El 21 de abril, cinco días después de abrirse el plazo de la regularización extraordinaria de personas migrantes —un plazo que cerraba el 30 de junio y no se repetía—, Comisiones Obreras convocó una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería. Las razones para la convocatoria son reales: sobrecarga de trabajo, sueldos hasta un 40% más bajos que en otras administraciones, la huelga ya hecha el año pasado por lo mismo. Nada inventado. Desde posiciones antirracistas y desde organizaciones migrantes se criticó el momento elegido: la ventana para regularizarse era tan breve que cualquier retraso en la tramitación podía dejar a mucha gente sin posibilidades de regularizar su situación.
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