Un camión se detiene en un puente. Hombres armados hacen descender a unos trece individuos maniatados. Tras acercarles a la barandilla uno a uno, les disparan en la cabeza y los empujan al río.
Este vídeo grabado con móvil pertenece a una serie que muestra cómo miembros del grupo terrorista Boko Haram matan a quienes consideran infieles en distintos lugares de Bama, una localidad de Borno, el estado nororiental de Nigeria con mayor presencia yihadista. Trabajadores humanitarios lo utilizaron para obtener pistas sobre lo sucedido.
La relevancia de las grabaciones amateurs para denunciar crímenes de lesa humanidad aumenta con la expansión de teléfonos inteligentes y está impulsando procesos legales. Cada archivo de este tipo es una victoria amarga: trae noticias de crímenes abominables, pero da la oportunidad de detener a los culpables.
A más de 4.000 kilómetros de Bama, en La Haya (Países Bajos), la Corte Penal Internacional dictó el 4 de julio la segunda orden de arresto contra Mahmoud al-Werfalli, comandante de la brigada Al-Saiqa de Libia. Le acusa de ejecutar sumariamente a un total de 43 personas, sin pruebas de que previamente existiese un juicio justo, según recogen ocho vídeos difundidos en las redes sociales.
Trípoli no entrega a Al-Werfalli, que además se acaba de fugar de la prisión libia en la que se encontraba, pero el caso se sigue de cerca en el sector humanitario. Podría ser la primera vez que la Corte Penal Internacional condenase a alguien a partir de “motivos razonables” basados en información de fuentes abiertas. Hubo un caso anterior en esta institución, que juzga crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Entonces el acusado, el extremista islámico Ahmad al-Faqi al-Mahdi, se declaró culpable de crímenes de guerra relacionados con la destrucción del patrimonio antes de poder medir la fuerza probatoria de los materiales digitales existentes.
En la primera orden de arresto contra Al-Werfalli, la Corte Penal Internacional dijo basarse en grabaciones de entrevistas con testigos, material audiovisual, órdenes internas de la brigada Al-Saiqa y publicaciones en redes de su servicio de prensa, así como en informes de otras entidades. Son los vídeos, que la corte describe con detalle en ese documento, los que dan fuerza a la acusación y podrían convertirse en la gran prueba de cargo.
Se trata de grabaciones sólidas que por sí mismas dejan pocas dudas: Al-Werfalli dispara a algún detenido con algo parecido a indolencia, e indica a otros que lo hagan. Pero que sirvan para condenar al acusado pasa por muchos factores, entre ellos que se respalde su autenticidad. Será necesario garantizar que los crímenes no son una escenificación, que el vídeo no ha sido digitalmente manipulado y que se ha respetado la cadena de custodia de los archivos, aunque este concepto parezca poco adaptable a información hallada en redes. La CPI no ha respondido a las preguntas sobre el proceso realizadas para este artículo: ni cómo llegaron hasta ella las grabaciones ni cómo o quién las verificó.
Oenegés y universidades
Varias organizaciones están apostando por la verificación digital en procesos de denuncia: Human Rights Watch, por ejemplo, alertó de las primeras fosas comunes de Estado Islámico en Irak en 2014 con ayuda de la tecnología. Pero la recopilación de pruebas legales está en el ADN de Amnistía Internacional, fundada por abogados en la década de 1960: esta organización parece haberse sumado a este ámbito con especial naturalidad y éxito. Tras experimentar con un Laboratorio de Pruebas Ciudadanas, lanzó en septiembre de 2016 los Digital Verification Corps (Cuerpos de Verificación Digital, CVD) para lograr la colaboración de estudiantes voluntarios. Ahora cuentan con el apoyo de las universidades de California-Berkeley, Toronto, Essex, Cambridge, Pretoria y Hong Kong. El equipo está dirigido por el británico Sam Dubberley.
Preguntado a través de correo electrónico por Al-Werfalli, Dubberley dice que el resultado del caso dependerá en parte de que la metodología de verificación digital se pueda sostener. “Hay mucha gente trabajando en protocolos que la apoyan. Pero tenemos un largo camino por recorrer”.
Convencer a jueces o gobernantes gracias a materiales digitales es algo que se ha logrado antes. En octubre de 2017, el trabajo de los CVD obligó a cambiar la narrativa de las autoridades australianas sobre la inadecuada situación de los refugiados retenidos en un centro de la isla de Manus. Las pruebas digitales confluyeron con los testimonios y demostraron que un tiroteo que hasta entonces negaban las fuentes oficiales sí había existido. También se han documentado, por ejemplo, los ataques del Gobierno birmano contra refugiados rohinyás.
Se auguran más casos judiciales. Los CVD han prestado apoyo para denunciar al Gobierno italiano por el pacto con Libia con el que Roma elude el rescate de personas refugiadas y migrantes. Además, colaboran con Syrian Archive, que recopila, verifica y cataloga materiales digitales como pruebas de violaciones de los derechos humanos, a la espera de que algún día se pueda sentar en el banquillo a los criminales de guerra. Para los profanos, que YouTube anuncie el borrado de vídeos con escenas cruentas en zonas en conflicto es una buena noticia; para los participantes en estas iniciativas, es un desastre.
Alexa Koenig es una pionera en este campo y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California-Berkeley. Fue la primera entidad universitaria asociada a los CVD y se ha convertido en un referente. Explica que a las investigaciones de Amnistía Internacional se dedican una docena de los 80 estudiantes del centro. No solo tienen formación en leyes o derechos humanos, sino que hay representantes de unas veinte especialidades, desde el periodismo a la informática. El enfoque es creativo y multidisciplinar. En conjunto hablan treinta idiomas.
Las facultades de derecho de las universidades de Columbia y Nueva York también han creado el Human Rights Methodology Lab junto con Human Rights Watch, y la Universidad de Carnegie Mellon avanza con su Human Rights Technology Program por la misma senda: poner a trabajar conjuntamente a científicos, tecnólogos, expertos humanitarios y especialistas en leyes.
“Aunque mucha gente cree que se exagera la importancia [de los materiales testimoniales y de la información de fuentes abiertas], no creo que eso dure mucho —dice Koenig—. No me sorprendería que en una década se considere mala práctica entre los abogados el no saber cómo realizar búsquedas avanzadas en redes sociales o desarrollar verificación básica. Estamos viendo el principio de eso ya: hace unos años decían que los contenidos generados por usuarios eran principalmente de ayuda como información que condujera a otra, pero cada vez más investigadores parecen estar reconociendo su valor potencial como prueba por derecho propio”. Dubberley cree que todavía no hay buena formación al respecto: “La Corte Penal Internacional está formada, pero una gran cantidad de jueces no lo está. Un abogado puede estar todo lo preparado que quieras, pero si el juez no admite la prueba, estás perdido”.
Camerún: un caso práctico
Un caso que muestra cómo la verificación digital hace daño y ha obligado a los gobiernos a entrar en el cuerpo a cuerpo es un vídeo procedente de Camerún que se ha hecho viral este julio de 2018. Muestra a soldados aparentemente pertenecientes a un cuerpo de élite de intervención rápida (los BRI) ejecutando a mujeres y niños. Algunos usuarios impulsaron el contenido interesadamente en redes para denunciar la represión del Estado francófono en la región separatista anglófona de Ambazonia, en el suroeste, donde la violencia está aumentando. Sin embargo, la atrocidad no tuvo lugar allí sino que se enmarcaba en la lucha contra Boko Haram en el norte del país.
El ministro de Comunicación camerunés respondió a las críticas contra la brutalidad del Ejército con un discurso que hablaba de “noticia falsa” y que estaba plagado de guiños a los procesos habituales de verificación: “Un examen detallado de este vídeo muestra que los hombres involucrados llevan uniformes coloridos propios de operaciones en el bosque, mientras el paisaje y terreno claramente indican que están en la zona sahelo-sahariana”. Koenig corrobora que esta es una táctica cada vez más empleada por gobiernos para desacreditar el trabajo de los especialistas (como en el caso de Rusia). Amnistía Internacional tumbó los argumentos oficiales: la vestimenta casual y los uniformes mezclados son propios del Ejército camerunés en el norte, donde a veces los soldados van incluso en chanclas; las armas que se observan en el vídeo también son propias del Ejército, y no de grupos armados irregulares.
La observación pormenorizada de las imágenes es uno de los procedimientos que se sigue para extraer pistas. Los verificadores examinan fotograma a fotograma para detectar detalles de vegetación o paisaje, clima y sobre todo edificios o construcciones características que puedan localizarse a través de un mapa satelital (una cúpula, un campanario). Si hay voces, se estudian también los acentos en busca de dialectos. La vestimenta es otro punto de interés: Camopedia presenta los uniformes de camuflaje en todo el mundo. Y la luz es importante: el recurso Suncalc identifica la posición del sol a una hora y en un lugar específico, con lo que se puede comprobar por las sombras si el hecho pudo tener lugar donde y cuando se sospecha.
Otra opción es analizar los metadatos del archivo o sus posibles retoques digitales (cortado, pegado, clonado de elementos…). Esto puede realizarse pasando la imagen o vídeo por la herramienta InVid. Toda comprobación es poca en un momento en el que proliferan los deepfakes. Son montajes perfeccionados mediante inteligencia artificial que mezclan elementos sin que apenas se note. Pueden colocar la cara y voz de una actriz famosa en el cuerpo de una actriz porno o hacer salir de la boca de una personalidad reconocida un discurso que no dio en ese contexto o lugar.
tecnología geoespacial
La tecnología que más impulsa la expansión de la verificación digital con fines legales humanitarios es la de los teléfonos inteligentes: a más imágenes captadas, más posibilidades de comprobación y denuncia. Con el lema “See it, film it, change it” (Míralo, grábalo, cámbialo), la organización Witness fue pionera al advertir al inicio de esta década de la importancia que cobrarían las grabaciones amateur para cubrir protestas y ataques contra los derechos humanos. Hoy mantiene el programa Vídeo como prueba con consejos básicos para grabar y aumentar el valor probatorio de lo captado.
La segunda vía que facilita el crecimiento de este campo es la tecnología geoespacial. El consejo atribuido a Robert Capa de que si la foto no es buena es que no estás lo suficientemente cerca sigue siendo válido en la investigación humanitaria, pero cuando eso no es posible hay un nuevo ojo en la cerradura: ver las cosas de lejos. Si un gobierno impide el acceso a una crisis, queda al menos la imagen satelital. Hace unos años estos materiales estaban bajo el control de las autoridades militares. Ahora operadores comerciales como DigitalGlobe o TerraServer facilitan imágenes de alta resolución que, combinadas en algunos casos con fotografías aéreas todavía más precisas, permiten ubicar escenarios con gran fiabilidad. Hasta ahora se trabaja con imágenes estáticas, pero en el futuro llegará el vídeo satelital.
Al permitir la comparación entre paisajes actuales y antiguos, estos recursos dan pistas sobre el espacio pero también sobre el tiempo. Se puede ver la progresión de infraestructuras: cuándo desapareció un edificio en una guerra, cuándo surgieron los montículos que apuntan a fosas comunes. Esta lectura puede refinarse al máximo para saber si determinada destrucción se debió a una bomba de racimo o a un misil autopropulsado, o si un cráter surge por un proyectil lanzado desde la derecha o la izquierda. En Forensic Architecture se han especializado en este tipo de análisis. Su equipo está formado por arquitectos, cineastas, informáticos, periodistas y arqueólogos, y su web es un repertorio de ejercicios interactivos que merece la pena ver. En ellos hacen uso de software y simulaciones avanzadas para demostrar cómo sucedieron crímenes. Y están incorporando la realidad virtual a esos esfuerzos.
Cristoph Koettl apunta en un trabajo académico la relevancia creciente de otras tecnologías, como la de teledetección o sensores (remote sensing). Captan aspectos invisibles: anomalías térmicas, radiaciones o presencia de químicos por vertidos. Son otra manera de comprobar un incumplimiento de la ley. Este especialista austriaco pasó de Amnistía Internacional al equipo de vídeo de The New York Times, un salto que muestra cómo los mismos conocimientos digital-forenses que se aplican a casos humanitarios pueden convertirse en periodismo brillante. A modo de ejemplo, puede verse el estudio que el periódico realizó de las manifestaciones con víctimas mortales en la plaza Maidán (Ucrania), con análisis sonoro de trayectorias balísticas incluido.
Otro aspecto que da fuerza a la verificación digital no es tecnológico sino humano: la inteligencia colectiva. En el verano de 2017 Europol lanzó #TraceanObject (rastrea un objeto), una campaña contra el abuso infantil para implicar a la ciudadanía en el reconocimiento de 119 objetos aparecidos en videos pederastas. Logró el respaldo de la popular iniciativa de investigación con fuentes abiertas Bellingcat, lo que expandió su alcance. En un año se recibieron 21.000 pistas y se logró identificar a dos de las víctimas de abuso para actuar sobre los casos. Las organizaciones humanitarias buscan la misma implicación de la ciudadanía para sus casos legales.
Expansión y retos
Es el mundo anglosajón el que más aviva la verificación digital, pero no es donde más peligro corren los derechos humanos: “El reto es asegurar que estas innovaciones también son accesibles para abogados en el sur global. Ahí es donde creo que se necesita hacer más trabajo. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia ha utilizado drones en Guatemala para investigar fosas comunes y se ha asegurado de que la tarea pueda ser sostenida por el socio local a largo plazo”, explica Molly Land, profesora de la Universidad de Connecticut y autora del libro Nuevas tecnologías para la ley y práctica de los derechos humanos.
Entre las profesionales cuya actividad destaca en este ámbito, Land menciona a la socióloga británica Ella McPherson, que lidera el equipo que está diseñando la aplicación The Whistle (el silbato). Servirá para, a través del móvil, denunciar ataques a los derechos humanos ante las oenegés. En la línea de trabajo para perfeccionar los procedimientos de documentación y archivo destacan los servicios Video Vault y Hunch.ly. El primero, creado por el chileno Enrique Piracés, guarda en un servidor seguro los vídeos obtenidos durante una investigación por si desaparecen; el segundo, del canadiense Justin Seitz, hace capturas de pantalla de los sitios que se hayan visitado durante las pesquisas para poder justificar posteriormente los pasos dados.
En su análisis, Koettl escribe que la verificación digital reduce la incertidumbre informativa pero aclara que eso es “diferente a mostrar la ‘verdad’, una definición incorrecta que solo conduce a expectativas y esperanzas incumplidas”. Para él, “una simple aplicación o mapa interactivo difícilmente pillará a un criminal de guerra”. Dubberley también es cauto: “Quienes estamos en esto sabemos que [los materiales testimoniales] son solo un grupo de pruebas como los otros y que tenemos que usarlos como tal. Son otra pata para apoyar la silla en la que estás sentándote. No son la panacea y no sustituyen la recopilación tradicional de pruebas”. Koenig describe la situación ideal que hay que lograr: “El estándar de calidad en cualquier caso legal es tener pruebas materiales, testimoniales y documentales, todas ellas apuntando en la misma dirección sobre los hechos y la complicidad de individuos”.
Hay temor al “problema del limón”, una expresión económica empleada por Koettl para describir el riesgo de acabar utilizando contenidos incorrectos en un momento de tanta desinformación, lo cual puede desacreditar investigaciones enteras. Pese a la gran labor de esclarecimiento y sistematización que hace el proyecto de la Universidad de Harvard First Draft News, todavía no hay instituciones que faciliten un control de calidad sobre los proyectos de verificación, ni tampoco evaluadores certificados.
Un informe de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sugiere que sus autores cometen el acto sabiendo que está mal, pero pensando que nunca tendrán que dar explicaciones. Por eso encontrar imágenes que expongan a los culpables es fundamental. Si los materiales obtenidos en redes sociales no sirven para condenar a futuros criminales, les acercarán al menos el sonido de los grilletes.
