El Papa ha venido a España y ha dicho lo que dijo Jesucristo hace 2.000 años: que hay que dar de comer al hambriento y de beber al sediento, que no hay que hacer la guerra, que hay que acoger al que huye, señalar al que miente, respetar a quien piensa distinto. Nada nuevo bajo el sol. Con matices, y omitiendo sus previsibles declaraciones sobre el aborto y la eutanasia —una posición de la Iglesia que no cuenta con un apoyo unánime entre los propios católicos—, León XIV ha recordado los consensos humanistas que han guiado el progreso desde Grecia, Buda y Confucio, es decir, desde antes de Cristo.
Lo mismo que defendía Olympe de Gouges en 1791 cuando escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, lo mismo que inspiró a los autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, lo mismo que intentó hacer Salvador Allende en Chile antes de que lo asesinaran los golpistas con el apoyo de Estados Unidos, lo mismo que reclamaron líderes sociales más recientes como Martin Luther King, Nelson Mandela, Berta Cáceres o, ahora, Francesca Albanese. Y lo mismo en lo que la mayoría creíamos hace treinta, veinte, diez años y que muchas seguimos pensando hoy. Porque ni yo ni quienes seguimos siendo demócratas, partidarios de la justicia social y del Estado de Derecho nos hemos polarizado. Seguimos reclamando el imperio de la ley, la separación de los poderes, la redistribución de la riqueza, la protección de los derechos y libertades, la igualdad de derechos y oportunidades de toda la ciudadanía, la seguridad jurídica, la independencia judicial. Pero la reacción barbárica que padecemos nos ha convertido a los constitucionalistas en conservadores: ciudadanas y ciudadanos que perseveran en la conquista de los principios de la Ilustración frente a quienes quieren imponer la ley del más rico para secuestrar nuestras imperfectas democracias. Yo misma soy una moderada que ante la invasión de los tecnofeudales, milmillonarios y demás especímenes fascistas, veo cómo se ha convertido en un acto de resistencia reivindicar viejos clásicos como los derechos humanos, la dignidad de todas las personas, la preservación del planeta y la descolonización de nuestro pensamiento y acción. Lo mismo que aprendí en el colegio celebrando el Día de la Paz, en las canciones feministas y antirracistas que me arroparon en mi adolescencia y en el mundo patas arriba de Galeano con el que cumplí la mayoría de edad. A nadie, ni de derechas ni de izquierdas, ni ateo ni creyente, le parecía todo esto basura woke ni una amenaza a ‘nuestra civilización’.
Así que dejemos de comprar el marco de la polarización. Es lo que buscan quienes se han salido del tablero del juego democrático y pretenden equiparar a quienes defendemos el Estado de Derecho con quienes propugnan el autoritarismo, la explotación, la corrupción; o a quienes creemos en los derechos humanos con quienes pretenden convertir en ley el racismo, el machismo o la lgtbfobia. Sus ideas no son ni legales ni respetables. Las nuestras, sí. Y además, son mejores. Y así lo ha recogido la Historia.
La sociedad no está polarizada. Una parte ha declarado la guerra a lo que habíamos construido conjuntamente. Hombres y mujeres que cada vez más apoyan la violencia para acabar cuanto antes con lo que hasta hace no mucho era motivo de orgullo: la igualdad de género, el internacionalismo, pagar impuestos, el progreso, la diversidad. Y somos precisamente los que no nos hemos radicalizado y nos mantenemos fieles a una ética básica los que nos autocensuramos a menudo para evitar que salte la chispa. Porque sabemos que si se desata el incendio, lo que está en riesgo es la democracia. Y lo más aterrador es que quienes quieren que todo arda ya no están solo en los Parlamentos, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la judicatura ni en los medios de comunicación. Son también nuestras vecinas, nuestros padres, nuestras tías, nuestros hermanos, nuestras hijas. Y se han ido a un lugar tan lejano y tenebroso que ni siquiera hay manera de hablar con ellos para tratar de recuperarlos.
