Su casa fue su trinchera hasta que el 22 de diciembre de 2025 llamaron a su puerta. Para entonces, George y su hija de dos años llevaban más de un mes encerrados en su vivienda de Nuadibú, la segunda ciudad de Mauritania. Cuando oyó cómo alguien aporreaba la puerta de entrada, George supo que, salvo un milagro, lo iban a deportar. 

—Habrían echado la puerta abajo, así que decidí abrirles.

Eran agentes de las fuerzas de seguridad mauritanas en una redada antinmigración. Le pidieron su tarjeta de residencia; en su lugar, George les enseñó el documento que le identificaba como solicitante de asilo nigeriano. Ça n’est pas valable: no es válido, le dijeron. Aunque la Convención de Ginebra prohíbe estrictamente a los Estados expulsar a solicitantes de asilo, los agentes se llevaron a George y a la pequeña de dos años a uno de los campos de detención de personas migrantes en Nuadibú. George cuenta que las condiciones en estos lugares son deplorables, algo que denuncian desde hace tiempo numerosas organizaciones humanitarias.  

—No hay comida, no hay agua, no hay ningún rincón en condiciones donde resguardarse. Hay muchos mosquitos. Había algunas personas heridas por haber intentado escapar y no recibían atención médica. Se burlaban de ellas. Solo permitían que alguien de fuera, con permiso de residencia, te trajera comida.

Allí pasaron un par de días en los que la pequeña no se separó del padre. Luego los trasladaron a Nuakchot, la capital mauritana, y de allí los deportaron a Senegal en un autobús repleto de otras personas migrantes. Los dejaron con lo puesto en una calle cubierta de arena en la ciudad fronteriza de Rosso el 26 de diciembre de 2025: habían pasado solo cuatro días desde aquella llamada a la puerta de su casa. 

Sin más equipaje que la incertidumbre y el miedo, George y su hija encontraron un precario refugio en un edificio de ladrillos color tierra y escaleras a medio construir desde el que hoy, cuatro meses después, nos cuenta su periplo. Su pequeña de dos años sigue sin despegarse de él. 

En el exterior del edificio, el suelo es una mezcla de arcilla roja y arena. A poca distancia está el río Senegal, como una serpiente líquida que parte en dos la ciudad. A un lado, Senegal. Al otro, Mauritania. El bullicio se concentra alrededor del paso fronterizo, un hervidero de camiones, personas cargadas de bultos, comerciantes, viajeros y transbordadores que trasladan a unos y otros a través del río-frontera. Solo unos metros más allá, el silencio y el sol abrasador dibujan un panorama de calles arcillosas flanqueadas por un tendido eléctrico precario y filas de construcciones bajas de ladrillo. Desde 2025, también los autobuses mauritanos que dejan a puñados de personas con sus vidas truncadas se han vuelto parte del paisaje habitual.

George —cuyo nombre real es otro pero nos pide que, por seguridad, no lo escribamos— no estaba de paso en Mauritania. Nos cuenta en inglés, lengua oficial de su Nigeria natal, que llegó en 2017 a Nuadibú. Allí abrió su negocio, una barbería en un local alquilado; allí vivía con su mujer, y allí nació su hija. Todo iba bien hasta 2024: a partir de ese año, las autoridades mauritanas empezaron a poner trabas para renovar la tarjeta de residencia. Reclamaban cada vez más dinero, documentos imposibles de conseguir y una espera que se alargaba, dice, hasta el infinito. 

—Te decían que la tarjeta renovada tardaría un mes en estar lista. Cuando ibas a recogerla, te daban largas: “Ven hoy, vuelve mañana, vuelve mañana”. Y no te la daban. Al final te cansas de ir para nada, y te olvidas. Así es como la mayoría nos quedamos sin permiso de residencia.

De forma paralela, las redadas contra lo que las autoridades llaman inmigración ilegal se intensificaron. Ya no bastaba con tener un resguardo de que la tarjeta de residencia estaba en trámite de renovación. Si no podías enseñarla a las autoridades, te detenían. 

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No es Estados Unidos, pero las redadas masivas que tienen lugar en Mauritania desde 2025 traen ecos del ICE, el todopoderoso cuerpo federal antinmigración de Estados Unidos. Su brutalidad ha desatado multitudinarias manifestaciones en ese país y ha ocupado titulares en medio mundo. Por contra, las deportaciones masivas de Mauritania pasan desapercibidas en los medios occidentales, aunque comparten con las de Estados Unidos las vulneraciones de derechos, el abuso de poder, el allanamiento de viviendas, la detención de menores o las separaciones de familias. 

Estas operaciones se desencadenaron a partir de 2024, después de que Mauritania firmara un acuerdo con la Unión Europea para frenar el flujo de personas migrantes hacia las islas Canarias. Igual que los alcanzados con países como Túnez o Egipto, aquello supuso un paso más en la externalización de las fronteras europeas. A golpe de talonario, el acuerdo materializó los esfuerzos para blindar la ruta atlántica: Bruselas se comprometió a pagar 210 millones de euros a lo largo de ese año al Gobierno mauritano, que por su parte reforzaría los controles migratorios para frenar las salidas hacia Europa. En el momento de la firma del acuerdo, más del 80 por ciento de los cayucos que llegaban a las islas Canarias partían desde las costas mauritanas. 

A estos fondos se sumaron otros adicionales prometidos por España (que mantiene con Mauritania acuerdos de cooperación en materia de migración desde hace dos décadas). Con las llegadas a Canarias en máximos históricos, el Ejecutivo español prometió a Nuakchot desembolsar 310 millones de euros adicionales en cinco años. De ellos, 200 millones están destinados a “facilitar las inversiones”, mientras que hasta 110 son para “cooperación no financiera” (que facilita, entre otras cosas, tecnología, maquinaria o servicios). Todo está atravesado por un mismo objetivo: frenar las llegadas a Canarias —a Europa— desde Mauritania, cuyos 700 kilómetros de costa eran, hasta hace poco, uno de los principales puntos de partida de los cayucos hacia la frontera sur europea. 

Más de una veintena de personas entrevistadas para este reportaje en Rosso, Nuakchot y Nuadibú confirmaron que, pocos meses después de aquella firma, empezaron las dificultades con la tarjeta de residencia, las redadas, las expulsiones masivas y el miedo. Para darle base legal se diseñó una ley, aprobada en octubre de 2024, que endurece el castigo contra las personas en situación irregular y, además de penas de cárcel, establece que cualquier extranjero que cometa algún delito será “automáticamente expulsado del territorio nacional“: las puertas para las deportaciones masivas estaban abiertas. 

La onda expansiva de la externalización de fronteras se palpa desde Rosso a Nuadibú en forma de miedo y angustia entre la comunidad migrante. Miles de personas pasan sus días ocultas o limitando sus movimientos para evitar ser interceptadas.

Según datos recogidos por la Cruz Roja y la Media Luna Roja, solo entre enero y octubre de 2025 más de 45.000 personas migrantes fueron deportadas desde Mauritania. 

Al menos 30.000 de ellas terminaron en Rosso.

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Volvemos allí, al edificio a medio construir donde se resguardan George y su hija. 

—¿Y la madre de la niña? —le preguntamos. 

—A ella la deportaron antes, en octubre. Volvía del mercado, le pidieron los papeles y  la llevaron directamente a una comisaría. Allí pidió el teléfono a un policía y me avisó de que la habían detenido. 

Nunca volvió a casa. La expulsaron, pero no a Rosso: la dejaron en Gogui, una remota zona desértica, aislada y con presencia yihadista en la frontera con Mali, a casi 1.000 kilómetros de este edificio donde ahora se encuentra su familia. Todavía sigue allí, dice George, y por ahora no tienen medios para reunirse. 

También ella era solicitante de asilo: ambos optaron por esta vía cuando se encontraron con un muro de obstáculos para renovar la tarjeta de residencia. Pero no sirvió de nada. 

—Antes pasaban el documento [la solicitud de asilo] por un escáner y, si era auténtico, te daban el visto bueno. Ahora dicen que la gente está utilizando estos documentos, falsificados y originales, para [no ser expulsados y] viajar a Europa. Pero míranos. No parecemos gente que quiera viajar a Europa, ¿no? ¡Yo vivía en Mauritania desde hace ocho años! Si quisiéramos haber ido a Europa, lo habríamos hecho hace tiempo.

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El viraje de las políticas europeas hacia la seguridad y el blindaje no es un acontecimiento reciente: el control de las fronteras exteriores está en la misma génesis del proyecto europeo. El sistema de cooperación con los países de origen y tránsito para convertirlos en diques de contención lleva tres décadas en construcción. El Consejo Europeo de Tampere de 1999 puso los cimientos: fue la primera vez que se ponía en el foco la colaboración con estos países en un contexto de gestión migratoria. España y Francia fueron pioneros en este tipo de acuerdos bilaterales de cooperación (en un inicio con Marruecos), que con los años se “europeizaron”. El Proceso de Rabat de 2006 asentó nuevas bases para la externalización de fronteras, aunque todavía con letra pequeña; en sus términos generales, el proceso camuflaba estos objetivos con lenguaje humanitario. Pero en las relaciones de cooperación se empezaron a introducir o imponer políticas de visados, sistemas biométricos y bases de datos. También se consolidaron agencias como Frontex (la agencia europea de fronteras), Europol o el ICMPD, una opaca institución que opera como gestor de facto de las políticas migratorias europeas.

El proceso de Jartum de 2014 era más explícito y decía abiertamente que el objetivo era combatir el tráfico de seres humanos y la migración irregular. También introducía mecanismos de cooperación policial directa entre Europa y los países de origen, incluso con regímenes dictatoriales como Eritrea o Sudán. 

La culminación de la política de externalización de fronteras es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, centro de años de disputas entre los países miembros de la Unión Europea y que acaba de entrar en vigor. El pacto dificulta la protección internacional y facilita las expulsiones en frontera, entre otras restricciones denunciadas por numerosas organizaciones de derechos humanos. Además, cuenta con un Reglamento de Retornos —aprobado ayer por el Parlamento Europeo— que da luz verde a la creación de centros de deportación fuera de territorio europeo.  

Este es el escenario en el que Mauritania es uno de los “socios estratégicos” de Europa para controlar la ruta atlántica. Las políticas migratorias europeas lo han convertido en un laboratorio donde la gestión interna de la migración, engrasada por la presión de Bruselas, se traduce en deportaciones masivas, separación de familias y vulneraciones de derechos.

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“Los ciudadanos de países de fuera de la Unión que hayan recibido una orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. Para preparar su retorno, podrán ser detenidos”.

(Nota de prensa del Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Retornos UE 2024/1349  del Pacto Europeo de Migración y Asilo). 

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En el mismo edificio donde se alojan George y su hija hay otras personas de Nigeria que fueron expulsadas de Mauritania pese a acreditarse como solicitantes de asilo. Una de ellas es Onyebuenyi, que nos pide que, por seguridad, lo identifiquemos con ese sonoro nombre en lugar del suyo real. Es técnico de telefonía móvil. A él lo echaron después de 16 años en Mauritania porque, al tener el pasaporte caducado, no pudo renovar a tiempo su tarjeta de residencia. Lo dejaron en Gogui, en la frontera con Mali. Desde allí se las apañó para llegar en autobús a la capital senegalesa, Dakar, donde renovó su pasaporte en la embajada nigeriana. Con el documento ya en su poder, se trasladó al cruce fronterizo de Rosso para intentar volver a Mauritania. Pero antes de deportarlo le habían tomado las huellas y otros datos personales, y no tiene autorización para entrar de nuevo.

—Mauritania nunca fue un país de tránsito para nosotros —dice, y con un gesto incluye en el “nosotros” a los nigerianos con los que comparte este precario techo en Rosso—. Todas mis pertenencias, mi sustento, mi negocio, todo se ha quedado allí. Y no puedo acceder a nada de eso desde aquí.  

A Joy (el nombre también es ficticio), empleada de limpieza en una compañía minera india en la zona de Zouérat, entre Nuakchot y Nuadibú, la deportaron hace dos semanas con sus hijos pequeños. Llevaba cuatro años en Mauritania y todavía se mueve entre el enfado y el shock por lo ocurrido. Cuenta que una tarde, antes de empezar el turno de noche, la policía llegó al apartamento donde vivía, dentro del propio complejo en el que trabajaba. Eran siete agentes. Uno de ellos le pidió los papeles y ella le enseñó su solicitud de asilo. 

—Tomó el papel y me dijo que fuera a coger algo de ropa y a mis dos hijos.

Los pequeños, de 1 y 5 años, dormían en aquel momento. Los despertó y los agentes se llevaron a los tres al campo de deportación de Zouérat. Joy dice que era un lugar abarrotado, donde las personas detenidas dormían en una especie de contenedores como los usados en transporte marítimo. Hombres y mujeres estaban separados, dice, y en la zona de las mujeres había embarazadas, niños y bebés. Allí permanecieron cuatro días antes de que los deportaran a Rosso en autobús.

—En la frontera se quedaron con mi documento de asilo. Se lo pedí de vuelta, pero me dijeron que no.   

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—Nos faltan recursos. 

Mbaye Diop es el responsable del puesto de la Cruz Roja en el lado senegalés del paso fronterizo de Rosso. Desde su oficina se ve un patio donde han llegado a pernoctar hasta 200 personas, dice. Ahora duermen aquí medio centenar de personas de nacionalidad guineana, que de día salen para ganar algunas monedas trabajando como jornaleros. A quienes llegan expulsados desde Mauritania les facilitan un kit de ayuda con agua y algunos productos básicos. 

—Llegan agotados, hambrientos, algunos de ellos enfermos —explica el responsable de la Cruz Roja en Rosso. Y lamenta que no hay medios ni espacios suficientes para atenderlos y protegerlos; sería más fácil si existiera un centro de acogida, añade.

Las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona coinciden en que un centro de acogida aquí, el principal punto fronterizo utilizado por Mauritania para las expulsiones masivas, es imprescindible. Las llegadas de deportados del país vecino alcanzaron las 200 personas diarias a mediados de 2025: eso supone entre 5.000 y 6.000 al mes. Pero de momento no existe la financiación necesaria para construir un lugar que les dé un respiro.

Desde el cruce fronterizo, río arriba, se ven las obras de un gran puente que une los dos países y está casi terminado. Su construcción ha costado más de 87 millones de euros. La Unión Europea ha facilitado 20,5 millones; los gobiernos de Senegal y Mauritania han invertido otros 4,5 millones de euros.

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A unos 150 kilómetros del punto fronterizo de Rosso se encuentra la ciudad pesquera de Saint Louis, uno de los grandes puntos de partida de cayucos hacia Canarias hasta 2023. Entonces, el Gobierno de Senegal intensificó los controles marítimos con el apoyo de España, que en virtud de sus acuerdos de cooperación ha facilitado tanto a Senegal como a Mauritania equipamiento de vigilancia fronteriza y dotaciones de efectivos que contribuyen al patrullaje marítimo. En Mauritania, esta dotación la integran 40 efectivos de la Policía y la Guardia Civil. 

En una casa a pocos metros de la playa de Saint Louis nos reunimos con un grupo de pescadores. Estamos en la Langue de Barbarie, una lengua de tierra y arena que va desde esta ciudad hasta la línea divisoria con Mauritania. Casi todos los pescadores a los que entrevistamos conocen bien la situación en el país vecino: algunos de ellos han vivido intentos frustrados de llegar a Europa y muchos han pasado en algún momento por Mauritania. 

Ousman, de Ghana, es uno de los que ha sido deportado de territorio mauritano. Con unas finas gafas doradas, barba muy cuidada y una túnica de corte elegante, cuesta imaginarlo pescando entre los vaivenes de las olas. Tiene 35 años y siempre tuvo claro que quería emigrar a España, así que estudió español en Guinea Ecuatorial para tener más facilidades a la hora de obtener un visado que nunca llegó. Su español es fluido: como para justificarlo, nos enseña un certificado emitido por el Instituto Cervantes. Cuenta que su hermano tenía una peluquería en Nuakchot, pero enfermó y llamó a Ousman para ver si podía sustituirle mientras él recibía tratamiento. El joven se puso al frente del negocio, hasta que una mañana vio a la policía frente a su local. Llamaron a la puerta.

—Abrí y me preguntaron si tenía residencia. Les dije que no. Allí me cogieron y me llevaron al campo de deportación. 

En ese campo de la capital mauritana conoció a dos de los hombres que ahora están con él en esta habitación de Saint Louis: Philip, de 32 años, y Solomon, de 38. Con cariño, los llama “mis hermanos”. Ahora los tres trabajan como pescadores, pero antes de llegar a este lugar ninguno de ellos había manejado una red. 

—No ha sido fácil. Todos los días que vamos [al mar], vomitamos —ríe, y también sus compañeros se lo toman con humor. 

Cuenta que al campo de deportación llegaban autobuses para hacer traslados a los dos puntos fronterizos de expulsión. A senegaleses, guineanos o gambianos los llevaban a Rosso, dice. Y a los procedentes de Ghana—como ellos—, Mali, Sierra Leona o Burkina Faso los dejaban generalmente en Gogui. 

—Fueron dos días de viaje. Todos íbamos esposados, a veces de dos en dos. No nos dieron de comer ni de beber. 

En Gogui, Ousman consiguió que le hicieran llegar desde Nuakchot algo de dinero que tenía ahorrado, y con eso costeó el viaje de los tres a Dakar y de allí a Saint Louis: les habían dicho que en esta ciudad fronteriza tendrían oportunidades de trabajar. Y quizá, también, de emprender la ruta hacia Europa. Por eso salen a la mar a cambio de un salario que apenas alcanza para su sustento.

Ousman tiene claras las dificultades para llegar a España. Dice que ha oído que la Unión Europea financia a Mauritania para que frene las salidas de personas migrantes desde sus costas.

—Es algo con lo que el Gobierno de Mauritania hace negocio. Dicen que si coge a una persona [migrante], la Unión Europea tiene que pagarle. Es algo complicado. Empezó el año pasado.

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“Las autoridades nacionales podrán llevar a cabo acciones de investigación específicas para preparar o garantizar un retorno efectivo. Algunas opciones son los registros a ciudadanos de fuera de la UE, de viviendas o de otros locales pertinentes”.

(Nota de prensa del Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Retornos  UE 2024/1349  del Pacto Europeo de Migración y Asilo). 

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Al lugar se accede por un gran portón metálico. En el interior, el edificio principal tiene dos plantas. En los pasillos hay cuartos de baño que están impecables. Una veintena de camas individuales y literas ocupan una habitación amplia, impoluta, con varios aparatos de aire acondicionado y ventanales que dan a un patio donde se levanta plácida una gran palmera. Al lado hay dos enormes jaimas. 

—Allí es donde quienes llegan se pueden cambiar de ropa. 

Mohammed Moustapha Bierjil es responsable de la Media Luna Roja en el Centro de Acogida Temporal de Migrantes (CATE) de la capital mauritana, Nuakchot. Sus instalaciones están situadas en una explanada en plena ciudad, frente a una barriada de casas bajas. En estas polémicas instalaciones las personas migrantes interceptadas en su trayecto por mar hacia Europa permanecen un máximo de 72 horas, antes de ser trasladadas a otras dependencias. 

Se le llama “centro de acogida” y Mohammed Moustapha insiste en que no es una prisión, pero quienes llegan aquí están privados de libertad. Una investigación realizada por la Fundación PorCausa reveló en noviembre que el CATE de Nuakchot y un centro similar en Nuadibú fueron puestos en marcha por la FIAP, fundación dependiente del Ministerio de Exteriores de España. La apertura de estos centros, en el marco de la cooperación relativa a la “gestión migratoria”, contó con más de un millón de euros de fondos europeos. Están inspirados en los CATE existentes en territorio español. Según una fuente de la FIAP, el protocolo establece que en ellos no entran menores no acompañados, solo aquellos que viajan con familiares a fin de no separarlos. La investigación de PorCausa denunciaba que para el de Nuakchot se habían presupuestado incluso cunas para bebés.

La limpieza y el aspecto aséptico del interior del centro contrasta con las instalaciones para personas migrantes que hemos visto hasta ahora en Mauritania. La cocina es grande y sobre la encimera hay bandejas y cacerolas envueltas en plástico, aparentemente sin estrenar, igual que el horno y los fogones. Una habitación en la que llaman zona familiar alberga una cama de matrimonio, dos individuales y, efectivamente, una cuna nueva. Sobre las camas hay apiladas almohadas sin estrenar, aún en sus fundas de plástico. Por la parte trasera del edificio se llega a un amplio comedor con mesas y sillas apiladas al lado de la pared. Al lado posan, desubicadas, dos tronas infantiles con motivos de animalitos. 

Antes de llegar a esa zona de acogida, gestionada por la Media Luna Roja, los migrantes tienen que pasar por la zona policial. Las dependencias están nada más cruzar el portón metálico de entrada. Allí, en una oficina de puertas azules, se registra a los detenidos a su llegada y se les toman los datos biométricos.

En el CATE también hay espacio para representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Acnur y el organismo mauritano de lucha contra la trata y el tráfico de personas. Según las autoridades locales, el objetivo es detectar eventuales vulnerabilidades de las personas interceptadas, que luego serán derivadas a los recursos correspondientes. Aquellas que no puedan optar al asilo o no sean consideradas vulnerables entran en el mismo circuito de deportación que George, Onyebuenyi o Joy. 

Visitamos este lugar gracias a un permiso poco frecuente de las autoridades mauritanas; la representación de la Unión Europea en Nuakchot ha hecho de mediadora para facilitarnos el acceso, pero la gestión efectiva de este CATE la tienen las autoridades mauritanas. Tiene un centenar de plazas, aunque en el momento de nuestra visita las flamantes instalaciones están totalmente vacías. Solo un día más tarde, las autoridades mauritanas nos negarán la entrada para documentar la llegada de un grupo de personas interceptadas en costas cercanas a la capital. Según fuentes autorizadas, la delegación de la UE en Nuakchot nunca ha tenido dificultades para acceder al interior de estos centros.

Desde su inauguración en noviembre del año pasado hasta el 24 de abril, día de nuestra visita, habían pasado por este centro 407 personas, según los datos proporcionados por el representante de la Media Luna Roja. Entre ellos había menores y mujeres, una de ellas con un bebé. Al preguntarle por eventuales solicitudes de asilo, indicó que el equipo de la Media Luna Roja en el CATE carece de esos datos. 

En las semanas posteriores, el centro recibió a cientos de personas: coincidiendo con la semana de la fiesta musulmana de Eid al-Adha a finales de mayo se dispararon las salidas desde Gambia y Senegal. Desde entonces hasta hoy, más de un millar de personas migrantes fueron interceptadas en aguas mauritanas y trasladadas a los CATE de Nuakchot y Nuadibú. 

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“Será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, a ‘centros de retorno’ situados en el territorio de un país que acepte acogerlos”.

(Nota de prensa del Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Retornos  UE 2024/1349  del Pacto Europeo de Migración y Asilo). 

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A pocos kilómetros del CATE se levanta uno de los campos locales de detención de migrantes: por aquí pasan miles de personas antes de ser deportadas. Este antiguo campo militar está rodeado de un muro con alambradas, torres de vigilancia y numerosas cámaras de seguridad. En la entrada, custodiada por policías, se agolpan varias personas que intentan hacer llegar comida, información o ayuda a los detenidos. 

Una de ellas es Mariama (el nombre es ficticio por seguridad), lideresa de una asociación de mujeres en Nuakchot de la que prefiere que no demos detalles. De origen senegalés, lleva toda su vida en Mauritania, su país natal. Pese a ello, carece de nacionalidad mauritana. Con el fervor de quien está habituada a defender sus argumentos, explica que la ofensiva administrativa contra las personas migrantes ha hecho que ahora una de sus actividades principales sea ayudar a personas detenidas en las redadas masivas: desde hacerles llegar alimentos —porque en los centros la gente “se está muriendo de hambre: no comen, no beben”, dice Mariama—, hasta gestionar puestas en libertad o encargarse de niños y niñas que se quedan solos tras la detención de sus progenitores. 

A Mariama le han dicho que hay una persona detenida que tiene su tarjeta de residencia en regla y ha venido a intentar gestionar su liberación. La vemos entrar vestida con una blusa blanca y negra y un pañuelo amarillo cubriéndole el pelo. Tras unos minutos, sale meneando la cabeza: no ha tenido éxito. Critica que las autoridades no admitan el justificante de que una tarjeta de residencia está en trámite de renovación.

— No se le puede dar un recibo a alguien para después detenerlo y dejarlo en la frontera. Alguien que no ha robado nada, no ha matado a nadie, no ha hecho nada malo. No es normal en absoluto. ¿Cuándo va a cambiar esto?

Mariama cuenta que hoy mismo una persona miembro de la asociación, a la que había convocado en la oficina, no ha podido acudir porque ha sido interceptada en el mercado de su vecindario. No es la única: casi todas las personas con las que hablamos conocen a alguien detenido en esta brutal campaña. Los pequeños furgones blancos de la policía que patrullan las zonas con mayor presencia extranjera dejan a su paso un rastro casi tangible de miedo y preocupación. Salir de casa para hacer cualquier gestión significa, para muchos, la posibilidad de no volver a pisarla.

Por eso, que Alpha, de Guinea Conakry, haya venido hasta la oficina de la asociación para compartir su historia es un acto de valentía. Nos habla desde una sala lejos del ruido del tráfico que pasa por la calle sin asfaltar, y cuenta que lleva desde 2011 en Mauritania. Tenía todos sus papeles en regla y había renovado su tarjeta de residencia hasta cuatro veces sin ningún problema. Pero todo cambió en 2025; ese año, la policía allanó su casa, echando la puerta abajo, para pedirle la documentación. Se la dio, pero durante el registro encontraron también dinero y lo acusaron de haberlo recibido de migrantes clandestinos para ayudarlos a partir hacia Europa.   

—Estuve siete meses en prisión sin juicio, hasta que me liberaron por falta de pruebas. Pero mis documentos siguen en manos de los tribunales, no los he recuperado —dice. 

Eso hace que corra el riesgo de ser detenido por el simple hecho de caminar por la calle. Cuando termina la entrevista, Alpha se despide. Hasta que no llega un mensaje que confirma que ha llegado a su casa sin incidentes, Mariama no se queda tranquila. 

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“Cada Estado miembro tomará y transmitirá a Eurodac los datos biométricos de toda persona que tenga, como mínimo, seis años de edad y que esté registrada con objeto de tramitar un procedimiento de admisión”. 

Reglamento 2024/1358 del Pacto Europeo de Migración y Asilo

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Nuadibú está considerada la capital económica de Mauritania. En su puerto pesquero los cayucos se cuentan por miles: los caladeros de esta zona, conocidos mundialmente por sus recursos, son el motor económico e industrial de la región. Estas costas también han sido tradicional punto de partida de embarcaciones con destino a Canarias. 

Ahora las cosas han cambiado. En medio de la presión ejercida por la Unión Europea, de aquí apenas zarpan ya cayucos hacia Europa.

El miedo a la deportación en las calles de Nuadibú es similar al que se vive en Nuakchot. Aminata (nombre ficticio) es senegalesa y de la etnia fulani, pero se cubre la cabeza con un velo de tal forma que cubra totalmente las trenzas tradicionales de su pueblo para tratar de evitar que la policía la intercepte por su aspecto. Todavía hoy, en Mauritania se palpa la discrminación racial por parte de los árabes-amazigh a los haratines, descendientes de antiguos esclavos de origen subsahariano, y a la población migrante subsahariana. Con Aminata están dos amigas, también senegalesas y que llevan el velo de forma similar.  

Hablamos con ellas en la pequeña habitación de un edificio bajo donde Aminata, técnica sanitaria, trabaja como lavandera para ganarse un sustento. Al fondo hay pilas de ropa, y en un costado un colchón. Desde el interior se oye el tráfico de motos y coches desvencijados que pasan por la carretera de tierra.  

—Si no tienes un árabe-amazigh que dé la cara por ti, no tienes nada que hacer —dice, en referencia a la obtención del permiso de residencia. Ella lo tiene en regla, pero prefiere mantener un perfil bajo para no tener problemas. Cuenta que las separaciones de familias han dejado a muchos en la precariedad: hace poco deportaron al marido de una compañera. Eran padres de un bebé de pocos meses y la esposa tenía el permiso, pero él no. Ella pidió que los deportaran a todos, pero las autoridades se negaron.

—No te dan ninguna oportunidad. Si te detienen te llevan a un centro. A veces puedes salir si algún familiar lleva papeles o va con un abogado, pero otras veces no hay ni tiempo para eso. Para cuando el abogado llega, ya estás en la frontera.

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Mientras George espera en Rosso una oportunidad para reunirse con su mujer, mientras Mbaye Diop intenta obtener recursos para atender a los expulsados en la frontera, mientras Mariama intenta sacar a alguien del centro de detención y Alpha Syllah, Aminata y otros miles pasan sus días con miedo en el cuerpo, Bruselas contabiliza el descenso de las llegadas a la frontera sur de Europa. 

Sobre el papel los números muestran la eficacia del muro construido por la externalización del control migratorio: en 2024 llegaron al archipiélago más de 46.000 personas, mientras que un año después el número había caído a algo más de 17.000. 

Sobre el terreno, las consecuencias de la brutal política de expulsiones mauritana engrasada por la Unión Europea impacta sobre miles de familias que se han visto arrancadas de sus vidas de un día para otro.  

En las costas, el bloqueo mauritano ha desplazado las salidas hacia el sur. La pequeña Gambia es ahora uno de los grandes puntos de partida para aquellos que intentan alcanzar Europa. 

La ruta es aún más larga y peligrosa.

Este reportaje se ha elaborado gracias a una colaboración con la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR), en el marco de un proyecto financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

El reporteo ha contado la colaboración de Mouhamed Camara en Senegal y un periodista especializado en migraciones —que por seguridad prefiere no dar su nombre— en Mauritania. 

*​El texto fue actualizado el 30 de junio con declaraciones de una fuente de FIAP sobre el protocolo de entrada de menores en los CATE.