La Policía vino a sacarle a la casa. Los agentes revisaron su teléfono, su ordenador, dieron la vuelta a la habitación. No encontraron nada que pudiera incriminar a Carlos, de 17 años. Aún así se lo llevaron. Era 24 de junio de 2025, fecha que quedará atravesada en el pecho de su madre, Catalina, quien desde entonces no ha sabido nada de él.

Hasta aquel momento, Carlos había sido un adolescente ejemplar: estudiaba el bachillerato médico y los fines de semana colaboraba como voluntario en los servicios de emergencias de San Salvador, capital de El Salvador. En una audiencia colectiva junto a decenas de chavales, Catalina escuchó de qué lo señalaban: “Prepotente, malcriado, sale de las clases, usa zapatillas blancas, tiene un piercing y lleva una marca en la ceja”. A ella ya le había sorprendido que la Fiscalía conociera la dirección de la vivienda a la que la familia acababa de mudarse, y más aún que la foto de la ficha policial de Carlos coincidiera con la misma que años atrás le había tomado su centro educativo. “Esto viene de parte de la dirección del instituto”, acusa Catalina.

Unas semanas antes la Policía también tocó la puerta de Raquel, alegando que un joven había provocado un accidente de tráfico con un coche parecido al suyo. La equivocación no era inocente: se llevaron sin mediar palabra a su hijo Víctor, también de 17 años y estudiante del mismo Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen. Raquel se quedó desconsolada: era el segundo arresto del chico en apenas meses. La vez anterior Víctor tuvo la mala suerte de estar en el lugar y en el momento erróneos: salía del colegio cuando empezó una pelea entre compañeros. Pero a los 15 días salió sin medidas y la jueza que lo liberó explicó que no se encontró nada que lo relacionara con grupos criminales. Desde aquel primer incidente, Raquel y su marido comenzaron a llevar y traer a diario a su hijo, quien apenas salía de casa para evitar el acoso policial. Fue en vano.