Fuera hace sol, pero en la pequeña sala de la calle Marguerites de Puerto Príncipe, la capital de Haití, cerca del Instituto de Bienestar Social e Investigaciones, una extraña pesadumbre domina el ambiente. Sobre un escenario rodeado de público, once niños y niñas se mueven sin cesar. Tienen entre 5 y 9 años. Algunos llevan pantalones cortos y camisetas, otras van con vestidos. Juegan,corren, cantan. Así es la infancia. A veces se pelean; a veces lloran. “Las pandillas nos hicieron huir de nuestras casas”, dice uno. “Ni siquiera podemos ir a la escuela”, añade otro.
Son los protagonistas de “Teatro contra la violencia” (Teyat kwape vyolans, en criollo haitiano), un espectáculo que deja al público sin palabras. Interpretado por una docena de niños, niñas y adolescentes, la representación pone de manifiesto la realidad de cientos de familias que viven en campamentos de desplazados en la capital haitiana, víctimas de la incesante violencia que opaca las calles de Haití desde hace más de tres años.
El país caribeño está sumido en el caos; las pandillas violentas controlan el 80 % de la capital, según cálculos de la ONU. Como resultado de esa violencia, miles de personas han muerto: solo en los primeros tres meses de este año, cerca de 2.500 personas, entre ellas al menos 82 niños y niñas, perdieron la vida o resultaron heridas. Casi la mitad de ellas fueron alcanzadas por balas durante ataques en sus barrios o choques entre las pandillas y la policía. La violencia ha agravado también el hambre: según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 4,9 millones de haitianos —casi la mitad de los 11,7 millones de habitantes del país— sufren desnutrición aguda.
En esta pequeña sala de la calle Marguerites, la vida de cientos de familias se despliega durante aproximadamente treinta minutos ante los ojos del espectador. Resuenan los sollozos en una sala que se transforma en campamento en el barrio Turgeau de Puerto Príncipe. Los actores en ciernes son testigos del caos que asola la capital, y cada uno de ellos retrata lo que ocurrió en su respectivo barrio. Unos tuvieron que huir del terror de las pandillas con la ropa que llevaban puesta. Otros estuvieron al borde de la muerte. A algunos les cuesta olvidar el horror, les cuesta hablar. Lloran. La emoción crece a medida que cuentan sus historias.
Los espectadores no pueden apartar los ojos de estos pequeños en dificultades. Los niños y jóvenes demuestran talento. Aprovechan para señalar al Estado: “Ellos nunca han sido capaces de garantizarnos mejores condiciones de vida. No tengo futuro”, dice uno. A través de sus palabras, lanzan una señal de angustia a un Estado fallido y a la sociedad en sus diferentes componentes.Teyat kwape Vyolans es una obra que pone al descubierto los límites de los dirigentes haitianos, incapaces de hacer que estos pequeños disfruten plenamente de su derecho a la vivienda, la seguridad y la alimentación. Varios asistentes, entre ellos los propios padres, tienen aquí la oportunidad de descubrir el talento de los niños y niñas que, ahora, viven en campamentos improvisados para refugiados en escuelas, iglesias, teatros e incluso inmuebles gubernamentales. Según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos en Haití, existen 30 colegios de la capital que acogen a más de 1.200 haitianos cada uno. Las personas han salido desde diferentes distritos de la capital que han sido tomados progresivamente por los grupos armados. La constante en Haití se ha convertido en ir y venir sin tener un lugar donde asentarse. Algunos llevan un par de años en estos lugares, pero la mayoría llegó en junio de 2023.
Una madre con su bebé en brazos deambula cerca de la esquina donde se lleva a cabo la representación de esta tragedia. “¿Podría llevarse a mi hijo?”, pregunta a cada espectador, mientras las lágrimas recorren su rostro. Jazmine forma parte del grupo de personas desplazadas internas, que suman 580.000 hasta junio de 2024 en todo el país. Ella huyó con sus seis hijos de su hogar del barrio Martissant, una de las zonas pobres en el oeste de la capital. “Las pandillas tomaron las calles del distrito, incendiaron mi casa y la de mis vecinos. Asesinaron a mi esposo hace un año y medio y me violaron encima de su cadáver”, cuenta. A su lado camina su hija mayor cargando un platón de frutas que vende. Su historia no es aislada: representa la de cientos de miles de mujeres haitianas. La mayoría han buscado refugio en áreas rurales del sur de Haití, que no cuentan con los recursos suficientes para sostener estas llegadas, advierte la ONU.
Jazmine se ha tenido que mudar más de diez veces en los últimos dos años. Antes vendía su pan en el Champ de Mars, donde se encuentra lo que queda del Palacio Nacional, destruido en el terremoto de 2010. “Por primera vez nos estamos enfrentando a una crisis donde nada funciona; el Gobierno simplemente no está funcionando”, dice esta vendedora ambulante. Cuenta que los suministros de alimentos y energía han colapsado. “Quiero entregar a mi hijo para que alguien pueda cuidar de él. No tenemos qué comer, no puedo darle de comer”.
Pandillas contra un Estado que no existe
“Cada día es una cuestión de vida o muerte en Haití”, dice Pierre Joseph, un trabajador de Save the Children de 34 años que tuvo que abandonar dos hogares con su esposa y su bebé de 6 meses por el avance de una banda armada, 400 Mawozo, en su barrio. Ha tenido que luchar por encontrar suministros básicos en el Teatro Rex, ubicado en el Champ de Mars. Joseph es el líder de este campamento y puente de comunicación con algunas de las organizaciones internacionales que quedan en el país. Duerme en el suelo de un cuarto de máquinas del edificio con más de 30 personas. Con la organización Save the Children se ha encargado de ser promotor de la educación infantil en este refugio. Las pandillas controlan incluso la distribución de asistencia: el Comité Internacional de la Cruz Roja informó de que su personal ha tenido que negociar con miembros de bandas para entregar ayuda humanitaria. La situación de inseguridad ha obligado a muchas organizaciones humanitarias a suspender sus operaciones en Haití.
Las pandillas no solo controlan el puerto principal en la capital, sino también muchos de los caminos de acceso de la ciudad, lo que dificulta el transporte de suministros médicos. En febrero, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) informó al Consejo de Seguridad de la ONU de que existen aproximadamente 300 pandillas en Haití; muchas de ellas actúan directamente en la capital.
El modelo histórico de las pandillas de hoy encuentra su origen en 1959, en las milicias de los Voluntarios de la Seguridad Nacional (VSN), más conocidas como Tonton Macoute, creadas por el dictador François Duvalier. Estas milicias perpetraban crímenes con total impunidad. Se calcula que, en 28 años de poder de la dinastía Duvalier, los Tonton Macoutes torturaron y asesinaron a miles de personas. Con la caída y exilio en 1986 de Jean-Claude Duvalier, hijo y sucesor de François Duvalier, los Tonton Macoutes fueron disueltos. En 1990, Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente electo, fue víctima de un golpe de Estado militar. Después de la destitución de Aristide, los antiguos Macoutes crearon pandillas llamadas attachés, al servicio de otros grupos criminales o de políticos, que hasta el día de hoy se mantienen.
Jimmy Chérizier, conocido con el sobrenombre de “Barbecue”, lidera una de las bandas más poderosas: el G-9 y Familia, y también encabeza una coalición de pandillas haitianas denominada Viv Ansam (Vivir Juntos). De 47 años, Chérizier ha reivindicado diferentes ataques que han sacudido a Haití en los últimos meses. Presionó para la dimisión del primer ministro Ariel Henry —que renunció a su cargo en marzo— y ahora reclama “una nueva independencia” para su país.
Jimmy Chérizier no siempre fue una figura de la oposición. Durante la presidencia de Jovenel Moïse (2017-2021) incluso participó en la represión de la disidencia política, según Insight Crime. El partido en el poder le proporcionaba armas y financiaba ampliamente su pandilla. Pero en 2021, la situación cambió con el asesinato del presidente Moïse, abatido en su residencia de Puerto Príncipe por un comando integrado por mercenarios colombianos (aún no se ha identificado al autor intelectual del crimen, aunque hay más de medio centenar de personas imputadas). Tras el magnicidio, asumió la dirección de Haití el primer ministro Ariel Henry, que redujo fuertemente las sumas entregadas a la pandilla de Chérizier. Aquello, junto con su amplia impopularidad, desencadenó una verdadera lucha de poder, con ataques coordinados por parte de bandas que antes eran rivales. Los siguientes meses fueron de creciente inseguridad y violencia: las bandas obtenían cada vez más territorio e influencia. La falta de un presidente y la ausencia de elecciones desde 2019 les permitieron expandir el control hasta dominar la mayor parte de la capital.
Violencia sin freno
En febrero de este año la violencia se recrudeció aún más: el 7 de ese mes marcaba el fin del mandato de Henry, pero el primer ministro hizo caso omiso a su responsabilidad democrática de ceder el poder y avivó la ira de los ciudadanos. El anuncio del aplazamiento de las elecciones hizo estallar la tensión y desembocó en graves enfrentamientos entre las pandillas y las autoridades.
A principios de marzo, las bandas armadas facilitaron la huida masiva de miles de presos de la principal prisión de Puerto Príncipe. El fin de semana en que se produjo la fuga, muchas comisarías estaban bajo control de los grupos armados y varios agentes fueron asesinados, según Serge Dalexis, del International Rescue Committee. Eso desvió la atención de las autoridades y facilitó el asalto a la prisión.
Diego Da Rin, especialista en Haití del International Crisis Group, explica que la crisis se agravó al aliarse bandas que antes eran rivales: muchas escuelas, empresas, hospitales e incluso instituciones en la capital tuvieron que cerrar y se reportaron saqueos en algunos barrios. Según Da Rin, la población está aterrorizada, aunque Chérizier aseguraba que sus grupos solo buscan derrocar al Gobierno y no dañar a los civiles.
Los grupos armados también intentaron tomar el control del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, el principal del país, donde intercambiaron disparos con la policía y soldados. Como resultado, se cancelaron todos los vuelos nacionales e internacionales y el aeropuerto estuvo cerrado casi tres meses.
En medio de la ola de violencia, Ariel Henry cedió a las presiones y renunció finalmente a su cargo. El mandatario, criticado por su falta de acciones ante la inseguridad, anunció la dimisión desde Puerto Rico, donde se vio forzado a quedarse después de que las amenazas de las bandas le impidieran regresar a su país. Hasta hoy no ha podido volver a casa.
El poder en Haití lo asumió entonces un Consejo Presidencial de Transición, integrado por varios miembros encargados de elegir un primer ministro y allanar el camino a unas elecciones.
El Gobierno, incapaz de frenar la violencia sexual
No es solo el control del territorio, los tiroteos y las amenazas. La violencia sexual en ataques contra civiles por parte de las bandas armadas ha aumentado en los últimos años. Aunque no hay estadísticas oficiales, las organizaciones humanitarias en Puerto Príncipe reciben decenas de casos tras los episodios de violencia. Un informe de Naciones Unidas de octubre de 2022 señalaba que las bandas utilizaban esta violencia para consolidar su control sobre ciertas áreas.
Cassandra de 32 años, ha sufrido dos agresiones. La primera ocurrió el 4 de junio de 2021 en Martissant, cuando estaba embarazada de su tercer hijo. La segunda se produjo el 10 de mayo de 2024 en su hogar en Gressier, otro municipio en el sur del distrito de Puerto Príncipe. Dos pandilleros entraron en su casa; uno atacó a su hermana y el otro abusó de Cassandra mientras la golpeaba. Actualmente vive en un refugio para mujeres víctimas de violencia sexual.
En la madrugada del 10 al 11 de mayo de 2024, la ciudad de Gressier era atacada nuevamente. A la una de la madrugada, unos pandilleros entraron en casa de Joceline. “Estaba dormida cuando uno de los hombres me forzó a tener relaciones sexuales bajo amenaza de muerte; no pude hacer nada”, dice la joven, de 26 años, desde su cama, rodeada por otra treintena de camas, unas muy cerca de las otras, en el refugio que protege a las mujeres de la violencia sexual. Dos meses después, aún no ha tenido su período y presenta síntomas de embarazo, pero carece de los medios para hacerse una prueba o para acceder a un aborto seguro, una práctica ilegal en Haití.
El desplazamiento forzado ha afectado a muchas familias y a estas mismas mujeres. Cassandra se ha tenido que trasladar nuevamente, ahora a Léogâne, un distrito a unos 50 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, y vive con su familia en casa de un pariente, enfrentando dificultades económicas. Piskilin, otra víctima de 19 años, ha perdido la capacidad de cuidar adecuadamente a sus hijas tras ser agredida en Gressier. Perdieron un año escolar debido a la situación, dice.
Las autoridades locales sostienen que la violencia sexual afecta cada vez más a los niños, niñas y adolescentes que huyen de la inseguridad en Puerto Príncipe. Aunque se concentraban hasta hace poco en la capital haitiana, en los últimos meses algunas pandillas se han trasladado y están atacando lugares como Léogâne y Gressier, en el suroeste, o la localidad meridional de Los Cayos. En el sur, las instituciones locales están abrumadas y se enfrentan a serias limitaciones debido a la falta de recursos y la inestabilidad. El número de personas desplazadas en esta zona casi se ha duplicado en los últimos meses, al pasar de 116.000 a 270.000 entre marzo y junio. Muchas de ellas viven en condiciones precarias y las más jóvenes son muy vulnerables a la violencia sexual.
“Las instituciones involucradas en la lucha contra la violencia sexual enfrentan obstáculos significativos debido a la falta de apoyo financiero y a la corrupción. Las víctimas a menudo no reciben la justicia que buscan debido a la influencia económica y los recursos limitados del sistema judicial”, dice Rosy Auguste Ducéna, de la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos en Haití.
La sombra de las intervenciones extranjeras
En marzo, el entonces aún primer ministro Ariel Henry viajó a Nairobi, la capital de Kenia, para firmar un acuerdo sobre el despliegue de una fuerza policial multinacional para ayudar a controlar la convulsa situación en Haití. Kenia se ofreció para liderar esta misión, aunque las distintas fases del despliegue han sufrido retrasos debido a problemas legales.
A finales de junio llegó a Haití un equipo avanzado de la policía especial keniana como parte de la misión de “apoyo” respaldada por la ONU. Su objetivo es restablecer el orden, frenar el avance de las bandas criminales y permitir que el Gobierno interino funcione adecuadamente.
El escritor e intelectual haitiano Lyonel Trouillot sugiere que estos eventos subrayan el creciente poder de las bandas en comparación con las fuerzas del Estado: “La Policía Nacional haitiana cuenta con solo 2.000 agentes para una población de 11,5 millones, mientras que las Naciones Unidas estiman que se necesitarían unos 26.000”.
Se espera que alrededor de 2.500 fuerzas de varios países, entre ellos las Bahamas, Jamaica, Guyana, Barbados, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín y Chad se unan a la misión. Esta fuerza policial multinacional asumirá la mayor parte del trabajo en el terreno, aunque la financiación principal provendrá de Estados Unidos. En la actualidad, los primeros 600 policías kenianos ya han empezado operaciones en la capital.
Una misión internacional bajo críticas
La iniciativa busca atender la situación de lo que muchos consideran un Estado fallido. No obstante, existe escepticismo sobre la eficacia de la misión, tanto entre la población de Kenia como de Haití, que no están del todo convencidas. Presentadas a menudo como “humanitarias”, algunas de estas intervenciones buscan sobre el papel proteger vidas, establecer el orden y revitalizar estados en crisis. En casos no demasiado mediáticos como el de Haití, una operación de este tipo se presenta sin un contexto ideológico de fondo, pero siempre lo hay. El siglo XXI ha revelado con crudeza que las intervenciones militares extranjeras no solo acostumbran a fracasar y causar dolor, sino que dejan más problemas de los que resuelven. En Haití ya pasó.
La misión liderada por Kenia no es la primera en intervenir en el país caribeño. En los últimos 30 años Haití ha experimentado dos intervenciones militares que tuvieron un impacto limitado. En 1994, Estados Unidos envió 20.000 tropas para unirse a una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU con el fin de restaurar al presidente Jean-Bertrand Aristide tras un golpe de Estado. Posteriormente, las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) permanecieron en el país hasta 2017, tras la nueva destitución de Aristide en 2004.
Rose Joseph es hija de una mujer haitiana de 60 años que fue violada en 2005 por un soldado de la MINUSTAH. Nació en agosto de 2006, dos años después del golpe de Estado a Aristide. “Quiero ser abogada; lo que le hicieron a mi madre, lo que le han hecho a mi país, debe tener justicia”, explica mientras agarra la mano a su madre.
Haití, nacida a partir de una revuelta de esclavos en 1791, ha visto cómo su población ha rechazado históricamente las intervenciones externas. Esta resistencia se ha intensificado en los últimos años tras una sucesión de experiencias negativas. En 2005, tropas brasileñas llevaron a cabo una operación de “pacificación” en Cité Soleil, el mayor barrio marginal de Puerto Príncipe, y respondieron con violencia a disturbios en el barrio, lo que causó la muerte de 63 personas y heridas a otras 30. Aquel episodio sigue fresco en la memoria haitiana.
En 2010, un contingente de cascos azules de la ONU liberó accidentalmente agua contaminada y provocó un brote de cólera que causó hasta 30.000 muertes. Además, algunos cascos azules de Brasil y Nepal fueron declarados culpables de abusos sexuales y explotación a cambio de alimentos.
Una exclusiva de Associated Press en 2017 reveló que, a pesar de las negativas de la ONU, 114 cascos azules estuvieron involucrados en una red de explotación sexual infantil en Haití durante diez años, sin recibir castigo.
La actual misión liderada por Kenia no inspira menos recelo que las anteriores; y Haití, por ahora, sigue su descenso al caos.
