“El petróleo es una causa más probable de conflictos internacionales que el trigo”, escribía Simone Weil ya en 1937. Las palabras de la activista y filósofa francesa siguen reverberando en la actualidad como un aviso de la obsesión, dependencia y adicción al crudo que tiene Occidente, al igual que el resto del mundo. El último caso es Venezuela, cuyo subsuelo contiene más de 300.000 millones de barriles de crudo, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que la Administración Trump estima esenciales para el futuro de Estados Unidos. Ese es uno de los motivos fundamentales por los que Washington ha bombardeado Venezuela y ha sacado en una operación militar a su presidente, Nicolás Maduro, del país.

Esta operación ya puede leerse como un intento por controlar el equilibrio energético global. El propio Trump fue quien desveló tras el ataque a Venezuela que su objetivo primordial son las reservas petrolíferas venezolanas, las mayores del planeta. Pero ya lo había dejado entrever en varias ocasiones. 

El pasado 17 de diciembre, en la base aérea Andrews, afirmó: “Hay que recordar que nos quitaron todos nuestros derechos sobre el petróleo. Lo queremos de vuelta. Nos los quitaron ilegalmente”. Se refería a unos combustibles fósiles que, dada su situación geográfica, pertenecen legítimamente a Caracas. Unos días después, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, fue más allá y calificó la nacionalización del crudo venezolano, que se llevó a cabo en la década de 1970, como “el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense”. ¿El motivo? “Fuimos quienes creamos la industria petrolera de Venezuela”. Unas palabras que luego Trump repitió durante la conferencia de prensa tras la operación militar en Venezuela.

Actualmente, el petróleo representa alrededor del 88% de los 24.000 millones de dólares de los ingresos por exportaciones del país donde nació Simón Bolívar, según The New York Times. Los productos relacionados con la producción del petróleo, como los petroquímicos, representan buena parte del resto, según datos del mismo medio. Es decir, que el oro negro ha conseguido engrilletar el futuro de Venezuela, devolviéndola así a un estado de dependencia exterior cuya fuerza compite con el cordón umbilical colonial que el libertador venezolano cercenó en el siglo XIX.

La reconfiguración de la geopolítica energética en América Latina

Pocas relaciones internacionales ilustran mejor la paradoja entre ideología adaptada y pragmatismo que la conexión entre Donald Trump y el petróleo de Venezuela. La captura sorpresiva y futuro enjuiciamiento de Maduro por narcoterrorismo ha sido una estrategia basada en la avaricia. El inquilino de Mar-a-Lago siempre ha sido un enemigo acérrimo del régimen chavista, no porque sufra por la “la paz y la libertad” del pueblo venezolano, como aseguró durante su comparecencia, sino por el mismo motivo que evidencia la cronología reciente de las devastadoras guerras iniciadas por Washington en las últimas tres décadas, destinadas a aumentar sus reservas de petróleo a través de la guerra en Oriente Medio para aferrarse a la idea de que siguen ostentando el mando del poder global. Una jugada que, por otro lado, acabó en los desastres de Irak, Siria y Afganistán.

Por si hubiera alguna duda sobre las intenciones reales de Donald Trump, las declaraciones del presidente a la cadena Fox News realizadas horas después del ataque son claras y contundentes: “Tras la operación para capturar a Nicolás Maduro, Estados Unidos va a estar muy involucrado en la industria petrolera de Venezuela. Tenemos las mejores compañías del mundo, las más grandes, las mejores, y vamos a estar muy involucrados en ello”, dijo con su habitual retórica reiterativa.

La captura de Maduro no solo transmite un mensaje político duro para la región, sobre todo para países como Cuba o Nicaragua, sino que redistribuye el tablero energético y estratégico de América Latina, donde, desde los tiempos de Hugo Chávez, el petróleo venezolano ha sido una pieza central de la estrategia para controlar el poder regional. Por eso Trump, quien durante años ha utilizado el caso venezolano tanto por razones ideológicas como para la presunta seguridad nacional, ha decidido ir más allá de las sanciones y campañas políticas para optar por saltarse abiertamente la legalidad internacional e intentar derrocar al Gobierno latinoamericano que, durante décadas, más ha desafiado la política petrolera de Washington.

Trump podía haber pactado una nueva política con Caracas. De hecho, la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, quien está previsto que asuma hoy el cargo de presidenta interina, ya en mayo de 2023 afirmó que Venezuela estaba “lista y dispuesta a cumplir su rol y suministrar, de manera estable y segura, el petróleo y gas que la economía mundial necesita”. Luego, incluso Maduro se mostró dispuesto a sentarse a la mesa con su archienemigo en la Casa Blanca, pero este nunca tuvo intención real de negociar: el líder chavista será juzgado en Nueva York por “narcoterrorismo”.

El plan para hacerse con el control de la producción de crudo no ha sido improvisado, como demuestra el hecho de que, según reveló Politico antes de Navidad, “Washington ha llamado a la puerta de petroleras estadounidenses para preguntar si volverían a Venezuela en un hipotético escenario de salida del poder del presidente Nicolás Maduro. El Gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo estos contactos a través del Departamento de Estado y de un exdirectivo  de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En aquel momento, “las compañías no respondieron de manera favorable, señalando el bajo coste del precio del barril de petróleo y la inestabilidad política en el país suramericano”.

Sin embargo, la caída precipitada de Maduro ha cambiado por completo el tablero de juego. Estados Unidos quiere reconfigurar la geopolítica energética de América Latina. Este es un punto de inflexión en la historia política y económica del hemisferio. Por primera vez en décadas, representa una ruptura radical del principio de no intervención en la soberanía nacional de la región. La acción militar directa contra un gobierno latinoamericano para obtener sus recursos por medio de la fuerza militar ha sido camuflada bajo el manto de proporcionar seguridad y luchar contra el narcoterrorismo. Pero las ansias de la Casa Blanca para volver a controlar las reservas de petróleo del país son tales que incluso el propio Trump las ha puesto sobre la mesa. Por ello, es importante entender el negocio que Washington perdió con la llegada de Hugo Chávez, y que ahora el magnate neoyorquino quiere recuperar.

El negocio que fue el petróleo

A principios del siglo XX, empresas estadounidenses como Standard Oil se lanzaron a la conquista de los campos petrolíferos venezolanos, cuyos barriles de crudo pesado y extrapesado eran enviados a refinerías situadas en los estados de Texas y Luisiana, específicamente diseñadas para procesar ese tipo de petróleo. Las empresas estadounidenses —y a eso se refería Trump de forma sesgada— fueron las encargadas de desarrollar la industria petrolera en un país que, durante décadas, se convirtió en uno de los principales proveedores de crudo para Washington.

Con el tiempo, la relación creó una dependencia estratégica cuya desigualdad, siempre en beneficio de Estados Unidos, llevó a la nacionalización del petróleo en 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, quien reservó todos los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la PDVSA. Así fue como las empresas estadounidenses perdieron el control directo, aunque no desaparecieron del todo de los ricos campos de oro negro en la Faja del Orinoco, que abarcan unos 600 kilómetros a lo largo de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

El negocio continuó con la fusión de la PDVSA con compañías estadounidenses como Chevron, Exxon Mobil, Conoco Phillips y Halliburton, las cuales siguieron participando en la exploración, producción y exportación.  Sin embargo, la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999, supuso un giro soberanista que tensó profundamente la relación entre ambos países, después de que Caracas aumentara los impuestos, abogara por la renegociación forzada de los contratos y llevara a cabo expropiaciones que crearon graves conflictos legales internacionales, especialmente con Exxon Mobil y Conoco Phillips.

Desde entonces, el interés petrolero de Washington se volvió más defensivo que expansivo para proteger los activos existentes, reclamar compensaciones y evitar que sus rivales estratégicos ocuparan de forma permanente el espacio dejado por las compañías estadounidenses. La producción, que en 1998 superaba los 3,4 millones de barriles diarios, cayó por debajo de los 2 millones y siguió desplomándose hasta rondar los 400.000 barriles diarios en 2020. No obstante, el deterioro de la producción convirtió al petróleo venezolano en un activo estratégico para la Casa Blanca, que también temía que podía convertirse en una vulnerabilidad si las otras dos grandes potencias mundiales, China y Rusia, se entrometían en su camino en Venezuela.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017, la industria petrolera venezolana ya estaba colapsada y la PDVSA devastada por años de mala gestión, purgas políticas, corrupción estructural y falta de inversiones. Antes de las sanciones económicas impuestas por Trump durante su primer mandato, Venezuela exportaba a Estados Unidos entre 500.000 y 700.000 barriles diarios, que tuvo que reemplazar rápidamente por importaciones de Canadá, México y Rusia, aunque cabe decir que la empresa estadounidense Chevron siguió operando asociada con la PDVSA gracias a una licencia especial emitida por el Departamento del Tesoro, que la eximió de las sanciones.

Llegado el año 2025, la gestión desastrosa de la PDVSA concluyó con el colapso de la producción y la reducción drástica del flujo de barriles, cosa que devastó una industria petrolífera venezolana que, actualmente, se encuentra en un estado moribundo, con un mínimo histórico en exportaciones, mientras la infraestructura creada por Estados Unidos sigue deteriorándose. Por ello, para Trump el petróleo venezolano no solo es un recurso económico, sino un factor de presión estratégica.

¿Por qué ha atacado ahora?

El trasfondo estratégico y energético del régimen chavista en Venezuela, respaldado durante décadas por aliados tan poderosos como China o Rusia, había ayudado al régimen a evitar la intromisión directa y abierta de Estados Unidos en su suelo soberano. Hasta ahora, la Casa Blanca había apostado por una presión económica mediante sanciones, operaciones de asistencia a la oposición con el respaldo a figuras como Juan Guaidó o María Corina Machado, y el aislamiento diplomático internacional del régimen bolivariano. Sin embargo, el fracaso de estas medidas ha impulsado a Trump a actuar rápidamente para evitar el rápido deterioro del valor del petróleo venezolano, que sigue cotizando por debajo de otros crudos en los mercados internacionales, e incluso ha registrado caídas de precio de cerca del 29 % en 2025, cosa que ha colocado sus barriles a menos de 50 dólares, según la OPEP. La degradación del precio es un síntoma de la pérdida de calidad derivada de las dificultades logísticas, así como de los cuantiosos descuentos que suponía el tráfico ilegal de crudo que la PDVSA llevaba a cabo para escapar de las sanciones. Esta pérdida de valor se adivina como uno de los motivos por los que el expresidente Maduro se encuentra tras las rejas de una prisión de Nueva York.

Tampoco hay que olvidar que el desplome de la producción petrolífera fue una consecuencia de las sanciones económicas que Trump impuso a Venezuela en 2019, cosa que inexorablemente empujó al régimen chavista hacia China, Rusia e Irán. Maduro empeoró las cosas cuando parte del petróleo empezó a ser exportado con descuentos, intermediarios opacos y esquemas de evasión de sanciones que, al final, acabaron resultando en un aumento de la influencia en la región de las potencias rivales de Estados Unidos. En otras palabras: este no solo es un movimiento para hacerse con el control energético venezolano, sino un golpe en la mesa para reposicionarse como el amo indiscutible del hemisferio.

Por supuesto, la captura del líder chavista no significa automáticamente el control estadounidense sobre los recursos petroleros venezolanos. Y, menos aún, el acceso inmediato a ellos. Pero los primeros efectos potenciales son tan profundos que explican la agresión ordenada por Washington, que busca hacerse con el control de la PDVSA y de la CITGO, que es la red refinadora y de distribución de dicha compañía estatal en Estados Unidos, donde se procesan los crudos pesados similares al venezolano, así como sus activos en el exterior, incluyendo las participaciones e ingresos en refinerías. Sin embargo, la infraestructura petrolera venezolana está muy degradada y requerirá inversiones milmillonarias, cosa que limitará los beneficios inmediatos.

El botín silencioso de la operación contra Maduro, y una de las claves de la conexión Trump-Venezuela, es asegurar el control del CITGO, que tras el reconocimiento del candidato Juan Guaidó ya pasó formalmente a manos de una junta controlada por la oposición venezolana. En la práctica, esto significó quitarle a Maduro uno de sus activos más valiosos en el exterior. No obstante, el CITGO también se convirtió en un campo de batalla legal que le ha dado muchos dolores de cabeza a Washington, con acreedores internacionales reclamando activos por expropiaciones pasadas. La situación sigue siendo explosiva y demuestra cómo el petróleo venezolano no es solo energía, sino geopolítica judicializada, que ahora está en manos del magnate neoyorquino.

Maximalismo trumpista

El giro radical en la relación política con Caracas ha ocurrido en un contexto global de transición energética y competencia por los recursos. Aunque también ha servido para revelar un patrón típico de la política exterior trumpista: la retórica maximalista combinada con un pragmatismo selectivo. Porque, aunque los combustibles fósiles pierdan terreno en algunos mercados, el petróleo sigue siendo crucial para las economías emergentes y los sectores industriales.

Pero no todo es tan sencillo. Las bolsas internacionales tenían un miedo fundado a un ataque como el que se ha producido contra Venezuela, como reveló el informe de diciembre publicado por los analistas del banco estadounidense Citi, el cual advertía que “una escalada continuada en las tensiones geopolíticas entre ambos países puede poner en peligro las exportaciones de petróleo, lo que supondría un impulso alcista a corto plazo para el precio del crudo”.

El experto en energía y jefe de la empresa Qamar Energy, Robin Mills, matiza que “a corto plazo la pérdida de algunas de las exportaciones de Venezuela no supondría una gran mucha diferencia”.  Más aún, según indica en un análisis de los impactos de la crisis y sanciones petroleras en el mercado global recogido por The National, la jugada de la Casa Blanca se convertirá en una gran oportunidad “si un nuevo liderazgo negocia la suspensión de las sanciones y abre las inversiones en los próximos años”. Todo indica que esa es la ambición verdadera de Trump.

Si Washington consigue controlar, directa o indirectamente, la producción petrolífera venezolana, dispondrá de un activo de presión en el mercado mundial, incluso sabiendo que esta necesita inversiones masivas para que remonte. Y, en el caso de que el movimiento para apoderarse del recurso natural derive en un conflicto civil como el que causó la intervención estadounidense en Irak, es muy posible que la Administración Trump haga gala de una falta de empatía y humanidad similares a las desplegadas por el expresidente George W. Bush y su fiel escudero, el exvicepresidente Dick Cheney, fallecido el pasado 3 de noviembre.

“Estados Unidos dirigirá Venezuela y venderá su petróleo”, concluyó Trump durante la comparecencia de prensa tras la operación. Esto deja claro que no le importan las consiguientes tensiones futuras con los países vecinos, o contribuir a crear una polarización global con bloques geopolíticos donde los más fuertes puedan vulnerar, sin consecuencias, las leyes internacionales. Las Naciones Unidas o la Unión Europea no podrán detenerlo. El maestro de ceremonias de Mar-a-Lago ha atacado porque cree que los recursos naturales de Venezuela le pertenecen y deben ser administrados por el imperio reinante del hemisferio. Un imperio cuyo ocaso democrático agita la varita de la política internacional en un tablero convertido, ya sin ambages, en una lucha darwiniana que no entiende de justicia ni gestos humanitarios.