Nuestro rickshaw comienza esta semana en la región de Transnistria y en su importancia para el conflicto ruso-ucraniano; se detiene a repasar los resultados de las elecciones francesas; y analiza la polémica aplicación del estado de excepción en El Salvador. También nos fijamos en Nigeria, Birmania, China, República Democrática del Congo y Brasil. Y terminamos en Afganistán con nuestra crónica de la semana.
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El recorrido
Ucrania
Una semana más, arrancamos con el foco en la guerra en Ucrania. El temor a que el conflicto se extienda ha aumentado en la vecina Moldavia, después de varios ataques en la región separatista moldava de Transnistria: esta autoproclamada República —sin reconocimiento internacional, mayoritariamente prorrusa y fronteriza con el suroeste de Ucrania— sufrió el lunes y el martes varias explosiones que no fueron reivindicadas por ningún país, y que desencadenaron acusaciones cruzadas entre Rusia, Ucrania, Transnistria y Moldavia. Si quieres saber más sobre las particularidades de esta región, te recomendamos esta pieza de la fotógrafa Hanna Jarzabek. Mientras tanto, la ofensiva rusa se concentra en el este y el sur del país, donde las tropas de Moscú han acelerado el ritmo de ataque. Entre las ruinas de la ciudad de Mariúpol hay más de 100.000 personas sin agua, electricidad ni productos básicos, según las autoridades ucranianas, que denuncian que Rusia ha bloqueado allí la ayuda humanitaria. El martes, Vladimir Putin admitió que la situación en Mariúpol es “trágica”; lo hizo durante un encuentro en Moscú con el secretario general de la ONU, António Guterres, que lo único que dejó claro fue que las visiones de ambos sobre la guerra son radicalmente distintas.
Y el conflicto ya ha provocado las primeras consecuencias tangibles en el suministro de gas ruso a países europeos. Esta semana, la estatal rusa Gazprom ha cortado el suministro a Polonia y Bulgaria por su negativa a a pagarlo en rublos —algo que Moscú ha impuesto a los compradores extranjeros “no amigos”—. El Gobierno polaco ha advertido de que tomará “acciones legales” contra Gazprom, mientras que Bulgaria ha dicho que revisará sus contratos con esa empresa. Se trata de la respuesta más contundente del Kremlin, hasta ahora, a las sanciones de Occidente.
Francia
No pasó mucho tiempo entre el cierre de los colegios electorales franceses y la celebración de Emmanuel Macron a los pies de la Torre Eiffel. Tras la experiencia no tan lejana del Brexit o de Donald Trump, pocos se atrevían a vaticinar con rotundidad un resultado más allá de lo que auguraran las encuestas, pero finalmente el actual presidente revalidó su mandato por otros cinco años: una rareza en el país galo lograda por pocos líderes previos, entre ellos Charles de Gaulle, François Miterrand o Jacques Chirac. Los resultados, eso sí, muestran una Francia dividida y una extrema derecha totalmente normalizada, como desgrana Moussa Bourekba en este ensayo que hemos publicado esta semana.
El buen resultado obtenido por Marine Le Pen y la elevada tasa de abstención —cerca del 28%, la más alta desde la década de 1960— dejan constancia de que la victoria de Macron dista de poder ser considerada aplastante. Consciente de los retos que afronta en este nuevo quinquenio, que él mismo catalogó de “desafío inmenso”, el mandatario prometió una nueva legislatura renovada y no continuista. No tardará en volver a rendir cuentas: en junio se celebran las elecciones legislativas, que son popularmente conocidas como “la tercera vuelta”.
El Salvador
Tras una solicitud del presidente Nayib Bukele, el Congreso de El Salvador decidió este domingo alargar durante un mes más el estado de excepción que rige en el país desde el 27 de marzo. La medida supone la suspensión de ciertas garantías constitucionales, como el derecho a ser informado de las razones de arresto, la ampliación del plazo de detención administrativa de tres a quince días o la limitación de la libertad de asociación. La Constitución establece su uso “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público”, por lo que la oposición ha criticado su aplicación actual para lo que consideran un problema de delincuencia común.
¿Por qué Bukele apuesta entonces por una medida tan radical? Vamos con un poco de contexto para entenderlo. Cuando el mandatario llegó al poder en 2019, una de sus principales promesas fue luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios, pero en los últimos meses se ha disparado la violencia. A finales de marzo, El Salvador vivió algunas de las jornadas más sangrientas de las últimas tres décadas: hasta 87 asesinatos llegaron a registrarse en el último fin de semana del mes. El actual Gobierno defiende con ese argumento la nueva prórroga aprobada el domingo. Según datos publicados por la Policía Nacional Civil, durante los primeros 30 días fueron detenidos más de 16.000 pandilleros y se registraron diez días sin homicidios. Por su parte, organizaciones como Human Rights Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por la imposición de este estado de excepción en El Salvador.
La imagen
Nuestra fotografía de la semana, de Hassan Ammar, llega desde Líbano y muestra a un hombre durante una procesión funeraria sosteniendo el cadáver de una niña, mientras otro dispara al aire. La pequeña falleció, junto al menos otras seis personas, en un naufragio cerca de Trípoli —no la capital libia sino la homónima segunda ciudad más poblada de Líbano—. El suceso ha provocado la indignación ciudadana y enfrentamientos con el Ejército libanés al saberse que la Marina interceptó la embarcación, en la que viajaban personas migrantes que intentaban alcanzar Europa, y supuestamente fue la causante de su hundimiento al embestirla, según denuncian los supervivientes.
El terrible suceso ha tenido lugar la misma semana en la que al menos 27 personas, entre ellas seis bebés, han desaparecido en otra ruta migratoria, la del Atlántico hacia las islas Canarias, tras naufragar la patera en la que viajaban desde la costa africana.
Otras claves
- Una explosión en una refinería ilegal de petróleo en Nigeria el pasado sábado se ha cobrado la vida de al menos un centenar de personas. Las autoridades habían advertido en varias ocasiones sobre el peligro de este tipo de refinerías —que habitualmente utilizan crudo robado— no solo para sus trabajadores, sino también para el medioambiente.
- Un tribunal de Birmania ha condenado este miércoles a la depuesta líder Aung San Suu Kyi, de 76 años, a cinco años de cárcel por corrupción. El fallo se suma a otras sentencias condenatorias decretadas contra ella en los meses pasados tras su arresto durante el golpe de Estado militar de febrero de 2021. Sus abogados denuncian que los cargos son falsos y el objetivo es apartarla de la política.
- Miramos a China, porque al confinamiento de Shanghái se ha sumado ahora Pekín por un nuevo brote de covid-19. En este caso se trata, de momento, de cierres selectivos y pruebas masivas a la población, pero el temor a que se replique la situación de la otra urbe ha provocado ya el abarrotamiento de supermercados.
- Seguimos hablando de salud, pero esta vez en África: la República Democrática del Congo declaró el pasado fin de semana un nuevo brote de ébola en el noroeste del país. De momento hay dos víctimas mortales en el que supone el séptimo brote desde la epidemia de 2018 y que llega tras un mes y medio sin casos.
- Un tribunal federal de Brasil ha ratificado la suspensión de la que habría sido la mayor mina de oro a cielo abierto en el Amazonas. El proyecto presentado por una compañía canadiense no ha logrado el permiso ambiental necesario al no cumplir con los criterios establecidos por la Fundación Nacional Indígena.
- Aunque la noticia semanal sobre redes sociales es que Elon Musk ha comprado Twitter, ya sabes que en este rickshaw nos gusta transitar por caminos secundarios, así que en su lugar queremos contarte que el régimen talibán ha prohibido TikTok en Afganistán para evitar que los jóvenes “se descarrilen”.
Esta semana en 5W
La educación, como el resto de los ámbitos esenciales de la vida, dio un vuelco en Afganistán cuando los talibanes entraron en Kabul el 15 de agosto de 2021. Cerraron las escuelas con la excusa de la pandemia y las volvieron a abrir siete meses después, pero solo para los niños y niñas más pequeñas. Las estudiantes de secundaria quedaron excluidas con una promesa de próxima apertura de sus centros que, como presagiaban los peores augurios, no se materializó. La educación para ellas sigue de facto prohibida: más de un millón de niñas y adolescentes se han quedado sin escolarizar.
El reportero Ángel Sastre ha recorrido Kabul y otros puntos del país como Kandahar para recoger la frustración de adolescentes como Ambered Bahar, de 16 años, o de Farhan Sara, de 17, pero también las explicaciones del Ministerio de Educación. Es la paradoja de esta nueva era: los mismos talibanes que durante años atentaron contra escuelas y secuestraron a docentes son ahora los responsables del sistema educativo del país.
