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En la calle Peironcely de Madrid, en el barrio Entrevías, se levantan dos edificios humildes pero que atesoran historia. En el número 10 resiste una vivienda de ladrillo rojo —con el habitual ornamento neomudéjar popular del extrarradio madrileño— que se hizo mundialmente conocida gracias a la imagen de Robert Capa. El fotógrafo inmortalizó la escena de una mujer y varios niños frente a la fachada del edificio, acribillado por la metralla de un bombardeo de la aviación fascista italiana el 19 de noviembre de 1936. Una imagen convertida en icono que ilustra los crímenes cometidos por el Ejército golpista franquista y sus aliados.

A pocos metros, en el número 2, los bombardeos que tuvieron lugar en el asedio de Madrid dejaron prácticamente en ruinas la parroquia de San Carlos Borromeo, hasta tal punto que el inmueble fue demolido tras el final de la Guerra Civil y se construyó un nuevo templo durante la posguerra que se ha mantenido en pie hasta hoy.

Pero más allá del pasado de la parroquia, que justificó su declaración como Lugar de Memoria Democrática en noviembre de 2025, la historia reciente de la San Carlos Borromeo también merece un capítulo aparte. Ubicada al lado de las vías del tren, en los márgenes de la ciudad, donde se halla la renta per cápita más baja de la capital, la parroquia es hoy un edificio modesto y con la fachada llena de pintadas reivindicativas que piden el fin del genocidio en Gaza o el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tras sus muros hay resistencia, acogida, comunidad y lucha social.

Las madres contra la droga, cimiento y faro de resistencia

En los años 80, Enrique de Castro, bautizado por los medios como el “cura rojo” o el “cura de los pobres”, comenzó a apuntalar los cimientos de este fuerte contra las injusticias. De Castro llegó a la San Carlos Borromeo, en Entrevías, después de haber conocido zonas chabolistas de Madrid, de haberse acercado a los barrios más humildes y de tradición obrera e incluso de haber sido detenido en la Dirección General de Seguridad, el edificio ubicado en la Puerta del Sol y actual sede de la Comunidad de Madrid, que se convirtió en un símbolo de la represión del régimen franquista donde miles de personas como él fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos.

Su aterrizaje en la San Carlos Borromeo ocurrió en los primeros años de democracia y en plena expansión de la droga como una pandemia entre la juventud que arrasó vidas, especialmente en barrios humildes como era —y es— Entrevías. Este cura, que falleció en 2023, abrió las puertas de esta humilde parroquia —con un fuerte apoyo vecinal— para recibir y acompañar a jóvenes enganchados a la heroína, y también a sus familiares destrozados por este veneno.

Según un estudio publicado en la Revista española de salud pública, la sobredosis de heroína provocó un importante aumento de la mortalidad juvenil durante las décadas de los 80 y 90; alcanzó su punto álgido entre 1991 y 1993, con más de 1.700 muertes.

Detrás de esas cifras hay nombres como Marifé y Félix, los hijos de Manuela Ramajo y Emiliana García, dos mujeres que, junto a otras madres —y algunos padres—, encontraron refugio en la parroquia madrileña para crear en 1985 el colectivo Madres Unidas Contra la Droga. Juntas se levantaron contra el narco, las cárceles, la connivencia policial, el estigma social y el abandono institucional. Ellas lo hicieron encerrándose en el Banco Popular, en la Catedral de la Almudena, acampando frente al Ministerio de Sanidad, protestando en las inmediaciones de los juzgados o plantándose a las puertas de centros penitenciarios. Denunciaban la corrupción en las comisarías y llegaron a conseguir indultos para que estos jóvenes que iban a morir encarcelados por sida pudieran hacerlo en sus casas, con dignidad, acompañados de sus familiares. Una reivindicación que en aquel momento rompió esquemas.

Casi cuatro décadas después, Emiliana sigue lamentando que su hijo muriera “solito” en un hospital penitenciario. Sin embargo, precisamente por ese motivo, nunca dejó de luchar para que aquello no se repitiera. “Vine aquí [al grupo de Madres Unidas Contra la Droga que se juntaba en Entrevías] porque ellos eran los únicos que me entendían; por aquel entonces, la gente, los vecinos, la familia… te culpaban”. 

Aquellas mujeres coraje, que defendieron una forma de lucha que sentó precedente e inspiró a otros movimientos sociales, fueron cimiento y faro de la San Carlos Borromeo. En aquella época cantaban a coro: “Las madres desde los cerros a voces se oyen gritar: / “Carcelero, carcelero, que no son unos bandidos, / que ha sido la maldita droga que aquí los ha traído. / Carcelero, carcelero, no les quitéis de escuchar / a las voces de las madres que vienen a apoyar””.

Han pasado décadas y muchas de ellas han enterrado a sus hijos, pero nunca sus principios. Siempre que la salud y el paso de los años lo permite, procuran sumarse a otras protestas. Entre las luchas más recientes a las que se han unido están las protestas contra las casas de apuestas desplegadas en los barrios más humildes, fenómeno que les recuerda mucho a los años en los que la droga se coló en sus hogares. Tampoco es extraño encontrarlas alzando la voz en las puertas de los CIE para exigir su cierre, recordando con dignidad a los muertos en el mar Mediterráneo o denunciando en manifestaciones la ocupación y genocidio israelíes en Palestina.

“Las fronteras y las cárceles solo sirven para separar a un mundo pobre de otro mundo pobre. Todo lo que está pasando en las fronteras me duele tanto como los muertos en la cárcel y la droga”, comparte Manuela —o Manoli, como la conocen sus allegados— enérgicamente, mientras señala dos imágenes del fotoperiodista Juan Medina que lucen junto al Cristo de este templo: un joven exhausto encaramado a la valla de Melilla y una madre con su hija tras un rescate en el mar.

Ellas aún buscan y ofrecen ese abrazo que sirve para seguir adelante, y acuden los domingos a la San Carlos Borromeo, punto de encuentro, trinchera y refugio para estas señoras en pie contra la droga y a favor de tantas causas justas.

De parroquia cerrada a “espacio liberado”

Precisamente esa lucha que emprendieron mujeres como Manoli o Emiliana fue el inicio del vínculo de Javier Baeza con la Borromeo. Cuando este hombre sencillo y cercano, que creció en el seno de una familia numerosa y trabajadora en otro barrio periférico de la capital, echa la vista atrás para situar sus primeros pasos en este espacio, marca dos acontecimientos importantes en los que participó. El primero de ellos fue un encierro en 1989 para denunciar 200 puntos de venta de droga en toda España que detallaron en un documento presentado al Congreso de los Diputados. Aunque en aquel momento todavía estaba en el seminario, este fue su primer contacto con Enrique de Castro. Y el otro momento ocurrió en 1996, durante el primer encierro que se celebró en Madrid para defender los derechos de las personas migrantes, cuyo epicentro estaba ubicado en el mismo lugar: la Borromeo.

“Yo ya llevaba 11 años en otra parroquia en Vicálvaro [uno de los 21 distritos de Madrid, situado en el este de la capital], pero sentía que mi vida estaba dividida: el cura Javi, de la mañana, que visitaba a los presos en la cárcel y acompañaba a quienes lo necesitaban en los juzgados u hospitales; y el de la tarde, mucho más parroquial, más dedicado a la catequesis o las misas”.

En un intento de romper con esa dicotomía, propuso al arzobispo José María Rouco Varela su deseo de cambiar de destino y pasar a formar parte de la parroquia San Carlos Borromeo, donde se incorporó a finales de 2003 acompañando a Enrique de Castro y a José Díaz. Pocos meses después de su llegada tuvo lugar el atentado del 11 de marzo de 2004. Diez artefactos explosivos estallaron en cuatro puntos de la red de trenes de cercanías de Madrid, muy cerca de la parroquia. Murieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas.

“Cuando Bush decide invadir Irak apelando a la justicia infinita, gritamos en las calles un rotundo no a esa invasión. Cuando Bin Laden fanatiza a su pueblo en nombre de su dios, él se esconde mientras utiliza a seres humanos para que se inmolen en su guerra santa (…). El terrorismo tiene nombres y apellidos en nada anónimos, son actos de poder y lucha por el poder, no son acciones del pueblo”, entonó Baeza ante unas 3.000 personas en una ceremonia celebrada en la explanada de la estación donde pocos días antes estallaron las bombas. “Hoy os pido al pueblo de El Pozo, Entrevías y Madrid que rescatemos la solidaridad, que abramos nuestro corazón y nuestras casas”, concluyó.

Aquello no fue una declaración de intenciones, puede que tampoco un dogma de fe, sino que retrataba una forma de vida. Hoy sigue vivo ese mensaje de concordia que Baeza enarboló en un momento en que era evidente el riesgo de que el dolor diera paso al odio. Y es que este emblemático lugar nunca ha cerrado sus puertas, resistiendo, incluso, al intento de echar el cierre por parte de la propia institución eclesiástica, que terminó chocando con un dique de resistencia y solidaridad.

Aquella forma de entender el Evangelio y hacer comunidad no era aceptada por la propia Conferencia Episcopal. Ninguno de los tres curas, ni José Díaz ni Enrique de Castro ni Javier Baeza, lucían sotana. Ofrecían misa vestidos de calle, admitiendo a ateos o musulmanes en las celebraciones y en la eucaristía. En vez de hostias, se repartían —y se reparten— rosquillas, pan, palmeritas o cualquier otro manjar que sus feligreses o comunidad aporten para compartir.

El intento de humanizar y actualizar la doctrina más ortodoxa de la Iglesia católica en su liturgia y catequesis fue razón suficiente para que el cardenal ultraconservador Rouco Varela, por aquel entonces arzobispo, comunicara a los sacerdotes en 2007 la decisión de cerrar la parroquia para convertirla en un centro de Cáritas Diocesana, e invitar a los curas a buscarse otro destino.

Pero aquella noticia marcó un antes y un después en la historia de este templo. Lejos de acatar las órdenes, la decisión de Varela generó protestas ciudadanas para impedir el cierre de aquel espacio referente dentro y fuera de Entrevías, por su carácter social y de apoyo colectivo. Más de 30.000 firmas, registradas en el Arzobispado de Madrid por las Madres Contra la Droga, se opusieron al cierre.

Cuenta Javi que esa resistencia fue un acto de consenso. “Hubo algo muy importante y es que se convoca una asamblea para comunicárselo a la comunidad, decirles qué es lo que queréis vosotros y vosotras. Entonces fue ahí cuando la gente dijo: “Bueno, es que nosotras y nosotros entendemos que esto no es de los curas ni de los obispos, esto es del barrio””, rememora con orgullo.

A partir de ahí las protestas y muestras de apoyo a la San Carlos Borromeo se multiplicaron y provocaron un sunami de solidaridad con un mensaje claro: “De aquí no se va nadie”. Desde llamadas de misioneros y misioneras en países lejanos, como Japón, hasta la reacción de los Bukaneros, la hinchada antifascista del equipo de fútbol Rayo Vallecano, que un domingo desplegó en las gradas del estadio la pancarta: “Nuestra Parroquia es San Carlos Borromeo”.

Entre los vecinos y vecinas de Madrid que se volcaron en la movilización y resistencia para mantener la parroquia abierta se encuentra Marian Toro, que no dudó en sumarse a los encierros, las protestas o la cita de todos los viernes para entregar las firmas en el arzobispado. “Fue una lucha muy emocionante. El apoyo que se recibió dejó patente que la parroquia San Carlos Borromeo no eran solo tres curas en vaqueros, sino toda una comunidad que reivindicó su papel y, sobre todo, su unión y su protagonismo en tareas de acogida, marcando un camino que ha sido un ejemplo para mucha gente”, resalta con nostalgia.

“En ese maremágnum de solidaridad, los dos primeros apoyos que se dan son anecdóticos, pero a mí me parece que son importantes porque ya demuestran el tenor de la parroquia o de la comunidad: son el Partido Comunista de España y la Federación Islámica Española”, dice Baeza.

Finalmente, después de meses de protestas y negociaciones, la disputa entre la Conferencia Episcopal y el pueblo se zanja con un acuerdo por el cual se establece un único cambio en el nombre. La parroquia pasa a constituirse como centro pastoral San Carlos Borromeo, pero sin otras condiciones, con las mismas atribuciones y con la garantía de poder celebrar todos los sacramentos, como hasta el momento. El Arzobispado subrayó ante los medios que se produjo “un prolongado y fraterno diálogo, con el fin de asegurar la atención pastoral integral al mundo de la marginación al que de modo preferente han venido dedicándose, y dispuestos a superar positivamente el conflicto existente”.

Así se cerró un capítulo esencial de la Borromeo.

“Como dice nuestra querida Manoli, pasó a ser nuestro espacio liberado”, apunta Baeza con cariño.

La trinchera que no abandona a nadie

Este refugio —trinchera, espacio liberado o parroquia, según quién lo nombre— ha sido y es una cesta de diversidad donde la prioridad radica en una implicación social y colectiva para buscar soluciones junto a quienes sufren la pobreza y la marginación. Un espacio de cuidados que se adapta a los tiempos y a las circunstancias para dar respuesta a las problemáticas —a veces emergencias— que cada era trae. Es así como se entiende la implicación en tantos asuntos sociales a lo largo del tiempo.

En los años ochenta y noventa, la droga arrasó con dos generaciones y la parroquia se convirtió entonces en punto de encuentro, en refugio para esa juventud que el sistema había olvidado y a la que la sociedad daba la espalda. Aquel compromiso los llevó también a acompañar a enfermos de VIH y a visitar a presos en las cárceles. “Por aquel entonces estábamos cada semana en el cementerio enterrando a algún chaval”, lamenta Javier.

La parroquia también acogió o acompañó a muchos adolescentes que escapaban de los centros de reinserción, y denunció malos tratos en plena aprobación de la ley penal del menor en el año 2000. “Recuerdo una asamblea en la que aparecieron varios chavales que se habían escapado por el trato recibido”, cuenta Javier.

A partir de 2006, con la mal llamada “crisis de los cayucos”, el mapa de la exclusión cambió otra vez. La llegada de personas migrantes a costas españolas trajo otros desafíos y situó a la migración como un tema capital en la defensa de los derechos humanos por las constantes vulneraciones que se detectan. La comunidad de la Borromeo se volcó en la movilización social por el cierre de los CIE; en la crítica a los distintos gobiernos por levantar o mantener las vallas y concertinas que siembran las fronteras de Ceuta y Melilla; en los gritos para reclamar vías legales y seguras para migrar y que el Mediterráneo o el Océano occidental que baña las Canarias dejen de ser una gran fosa común; en la bienvenida a las personas refugiadas, más allá de cualquier eslogan de pancarta; en el acompañamiento y defensa de los derechos de niños y niñas que migran solos, sin la tutela de un adulto, y que, además de quedarse desprotegidos frente al sistema, son señalados como blanco de los discursos de odio.

“No hemos dejado de hacer cosas. No nos hemos especializado en temas según la moda, sino que respondemos según las necesidades y sin abandonar ninguna”, dice con ahínco Baeza.

Y, en todo esto, la Coordinadora de Barrios desempeña un papel fundamental. Se trata de la asociación creada al calor de esta comunidad con el fin de estar presente en el mundo de la exclusión social.

Su origen también se remonta a mediados de los años 80, en un momento en el que aglutinaba a otras asociaciones de barrio como en Orcasitas, Moratalaz o Villaverde. Hasta que a partir de los 2000 el único grupo que se mantiene bajo ese nombre y activo es el de Entrevías, en la parroquia.

“La idea de Enrique [de Castro] era que siempre hubiese una entidad civil, que no hubiese ninguna dependencia de la Iglesia. Es decir, que toda la parte social estuviera siempre bajo el paraguas de la Coordinadora de Barrios con el fin de que la Iglesia no pudiera ningunearnos”, explica Baeza. En la página web de la asociación se puede leer esta presentación: “Hemos descubierto, a lo largo de estos años, que lo más importante es el ser humano, por lo que la pertenencia a esta Coordinadora no presupone participar en un mismo credo político, religioso o ideológico. Entendemos que la implicación personal conlleva, necesariamente, una lucha permanente por la transformación social, lo que nos hace estar abiertos a todas las situaciones de pobreza que vamos conociendo”.

Se trata de una realidad que Javier vive incluso en su propia casa. Desde 1991, un año antes de ordenarse sacerdote, siempre ha compartido su hogar con aquellas personas que lo han necesitado. “Empiezo a vivir con chavales que además de tener problemas con las drogas también tienen problemas vitales, como haber sufrido maltrato o abandono. Diría que más de 60 chicos con los que viví murieron por el sida o por la droga”.

El perfil de sus compañeros y compañeras de piso ha ido cambiando a lo largo de los años. Desde José Huertas, preso durante 50 años, pasando por la defensora de los derechos humanos Helena Maleno y su familia cuando fueron expulsados de su casa en Rabat por el régimen de Mohamed VI, hasta los seis chicos de Marruecos, Guinea, Chad y Sudán que hoy viven con él.

No solo pone a disposición de los demás el techo de su casa, también la mesa, oportunidades para formarse y buscar empleo o tiempo de vacaciones cruzando la península en su inconfundible furgoneta azul, siempre abierta a los demás, ya sea para ayudar en una mudanza o llevar material humanitario a Ucrania.

“Digamos que es una casa que siempre está abierta”, dice.

Estirar la ley para acercarla a la justicia

Patricia Fernández Vicens, más conocida como Patuca, es otro eslabón clave en esta cadena de solidaridad —o resistencia— humana. Es abogada en la Coordinadora de Barrios e incansable defensora de los derechos humanos, especializada en derecho penal, infancia y migraciones, que se vincula al equipo jurídico en 2004, casi al mismo tiempo que su querido amigo Javier Baeza.

Desde la honestidad, la humildad y la perseverancia, Patuca dedica su vida a los demás. Pelea en los tribunales para reclamar justicia y reparación para las víctimas de las fronteras, como las de la masacre del Tarajal. Batalla hasta el último suspiro para que las personas que llegan arrasadas huyendo de las guerras, las maras u otros infiernos encuentren refugio y una nueva oportunidad. Nos recuerda que la infancia migrante también es sujeto de derecho. Y todo lo hace huyendo de medallas, poniendo por delante el valor de lo colectivo y el trabajo en grupo. Compartiendo siempre los éxitos y peleando las derrotas. Cuidando hasta el último detalle, sacando brillo a los afectos.

“La resistencia es una forma de existir que exige de una manera muy importante analizar el mundo en el que vivimos, identificar a las aliadas, alertar de los riesgos contra las personas empobrecidas y contra los derechos humanos y establecer cuáles son las trincheras desde las que queremos defender y defendernos”, argumenta esta mujer que nunca baja los brazos y siempre permanece con los pies en el fango, aunque a veces eso signifique ponerse la toga.

Sus inicios, hace más de 20 años, coinciden con un momento en el que ya se empezaba a ver que “logros que se habían ganado en cuestión de derechos fundamentales y libertades públicas comenzaban a estar en retroceso y a no tener ese consenso” que, dice, se estableció y expandió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

“Soy hija de la democracia, nací en 1977, no he conocido momentos de dictadura, provengo de una familia acomodada de clase media educada para la conciliación y la conformidad, pero sí que supe ver esta transformación a través de otras compañeras y compañeros. Pude hacerlo a partir de la lectura y de la experiencia de lo que nos transmitían las personas mayores”, asegura. Al mismo tiempo pone en valor que es capaz de hacer esta interpretación gracias a la experiencia intergeneracional de la Borromeo, donde se comparten todos los aprendizajes sin importar la edad o el origen. “Si en algún sitio se hace real la expresión “porque fueron, somos” es, efectivamente, en la Borromeo”, recalca con orgullo.

Para explicar su objetivo cita aquella metáfora que popularmente se atribuye tanto al escritor Eduardo Galeano como al arzobispo salvadoreño asesinado por la defensa de los derechos humanos, monseñor Óscar Romero: ““La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”. Lo que intentamos es estirar la ley al máximo para acercarla a la justicia, para ensanchar el marco de juego. Porque ley y justicia, lamentablemente, no van siempre de la mano”.

La primera medida cautelarísima que se exigió desde la Coordinadora de Barrios consiguió detener la deportación de un niño en 2006. Fue posible gracias a que una de las madres contra la droga acudió al juzgado, presentó la solicitud y pidió cita. “Una madre que años atrás peleaba por los derechos de su hijo y ahora lo hacía por los de un niño al que ni siquiera conocía”, resalta Patuca, que admite que no todo son victorias. Con el tiempo la comunidad aprendió a “huir del concepto de éxito judicial, que es ganar el pleito y tiene una mirada muy capitalista del éxito, porque ignora que los procesos también son muy importantes y pueden ser restauradores y legitimadores”.

“Lo primero que queremos defender es la convivencia como un bien supremo. También queremos defendernos frente a la mercantilización de las vidas. Lo vemos muy claro en los procesos de gentrificación y exclusión de los barrios. Entrevías es un ejemplo clarísimo: el otro día vi cómo cinco miembros de Desokupa entraban en un portal. Antes de que cerraran la puerta puse el pie para ver qué pasaba y si algún vecino necesitaba ayuda. Este es uno de los barrios con menor esperanza de vida de Madrid y, sin embargo, uno de los que más ha visto crecer el precio de la vivienda”, dice. 

“Otro frente es la explotación de los cuerpos, que atraviesa de lleno los procesos migratorios. No podemos olvidar que la migración existe porque hay una capitalización y una explotación previas de los territorios de origen y de las propias personas que migran”, dice la letrada. “Se habla mucho de la necesidad de una migración “legal, ordenada y segura”, pero yo exijo una legislación que sea legal, ordenada y segura. Estamos del lado de las personas migrantes porque son víctimas de una injusticia estructural”. Tanto cerca como lejos. “Lo que pasa en Entrevías es tan importante como lo que ocurre en el Congo, en Ceuta o Melilla, en Canarias o, por supuesto, en Palestina”, apostilla. 

Como ejemplo de estas conexiones transfronterizas —e incluso transatlánticas—, nombra el vínculo desde Vallecas con la comunidad indígena de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, brutalmente asesinada en 2016. Un lazo que se estrechó con la acogida de otra defensora de derechos humanos hondureña que tuvo que salir de su país tras participar en una comisión de investigación alternativa a la oficial que investigaba el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. 

Cada encuentro amplía el horizonte desde Vallecas y conecta con las luchas de otros pueblos.

Tarajal y el derecho como refugio

Patuca forma parte del equipo jurídico de la Coordinadora de Barrios, integrado por nueve abogadas y abogados que, de manera altruista, ofrecen atención directa y gratuita.

“Podemos atender desde a una vecina cuya comunidad ha aprobado la instalación de un ascensor y no puede hacer frente a la derrama hasta a trabajadoras a las que su empresa ha dejado de pagar o a personas extranjeras que buscan posibles vías de regularización si están en situación administrativa irregular”, explica Rebeca Martín, una de las abogadas de este grupo capaz de transformar el derecho en algo más que un instrumento técnico y convertirlo en un modo de acompañar, de tejer redes y de restituir derechos que el sistema deja en los márgenes.

La experiencia de Patuca en este grupo ya supera los 20 años. Entregada al acompañamiento de aquellos que Galeano acuñó como los nadies, a Patuca le cuesta situar los hitos o experiencias que más han marcado su trayectoria, no solo personal sino colectiva. De la década de 2000 recuerda un par de procedimientos legales abiertos por malos tratos, torturas y trato inhumano degradante en centros de menores o en centros de reinserción, que terminaron archivados o prescritos. Otro hito fue el acompañamiento sociojurídico brindado a los vecinos y vecinas del Gallinero, el poblado chabolista en las afueras de Madrid donde llegaron a vivir 500 personas, en su mayoría de etnia gitana procedentes de Rumanía, más de la mitad niños. 

Pero si hubo un pleito que marcó su trayectoria como abogada en la Coordinadora de Barrios, por su implicación y arrojo, fue el procedimiento que asumió para exigir responsabilidad y justicia por las muertes en la playa del Tarajal (Ceuta) el 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas se ahogaron al intentar cruzar a nado la frontera marítima entre Marruecos y España tras recibir disparos de pelotas de goma y botes de humo lanzados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

“Recuerdo que ese día estaba en una reunión de trabajo cuando vi en internet que había habido muertes en el mar en Ceuta. Entonces escribí a Javi un mensaje para que hablara con Helena [Maleno] por si tenía información y que nos dijera si hacía falta algo. Entonces me contesta Javi: “Helena dice que si estás dispuesta a querellarte contra el Gobierno””. Así recuerda esta anécdota que refleja a la perfección el impulso natural por reclamar justicia y estar siempre del lado de quienes ven vulnerados sus derechos, en este caso hasta la muerte.

A partir de ahí comenzó un recorrido judicial como acusación popular que ha sido una consecución de aperturas y cierres de la investigación. La última, en julio de 2022, cuando parte de las acusaciones populares (Coordinadora de Barrios, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Asociación Pro Derechos Humanos de España) y algunas de las familias representadas por la Coordinadora de Barrios a través de Patuca pudieron presentar a tiempo dos recursos de amparo distintos ante el Tribunal Constitucional, centrados en el derecho a la vida y en la falta de investigación efectiva relativa a los fallecidos. Un año después, este tribunal admitió a trámite los recursos de la acusación popular, pero ambos procesos siguen pendientes de resolución.

Pocos meses después de la tragedia, en verano de 2014, Javier y Patricia viajaron a Camerún, de donde procedían la mayoría de los fallecidos, para visitar a los familiares y acompañar en el trabajo de memoria y reparación que el colectivo Caminando Fronteras, fundado por Helena Maleno, había emprendido desde el primer momento. Esta visita sirvió también para que las familias de las víctimas pudieran dar el consentimiento explícito para ser representadas por el equipo jurídico de la Coordinadora de Barrios que se personó como acusación popular cuando, en febrero de 2015, la jueza de instrucción del caso citó a 16 guardias civiles a declarar. 

“Este viaje fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido, pero también de las que más me han impulsado para seguir”, confiesa Patuca. “Hay similitudes muy importantes entre las madres que lloran a sus hijos muertos en la migración, en la guerra de las fronteras, y las madres que lloran a sus hijos muertos en esa guerra que fue la droga, que arrasó en los barrios obreros”.

El timbre para llegar al primer escalón

Muchas de esas luchas que abordan Patuca, Rebeca y el resto de las compañeras y compañeros del equipo jurídico llegan con una llamada al timbre o con un toque con los nudillos en la puerta —ahora pintada de violeta, haciendo un guiño a la canción de Rozalén— de alguien que busca ayuda. Que busca información, que busca pistas para poder despejar el camino lleno de piedras y silencio que atraviesa la existencia de quienes viven en los márgenes.

“Una tarde de abril de 2018 vine aquí por primera vez con otros chicos que, como yo, habían sido devueltos a España desde Alemania, Holanda u otros países europeos por el convenio de Dublín [normativa europea que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez]. Nos deportaban sin nada, sin poder acceder al sistema de acogida, y acabábamos en albergues o en situación de calle. Llamamos al timbre para pedir ayuda, sobre todo algo de información para saber qué podíamos hacer. Entonces fue cuando nos atendió Patuca”, recuerda Amin Akkad, un joven sirio que hoy es, junto con Chelo Millán, el que recibe diariamente a todas las personas que se acercan en busca de apoyo.

Esa puerta que se abrió trajo dos grandes oportunidades. Una más personal y otra colectiva. En enero de 2019 se hace pública una nueva instrucción del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que establece el derecho de las personas refugiadas devueltas a España en virtud del Reglamento de Dublín a ser reingresadas en los programas de acogida, de los que estaban excluidos hasta entonces, como era su caso. Esto se traduce en una victoria social que salva del más absoluto desamparo a personas que, como Amin, llegaron en busca de refugio a Europa.

Fue un logro que no hubiera sido posible sin el arrojo de los dos jóvenes refugiados afectados, que presentaron sendas demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Contaron con el apoyo y acompañamiento del equipo jurídico de la Coordinadora de Barrios y también de numerosas acciones y asambleas con jóvenes afectados como Amin, que, junto a varios jóvenes de Palestina, Siria y Yemen, creó el grupo Refugees Fighting for Rights.

Formado por personas devueltas por el convenio de Dublín —que ellos mismos apodaron como “dublinados”—, este grupo, que contó con el apoyo de la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios, se reunía en al kanisa —“la iglesia” en árabe, un término que usaban muchos de estos jóvenes para referirse a la parroquia— u otros espacios vecinales o centros sociales okupados de Madrid, como la ya extinta Ingobernable. Allí hacían asambleas para identificar más casos de personas afectadas por Dublín.

“Una de las cosas que me gustó mucho de aquel tiempo es que siempre se vivió como una lucha colectiva. No es que llegáramos aquí y se pusieran a trabajar para nosotros, sino que éramos parte activa del trabajo y de la resistencia, y cada uno cumplía con su rol. Esto nos ayudó, porque sentíamos que estábamos haciendo algo”, recuerda orgulloso Amin desde uno de los despachos donde hoy atiende y recibe a la gente que llega a la Borromeo. 

“Lo que más necesita la gente es información. Eso y que se les escuche, porque la administración tiene muchísima burocracia y a lo mejor aquí les podemos guiar y ofrecer el primer escalón para continuar”, completa Chelo, que acumula a sus espaldas 20 años de acompañamiento.

Un lugar de acogida: un hogar

Entre todas las experiencias que se viven en este templo, la acogida cobra un sentido especial. No son pocas las veces que el techo de este edificio humilde, de dos plantas, con una azotea donde también se hace vida, se ha convertido en el único hogar de personas que, después de abandonar o huir de sus países de origen, se han visto sin ninguna casa que habitar.

Eso mismo ocurrió en 2018, cuando España se convirtió en la principal ruta de entrada por mar a Europa con más de 56.000 llegadas a sus costas, especialmente las andaluzas. Quienes sobrevivían a la ruta marítima en precarias embarcaciones y lograban pisar tierra firme, según sus relatos, eran trasladados por Cruz Roja a ciudades como Barcelona, Bilbao o Madrid. Sin embargo, en las grandes urbes se veían atrapados en un limbo sin recursos, envueltos en una situación de extrema vulnerabilidad o de calle debido a la falta de plazas de acogida que el Ministerio de Trabajo y Migraciones proveía para estos casos. Un vacío administrativo que en el momento tampoco estaba siendo atendido ni por la Comunidad de Madrid ni por el Ayuntamiento.  

La comunidad de la San Carlos Borromeo, junto a otros colectivos sociales y vecinales, respondió acogiendo en sus casas o acompañando en la acogida que se hizo en la propia parroquia. Durante varias semanas, cada día, a partir de las ocho de la tarde, los bancos para la oración y la asamblea se apilaban para dejar espacio a los colchones tendidos en el suelo para que pudieran pasar allí la noche jóvenes migrantes, algunos menores y solicitantes de asilo, como Polio, Claude, Adama, Mohamed, Aliou o Mahamadi. Durante el día recogían todo, desayunaban, se aseaban y comenzaban asambleas, manifestaciones y protestas para reclamar medidas sociales de acogida digna a las autoridades autonómicas, locales y estatales.

A finales de aquel mismo año, los colchones volvieron a cubrir el suelo de la parte baja de la parroquia en el espacio al que llaman “el templo”, que es lugar de encuentro en las misas y celebraciones de los domingos, donde se presentan libros, documentales o representaciones teatrales, donde se celebra el día de Reyes para los más pequeños, donde se congregaron cientos de personas de todos los credos e ideologías para despedir a las víctimas de Lampedusa o donde se hacen encierros para reivindicar luchas.

“Bienvenidos, esta es vuestra casa”, dijo Javier al salir a la puerta de la parroquia para recibir a siete familias (30 personas, entre ellas 11 menores de 13 años) que habían huido de sus respectivos países en busca de protección internacional en España, donde se encontraron a su llegada con un muro administrativo que las dejaba en la calle. Les era imposible acceder a una cita para solicitar asilo y sufrieron el rechazo de servicios locales como el SAMUR Social de Madrid, que ofrece atención a emergencias sociales.

Algunas familias ya habían pasado alguna noche en la sala de espera de la central del SAMUR Social en Madrid, de donde habían sido desalojados con la amenaza cumplida de avisar a la policía. Otras, como una familia venezolana con un niño pequeño y la madre embarazada, aseguraban que habían pernoctado más de una noche en la calle, a pesar del frío que ya se respiraba en noviembre de ese año. Por eso la llegada a la parroquia fue mucho más que un descanso: supuso un alivio y un refugio.

“Nosotros estuvimos solo tres días durmiendo allí porque nos derivaron pronto al hostal Welcome, donde pasamos unos tres meses hasta que ingresamos en el sistema de acogida y nos destinaron a Valencia, donde vivimos hoy en día, gracias a Dios”, recuerda Sandra Pulgarín, natural de Colombia y acogida junto a su marido, su hijo pequeño, sus suegros y su cuñado, también menor de edad.

Aunque consiguieron una estancia gestionada por la administración pública en un hotel ubicado en un polígono industrial del sur de Madrid, mantuvieron el vínculo diario con la parroquia, acudiendo a celebraciones, encuentros o asambleas y talleres informativos. Han pasado varios años desde aquella vivencia que, a pesar de la dureza, Sandra recuerda con cariño, porque de la San Carlos Borromeo se llevaron “una gran familia”. 

“Fue muy bonito porque, aunque éramos de diferentes nacionalidades, no teníamos la misma historia, pero sí estábamos en la misma situación, y aprendimos a compartir y a apoyarnos”, rememora poniendo como ejemplo la relación que mantienen hasta día de hoy con muchas de estas familias a pesar de estar asentadas en diferentes puntos de la geografía española. “Compartimos también la lucha, la realidad a la que nos enfrentamos y que se nos cayera la venda de los ojos por las expectativas que teníamos. Por eso era un orgullo contribuir enseñando a otras personas que venían detrás todo lo que habíamos aprendido. Aprendimos a tener empatía”.

Militar en la esperanza

Esta comunidad funciona a través de una cadena humana compuesta por gente de toda índole. Por eso los domingos por la mañana es normal ver entre los asistentes a la misa a personas católicas, ateas o de otras religiones, que se suman a esta suerte de asamblea o celebración donde, además de leer el Evangelio, se comenta, se comparten experiencias y se invita a una reflexión siempre guiada por el deseo de construir una sociedad exenta de desigualdades. En vez de pasar el cepillo, aquí se avisa de todas las actividades o acciones a la vista: desde presentaciones de libros o la llamada a respaldar luchas vecinales que paren los desahucios hasta manifestaciones en defensa de los derechos humanos. El broche de oro al encuentro lo suele poner una enorme paella o puchero, como excusa perfecta para compartir mesa y afectos. 

La comunidad de la Borromeo es ejemplo vivo de diversidad. Es Hamza, un joven que siempre se presta a cocinar o a lavar los platos cuando se celebran grandes comidas. Es Elena, vecina vallecana y madre de Alfon, el joven activista antifascista que se encerró en la parroquia junto a cientos de vecinos y vecinas del barrio vestidos con monos blancos, para protegerlo el día de su arresto y entrada en prisión tras verse envuelto en un caso señalado como “montaje policial”. Es el actor Carlos Olalla, que siempre presta su voz para hacer memoria por los desaparecidos en las fronteras. Es Asun, que a sus 90 años procura no perderse una manifestación, ya sea por la sanidad pública o la vivienda, y que confecciona en casa una bandera de Palestina de 16 metros para engalanar la fachada de la Borromeo u ondearla en las protestas contra el genocidio en Gaza. Es Javier Bardem acompañando a Willy Toledo en una rueda de prensa en el templo a la misma hora en que Toledo debía comparecer ante un juzgado por un caso de presuntos insultos a Dios y la Virgen. Es Manoli, una fiel parroquiana a la que le gusta definirse como “anarcosindicalista y atea”. Es Roberto, que batalla incansablemente para exigir la gratuidad de los comedores en los colegios públicos como un derecho fundamental de la infancia. Son Cuca, Carmencita, Xavi, Clara, Pepe, Sara, Pedro, Ibrahim, Javi, Yousef, Tronca, Juan, Mamadou, Justo, Manoli, Emiliana, Ramón, Aquilina, María, Patricia, Iria, Olea, Zacarías, Samuel, Rebeca, Marita, Muna, Paloma, René, Paquita, Carmen, Elena, Lola, Juan, Ela, Merche, Dani, Paula, Hayat, Chelo, Fatou, Toñi, Tubal, Sarata, Lu, Soukaina, Patuca, Oussama, Mamen, Amin, Ana, Abdulatif, Helena, Ernesto… Un sinfín de nombres.

En este templo de resistencia, miles de personas anónimas militan en la esperanza.