Su casa fue su trinchera hasta que el 22 de diciembre de 2025 llamaron a su puerta. Para entonces, George y su hija de dos años llevaban más de un mes encerrados en su vivienda de Nuadibú, la segunda ciudad de Mauritania. Cuando oyó cómo alguien aporreaba la puerta de entrada, George supo que, salvo un milagro, lo iban a deportar.

—Habrían echado la puerta abajo, así que decidí abrirles.

Eran agentes de las fuerzas de seguridad mauritanas en una redada antinmigración. Le pidieron su tarjeta de residencia; en su lugar, George les enseñó el documento que le identificaba como solicitante de asilo nigeriano. Ça n’est pas valable: no es válido, le dijeron. Aunque la Convención de Ginebra prohíbe estrictamente a los Estados expulsar a solicitantes de asilo, los agentes se llevaron a George y a la pequeña de dos años a uno de los campos de detención de personas migrantes en Nuadibú. George cuenta que las condiciones en estos lugares son deplorables, algo que denuncian desde hace tiempo numerosas organizaciones humanitarias.

—No hay comida, no hay agua, no hay ningún rincón en condiciones donde resguardarse. Hay muchos mosquitos. Había algunas personas heridas por haber intentado escapar y no recibían atención médica. Se burlaban de ellas. Solo permitían que alguien de fuera, con permiso de residencia, te trajera comida.

Allí pasaron un par de días en los que la pequeña no se separó del padre. Luego los trasladaron a Nuakchot, la capital mauritana, y de allí los deportaron a Senegal en un autobús repleto de otras personas migrantes. Los dejaron con lo puesto en una calle cubierta de arena en la ciudad fronteriza de Rosso el 26 de diciembre de 2025: habían pasado solo cuatro días desde aquella llamada a la puerta de su casa.

Sin más equipaje que la incertidumbre y el miedo, George y su hija encontraron un precario refugio en un edificio de ladrillos color tierra y escaleras a medio construir desde el que hoy, cuatro meses después, nos cuenta su periplo. Su pequeña de dos años sigue sin despegarse de él.