De pronto, se hace el silencio. Se vuelve imposible compartir la foto de un policía disparando botes de humo o el vídeo de un manifestante quemando neumáticos para hacer barricadas. No se actualiza la actividad en las redes sociales para intentar informarte de cómo se desarrollan esas elecciones presidenciales tan disputadas. No hay manera de llamar a tu hermano para saber si está bien justo en el momento en el que acabas de oír que un grupo de militares ha asaltado un consejo de gobierno.

La taxonomía de los bloqueos de internet intencionados es diversa: pueden ser apagones totales o afectar solo a algunas funcionalidades de la red. Pueden ser cortes completos o reducciones del ancho de banda, suficientes para que no se puedan usar algunas utilidades digitales. Pueden ser puntuales, de días o incluso de meses. Pueden estar motivados por una crisis política, por una explosión de indignación, por una operación militar o, incluso, por unos exámenes. Lo que es un hecho es que las situaciones en las que un Gobierno pulsa el botón de apagado de internet en África son cada vez más numerosas.

Durante 2021, el continente africano concentró la mayor parte de los países que recurrieron a estos bloqueos digitales, según diversos informes. Uno de ellos es el que realiza la campaña global KeepItOn, que agrupa a 282 organizaciones de las sociedades civiles de 105 países, lideradas por Access Now. El título de la investigación es esclarecedor (El regreso del autoritarismo digital: apagones de internet en 2021) y hace referencia al preocupante aumento de los bloqueos de la red en el mundo después de una reducción en 2020. Durante el año pasado, esta investigación documentó 182 incidencias en 34 países; 14 de ellos se encontraban en África. “En la mayoría de las democracias en crecimiento, la gente es cada vez más asertiva, está más informada y participa más en el espacio cívico. A menudo, a las autoridades no les gusta este cambio en la dinámica del poder y trabajan para controlarlo. La mayoría de los apagones de internet aplicados por los gobiernos africanos tienen lugar durante protestas y elecciones, con el fin de silenciar a los disidentes”. Es la explicación categórica de Felicia Anthonio, responsable de la campaña KeepItOn.

A los defensores de los derechos fundamentales les preocupan los contextos de los bloqueos porque identifican situaciones que deterioran la democracia. Thobekile Matimbe es investigadora de Paradigm Initiative, una de las organizaciones de defensa de los derechos digitales más dinámica del continente, y desgrana algunos de estos escenarios, en concreto las protestas y el ejercicio de la libertad de expresión durante las elecciones, que deberían ser actividades incorporadas a la vida de una sociedad democrática. “Los gobiernos no quieren escuchar un discurso diferente, por eso bloquean internet. Están tratando de evitar cualquier crítica, cualquier voz disidente que se exprese de manera destacada online, y eso reduce el espacio cívico, por lo que ataca esencialmente a la sociedad civil”.

“En el fondo, un bloqueo no tiene otro objetivo que limitar la libertad de expresión, de asociación o de opinión, entre otras”, advierte Aisha Dabó, coordinadora de Africtivistes, una red panafricana de activistas digitales. Para Dabó, “los apagones digitales demuestran también la impotencia de los Estados frente a internet y su debilidad para encontrar soluciones idóneas que respeten los derechos de los ciudadanos”. Thobekile Matimbe considera que invocar motivos de seguridad nacional para bloquear internet es “matar moscas a cañonazos” y advierte de que hay casos en los que los gobiernos “exceden los límites, lo que es proporcional y lo que es razonable”.

Desde su amplia experiencia, Felicia Anthonio insiste en lo que ocurre cuando se producen apagones digitales: “Seguimos documentando graves violaciones de derechos humanos cada vez que las autoridades cierran internet”. El impacto en la vida social, para esta activista, es irrefutable: “Las restricciones alimentan una cultura de la impunidad que es peligrosa para cualquier sociedad. Una cosa está clara: no importa la justificación que den los gobiernos, los bloqueos de internet devastan vidas, y nunca deben ser normalizados”.

La mejor manera de acercarse a los efectos de estos apagones es conocer las experiencias de usuarios, activistas o periodistas que han pasado por esas situaciones de silencio en el continente africano.

Elecciones sin crítica

El 13 de enero de 2021, el día antes de las elecciones presidenciales en Uganda, internet fue bloqueado como respuesta del Gobierno a la decisión de Facebook de cerrar varias páginas afines a las autoridades por incumplir las normas de uso. En realidad, el presidente, Yoweri Museveni, ya había apagado la red durante las anteriores elecciones en 2016. La investigadora Sandra Aceng explica: “Cuando se produjo el apagón, estaba investigando sobre el espacio de los medios digitales y el entorno político del país. Tuve que esperar días hasta que se restableció internet para compartir mi investigación y comunicarme con el equipo. Además, estaba supervisando las elecciones con una institución y gestionaba las redes sociales. No pude hacer ese trabajo, pero conseguí que una persona lo hiciera desde el extranjero. El bloqueo de internet ralentizó el intercambio de información sobre las elecciones en todos los colegios electorales y favoreció la manipulación de los votos. La intención era, supuestamente, garantizar la seguridad durante el periodo electoral, porque internet se usa para la movilización, especialmente entre los jóvenes, en caso de que las elecciones sean injustas. Internet fue bloqueado, en realidad, para que un Gobierno autoritario nos controlara fácilmente”.

En la República del Congo el bloqueo también fue “preventivo”: una medida para unas elecciones sin críticas, las presidenciales de marzo de 2021 en las que resultó reelegido el actual presidente, Denis Sassou-Nguesso. Luce Bénédicte Gangoué es activista de uno de los movimientos prodemocracia: “Nos cortaron toda la información. No siempre podemos confiar en la que nos dan los medios de comunicación, así que utilizamos a menudo internet para informarnos y comunicarnos. El día anterior a las elecciones se cortó internet para que no hubiera comunicación el día de las votaciones. Quizá era una medida para evitar disturbios a causa de la muerte de Parfait Kolelas, el principal opositor, fallecido a causa de la covid-19 el día de los comicios. Ya nos lo esperábamos, porque hubo un apagón de internet en 2016, así que fue menos doloroso que en aquella ocasión. La medida tuvo consecuencias económicas, porque hay empresas que necesitan la conexión a internet. Pero sobre todo contribuyó a la regresión de la libertad de expresión”.

En Zambia las autoridades quisieron asegurarse el monopolio de la publicación de resultados de las elecciones presidenciales de agosto de 2021. Ello no logró, sin embargo, frenar la victoria del líder de la oposición, Hakainde Hichilema. Richard Mulonga, responsable de Bloggers of Zambia, explica las circunstancias del apagón: “Cuando bloqueas internet, impides que la gente pueda decirle las verdades al poder. Internet estaba siendo utilizando para compartir cifras de votos, por ejemplo, así que el Gobierno pretendía ser el único que emitiese esa información. Pero los ciudadanos tienen derecho a monitorizar las elecciones utilizando la tecnología; tienen derecho a participar en los procesos electorales de diferentes maneras; tienen derecho a promover elecciones libres, limpias y transparentes y a hacerlo utilizando la tecnología. El Gobierno se queja desde 2016 o 2017 de que los ciudadanos de Zambia abusan de las redes sociales. Si hay abusos, hay que intentar regularlos o establecer normas, porque cualquier razón para bloquear internet es insuficiente. Da igual que sea en medio de la guerra, de unas protestas o de la epidemia de covid-19. No es legal bloquear internet de esa manera”.

También en contexto electoral, pero justo después de las votaciones, se bloqueó la red en Níger. Habían estallado protestas ante los resultados de las elecciones de febrero de 2021, que daban la victoria al candidato oficialista. “Oficialmente, el Gobierno pretendía frenar el riesgo de violencia postelectoral, pero lo que consiguió fue que Níger apareciese señalado por las organizaciones de derechos humanos y provocar un descenso de las actividades empresariales y profesionales —explica el ciberactivista Tanimoune Ibrahim—. Los activistas recurrieron a la activación de los contactos con la diáspora y usaron redes privadas virtuales (VPN, por su nombre en inglés)”.

En el caso de Chad, uno de los bloqueos llegó en febrero 2021, dos meses antes de las votaciones para elegir al presidente pero con claro sabor electoral. Las fuerzas de seguridad asaltaron la casa de uno de los aspirantes al sillón presidencial, Yaya Dillo, supuestamente para ejecutar un mandato judicial. La madre del candidato y uno de sus hijos murieron y se desencadenaron disturbios en la capital del país. Salim Aziz Assani es gestor de comunicación digital: “La censura ralentizó mis actividades, porque soy un actor del ecosistema digital de Chad y estas medidas generan reticencias en los clientes, y además aumentan los costes de internet. El precio de la conexión se duplica cuando usas VPN. Normalmente, el cierre de internet está vinculado a las revueltas populares o a la difusión del discurso de odio en línea, aunque oficialmente el Gobierno argumenta que es para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia. Las consecuencias de los bloqueos son visibles a todos los niveles: económico, social, cultural y educativo”.

Cuando las armas hablan y las redes callan

Operaciones militares o golpes de Estado son escenarios habituales en los que los gobiernos se esfuerzan por evitar informaciones no controladas y para ello bloquean internet, como está ocurriendo en Etiopía, un país en el que se ha bloqueado la red por diversos motivos. El apagón más largo se enmarca en el conflicto en la región de Tigray. Atnaf Brhane es un bloguero y activista prodemocracia: “La mayoría de las veces el Gobierno se ampara en razones de seguridad nacional para cortar las comunicaciones, apela a la difusión de noticias falsas, alimenta el miedo en las redes sociales de Etiopía y utiliza el bloqueo de internet para evitar que la información circule. Hay un cierre de internet en Tigray desde el principio del conflicto entre el ejército federal y el partido gobernante en la región. Comenzó en noviembre de 2020 y sigue activo, no hay ninguna comunicación, toda la región está desconectada del resto del mundo. Así que, de nuevo, la seguridad nacional sirve para que el Gobierno en Etiopía interrumpa las comunicaciones”.

En Sudán también se han producido bloqueos por diferentes motivos, pero se impone el contexto del golpe de Estado que en octubre de 2021 los militares protagonizaron contra el Gobierno de transición. La ciudadanía salió a la calle para oponerse al levantamiento militar y las autoridades bloquearon el acceso a internet. Khattab Hamad es investigador sobre medios y derechos digitales: “La mayoría de los cortes de internet en Sudán se han producido durante crisis políticas o protestas. Las autoridades cortaron internet para silenciar las voces de los manifestantes e impedir que se documentaran las violaciones de derechos humanos. Otra de las principales razones para bloquear la red es impedir la coordinación entre los manifestantes. Durante el apagón digital, por ejemplo, yo quedé aislado de mis conexiones internacionales, lo que afectó a mi trabajo y a mis estudios. Los usuarios utilizaron métodos de comunicación alternativos, SMS o aplicaciones de comunicación offline a través de Bluetooth. Y se denunció en los tribunales la interrupción ilegal de las comunicaciones. Desde los bloqueos se ha hecho habitual que la gente use VPN para evitar la vigilancia”.

La indignación busca expresarse en las redes

Cada vez más, las crisis sociales tienen un componente digital. La crítica y la contestación a menudo combinan las acciones en las redes y en las calles. Y eso no siempre gusta a las autoridades. En junio de 2021, en Esuatini (hasta 2018 conocido como Suazilandia) se produjo una histórica movilización que exigía medidas democráticas. Hubo protestas, disturbios y enfrentamientos con la policía que se difundieron a través de internet. De pronto, las redes dejaron de funcionar en esta monarquía de algo más de 1,1 millones de habitantes. La activista prodemocracia y defensora de los derechos humanos Gugstar Makhanya explica la situación: “El apagón de internet se produjo cuando el país estaba experimentando una ola de disturbios por la situación política. La intención del bloqueo era impedir que los ciudadanos pudieran acceder a las redes sociales y planear actividades de protesta o difundir información. El Gobierno tenía una empresa de relaciones públicas cuyo trabajo consistía en cuidar la imagen del Estado. El apagón se utilizó para transmitir la idea de que los suazi no se estaban rebelando contra el régimen y de que Esuatini era un país pacífico. También impidió que se viera la atroz respuesta de las fuerzas del Estado. Mientras los suazis no tenían acceso a internet, la policía real y las fuerzas de defensa recorrían el país deteniendo, golpeando, matando y mutilando a los ciudadanos sin contemplaciones. El Gobierno ordenó el apagón para ocultar y permitir graves violaciones de los derechos humanos”.

En Burkina Faso el descontento social había ido aumentando por la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la violencia armada, entre otras cosas. A finales de 2021 la crispación era patente. Internet quedó inaccesible en medio de una ola de contestación. Bassératou Kindo es bloguera y experta en comunicación digital: “La medida del Gobierno [para restringir el acceso a la red] ralentizó las actividades y, en algunos casos, las interrumpió totalmente. Algunas personas lograron evitarlo utilizando VPN, pero no fue suficiente. No sé qué pretendían silenciar bloqueando internet, pero en ese momento algunas personas estaban denunciando la caótica gestión de la crisis de seguridad en el país”.

En Sudán del Sur el guión fue muy parecido, como explica Nelson Kwaje, experto en tecnología y derechos digitales: “Hubo un momento en el que un grupo de organizaciones de la sociedad civil estaba convocando una gran movilización contra el presidente y su administración y abogaba por un levantamiento popular. En ese contexto, el Gobierno cerró internet durante un día. Las intenciones de este bloqueo no se han explicado oficialmente, pero seguro que se intentaba silenciar una parte de la información y reducir el nivel de colaboración, porque la mayor parte de la coordinación de estas acciones de protesta se hace en línea y los cierres de internet sirven para desmovilizar a las personas que quieren participar. En el caso de Sudán del Sur, la penetración de internet es muy reducida, por lo que no tiene un impacto directo en la masa de la población. Pero la medida sí que tiene repercusión, en cuanto que deja ver el tipo de medidas que está dispuesto a tomar un presidente que es capaz de bloquear internet”.

Las protestas ocurridas en marzo de 2021 en Senegal fueron unas de las más graves desde la independencia del país. Se trataba de una amplia movilización de la sociedad civil ante la que consideran una deriva antidemocrática de Macky Sall, el actual presidente. La crítica se agravó con la detención del principal líder de la oposición. Se detectaron entonces interrupciones de internet, como cuenta Papa Ismaila Dieng, bloguero, periodista y activista digital: “Después de que el principal líder opositor fuese detenido, se inició una semana de disturbios, principalmente en Dakar. No creo que se pueda hablar de apagón pero, desde el primer momento, la gente tenía miedo de que pudiese haber interrupciones. Los operadores aseguran que [la caída de internet] se debió exclusivamente a la alta concentración de usuarios, a la saturación de la red. Sin embargo, los problemas de conexión se notaron en todo el país, no solo en las concentraciones. No hubo un impacto económico importante porque la incidencia duró unas horas y se produjo fuera del horario comercial y de oficinas. Tengo la sensación de que fue una especie de prueba de las autoridades para ver cómo podría funcionar una medida así. Se dieron cuenta de que no funcionaba como esperaban, porque muchos usuarios estaban sobre aviso y compartieron instrucciones para descargar y activar una VPN”.

En junio de 2021, el Gobierno nigeriano tomó una decisión sin precedentes: anunció el bloqueo de Twitter de manera indefinida. Oficialmente era la reacción a una decisión de la red social de retirar un mensaje del presidente, Muhammadu Buhari, que aparentemente incumplía las normas de uso por lenguaje que incitaba al odio. Twitter había desempeñado un papel fundamental en una ola de manifestaciones contra la brutalidad policial, que en octubre del año anterior había llegado a pedir la dimisión de Buhari. Chioma Agwuegbo es experta en la intersección entre género, tecnología, política y medios: “Tras un turbulento periodo de protestas contra la brutalidad policial y el trágico asesinato de manifestantes en el puesto de peaje de Lekki, una muestra de represión como el bloqueo de Twitter era una carga demasiado pesada. Duró 222 días, más de siete meses. Los analistas afirman que provocó pérdidas de, al menos, 1.500 millones de dólares. Los nigerianos tampoco pudieron acceder a información de calidad de los canales oficiales del Gobierno en las redes sociales. Así, justo después de una pandemia de desinformación, se cerró una de las principales fuentes de información sobre la covid-19. Los servicios VPN que se utilizaban eran freemium, por lo tanto, eran vulnerables a violaciones de la información. Finalmente, el bloqueo de internet propició un aumento de los casos de violencia sexual y de género. La imposibilidad de que las supervivientes y las víctimas pudieran acceder a un mecanismo de denuncia instantáneo fue desalentadora”.