algún día, con el tiempo, olvidaría todo lo ocurrido. Lo mismo dijo una ginecóloga tras haberle detectado hepatitis.

Dmytro (otro nombre falso para proteger su identidad), de 57 años, posa sentado en la cama de una habitación en Kiev, Ucrania. Natural de Járkiv, Dmytro llevaba tiempo viviendo en Cracovia (Polonia), donde trabajaba como fotógrafo infantil. Durante 2016 y 2017, sin embargo, se dedicó a evacuar a personas de los territorios ocupados. Lo detuvieron en Makiivka en 2017. Lo acusaron de intentar asesinar a uno de los políticos más importantes de la autoproclamada República de Donetsk. “Me liberaron a finales de 2022. Al regresar, mi familia se había desintegrado”, dice. Hoy es abuelo de un bebé de tres meses. Dice que le resulta muy difícil estar a solas con su hija porque cuando entró en prisión ella tenía 12 años. Actualmente, vive en la casa de su madre, cerca de Járkiv.

A medida que hablaba, las piernas de Dmytro se movían de forma más nerviosa. No quería entrar en detalles. “Si me preguntas si experimenté algo físicamente o si fui testigo de ello, la respuesta a ambas preguntas sería sí”. Lo único que recuerda claramente son los “masajes” (como los llamaban los rusos). “Cuando decían que te iban a dar ‘masajes’, se referían a brutales palizas en los genitales”.

—Los perros, hijos de puta, como tú, tienen que ir en el maletero —le dijo un soldado ruso a Denis mientras lo llevaban a la cárcel.

A Denis, de 32 años, lo detuvieron en Melitópol, una ciudad situada a unos 150 kilómetros de la península de Crimea. Lo capturaron junto a su esposa María durante una fiesta nacional por distribuir folletos pro-ucranianos. También revisaron su teléfono y vieron que había enviado coordenadas de un puesto de control que había sido atacado unas semanas antes. Al llegar a la cárcel lo interrogaron. Dos individuos que llevaban botas militares comenzaron a golpearlo brutalmente durante 20 minutos. Cuando terminaron, le tiraron una servilleta a la cara para limpiarle la sangre y lo trasladaron a la celda más oscura. Denis permaneció allí 57 días, durante los cuales sufrió todo tipo de abusos, incluida una agresión sexual.

—Me llevaron a un garaje y me obligaron a ver cómo un hombre era violado mientras le sujetaban la cabeza y las piernas —dice. 

—Si no miras, esto te puede pasar a ti —le dijo un soldado ruso mientras le golpeaba.

Si Denis se negaba a mirar o cerraba los ojos, le aplicaban descargas eléctricas en los pies. A los hombres mayores y con hijos les aplicaban descargas en los testículos, mientras que a los más jóvenes y sin hijos se las aplicaban en los pies. “Así de humanos son”, dice.

A veces, al terminar las torturas, los soldados rusos tomaban fotos o vídeos para después publicarlas en VKontakte, una red social muy popular en Rusia. También cogían los teléfonos a los prisioneros y enviaban esas fotos a sus contactos más cercanos.

El teléfono móvil de Denis está lleno de pruebas de las torturas a las que sobrevivió. La fotografía de la izquierda muestra un hematoma causado por una de las tantas palizas que le dieron en las costillas.

La otra imagen pertenece a un informe psiquiátrico. Forma parte de las heridas invisibles de la guerra. El informe revela que Denis sufre de estrés postraumático y síndrome de depresión.

Otra radiografía. A pesar de los testimonios, muchos de los crímenes siguen quedando impunes. Las radiografías representan la prueba física del uso del cuerpo como arma de guerra, pero se necesita voluntad política para dar apoyo a las víctimas y perseguir y sancionar a los perpetradores. En este caso, las costillas fracturadas de la imagen pertenecen a Denis.

Ya sea por falta de conocimiento o negligencia, el mal uso de sustancias químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, también conocidas por sus siglas NRBQ, tiene el potencial de devastar territorios enteros o desencadenar crisis internacionales. En el podcast de este mes ponemos el foco en diferentes puntos del mundo que han sufrido sus consecuencias y miramos a otros donde el temor a padecerlos ha puesto en marcha sistemas de prevención. ¿Pero cómo podemos prepararnos para aquello que no podemos ver?

De ello hablamos con Ida Cosentino, responsable del área de riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares de las reservas rescUE en el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea; Ethel Bonet, periodista española en Líbano, y Mikel Ayestaran, cofundador de Revista 5W y reportero especializado en Oriente Medio. 

Un podcast de Javier Sánchez. El montaje musical es de ROAD AUDIO.

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Este podcast nace de una colaboración con la Comisión Europea.

Nunca nos libramos de lo que no hemos tenido. Lo pienso ahora, en el aeropuerto, de regreso a casa, mientras me fijo en dos fotografías. Una de ellas la tomé hace unos días, el 4 de diciembre de 2024, a través de la ventanilla del avión que me trajo aquí, a Guadalajara, México. Estábamos a punto de aterrizar y un sol rojizo teñía la línea del horizonte. La otra imagen apareció más tarde en la galería de fotografías del teléfono y me mostró, bajo esa perversa función llamada “tal día como hoy” —que nunca he sido capaz de desactivar— lo que estaba haciendo justamente diez años atrás. Tuve que fijarme bien en esa segunda imagen, convencida de que debía tratarse de un error. Eran idénticas. A través de la ventanilla de un avión, otro, un sol enrojecido y cansado quemaba el horizonte. Por más inverosímil que parezca, diez años atrás, el 4 de diciembre de 2014, viajé hacia Guadalajara e, imantada por la belleza de un ocaso, saqué una misma fotografía en esta suerte de acordeón que es el tiempo cuando se repliega sobre sí mismo.

Nunca nos libramos de lo que no hemos tenido, decía, porque todo cabe en la ausencia y, por eso, de los lugares, recordamos también lo que no ocurrió y la memoria nos los devuelve bajo la luz tamizada de lo que hubiéramos deseado que sucediera. Hay unos versos de Pessoa que se preguntan que “Por que é que, para ser feliz, é preciso não sabê-lo?”, y con ellos he atravesado estos días la ciudad de Guadalajara mientras trataba de imaginar quién era la mujer que llegó aquí hace diez años, esa que también, como ahora, fue al mercado de Tonalá, a la catedral, al lago de Chapala, a Tlaquepaque, esa que no quiso probar los tacos de lengua, ni los chapulines, la que aseguró una y otra vez que si llevaba chile no pensaba ni probarlo.

Ayer, de vuelta al hotel crucé un paso a nivel. Sin rastro de advertencia alguna de “No cruzar” me vino a la cabeza el inicio de Ciudadano Kane, cuando el espectador, antes de abandonarse al onírico mundo de Orson Welles, repara en una valla que lleva el mensaje de “no trespassing”. Con los años he llegado a pensar que esa no es únicamente la advertencia que recorre la película sino también un digno recordatorio aplicable a nuestras propias vidas. No hay que cruzar hacia el pasado por la pasarela de la nostalgia, o hacerlo únicamente para escribir, para imaginar, elucubrar, explorar. Para preguntarse, frente a dos fotos idénticas, qué queda de la persona que deseó capturar la belleza de un instante en la antesala de un viaje que ahora termina por segunda vez. Lo que queda, me digo, vive agazapado en esos versos de Pessoa. Todo lo que no ocurre forma parte de esa felicidad secreta y clandestina que solo puede comprenderse diez años después, es decir, ahora, frente a la puerta de un avión, convencida al fin de que también somos lo que hemos perdido.

Septiembre debería estallarnos en las manos con las ansias de hacer con el otoño lo que no supimos hacer con el resto del año. Acariciar la promesa de los inicios, vibrar con la ligereza de los amaneceres del verano, querernos un poco más, hacernos un poco menos de daño. Pero la lista es larga y pesa demasiado:

Israel avanza en su genocidio en Gaza, mientras persevera en su empeño de incendiar Cisjordania y todo Oriente Próximo. Después de meses advirtiéndolo, las Naciones Unidas han declarado la hambruna en Sudán. Tras el Mediterráneo, ahora es el Atlántico el que empieza a convertirse en una fosa común de migrantes y refugiados. Rusia somete a Ucrania a su tercer año de guerra, sin visos de negociaciones de paz. El Trump más amenazante podría volver a presidir el país más violento del mundo. Su devoto Elon Musk ha convertido X, el ágora digital más multitudinario del planeta, en un propulsor de los discursos de odio y de la maldad.

Y así podríamos seguir recopilando hecatombes y crímenes de lesa humanidad para entender el origen de tanta desazón y cantar, con la nostalgia con la que lo hacía Pauline en la playa, que “el mundo se va a acabar”. Pero lo cierto es que, pese a todo, no solo no vivimos en el peor de los mundos posibles, sino que para la mayoría de la población es el mejor de todos los tiempos. La triste paradoja es que estamos más tristes porque estamos más informados, porque somos sociedades más empáticas con el dolor ajeno, porque nunca como hoy hubo tanta gente convencida de que los derechos humanos deberían regir nuestras vidas y las de los demás. Y, también, porque Gaza nos ha devuelto el reflejo de nuestra pusilánime medida: si la ciudadanía de las democracias aliadas del agresor no tenemos vías para impedir que cometa un genocidio, ¿podemos considerarnos realmente ciudadanos y ciudadanas? ¿Podemos considerar a nuestro sistema político una verdadera democracia?

Pero el derrotismo es un privilegio de quienes vivimos en países prósperos y en paz, y una traición a quienes luchan por un futuro cada día sin saber si será el último. Llevamos décadas sometidas a las políticas del miedo de quienes nos quieren paralizadas para someternos con más facilidad. Para vencerlas, no necesitamos ser valientes, sino mucho más: crear y sentirnos parte de la comunidad.

“Seguir viviendo, casándonos, teniendo hijos… Seguir existiendo es parte de nuestra resistencia”, nos explicaba esta semana en La Ventana Lora Abuaita desde Belén. “Por eso vamos a celebrar esta boda. Pero solo en una reunión familiar pequeña, con menos ruido, porque Gaza está a 80 kilómetros de mi pueblo”.

Por respeto a todas las Loras del mundo, arrinconemos tanta impotencia y pesadumbre, cojamos impulso y veamos más allá. Así nos daremos cuenta de que seguimos vivas y de que el mundo, al menos por ahora, no se va a acabar.

La ira es lo que cuenta. La amargura es como un cáncer, “se come a su huésped”, decía Maya Angelou. Por eso hay que dejarla a un lado y estar cabreado y usar esa ira: “Escribirla. Pintarla. Bailarla. Hacerla marchar. Votar con ella. Hacer todo con ella. Comunicarla. Nunca dejar de hablar de ella”. Y yo no la puedo acallar. Me hierve la sangre, me queman las manos, las tripas se me revuelven y la lengua parece ensancharse y sofocarme. Es la ira. La Ira. T. me escribe y me dice: “Si no sobrevivo, haz lo que puedas por ellos”. Su esposa y su hijo. Él en Rafah, ellos refugiados en Egipto. Y la ira se me mueve desde las uñas, que se clavan en la palma de la mano, a los dedos y de ahí, venas arriba, por los brazos hasta los hombros, que se contraen y se estrechan alrededor del cuello forzándome a decir en alto: “Si no sobrevivo…”. Aparto el teléfono y pienso la ira, hablo la ira, escribo la ira… “Si no sobrevivo…”. Si no sobrevive. Es uno entre un millón y medio. Está enfermo de hambre y de hepatitis y yo siento náuseas y hago un esfuerzo por tragar la ira que del esófago se desplaza hacia el estómago. “Si no sobrevivo…”. ¿Alguna vez habéis planeado la vida sin vosotros?

En Berlín, hace unos días, paseaba por uno de mis rincones favoritos, entre el jardín de Neushauss y Bebelplatz, donde se recuerda la Kristallnacht. La noche de los cristales rotos. Siempre me  sobrecoge ese lugar donde estanterías vacías recuerdan bajo el suelo los libros quemados, los asesinados por el odio de los nazis en 1938. Europa se construyó sobre las cenizas de aquello que no queríamos que volviera a ocurrir. Y aquí estamos masticando ira 40.000 muertos después. Con un asalto en ciernes sobre Rafah, el último refugio para más de un millón de palestinos que no tienen a dónde ir y, en su huida, deambulan por una escombrera. Un asalto que ha provocado el tibio rechazo estadounidense pero que la masa estudiantil denuncia en campus universitarios de todo el mundo en acampadas desde las que exigen a nuestros políticos hechos y no palabras: el fin de las relaciones con Israel, el embargo de armas. 

En Berlin, en la Freie Universität, observo cómo la policía desaloja con violencia a los estudiantes que manifiestan su ira contra el genocidio, y en mi cabeza, a cámara lenta, les veo gruñir como a animales rabiosos de uniforme mientras los dispersan por la fuerza. Y ellas, sobre todo ellas, les escupen su ira a la cara: “Free, free, Palestine. Stop the genocide!” Pero en Alemania —país del que en 2023 procedieron alrededor del 30% de las compras de armamento de Israel— no se puede hablar de genocidio en Gaza. Quedó claro cuando en abril la policía impidió la celebración de un congreso palestino organizado por judíos. Uno de los oradores, Ghassan Abu Sitta, cirujano que pasó 43 días atendiendo heridos en Gaza el año pasado, fue interrogado durante horas en el aeropuerto antes de que se le mandara de vuelta a Londres. Desde entonces, Francia —donde debía hablar ante el Senado— y Holanda le han negado la entrada alegando una prohibición de acceso al espacio Schengen impuesta por Alemania. Y en España algunos políticos acusan a los que protestan de hacerlo a favor de Hamás… Pero los que se echan a la calle son estudiantes. Los que ondean su ira frente a la injusticia son los jóvenes. Esos y esas a quienes dicen que no les interesa la política, que pasan de todo, aunque yo ya empiece a sentirme en deuda con ellos. Ignorar la represión de sus protestas contra el genocidio en Palestina tendrá consecuencias directas en nuestras sociedades democráticas y nuestras libertades. El debate va más allá de lo político y entra en lo ontológico en tanto en cuanto enajenamos nuestra responsabilidad social en pos de la breve paz que propicia el cerrar los ojos mientras nos van quitando derechos que costará recuperar. Ocurre en una Europa que va a las urnas en menos de un mes y yo pienso de nuevo en T., atrapado, enfermo, hambriento, asediado en Rafah: “Si no sobrevivo…” 

Quizá sea el momento de votar la ira.

Zaid Amali estaba durmiendo cuando Hamás lanzó por sorpresa el ataque contra Israel, mató a más de 1.300 personas y capturó más de 200 rehenes. Han pasado casi siete meses desde aquella aciaga madrugada de octubre. Desde entonces, Israel ha matado a más de 34.000 personas, el 70% de las cuales son mujeres y niños. Ahora, las fuerzas israelíes preparan un asalto militar al último pedazo de la Franja que aún no han invadido: Rafah. Allí se refugian más de un millón y medio de personas huidas desde todos los lugares de Gaza. Egipto mira con extrema preocupación a esa posible invasión, que podría forzar un nuevo éxodo hacia el Sinaí para unos palestinos que ya arrastraban el dolor de la Nakba, la expulsión masiva de 700.000 personas durante la fundación del Estado de Israel en 1948.

Zaid Amali forma parte de esa estirpe de palestinos atravesados por el destierro. Refugiado palestino de tercera generación, nació en un campo de desplazados en Damasco. Desde hace seis años vive en Ramala, en Cisjordania, donde dirige el departamento de abogacía internacional de la oenegé palestina MIFTAH (Iniciativa Palestina para la Promoción del Diálogo Global y la Democracia), cuyo objetivo es buscar apoyos internacionales para la causa palestina y promover los principios de democracia y diálogo efectivo. La última investigación que publicaron antes del inicio de la actual ofensiva israelí se centraba en la epopeya que vivían las mujeres enfermas de cáncer y otras enfermedades crónicas para ser atendidas fuera de Gaza, porque en la Franja no encontraban los servicios adecuados. El informe constataba cómo Israel obstaculizaba los permisos de derivación médica, hasta el punto de que algunas de ellas llegaban a morir esperando su acreditación.  

Pero todo eso ha quedado atrás. El barrio donde se encontraban las oficinas de MIFTAH en la Franja fue bombardeado al inicio de la actual ofensiva, y sus colegas tuvieron que huir. De ellos no sabe mucho. “Cada día nos despertamos sin saber si volveremos a hablar con ellos”. Cuando consiguen conectar, sus amigos le describen los horrores de la guerra, las matanzas, la destrucción. “A veces son las pequeñas historias las que realmente te rompen”, dice. “El hecho de que no puedan encontrar comida o que tengan que dormir en tiendas de campaña o que no puedan ducharse o que no puedan encontrar compresas cuando tienen la regla. Son estos detalles cotidianos los que encogen el corazón”, comenta Amali durante la entrevista, que se celebró durante su visita a Barcelona para participar en una nueva edición del ciclo de conferencias “¿Qué pasa en el mundo?” del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).

En esta entrevista, Amali reflexiona sobre las raíces del conflicto, el derecho al retorno, la complicidad de Occidente, la vigencia de organismos como la ONU y la necesidad de justicia. “Israel tiene un largo historial de crímenes impunes, que se remonta a 1948, cuando masacró a palestinos y borró pueblos enteros durante su fundación. Sin embargo, no deja de ser chocante ver que pueden cometer un genocidio transmitido en directo durante meses sin que el mundo se mueva para detenerlo.”

¿Por qué cree que Occidente se apresuró a imponer sanciones a Rusia pero no a Israel? 

El doble rasero ha sido muy claro desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Actuaron muy rápido contra Rusia, mientras que nosotros llevamos décadas sufriendo una situación muy similar sin que tomen acciones reales para detener a Israel. Esto dice mucho sobre cómo el mundo occidental realmente no valora las vidas ni los derechos palestinos. No es de extrañar que los palestinos pierdan la fe en la comunidad internacional y apoyen a grupos como Hamás cuando ven que [los países occidentales] pueden actuar tan rápida y asertivamente contra Rusia, pero no hacen lo mismo cuando se trata de Israel.

Algunos países como España, Irlanda, Bélgica o Luxemburgo han manifestado su intención de reconocer el Estado palestino.

Es un paso que debería haber ocurrido hace décadas. Europa, por lo general, siempre se ha declarado a favor de la solución de los dos Estados, pero al mismo tiempo solo reconocía a uno de ellos. Aunque sea de manera simbólica, siempre es positivo que otros países comiencen a debatir sobre la idea real de reconocer el Estado palestino. Tenemos que empezar a construir nuestro futuro sobre ello. Dicho esto, no creo que la solución sea únicamente reconocer el Estado. Esto debería ser solo el primer paso de un largo camino. Después tendríamos que asegurarnos de que el Estado gozase de independencia real y soberanía para que pudiera actuar como tal. Y por último, debería darse un proceso de reparación. No puede existir un Estado palestino sin justicia. La rendición de cuentas es imprescindible. 

Para ello, es necesario que antes termine la guerra. ¿Es creíble hablar de paz mientras los llamamientos al alto el fuego siguen siendo rechazados?

No. Mucha gente ya está avanzando y hablando del día después y de la paz cuando, obviamente, la prioridad ahora es conseguir un alto el fuego, detener este horror, detener el derramamiento de sangre, detener este genocidio. Así que no es realista hablar de paz. Ahora no es el momento. Ahora tenemos prioridades. Tenemos que empezar con un alto el fuego inmediato y permanente para distribuir asistencia y ayudar a reconstruir Gaza, para dar a la gente la oportunidad de curarse, de recuperarse, tanto física como mentalmente, en todos los aspectos. Es una gran pérdida. Si nos fijamos en la escala de los crímenes y las masacres, posiblemente sea la mayor pérdida palestina desde la Nakba. Para alcanzar una paz real y duradera necesitamos que la comunidad internacional nos tome en serio, no solo con palabras o con retórica, sino con acciones reales que incluyan a Palestina en la toma de decisiones. El pueblo palestino debe decidir su propio destino.

Hablemos de lo más inmediato. Israel sigue con los preparativos para invadir Rafah. Allí se concentran más de un millón y medio de personas. ¿Cree que Egipto abrirá finalmente sus fronteras?

Egipto debe —y puede— hacer mucho más. El paso fronterizo de Rafah está controlado por Egipto, no es un paso israelí. Si quisieran, podrían facilitar la ayuda humanitaria que se está acumulando en su frontera. La ayuda no debe politizarse. No debe ser utilizada como palanca por nadie, por ninguna autoridad, por ningún gobierno. Egipto debería abandonar ese sistema de sobornos al que le tiene sometido Israel. Se aprovechan de unas circunstancias muy difíciles para obtener beneficios económicos o políticos. Es inaceptable.

¿El desplazamiento masivo de estas personas a Egipto significaría la anexión de la Franja por parte de Israel?

Este siempre fue el objetivo israelí: desplazar a los palestinos y tomar nuestras tierras, y una forma de hacerlo es a través del genocidio. Pero existen más herramientas, como la presión colonial en Cisjordania. Si nadie les frena, no pararán hasta borrar a Palestina del mapa.

Siempre existe el temor de que no se permita regresar a las personas que están siendo expulsadas ahora; de hecho, ya está ocurriendo. Israel dice que Hamás ha sido derrotado en gran parte de la Franja, pero no permite que los más de 1,5 millones de personas que han forzado a huir a Rafah vuelvan al norte de Gaza. Este ha sido siempre el problema y yo mismo, como refugiado de tercera generación, sigo sin poder ejercer mi derecho a regresar a mi tierra.

Las personas que huyen de la guerra necesitan seguridad. Y, como sabemos, en estos momentos no hay zonas seguras en Gaza porque Israel está atacando indiscriminadamente toda la Franja. 

Gran parte de los gazatíes son desplazados de la Nakba. 

Antes de este genocidio, casi dos tercios de la población de la Franja de Gaza eran refugiados de la anterior ofensiva en 1948. Y desde hace dos décadas han estado confinados en esta prisión al aire libre, en un asedio sofocante y sin poder regresar a su tierra original. Ahora están siendo desplazados de nuevo y convertidos en refugiados otra vez. Es un estado perpetuo de negación del derecho al retorno por parte de Israel. 

Mientras esto ocurre en Rafah, las condiciones en Cisjordania empeoran. Cada día aumenta la violencia de los colonos contra los palestinos y Hamás parece ver reforzada su tesis de que la única vía posible es la armada. 

La situación en Cisjordania es peor que nunca, especialmente por el aumento de la violencia contra los palestinos. Los colonos controlan ministerios e instituciones clave del Gobierno, incluido el Ministerio de Seguridad Nacional, gestionado por una persona condenada por la propia Justicia israelí por apoyo a organizaciones terroristas.

Itamar Ben-Gvir.

¡Exacto! Con este tipo de personajes al frente, los colonos se sienten más envalentonados que nunca para atacar con total impunidad. Somos testigos de un aumento sin precedentes del terrorismo de los colonos y del desplazamiento de comunidades palestinas enteras. Poco a poco borran comunidades enteras y las sustituyen construyendo más asentamientos ilegales. 

Por eso la popularidad de Hamás está aumentando en Cisjordania más que en la Franja de Gaza, según las encuestas. Pero no se trata tanto de un apoyo ideológico a Hamás, sino más bien el resultado del fracaso de la comunidad internacional a la hora de lograr una solución de dos Estados. ¿Cómo convencer al pueblo palestino de que la violencia no es la solución cuando las resoluciones internacionales y las negociaciones no sirven de nada? Los palestinos no quieren más asesinatos, ni asentamientos, ni arrestos, ni violencia, pero todo eso sigue ocurriendo y, por ende, se incrementa el apoyo a Hamás. Son vasos comunicantes.

¿Ha perdido legitimidad la Autoridad Palestina?

Sí, creo que la Autoridad Palestina ha perdido legitimidad, aunque en mi opinión comenzó a perderla cuando expiró su mandato y no permitió que se organizasen nuevas elecciones. Hace mucho tiempo que no elegimos a nuestros gobernantes. Cualquier persona menor de 36 años en Cisjordania no ha participado nunca en unas elecciones.

Habla del fracaso de la solución de los dos Estados, ¿es un sueño imposible?

Hace mucho tiempo que creo que esa opción murió, pero no fue por causas naturales. Israel mató sistemáticamente la solución de los dos Estados con su política de los asentamientos ilegales, así que se me hace muy difícil imaginarla. Eso no significa que debamos dejar de lado los derechos internacionalmente reconocidos del pueblo palestino. Lo vuelvo a decir: tenemos que centrarnos en el derecho a la autodeterminación y el derecho al retorno para que el pueblo palestino pueda seguir existiendo.

¿Quién tiene la llave para acabar con este conflicto? ¿Estados Unidos? ¿Europa?

No solo ellos. Hemos visto cómo los países del Sur Global también están tomando medidas. Ahí está la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio o la denuncia de Nicaragua contra Alemania por el suministro de armas a Israel. Claro que Europa y Estados Unidos tienen mucha más influencia en el curso de la guerra, pero también tienen gran parte de la culpa. Durante años han recompensado a Israel a través de acuerdos comerciales, cooperación política y cobertura diplomática en lugar de exigirle responsabilidades. El mundo occidental ha perdido su prestigio como protector de los derechos humanos y del derecho internacional. Son ellos quienes suministran armas que se utilizan para masacrar a los palestinos. Tienen las manos manchadas de sangre. Todo esto los hace responsables, tanto legal como moralmente, de intervenir y detener esto. 

Hablemos de las posibles consecuencias.

Desde mi punto de vista, el genocidio en Gaza tendrá implicaciones a largo plazo desde el punto de vista estratégico. No todos los países tienen la misma responsabilidad, por supuesto, pero todos ellos, en tanto que cómplices, están poniendo en peligro sus propios intereses políticos, económicos y culturales no solo en Palestina, sino en el mundo árabe, musulmán y en el Sur Global. Occidente ha perdido credibilidad y esto es algo que también afectará a sus intereses nacionales. Lo estamos viendo. Muchos diplomáticos europeos afincados en el mundo árabe y musulmán están advirtiendo a sus gobiernos de los peligros de perder el apoyo de la opinión pública y diplomática. Y recuperar eso no es sencillo, lleva mucho tiempo.

En el caso de Estados Unidos, ¿puede afectar al curso de las próximas  elecciones de noviembre?

Ya podemos ver que el Partido Demócrata y el Gobierno de Biden están perdiendo mucho apoyo entre la población árabe y musulmana de Estados Unidos. Esto es evidente en algunos estados como Michigan e Illinois, donde hay una gran presencia de este grupo demográfico. De todas formas, creo que para los palestinos todas las administraciones estadounidenses han sido cómplices de los crímenes israelíes. No hay grandes diferencias. Quizá Trump sea más directo en sus intenciones, pero si nos fijamos en las políticas, él y Biden se parecen mucho. Durante la anterior campaña, el actual presidente prometió a los palestinos revertir muchas de las acciones que Trump había tomado, incluyendo el traslado de su embajada o el restablecimiento de la ayuda humanitaria. Pero la realidad es que su mandato está llegando a su fin y la embajada sigue en Jerusalén. Tampoco han restablecido completamente la ayuda humanitaria; de hecho, cortaron el flujo de recursos a la UNRWA. Y en cuanto a la política, hace dos semanas vetaron en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución sobre el Estado palestino. No importa quién se siente en la Casa Blanca.

Europa también tiene cerca unas elecciones al Parlamento Europeo. ¿La postura proisraelí de países como Alemania podría inclinar las elecciones hacia una victoria de los partidos de extrema derecha?

Sabemos que la política exterior no es necesariamente la prioridad de los votantes en Europa. Sin embargo, hemos sido testigos de una movilización masiva sin precedentes en las calles europeas. El apoyo está ahí, aunque en términos públicos no esté siendo correspondido por los gobiernos. Es un hecho que la derecha está aumentando en Europa y es preocupante, no solo para los europeos, sino también para los palestinos. Solo espero que cuando acudan a las urnas tengan en cuenta también su posición sobre Palestina.

Antes comentaba que Hamás ha aumentado su popularidad en Cisjordania. Hábleme de su situación en la Franja. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó recientemente que Hamás había sido casi derrotado y que ya no suponía un peligro para los israelíes, pero desde la Franja se siguen lanzando cohetes contra Israel y el grupo sigue reteniendo rehenes.

Como bien dices, la realidad es que Hamás sigue siendo capaz de resistir la invasión terrestre israelí. Que siete meses después, a pesar de los bombardeos constantes, sigan luchando nos dice mucho sobre los verdaderos objetivos israelíes. No han cumplido ninguno de los objetivos declarados al principio. No han acabado con Hamás y tampoco han sido capaces de liberar a todos los rehenes. Al contrario, los han avasallado con sus bombas. El objetivo real no es liberarlos ni terminar con Hamás, el objetivo es aterrorizar a los palestinos, matar al máximo número posible y desplazar al resto para invadir la Franja.

Hace unos días Israel asesinó a varios hijos y nietos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. ¿Cree que esto podría causar una división interna en el grupo?

No estoy seguro. Ha habido muchos asesinatos contra figuras o miembros de Hamás. Es parte de la estrategia. Israel no solo ataca directamente a los implicados, sino también a la población en general. Para Israel, cada palestino es un objetivo justo, tanto si se trata de un líder militar o político como de un ciudadano medio o de mujeres y niños. Cada familia palestina tiene decenas de muertos y heridos. Esto demuestra que el objetivo de Israel es atacar indiscriminadamente, porque en el pasado hemos visto que cuando quiere lo hace con gran precisión. Lo hizo, por ejemplo, con el líder de Hamás Marwan Issa. Lo hizo en Beirut con el asesinato de Saleh al Arouri, en su apartamento. Si quisiera, Israel podría haber evitado muchas muertes; pero eso iría en contra de su estrategia. 

En las últimas semanas también han aumentado las tensiones a nivel regional. ¿Cree que Irán continuará con su guerra proxy en Líbano, Yemen y Siria, o estamos ante el comienzo de una guerra a mayor escala?

Es posible que la escalada sea inminente porque en Gaza confluyen muchos intereses. Es increíble que la comunidad internacional esté dispuesta a iniciar una guerra regional en lugar de responsabilizar a Israel y detener el genocidio en Gaza. Los aliados de Irán en la región fueron muy claros al anunciar que detendrían sus ataques cuando Israel detuviese los suyos en la Franja. Así que la solución para evitar una escalada es sencilla: detener la guerra y el genocidio en Gaza. 

Parte de la población israelí se ha mostrado muy crítica con la figura de Netanyahu. Sobre él recae la responsabilidad de los fallos de seguridad que propiciaron el ataque sorpresa del 7 de octubre, el fracaso en la liberación de los rehenes y múltiples juicios por corrupción. ¿Hasta qué punto la guerra en Gaza, y ahora una posible guerra contra Irán, actúan como cortina de humo?

Netanyahu sabe que su supervivencia política depende de la continuación de la guerra. Esto ayuda a entender por qué está tratando de prolongarla, a pesar de que hay desacuerdos internos dentro de Israel. Netanyahu está básicamente manteniendo al mundo entero como rehén de su propia vida política. Por eso me parece increíble que el resto del mundo no se dé cuenta de ello y no lo detengan. Estamos siendo exterminados a causa del futuro político de una persona. 

No quiero terminar sin preguntarle acerca de las Naciones Unidas. Tanto en Ucrania como en Gaza no han sido capaces de imponerse como mediadores. En su opinión, ¿la ONU ha dejado de ser relevante?

Yo creo que sí. Naciones Unidas, como concepto, es relevante, pero no en su forma actual. Debe reformarse. 

¿A qué tipo de cambios se refiere?

Tenemos docenas de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad que hablan de actuar en Palestina, pero nunca se han aplicado ni se han cumplido. Deberíamos empezar por garantizar que las decisiones de las Naciones Unidas se apliquen. En mi opinión, esa es la reforma más importante. Al mismo tiempo, creo que el Consejo de Seguridad sigue siendo un gran problema en las Naciones Unidas, y Palestina es quizá uno de los países que más ha pagado el precio de que el Consejo de Seguridad sea rehén del veto de ciertas potencias.

Las Naciones Unidas deberían reformarse para incluir a un mayor número de países del Sur —especialmente en el Consejo de Seguridad— o quizá para dar más poder a la Asamblea General, que es mucho más representativa en términos de participación de todo el mundo y no solo de unos pocos Estados.

Parece poco probable que los países con derecho a veto decidan renunciar a él.

Bueno, sí. No veo que les interese. Sin embargo, tiene que haber más presión para imponer esta reforma, y el Sur Global podría liderar el cambio en ese aspecto. En el Consejo de Seguridad, a través de los miembros no permanentes, los países del Sur Global ya están imponiendo resoluciones. No siempre lo consiguen, por supuesto, debido al veto, pero también hay otras vías de presión como la Asamblea General o la Corte Internacional de Justicia. 

Terminemos hablando de otra agencia de la ONU, la UNRWA. En un comunicado reciente dijo que solo tiene fondos para seguir funcionando hasta junio. ¿Qué cree que pasará?

La UNRWA es esencial. Es uno de los principales distribuidores de ayuda en la Franja de Gaza, si no el principal. Es el más organizado, el que más material, instalaciones y capacidades tiene para entregar esa ayuda. También prestan servicios esenciales a los refugiados palestinos fuera de Gaza: en Cisjordania, en Jerusalén y en los países vecinos de la región. Así que la UNWRA es fundamental.

Muchos países, entre ellos Estados Unidos, decidieron dejar de financiarla a raíz de la acusación de Israel de un supuesto vínculo con Hamás.

No es la primera vez que Israel trata de liquidar a la UNRWA. La administración Trump también empujó en esa dirección en el pasado. Algunos países están revirtiendo la decisión y vuelven a destinar recursos. Se han dado cuenta de que, una vez más, los israelíes les han mentido presentando acusaciones falsas para intentar deshacerse de la UNRWA. Ante esto yo digo: si quieren deshacerse de las ayudas, den a los refugiados palestinos el derecho al retorno. De esa manera no las necesitarán. 

Israel retiró sus tropas del interior de Gaza en 2005 y desde ese momento reforzó todo el control de la Franja por tierra, mar y aire. Israel creía tener todo bajo el control de sus increíbles sistemas de seguridad pero, ante la mirada de sus drones y cámaras de vigilancia, Hamás se armó, construyó una Gaza subterránea y le golpeó por sorpresa el 7 de octubre.

Desde ese día los israelíes han impuesto un bloqueo aún más fuerte que se extiende a los medios de comunicación. Ni Israel ni Egipto permiten el acceso de la prensa internacional a la Franja y, como en todo conflicto, la lucha en el campo de batalla discurre de la mano de la lucha por el relato.

Los periodistas que han podido entrar lo han hecho empotrados con unidades de combate israelíes o con servicios médicos. Las incursiones han sido puntuales y controladas por quienes las organizan.

Israel bombardea a la población palestina y bombardea al mundo con información oficial a través de sus portavoces militares y políticos. Los datos que salen de la Franja son “mentira” porque los ofrece “el ministerio de Salud de Hamás”, los datos e informes de agencias de la ONU como UNRWA son “mentira” porque “es un órgano más al servicio de Hamás”… Todo lo que no encaja en su narrativa del conflicto “es Hamás” y punto. No hay más que añadir.

Frente a estas “mentiras”, Israel ofrece cada día comunicados y ruedas de prensa con su verdad y el argumento central de la autodefensa. Después de casi cinco meses de un cerco al más puro estilo medieval, el hambre golpea a la Franja y al menos diez niños han muerto por desnutrición y deshidratación, según UNICEF. Estas muertes se producen mientras el Ejército comparte en redes sociales su “verdad” a base de mensajes como “la entrada de ayuda no tiene límites” o estadísticas sobre los cientos de camiones que entran por el paso de Rafah.

Hamás difunde comunicados y graba vídeos con sus operaciones. Los islamistas también han grabado a los cautivos que tiene en su poder, toda una campaña de guerra psicológica para presionar al enemigo con estos mensajes directos a unas familias que están rotas después del largo cautiverio.

Miles de periodistas hemos pasado desde el 7 de octubre por Israel y, tras acreditarnos ante el Ministerio de Información, hemos tenido acceso a diferentes viajes organizados por las autoridades de este país a los kibutz atacados por Hamás. Aquí se puede oler la sangre, caminar entre la destrucción y compartir el dolor de las familias por sus seres queridos.

Gaza solo se puede ver desde la distancia, como una película de terror que discurre tras la cortina de un cine y de la que solo escuchamos el rugido lejano de las explosiones y el vuelo a baja altura de los cazas. Una cortina que tapa las muertes, las ruinas, el llanto y el hambre de los gazatíes. Una cortina perfectamente custodiada por Israel y Egipto para tener el control del relato y que ninguna imagen, crónica o entrevista les incomode demasiado.

El bloqueo informativo impuesto desde el exterior lo rompen los periodistas palestinos. Israel ha puesto a los informadores en su punto de mira y justifica cada asesinato selectivo porque les considera miembros o colaboradores de  Hamás. El “todo es Hamás” ha servido al Ejército como argumento para asesinar a 89 informadores y trabajadores de medios, según el último balance del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).  Pese a no permitir la entrada de reporteros desde el exterior, Gaza es ya el conflicto más sangriento para la prensa de todos los que ha documentado el CPJ.

Al material de los periodistas en Gaza hay que añadir los informes de las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno y las agencias de la ONU. Estos trabajos reflejan una realidad alejada de la “verdad” de Israel y dibujan un panorama de desastre humanitario sin precedentes. Porque Gaza no es un lugar cualquiera, es un lugar cercado por tierra, mar y aire, un lugar en el que Israel está vengando la masacre del 7 de octubre con un castigo colectivo a toda una población a la que trata como cómplice de Hamás.

En la Franja esperan el alto el fuego y sueñan que coincida con el mes sagrado del Ramadán. ¿La entrada de prensa internacional? No parece que esa cortina de la vergüenza vaya a levantarse en breve, pero cuando lo haga Gaza explotará ante nuestros ojos. Gracias al trabajo y a las vidas de los colegas locales y de las organizaciones humanitarias, nadie podrá decir que no le avisaron de lo que trataban de ocultar Israel y Egipto al resto del mundo. 

Hace dos años, Ihor acudía cada día a una base militar de Kiev para pedir que le permitieran luchar en el frente. Por entonces, sobraban voluntarios. Ahora, apenas sale de su casa por temor a ser reclutado y terminar muerto en el campo de batalla a los pocos días. Es solo su historia, pero su transformación podría ser la de cualquiera que se crea a salvo de la guerra. Un treintañero con una profesión liberal, que ahorraba parte de su salario precario para viajar durante los veranos por el sur de Europa y que cuando cayó el primer bombazo en frente de su casa sustituyó su lengua materna, el ruso, por el ucraniano, y empezó a mirar con recelo a quienes no hicieron lo mismo. Un joven que dedicaba aquellas primeras noches de crujir de ventanas y de sirenas insomnes a estudiar tutoriales online para producir piezas con impresoras 3D que convirtiesen los drones en armas con las que bombardear los tanques del Kremlin. Un chaval al que no le había interesado la política hasta aquel 24 de febrero y para el que el presidente Zelenski se convirtió, de inmediato, en su mayor ídolo y esperanza.

El mismo Ihor —y a la vez tan distinto, tan envejecido, tan cínico, tan cansado— que ahora, dos años después de que comenzase la invasión rusa, me escribe para decirme que muchos soldados pagan a sus superiores para que no les envíen como carne de cañón al frente porque ni siquiera tienen apoyo de artillería, que cada vez resulta más difícil escapar de las redadas y de los checkpoints destinados a “cazar hombres” porque no hay recambio para los soldados muertos, que los varones que encuentran a menos de cinco kilómetros de la frontera son, rápidamente, sometidos a un reconocimiento médico y enviados a combatir, que algunos periodistas de investigación que han publicado información crítica sobre el Estado han sufrido espionaje y amenazas, que el presidente ha destituido al jefe de las Fuerzas Armadas porque le hacía sombra, que la corrupción lo carcome todo, que borra algunos de los mensajes después de enviármelos porque tiene miedo, porque chequean las redes sociales, porque ya nada va a ir a mejor. Le pregunto a qué se refiere y me responde con otra pregunta: “¿Qué puede pasar en un país dividido con tantos civiles armados?”

Su testimonio no representa la opinión mayoritaria de la población de Ucrania —si esta se puede discernir en un país en guerra—, solo la suya, en este momento, en su relación conmigo, que no es más que un lienzo en blanco en el que puede desahogarse sin temer represalias, juicios de valor, reproches. Su rabia tampoco es una justificación de la invasión rusa. Todo lo contrario. Si hay algo que permanece intacto en Ihor desde que lo conocí en 2022 es la aleación de dolor y de odio provocada por el régimen de Putin, que lo blinda en un estado permanente de alerta, desconfianza y crispación. Pero el análisis de Ihor sobre la degradación de la situación en Ucrania tampoco es único, ni siquiera exclusivo de su país: es el ciclo natural de la guerra, un negocio que incluso cuando nace de la legítima defensa, como en este caso, termina convirtiéndose en un motor mismo de la violencia.

En febrero de 2023, durante el primer aniversario de la invasión, viajé a los alrededores de Bajmut, donde se libraba la que entonces Zelenski presentaba —y presentábamos los periodistas— como la batalla crucial para el desenlace del conflicto. Sin embargo, en las aldeas atrapadas entre los combates, donde permanecían los ancianos y ancianas que preferían morir en su cama antes que en un lejano cuarto compartido con desconocidos, o en los cementerios donde las madres y padres lloraban la muerte de sus hijos, o en las ambulancias donde trasladaban a los soldados heridos, allí nadie hablaba de ganar la guerra, solo de que se hiciera lo necesario para que acabase cuanto antes.

Un año después, la batalla supuestamente determinante ha sido la de Avdivka, y ya nadie habla de contraofensiva porque los aliados de Ucrania solo le prometen el armamento justo para defenderse y le advierten que difícilmente podrá recuperar el 18% del territorio controlado por las tropas del Kremlin. El objetivo ahora, dicen, es mantener posiciones para, en algún momento, estar en condiciones de negociar. Para ello, el Parlamento quiere aprobar una ley que elimina eximentes para la movilización de nuevos reclutas. “Es una ley inconstitucional y que favorece la corrupción”, me escribe Ihor, en consonancia con las apreciaciones que ha realizado el Comité anticorrupción de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano.

Al principio de la invasión, a pocos les importaba la constitucionalidad de las leyes. Es más, el mismo lhor habría exigido que se encerrase de por vida a quienes intentaran evadir su deber de defender al país. Pero ahora no le domina el terror de morir en cualquier instante, la guerra se siente llevadera desde Kiev y cuando piensa en sus amigos y conocidos muertos en el Donbás se incendia pensando en los hijos de la oligarquía que siguen viviendo a todo trapo en el extranjero.

Ucrania no solo necesita armas de la Unión Europea, sino un acompañamiento exigente para que la guerra lanzada por Rusia no termine convirtiendo en un régimen autoritario al que sigue siendo uno de los países más corruptos de Europa —pese a los numerosos ceses realizados por Zelenski para que esto cambie—. Lo último que merece el pueblo ucraniano es ser víctima, además de los crímenes de lesa humanidad de Putin, de la corrupción de algunos de sus mandatarios y del abandono de los nuestros. Como escribió Wislawa Szymborska, “después de cada guerra alguien tiene que limpiar”. Ya que el fin de la guerra no está solo en sus manos, exijamos a Zelenski que airee Ucrania de los vestigios despóticos soviéticos para defender su democracia de la única forma posible: construyéndola.

Lo esencial para entender al ser humano te asalta, abofetea y asfixia a cada paso en Palestina. Ni la hospitalidad, ni la generosidad ni la entereza de su gente es capaz de sembrar algo de esperanza ante tanto dolor. Si el genocidio nazi sigue haciéndonos recelar de nuestra propia naturaleza y atormentándonos con las preguntas esenciales —cómo fue posible y, sobre todo, qué habríamos hecho nosotros en esa situación—, el régimen de apartheid ejercido, entre otros, por descendientes de sus supervivientes aplasta como una excavadora cualquier tentación de autocomplacencia: somos animales que, cuando estamos heridos y traumatizados, somos capaces de destinar toda nuestra inteligencia a desarrollar los más sofisticados sistemas de tortura y aniquilamiento del otro. Como periodista, todo lo vivido y narrado antes y después de viajar a Palestina son versiones del mismo desastre, de la misma Nakba, del mismo exterminio. No porque el desgarro de una madre ucraniana o colombiana por la pérdida de su hijo sea menor, sino porque durante los 75 años de ocupación Israel ha diseñado, aplicado, perfeccionado y convertido en una industria multimillonaria las técnicas y tecnologías más retorcidas para que el tormento de todo un pueblo sea tan grande que le empuje a asumir que su única vía para la supervivencia es la aceptación del exilio o la sumisión.

La ocupación de Palestina comprende los elementos clásicos de una guerra, pero recrudecidos a lo largo de las décadas, cada vez más retorcidos en sus objetivos, normalizados gracias a la impunidad. Y, sin embargo, lo más difícil de explicar como periodistas no son las múltiples formas en que el Estado de Israel aniquila a la población de Gaza —los recurrentes bombardeos, el bloqueo, la pobreza—, sino el impertérrito y preciso sadismo con el que ha conseguido convertir cada parcela de la vida cotidiana de los palestinos de todos los territorios ocupados en un calvario. Y cómo para ello ha creado una lengua de eufemismos administrativos destinada a deshumanizar a los niños, niñas, hombres y mujeres palestinos para convertirlos en “terroristas” y “animales”. Dos conceptos que dirigentes y parte de la ciudadanía israelí repiten ahora constantemente ante cualquier micrófono para justificar la anunciada limpieza étnica de la Franja, pero que los palestinos llevan escuchando a diario, desde hace décadas, en los puestos de control en los que les roban el tiempo y el dominio sobre sus vidas, en los tribunales militares donde condenan a niños por tirar piedras y a sus padres por manifestarse, en las cárceles en las que languidecen más de 1.200 hombres, mujeres y niños sin cargos ni juicio, en sus escuelas cuando las derruyen, en sus casas cuando las derriban, en sus plantaciones cuando las arrancan, en sus pozos cuando los soterran, en su mezquita Al Aqsa cuando la policía sionista irrumpe en pleno Ramadán, e incluso en sus entierros, cuando los colonos o los soldados los matan.

“Cada día morimos. A veces me digo que es mejor que mi hermano fuese asesinado. Ahora estará en un sitio mejor. Y a salvo. Porque aquí, lo puedes ver, no hay nada”. Así me resumió Waed Ayyad la vida de los palestinos en el este de Jerusalén. Su hermano, de quince años, fue abatido a tiros por un ultraortodoxo. El colono disparó desde la ventana de la casa arrebatada a una familia palestina en la que sigue viviendo, a unos pocos metros de la de Waed. Ella, entonces, se formó como terapeuta para tratar a los niños traumatizados por las detenciones, las redadas en mitad de la noche, el aislamiento y la incomunicación con sus padres.

Israel no solo ha convertido Gaza en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, sino que cualquiera que haya recorrido Jerusalén Este o Cisjordania sabe que es difícil escaparse de la sensación de estar en un campo de detención. El apartheid israelí busca recordar a los palestinos, cada segundo, que malviven bajo su control, vigilancia y, sobre todo, bajo una implacable discriminación y segregación. Para ello, su Ejército y su Policía ejercen violencia física, psicológica y simbólica para quebrar a sus víctimas de manera individual y colectiva. Y pese a que colonos y soldados han asesinado a más de 200 palestinos en Cisjordania entre enero y agosto de este año —37 de ellos niños—, pese a que cada vez son más los asentamientos ilegales que fragmentan y aíslan las poblaciones de Cisjordania, pese a que cada vez es más violento el acoso contra los palestinos de Jerusalén y a que cada vez es mayor la malnutrición, la desesperación, la miseria y todo lo que abarca la crisis humanitaria de la Franja de Gaza, nunca había sido menor la atención mediática sobre la situación palestina hasta el injustificable y atroz ataque cometido por Hamás. Israel había conseguido su objetivo: que el mundo asumiese que los recurrentes pogromos contra el pueblo palestino eran su normalidad. Por ello, para volver a ser noticia, Israel ha tenido que responder a los crímenes de guerra cometidos por Hamás con bombardeos indiscriminados contra la población civil de Gaza y el anuncio de una limpieza étnica. Después de eso, ¿qué más hay?

Todos los grandes horrores y aberraciones que un Estado puede infligir contra un pueblo las hemos documentado en Palestina varias generaciones de periodistas. Conscientes de cómo el trauma de la persecución y del exterminio nazi ha convertido a las víctimas en victimarios, quizá sea el conflicto en el que los medios son más escrupulosos a la hora de incorporar el el contexto y la compleja realidad del pueblo israelí. De hecho, el apoyo incondicional de la Unión Europea a Israel y a su impunidad no se puede entender sin la mala conciencia de Alemania por el pecado capital.

Pero también hay un Israel que exige el fin de la ocupación, el respeto de los derechos humanos de los palestinos y la convivencia en paz. Algunos de ellos, ancianos ya, conservan tatuado en su piel el número de recluso de los campos nazis. Una minoría estigmatizada, perseguida y, cada vez más, amenazada por los fundamentalistas que gobiernan el país y por los colonos, que ostentan un poder político sin precedentes. “Es más necesario que nunca ser compasivos con todas las víctimas y, a la vez, firmes en la defensa de que todas las vidas humanas son igual de valiosas”, me decía en estos días de barbarie mi amigo Jeremy Milgron, rabino defensor de los derechos humanos. “¿Cómo le decimos a la gente que los terroristas que cometieron la terrible masacre el pasado sábado son hijos y nietos de refugiados que fueron expulsados de donde están los kibutz atacados? Sus descendientes volvieron con los corazones llenos de ansia de venganza por las vidas que han llevado ellos y sus familiares. Los israelíes no hicimos ningún esfuerzo por atender sus justas demandas. Y cuando no respetas la necesidad básica de justicia, no vas a encontrar una respuesta civilizada?”, añadía, días después, eligiendo cuidadosamente las palabras con un sosegado racionalismo humanista. Y concluía: “Tengo miedo de lo que pueda pasar estos días”

Un miedo muy distinto al que llevó a parte del pueblo de Israel a levantar muros para encerrar a los palestinos sin darse cuenta de que eran ellos los que se emparedaban en un racismo y un odio viscoso que, como la ocupación, lo anega todo.

La única vía para salir de esta espiral de violencia es que, por una vez, Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea dejen de amparar al ultrarreaccionario Gobierno de Israel, impulse una refundación de la Autoridad Nacional Palestina e imponga, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una vía para las negociaciones de paz.  

De lo contrario, dentro de un año, de diez o de cien, seguiremos escribiendo sobre padres abrazados a sus bebés muertos, niños acariciando los rostros amortajados de sus madres, morgues atestadas, manifestantes con los tobillos acribillados, nuevos campos de refugiados, pero también de israelíes asesinados, coches bomba y atentados en países supuestamente alejados. Todas las guerras seguirán siendo versiones de la madre de todas las guerras, la que incendió en 1948 Israel con el inicio de la ocupación y la que 75 años después la comunidad internacional sigue sin querer sofocar.

Tailandia necesitaba divisas y el entonces ministro de Interior, Prapas Charusathiarana, tuvo la terrible idea de promocionar a sus mujeres como mercancía para atraer el turismo. “Será bueno para la economía”, dijo. Eran los años 60 y el resto es historia: la industria del turismo sexual explotó, generaciones de jóvenes sin recursos descendieron sobre los barrios rojos de Bangkok, Phuket o Pattaya y el país se enfrentó, a partir de los años 80, a una de las mayores epidemias de sida del mundo. 

Aquella política siempre fue absurda, no solo porque promovía la explotación de la mujer desde el Gobierno, sino porque Tailandia tenía las playas, la comida, la naturaleza y el legado histórico para ofrecer al visitante una oferta turística difícil de igualar en el mundo. El país se ha pasado las últimas dos décadas tratando de revertir el error y mejorar su reputación, con relativo éxito. La prostitución infantil fue perseguida con contundencia y el país organizó en los 90 una de las campañas más efectivas para frenar el avance del sida. El turismo sexual ha continuado, pero fue minoritario entre los 40 millones de visitantes que Tailandia recibió en 2019. 

Y entonces llegó el covid. El virus arrodilló a la floreciente industria turística y millones de personas perdieron sus puestos de trabajo. Tailandia reabrió en 2022 y ha buscado desde entonces maneras de atraer de nuevo a los extranjeros. El vicio vuelve a ser visto como parte de la solución. Tras una ausencia de ocho meses, al volver al país me he encontrado puestos de venta de marihuana en cada esquina. Literalmente. El gobierno legalizó el uso para fines medicinales en 2018 y el año pasado despenalizó la planta con calculada ambigüedad, abriendo la veda para todo el que quiera fumar. La hierba se ofrece ahora en puestos de comida callejeros, food trucks, pequeñas tiendas y otras tipo McDonald’s, con pantallas que publicitan los productos con carteles iluminados.

La medida ha convertido a Tailandia en una rareza oriental. Asia es el continente con las leyes más duras contra el tráfico y el consumo de drogas. Entre las viejas heridas del continente están los efectos del opio, una adicción que Occidente promovió, debilitando a sus sociedades. Británicos y franceses defendieron el comercio con dos guerras a mitad del siglo XIX, en las que China perdió, entre otras cosas, Hong Kong. 

La transición de tolerancia cero a barra libre de marihuana está siendo difícil. Los hospitales reportan un aumento de ingresos por brotes psicóticos y efectos no deseados. La medida tiene escaso sentido para potenciar el turismo, al menos occidental: los extranjeros ya tienen fácil acceso a la marihuana en sus países. Pero comparado con las recetas del ministro Charusathiarana y su idea de comerciar con las mujeres tailandesas, un colocón masivo puede considerarse un mal menor.