Desenterradores de la paz

Lee el reportaje sobre Colombia que ganó el XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara

Desenterradores de la paz
Óscar B. Castillo

Este reportaje de Majo Siscar fue publicado en 2016 en el número 1 en papel de 5W, Después de la guerra, y ganó este año el XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara. Hoy lo publicamos en nuestra web. Si quieres leer el resto de crónicas del número 1 en papel, puedes comprarlo aquí. También puedes hacerte socio/a y recibir en casa todos los productos en papel de 5W y tener acceso a los contenidos web. 

Mientras Colombia avanza hacia la paz con el acuerdo entre el Gobierno y las FARC, exguerrilleros y víctimas trabajan codo con codo para acabar con una de las peores lacras que han dejado los cincuenta años de conflicto armado. El 60% del territorio del país tiene minas antipersonales que seguirán arruinando la vida de miles de colombianos incluso cuando cesen los enfrentamientos. Cinco millones de desplazados podrían volver a su tierra si, además de los actores armados, desaparecen las minas, ese enemigo invisible que dispara desde debajo de la tierra.

¡Boom!

Alexander cayó al suelo, a puro reflejo, apenas la detonación levantaba tierra, humo, clavos. Se quedó aturdido unos segundos y con un pitido en los oídos. Cuando pudo reaccionar buscó con la mirada a sus compañeros. El primero, a unos tres metros de él, yacía muerto. Del otro solo quedaban pedacitos de su ropa con colgajos de carne. Había pisado una mina antipersonal con dos kilos de metralla y pólvora, una de las decenas que ellos mismos habían sembrado por los sinuosos y húmedos montes de Antioquía, en el noreste de Colombia.  

Alexander era guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y por eso prefiere que ocultemos su nombre verdadero. Pasó seis años peleando en el oriente de Antioquia, la esquina más septentrional de los Andes donde los ríos serpentean entre bosques de niebla y cultivos de hortalizas y flores. Es una región tan grande como la Comunidad de Madrid y más verde que los uniformes de los soldados. Una tierra que Alexander aprendió a cavar de niño, cuando su padre le enseñó el oficio del campo, el único posible en su aldea. Un día, ya adulto, el campo se le hizo chico. La guerrilla controlaba las montañas y los paramilitares subían desde la costa. Había que posicionarse. Y empezó a coquetear con los subversivos. Se hizo miliciano: seguía siendo campesino, pero era colaborador e informante de la guerrilla. Hasta que un día decidió que era más seguro irse al monte de guerrillero. Allí le enseñaron a fabricar minas antipersonales caseras. En lugar de sembrar papas, sembraría explosivos.

Una mina hallada por un grupo civil de desminado en Carmen del Viboral. Óscar B. Castillo

En un solo día plantaba cuarenta. Tardaba entre dos y cinco minutos en enterrar cada una, según lo pedregoso del terreno. Fabricarlas no costaba más de cuatro dólares. Solo se necesita un recipiente plástico, metralla, explosivo y un mecanismo que la dispare por presión, calor o movimiento. Puede ser una simple jeringa o una gota de mercurio. Alexander ha hecho minas con pedazos de tuberías de PVC y clavos viejos, o incluso con un rotulador como envase. Son las más comunes en Colombia, las quiebrapatas, que llevan menos de medio kilo de explosivo y se ponen en la montaña. Su objetivo no es matar al enemigo, sino herirlo, dejarlo inválido.

La que mató a los dos guerrilleros que iban con Alexander era del tipo cajón, más usada en caminos grandes, donde pueden volar un vehículo. Hay tantos tipos de minas como manufacturadores. Solo cuatro países producen minas, pero se usan en sesenta, porque los grupos armados suelen fabricarlas artesanalmente.

Historia de las minas antipersonales

El oriente antioqueño es una de las regiones colombianas más castigadas por estas bombas. Desde 1990 a 2015 se documentaron 2.490 víctimas de minas en todo el departamento, casi la quinta parte de las que hay en un país que lleva cincuenta años de conflicto armado. Las minas antipersonales actúan indiscriminadamente. Se colocan para retrasar el avance del enemigo o para desviarlo de su camino.

Desenterrar una puede llevar varias semanas. Y cuesta miles de dólares.

Colombia entró con kilos de plomo y de cocaína en la geopolítica mundial. La disputa que empezó en la década de 1960 entre guerrillas de izquierda y el Estado se fue complicando con el crecimiento de los cárteles del narcotráfico y del paramilitarismo. Desde la aparición de las primeras autodefensas —como se llamó a los grupos ilegales y armados con el beneplácito del Estado— en 1982, se han producido setecientas masacres. El Gobierno calcula que en medio siglo ha habido más de seis millones de víctimas: muertos, desplazados o mutilados por minas.

Las FARC se comprometieron a dejar de sembrarlas en el marco de los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano que se iniciaron en Oslo y siguieron en La Habana. En el proceso se discute la desmovilización de unos 20.000 guerrilleros. Los paramilitares se disolvieron, en teoría, entre 2003 y 2007, aunque muchos de ellos pasaron a engrosar las filas del crimen organizado. Tanto un grupo armado como el otro sembraron minas. También el Ejército colombiano.  

Alexander dejó las armas en 2007. Un día, harto de buscarle sentido a la guerra, se fugó. Volvió a su aldea, la misma que había quedado desierta en 2002. En aquel entonces, los paramilitares habían tomado la región y mataban a cualquiera por el simple hecho de haber dado agua o comida a un guerrillero. A diferencia de los paramilitares, los guerrilleros eran del lugar.

—Mataron a demasiada gente —dice mientras baja la cabeza. Habla entre dientes, avergonzado pero sin odio por su pasado.

La guerra ha atravesado a las familias. Uno de los hermanos de Alexander pasó quince años con los paramilitares. Combatía en otra región colombiana y nunca tuvieron que cruzarse. Pero esos mismos paramilitares mataron a un tercer hermano y a un cuñado. A un primo le reventaron la tráquea y todavía necesita taparse el hoyo para comer.

Cuando Alexander se volvió guerrillero, su esposa se fue de la aldea con sus tres hijos, el más pequeño de ocho meses. No los ha vuelto a ver: el pelón ya debe de tener dieciséis años. Hubo un momento en el que en aquellos parajes solo quedaron los animales, hasta que el hambre también acabó con ellos.  

En 2007, cuando escapó de las FARC, los lugareños le dijeron que el Ejército lo iba a matar, que lo entregarían como guerrillero muerto en combate, así que se presentó él mismo ante las autoridades. Se acogió a un programa del Ministerio de Defensa y durante tres meses le dieron casa, comida, estudio y atención psicológica. El compromiso era que contase toda la verdad y que participase con el Ejército en labores de desminado. Alexander temblaba de miedo, no quería volver a ver un fusil. Estuvo un mes allí, hasta que a un soldado le explotó una mina y le dejaron marchar.

Después se fue a vivir a casa de sus padres. Desplazados por la violencia, ahora vivían en un pueblo sin tierra que trabajar. Se puso a descargar camiones. La paga no le alcanzaba, así que volvió a agarrar el azadón pero esta vez para desenterrar minas. Ahora limpia centímetro a centímetro el suelo de la Vereda El Boquerón, en el municipio de Carmen del Viboral en el oriente antioqueño, una zona conocida como la suiza colombiana.

Desminar no es un trabajo complicado pero sí tiene que ser meticuloso. Hay que ir desbrozando lateralmente hasta llegar a la mina de frente y por debajo, nunca por encima. Es el método de Halo Trust, una ONG británica presente en otros quince países del mundo. Aquí empezaron hace dos años y ya han desactivado ciento cincuenta bombas. Solo trabajan con lugareños como Alexander o como Marta, otra antioqueña bien brava.

—¿Quién más vivió la violencia que nosotros? A nosotros fueron a quienes nos dijeron no se metan por aquí, vayan por allá, allí hay minas… —cuenta Marta Quintero, con un porte desafiante que ya no tiene Alexander.

Ambos trabajan en la misma cuadrilla de desminadores, pero Alexander tiene ya la parsimonia de quien no teme a la muerte. Las décadas de violencia han implantado otra mina en las comunidades: la desconfianza.

—¿Tú sabes lo que es llegar a una casa donde ha habido conflicto y preguntar dónde hay minas? No te van a dar ni agua, ni el saludo te van a dar­­ —explica Marta, enfundada en un aparatoso traje de seguridad. Lleva botas de agua, pantalón de batalla y una protección similar al antibalas que le cubre hasta media pantorrilla. Un casco le tapa cabeza y cuello. No se pueden correr riesgos en la lucha contra este enemigo invisible.

Marta es la jefa de la cuadrilla y la más veterana. Cuando los visito, llevan tres meses y medio en la Vereda del Boquerón. Han peinado 1,3 kilómetros cuadrados de superficie. Por la geología del terreno, rico en minerales metálicos, no pudieron usar detector de minas. El mismo espacio puede barrerse con ese aparato en tan solo tres semanas.

Una mina desfiguró la cara de Arcenio M. Conde, de 27 años, que perdió los dos ojos y seis dedos. Óscar B. Castillo

“Un granito de arena”

La primera vez que Marta Quintero vio a un guerrillero tenía apenas once años y ayudaba a su padre a arriar el ganado. Era la cuarta de cinco hermanos en una familia que administraba la finca de un terrateniente. Corría el año 1995 y las FARC empezaban a tener presencia en la zona. Antes había estado el Ejército de Liberación Nacional. Todos estos grupos iban armados y con uniforme verde olivo, así que la niña los confundió con soldados. No podía imaginar que serían aquellos guerrilleros que ella creyó soldados quienes asesinarían a su padre años más tarde.

Las FARC son una guerrilla marxista que se alzó en armas en 1964, cuando esa vía parecía una opción en América Latina. Pero el paso del tiempo desdibujó sus ideales. Al oriente antioqueño llegaron a mediados de la década de 1990 para contener la expansión de los paramilitares y controlar las presas hidroeléctricas y así poder apagar el país. Aquel primer día que Marta vio a los guerrilleros, recuerda que le pidieron a su padre que les entregase una vaca del patrón. Era parte de la extorsión a los hacendados, la vacuna. Las FARC empezaron haciendo trabajo político para ganar adeptos pero pronto lo fueron descuidando y arreció la violencia ante el cerco que les impusieron el Ejército y los paramilitares. Se normalizaron los secuestros y los ataques a la población civil por parte de todos los grupos. La prensa colombiana calcula que solo en 2002, uno de los peores años, hubo 30.000 víctimas civiles de diverso tipo. Fue el año en el que Alexander se tiró al monte.

—Solo uno que vivió la guerra sabe que no lleva a ningún lado, y si uno salió pues ahora toca colaborarle a la gente, trabajar —dice. Halo Trust es una ONG neutral, pero a través de la Agencia Colombiana de Reintegración reinserta a víctimas, exguerrilleros o exmilitares. A nadie se le pregunta por su pasado: lo importante es que cada mina que sacan es una herida que cicatriza en Colombia.

Para Marta este trabajo es “un granito de arena” mucho más tangible que los acuerdos entre el Estado y las FARC para dejar las armas.

—Ellos no pelean por el pueblo, sino por el dinero. A mí me gusta lo que hago porque esto sirve. Pero creo que la paz está muy lejos —dice Marta, ya relajada y fuera de la zona de minas.

Regresamos al campamento donde duermen. Doña Ligia, la cocinera, nos cuenta sus razones para trabajar con Halo Trust en la vereda de El Boquerón.

—Toda la comunidad les estamos muy agradecidos, imagínese saber que los hijos ya podrán jugar por ahí y salir a pasear tranquilos… —explica Doña Ligia sin descuidar la olla de frijoles. Su hijo, de 25 años, tiene un pitido constante en los oídos desde que a los doce pisó una mina, en los mismos senderos que ahora desminan los muchachos. Dos semanas después de aquello, dos paramilitares cayeron en sendas minas y quedaron discapacitados. Ligia tuvo que auxiliar a uno de ellos, pese a que era miembro de las Autodefensas, el mismo grupo paramilitar que asesinó a su hermano y a tres compañeros de trabajo. Cuando recuerda a su hermano se le quiebra la voz:

—Aquí estuvo la guerrilla mucho tiempo, primero el Ejército Popular de Liberación (un grupo ya desaparecido), luego el Ejército de Liberación Nacional y luego las FARC. No teníamos problemas, un día entraban a pedir un agua panela o algo de comer, pero nunca nos pidieron vacuna a los campesinos. Pero en 1999 llegaron las Autodefensas y nos acusaron a todos de guerrilleros. Asesinaron a mucha gente aunque no hubieran estado involucrados en nada. ¡Ay! —suspira— quedamos entre la espada y la pared.

A su cuñado lo asesinó la guerrilla. Una de las cinco muertes que lloró Ligia fue a causa de los insurgentes. La proporción es similar en todo el país. Pese a la retórica oficial, el 59% de las víctimas mortales fueron a manos de los paramilitares y el 17% correspondió a las guerrillas, según el informe “¡Basta ya!” del Grupo de Memoria Histórica. En un 8% de los casos, los responsables fueron agentes del Estado. Son 220.000 muertos documentados. Es como si una bomba borrase del mapa una ciudad como Burdeos.

Maria Rosa, a la entrada de la iglesia de la Inmaculada Concepción, en el municipio colombiano de Cocorná. Óscar B. Castillo

¿Paz?

Estamos a pocos kilómetros del Boquerón, en una ladera de la vereda La Honda. Donde antes ardía el fuego armado, ahora florecen miles de hortensias. El responsable de esa irrupción blanca es Juan Camilo, un chico de 26 años a quien los desminadores le han devuelto la esperanza. Su familia salió de La Honda en 1999. Antes de irse vio cómo sus amigos un día ya no regresaron a la escuela. Le prohibieron volver a ir a jugar al campo de su abuelo porque una mina le voló el pie a un lugareño. Sus padres vieron morir a vecinos. La Honda se quedó desierta tras un reguero de sangre. Así fue como llegó a la ciudad a vivir, en un cuarto apretado con su familia. En esos mismos quince años, la naturaleza se apoderó de las casas. La desmovilización de los paramilitares se completó en 2007, y dos años después él empezó a visitar las tierras familiares. Subía con su moto y a veces llevaba al abuelo. Restauraron la casa. Y la idea de volver se volvió tangible.

El municipio del Carmen del Viboral firmó un acuerdo con Halo Trust en 2014 para desminar el lugar. Ahora La Honda ya es territorio libre de minas y el ayuntamiento ha facilitado el retorno de sus habitantes con un plan que incluye nuevas viviendas y apoyos a cultivos. Han vuelto catorce de las veintisiete familias. Juan Camilo ha puesto en marcha una piscifactoría de truchas, las hortensias que quiere exportar y algo de ganado. En los campos por los que pasturan sus reses, Halo Trust desenterró diez minas.

—¿Qué te parecen los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno?

­ —Oiga, eso es una recocha (barullo)—dice sin entusiasmo.

—Pero aquí…

—No, aquí está tranquilo, yo sí le veo mucho cambio, aquí en 2009 no había nada que hacer, el monte se había apoderado de todo. Ahora uno ya no se siente tan solo, viene carreterita, es más fácil salir al pueblo…  El otro día hasta me vino a saludar un compañero de juegos, me reconoció por mi abuelo, nosotros ya no nos hubiéramos reconocido.

Mientras conversamos, por delante de su casa pasa en bicicleta un niño de la edad que él tenía cuando dejó estas tierras. Otras dos niñas le siguen a pie, riendo. Alexander y Marta también están contentos. Juan Camilo es solo uno de los beneficiarios de su trabajo.  

—Es como si regresara con los campesinos que me distinguieron cuando andaba con aquellos y les dijera, vea, voy a sacar todas las minas para que puedan volver a trabajar tranquilos —resume Alexander.

En estos parajes ajenos a la alta diplomacia, la reconciliación tuvo que ser arrancada de la tierra.

Los soldados Deimer David Luna y Daniel Estrada Villafaña juegan a voleibol sentado, un deporte popular entre los militares víctimas de la explosión de minas. Óscar B. Castillo

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