Hace poco más de un mes, el Parlamento Europeo aprobaba el Reglamento de Retorno, una normativa que permitirá a la Unión Europea crear centros de deportación fuera de sus fronteras, detener migrantes durante hasta 30 meses con pulseras electrónicas de seguimiento y autorizar redadas en domicilios privados con el objetivo de ejecutar el 100% de las órdenes de expulsión. Casi simultáneamente, en Cataluña, el Departamento de Interior anunciaba una propuesta piloto: desplegar Mossos d’Esquadra de paisano en institutos catalogados como centros de “alta complejidad”, coordinados con equipos directivos para “prevenir conflictos” antes de que escalen.

Ninguna de estas iniciativas lleva el nombre de “ICE europea” ni cita a Estados Unidos. Ambas vienen envueltas en lenguaje administrativo: eficiencia en deportaciones, prevención en espacios educativos, seguridad ciudadana. Pero cuando se mira la lógica que subyace, la mecánica es idéntica a la que lleva años operando al otro lado del Atlántico: vigilancia sobre las personas racializadas, criminalización de la movilidad y de la juventud, externalización de responsabilidades, normalización de la coerción a través de procedimientos que se presentan como técnicos.